La semana del 8 de junio, el periodista Marcelo Florindo denunció que fue atacado por el intendente de la ciudad de Mburucuyá, Pablo Guastavino (UCR-Cambiemos), y su hermano mientras hacía una transmisión en vivo con su celular sobre la descarga de mercadería para comedores que envía el Ministerio de Desarrollo Social en la casa de la familia del intendente.
El reportero rápidamente hizo la denuncia penal contra el funcionario y su familiar por las agresiones y el robo de su celular. Pero la transmisión en vivo que constataba el hecho fue borrada a los pocos minutos.
Esta situación escandalosa tomó mucha repercusión, en la ciudad de Mburucuyá se expresó la solidaridad con el Florindo y el rechazo al ataque a la libertad de expresión. Se puso en discusión el manejo discrecional que hace el intendente de los alimentos que son para las familias más humildes.
Repudiamos fuertemente al intendente de Mburucuyá por el uso arbitrario, y en beneficio propio, que realiza de la mercadería destinada a las personas más necesitadas. Recordemos que en Corrientes la población con bajos recursos es muy grande, la pobreza infantil supera el 62%, y crece en el contexto de ajuste y pandemia.
Este hecho se suma a los del Gobierno Nacional, como los “sobreprecios” de alimentos pagados por el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Daniel Arroyo al inicio de la cuarentena, y así van sucediendo unas tras otras las maniobras de estos “vivos” sin que haya ningún castigo.
Exigimos que todos los políticos corruptos que estafan y se enriquecen a costa de las necesidades del pueblo vayan presos.
Al mismo tiempo que decimos que es urgente que se destine un mayor presupuesto para combatir las necesidades de los trabajadores y sectores populares.
Las partidas deben ser aumentadas con un Fondo de Emergencia proveniente del no pago de la deuda externa y fuertes impuestos a grandes empresarios, bancos y multinacionales y las mismas deben llegar a los más vulnerables de manera transparente, gestionadas por organizaciones sociales independientes y de trabajadores, sin que medien vínculos políticos ni familiares.
Corresponsal
Invitamos a todos los sectores en lucha y antiburocráticos
Martes 16 de junio: Jornada nacional de lucha del Plenario del Sindicalismo Combativo
Sin salario, salud, trabajo y alimentos, no hay cuarentena
El 27 de mayo realizamos el Plenario Nacional virtual del Sindicalismo Combativo (PSC). Participamos centenares de dirigentes combativos de todo el país y compañeros que estamos en lucha contra el ajuste del gobierno nacional, los provinciales y las patronales.
Además, miles acompañaron los debates y resoluciones por las redes.
En el Plenario analizamos la situación de los trabajadores, las luchas que se dan en casi todas las provincias y en fábricas de decenas de gremios, a pesar del pacto de la burocracia de la CGT y CTA con la UIA y el gobierno, que renovaron por 60 días más y que ahora incorpora el pago en cuotas de los aguinaldos. Luchas que son encabezadas por dirigentes del sindicalismo combativo y por nuevos luchadores que se apoyan en sus compañeros y en la democracia sindical, y que han logrado varios triunfos, junto al apoyo y la coordinación que desde el Plenario del Sindicalismo Combativo hemos realizado.
Que la crisis no la paguemos los trabajadores
En el Plenario sostuvimos el programa de salida a favor de los trabajadores reclamando un Fondo de Emergencia con fuertes impuestos a los grandes empresarios, multinacionales y banqueros, y dejando de pagar la fraudulenta deuda externa. Y que ese dinero se utilice para resolver los problemas de la salud pública, prohibir despidos, seguro al desocupado universal de $ 40.000, aumento salarial de emergencia que cubra la canasta familiar con ajuste automático, defensa de las jubilaciones y de la movilidad jubilatoria.
Además, resolvimos darle continuidad al Plan de acción que estamos impulsando desde el Plenario del Sindicalismo Combativo, como las que realizamos con el apoyo a las luchas en curso, la radio abierta-acto frente al Ministerio de Trabajo en CABA, el acto en apoyo a los mineros de Andacollo frente a la Casa de Neuquén, la movilización por los reclamos de los jubilados, la jornada contra el ajuste de Schiaretti en Córdoba, y otras acciones.
Apoyamos y participamos de la jornada nacional de lucha de las mujeres por el #NiUnaMenos el 3 de Junio. Y lo mismo haremos el 10 de junio en la jornada nacional de lucha de los trabajadores de Salud.
Convocatoria para el 16 de Junio
Llamamos a todos los luchadores a participar en la Jornada Nacional de lucha el martes 16 de junio. Particularmente a todos los trabajadores que están en conflicto en cada provincia del país, que se sumen a esta Jornada Nacional del PSC, para poder coordinar y hacernos escuchar nacionalmente, sacando las luchas del aislamiento al que nos quiere condenar la burocracia sindical de la CGT y las CTA.
Los llamamos a que, en cada provincia, coordinemos de qué manera nos manifestamos el 16 de junio, para reforzar y amplificar las luchas que los trabajadores ya han salido a desplegar en todo el país.
¡Que la crisis no la paguemos los trabajadores!
¡Vivan las luchas en todo el país!
¡El 16 de junio, todos a la jornada nacional de lucha del Plenario del Sindicalismo Combativo!
¡Abajo el Pacto del Gobierno-UIA-CGT/CTA!
¡Por una nueva dirección en el movimiento obrero!
Contactos:
Rubén Sobrero: 11-6422-6661
Jorge Adaro: 11-5809-1182
Prensa: 11-6054-0129
Pasaron cinco años de aquella movilización que quedará marcada en nuestra memoria para siempre, no sólo por la masiva expresión de hartazgo hacia los femicidios, sino también porque fue el inicio de un nuevo ascenso del movimiento feminista.
El registro de femicidios en 2015 era de uno cada 30 horas. Lamentablemente, las cifras al 2020 no son nada alentadoras, según el observatorio "Ahora que si nos ven" al 30 de abril se registraron 117 femicidios, uno cada 26 horas. Cinco años después nuestras demandas siguen siendo las mismas porque del Presupuesto nacional se destinan solo $11 pesos por mujer por año para combatir la violencia de género, una miseria que no alcanza. Presupuesto que viene de la era Macri y que mantiene Alberto Fernández, que aunque haya creado el Ministerio de Mujeres géneros y diversidad, lo hizo sin poner un peso más. Por eso, desde Isadora, junto a otras organizaciones de mujeres y feministas estamos convocando a que el próximo miércoles 3 de junio, al cumplirse un nuevo aniversario del #NiUnaMenos, salgamos a las calles (con todos los cuidados necesarios) para gritar nuevamente que paren de matarnos porque la violencia de género y los femicidios, no entraron en cuarentena, sino que al revés, aumentaron con el encierro. Lamentablemente sectores feministas ligados al Gobierno, sectores que hasta sacaron una solicitada apoyando la renegociación de la deuda externa desconociendo la consigna principal por la que marchamos el 8M cientos de miles “La deuda es con nosotres, ni con las iglesias ni con el FMI”, esta vez no están siendo parte de estas convocatorias colocando como excusa el “aislamiento preventivo”. Desde Isadora alertamos este accionar divisionista y desmovilizante que provoca confusión, y hacemos un llamado a seguir organizadas y en unidad.
Presupuesto para combatir la violencia de género y no para la deuda
Mientras el gobierno de Alberto Fernández renegocia la deuda externa y paga de contado a los bonistas 320 millones de dólares, en el medio de una crisis sanitaria sin precedentes, las mujeres, travestis y trans no tenemos respuestas a nuestros reclamos. La Ministra Elizabeth Gómez Alcorta confirmó que hubo un aumento del 40% de las denuncias por violencia de género y que todos los delitos bajaron, menos los femicidios durante la cuarentena. Frente a esta realidad no hubo por ejemplo un aumento del 40% del presupuesto para la línea 144 que atiende esas denuncias. Ni tampoco hubo una política de evitar esos femicidios, por ejemplo, separando al agresor ya que en la mayoría de los casos, las víctimas ya habían hecho las denuncias previas.
En los últimos años, distintos gobiernos provinciales fueron declarando la emergencia en violencia de género. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires en el año 2012 se declaró por dos años (Ley 14.407) y luego se extendió hasta el 2016 y hace unas semanas nuevamente se sancionó una ley en el mismo sentido. Sin embargo al no contar con presupuesto acorde, se queda solo en una declaración de buenas intenciones sin medidas concretas. Es necesario dinero y mucho, para sostener una estructura que de verdad pueda garantizar los derechos de las víctimas y que acompañarlas. No es solo construir nuevos refugios y acondicionar los que ya existen sino también, es necesario garantizar una política integral de acompañamiento psicológico con perspectiva de género y el patrocinio legal gratuito, una vivienda para las víctimas que la necesiten y un subsidio económico equivalente a la canasta básica.
Desde Isadora, exigimos que se declare la emergencia en violencia de género con presupuesto para garantizarla y ese dinero debe salir de un impuesto especial a las grandes fortunas, de la quita del subsidio a la Iglesia católica y del no pago la deuda externa. Por estos reclamos te invitamos a que participes de las diferentes acciones que haremos con Isadora el próximo 3J para que se cumpla el #NiUnaMenos.
A partir del 2015, con el movimiento del #NiUnaMenos, los gobiernos -producto de la presión de la ola feminista- se vieron obligados a intensificar la creación de espacios específicos para erradicar la violencia de género y sostenemos que esto es un gran triunfo de la lucha de las mujeres y disidencias. Sin embargo, las partidas presupuestarias son de miseria, por lo cual las condiciones de quienes trabajamos en estas áreas son de extrema precarización
Las mujeres somos explotadas y oprimidas, ocupamos los puestos de trabajo más precarizados, percibiendo salarios -en promedio- un 29% menor que los varones. Somos en su mayoría mujeres quienes ocupamos los puestos de trabajo de protección y cuidado, y dentro del personal doméstico; como así también en la atención de mujeres en situación de violencia, dentro de los ministerios, secretarías y áreas específicas, trabajando para los distintos gobiernos (nacional, provinciales y municipales) de manera precarizada y sin derechos laborales.
Así lo muestran las trabajadoras despedidas del Área de Fortalecimiento Familiar en Tigre y las despedidas del Programa “Córdoba con Ellas” del Ministerio de la Mujer de Córdoba, entre otras tantas. Despidos que se producen en medio de la pandemia, y de la mano de distintos gobiernos, en detrimento del decreto que los prohíbe. También se refleja en las trabajadoras precarizadas de la línea nacional 144, y en los diferentes espacios que atienden a las mujeres en situaciones de violencia, con diversas modalidades de contratación, sin percibir derechos básicos y con salarios de pobreza. Somos nosotras las que ponemos todos los días el cuerpo para frenar las violencias, presentándonos en los barrios para entrevistar a mujeres y agresores, poniendo muchas veces nuestra vida en riesgo.
El pasado 25 de mayo, el presidente Fernández tuiteó: “A los trabajadores y las trabajadoras esenciales, mi gratitud, mi respeto y mi admiración”. Denunciamos este doble discurso, porque la gratitud, respeto y admiración no se refleja ni en los sueldos, ni en las condiciones laborales, ni mucho menos en los despidos que sufrimos. Los mismos gobiernos que crean “Ministerios para las Mujeres”, violentan a sus trabajadoras, con amenazas, precarización y despidos. Se jactan de erradicar la violencia, reproduciendo la violencia laboral e institucional.
Las mujeres trabajadoras nos organizamos y luchamos
Las trabajadoras estamos hartas de las conducciones sindicales que siguen pactando con el gobierno a nuestras espaldas, que nos desconoce como trabajadoras del estado por no estar en planta permanente. La misma burocracia que se niega a parar en las jornadas del 8 de marzo. Las trabajadoras continuamos luchando, porque no estamos dispuestas a pagar la crisis. Las mujeres ya conocemos que la única forma de conquistar nuestros derechos es en las calles y luchando, y fue así como logramos la reincorporación de despedidas de diversos organismos dependientes del estado. Es por eso que apostamos a un sindicalismo de base, antiburocrático, de lucha y combativo.
Por todo esto desde Isadora exigimos que los gobiernos de modo inmediato tomen medidas concretas: Que creen un fondo de emergencia nacional sobre la base de un impuesto a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa; y que ese dinero se destine a todas las necesidades urgentes. Exigimos la Emergencia en Violencia de Género y con presupuesto real para erradicar la violencia machista y para que las trabajadoras de esta área pasen a planta permanente, con salarios iguales a la canasta familiar. Te invitamos a que seas parte de nuestra agrupación, para que podamos seguir organizadas por todos nuestros derechos.
Es parte de nuestro día a día la lucha en las calles y la exigencia a la justicia para que se condene a quienes violentan y arrebatan la vida de mujeres e identidades disidentes, mientras la justicia nuevamente demuestra su carácter machista, patriarcal, de menosprecio hacia las víctimas, y que sólo actúa cuando existe la presión del movimiento feminista. Rechazamos las libertades condicionales a violentos, femicidas, abusadores y violadores.
Sobre finales de abril como respuesta a distintos reclamos en unidades penitenciarias en grave situación sanitaria y de superpoblación, el gobierno “sugirió” que se otorguen prisiones domiciliarias para descomprimir las cárceles. Denunciamos este doble discurso, ya que producto del desfinanciamiento de décadas por parte de distintos gobiernos hoy el 60% de la población carcelaria se encuentra sin sentencia firme, una población compuesta en el 90% por detenidos por atentar contra la propiedad privada o narcomenudeo, donde también se encuentran mujeres y disidencias de los sectores más empobrecidos de la sociedad, en algunos casos con sus hijes.
Pero también existen otros detenidos como violadores, femicidas, genocidas y poderosos corruptos de guantes blancos; estos últimos gozando de privilegios y aprovechando cuanta oportunidad tienen para ser beneficiados, con el aval y complicidad de jueces, como lo demuestra el reciente caso del partero de la ESMA, Carlos Capdevila o el represor Lucio Nast en la provincia de Santa Fe.
Rechazamos que intenten dar marcha atrás con las conquistas de nuestras luchas utilizando la pandemia como excusa.
Hay decenas de casos donde distintos Juzgados del país le otorgan el beneficio de la prisión domiciliaria a violentos, femicidas y violadores, y otra decena que “están estudiando”, como el Juzgado N°2 de Morón, desde donde se intenta liberar a Gabriel Ireneo Lopez Rodriguez condenado a 18 años por abuso de menores. Por eso decimos con claridad: ¡Ni estudio de los casos, ni prisión domiciliaria para estos sectores! Quienes en las calles conseguimos sus condenas repudiamos que reciban prisión domiciliaria.
Es responsabilidad de los gobiernos y la justicia proveer al sistema penitenciario de los insumos de higiene y bioseguridad necesarios, la aplicación de los protocolos que rigen y dar una solución a esta problemática; pero en ningún caso los jueces deben permitir que los femicidas, violentos, abusadores y violadores gocen del beneficio de la prisión domiciliaria; con ésto sólo facilitan la reincidencia y ponen en peligro la vida de las mujeres e identidades disidentes.
Plata hay. Por eso exigimos al gobierno que se declare la Emergencia Nacional en Violencia de Género con presupuesto ya, en base a un impuesto a las grandes fortunas, multinacionales y empresarios, y el NO pago de la deuda externa. Para que la crisis que desató y agudizó la pandemia la paguen los capitalistas, y NO las mujeres e identidades disidentes.