Oct 15, 2024 Last Updated 1:27 PM, Oct 14, 2024

Izquierda Socialista

Escribe Mónica Schlotthauer, cuerpo de delegados ferroviarios del Sarmiento y diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

No es la primera vez que la empresa Trenes Argentinos a cargo de la línea Sarmiento muestra una total negligencia ante la seguridad y la salud de trabajadores del ferrocarril y de los mismos usuarios.

Ahora, ante la aparición del coronavirus y el lanzamiento de la cuarentena, esto se multiplicó. Por un lado, se exigió a los trabajadores de todas las especialidades que asistan a sus puestos, amparándose en que eran tareas “esenciales”. Y, a la vez, no se entregaban los elementos mínimos de higiene y seguridad para protegerse de la pandemia.

Frente a esto, el cuerpo de delegados, encabezado por Rubén “Pollo” Sobrero y los compañeros de la Bordó, en constante consulta con la base (y realizando asambleas en aquellos lugares donde fue posible, como en el sector limpieza) definió dos exigencias básicas a la patronal: que en todos los sectores estuvieran los insumos básicos para garantizar la seguridad sanitaria de todos los compañeros y que se organizara la dotación de personal de tal forma de que, garantizando el servicio a los usuarios, la asistencia a los puestos de trabajo fuera la mínima posible, con el resto de los compañeros cumpliendo la cuarentena en sus domicilios. Esto implicaba que no concurrieran todos los que trabajaban en especialidades no directamente vinculadas con lo operativo.

Todo esto, con la fuerza y unidad de los compañeros de base y la orientación del cuerpo de delegados, se le fue imponiendo a la empresa. Primero, ya a partir del día 20, se definió que los compañeros de evasión, boletería y CAP (centro de atención al pasajero) permanecieran en sus casas, al igual que los de los talleres Liniers y Villa Luro, que estaban abocados a tareas de mantenimiento que pueden diferirse. En tanto que en Vías y Obras y Señalamiento se formaron guardias mínimas para emergencias.

Inmediatamente, el eje del conflicto se trasladó a la virtual ausencia de los insumos básicos de protección para aquellos trabajadores que, perteneciendo a otras especialidades, debían concurrir a sus puestos. Esto fue particularmente grave en el sector de banderilleros y banderilleras. Allí se denunció la no entrega de los elementos de limpieza y protección personal, ya que solo se había repartido jabón líquido totalmente diluido y lavandina de dudosa procedencia en recipientes no aptos, como botellas de gaseosas o envases de mermelada sin rotulación. Las garitas, por su parte, no contaban con ningún tipo de desinfección. A esto se agrega que las compañeras y compañeros de esta especialidad estaban siendo obligados a concurrir a trabajar cuando la realidad mostraba la nula presencia de vehículos y peatones, cuando todas las barreras entre Once y Moreno, con una única excepción, son automáticas. Es por eso que, ante la falta de respuesta de la empresa frente a estos reclamos, se planteó que toda la especialidad permaneciera en sus casas a partir del día 23 hasta que la empresa solucione el problema.  

Al mismo tiempo surgieron reclamos en el taller de Castelar, los compañeros no eran provistos del total de los elementos requeridos, en particular de mamelucos descartables para la limpieza y desinfección de las unidades. Tampoco se les garantizó la asistencia médica necesaria. El conflicto escaló porque los delegados de las diferentes especialidades, en constante consulta con la base, se fueron negando a realizar determinadas tareas cuando no se cumplían las medidas de higiene y protección que los protocolos indican.

Mientras tanto, la empresa “contraatacó”. Por un lado, mostró una total falta de responsabilidad ante los usuarios, llegando a sacar formaciones sin ningún tipo de desinfección. Al mismo tiempo hizo “propaganda” como si ellos estuvieran defendiendo el servicio ferroviario, sacando un comunicado donde se apelaba a la “mística ferroviaria” y hasta llamando al “voluntariado”. 

Pero los trabajadores del Sarmiento, con su cuerpo de delegados a la cabeza, se mantuvieron firmes, impusieron sus demandas y obligaron a la empresa a ceder. Los elementos de seguridad e higiene tuvieron que aparecer en la forma en que se exigía. La empresa se comprometió a entregar lavandina, jabón líquido, alcohol en gel y un kit de emergencia compuesto por barbijos y guantes que se utilizará si ocurre algún accidente. Todo en envases debidamente rotulados. Se definió que solo se dividirá a los banderilleros en tres grupos, donde se trabaja un día y luego se quedan dos en casa, cubriendo las doce barreras más importantes de las cincuenta y dos existentes. En la unidad de limpieza y material rodante del taller Castelar, donde se limpian y desinfectan los trenes, la empresa terminó entregando los insumos de seguridad especiales requeridos por los compañeros. Los días de las medidas de fuerza no se descontarán y el sueldo se abonará normalmente, acuerdo que el cuerpo de delegados verificará y estará atento a que se cumpla. Se está avanzado con las gestiones en boletería y evasión y en tráfico para garantizar la actividad con el servicio mínimo de compañeros. 

Se ha dado un gran paso al imponer un criterio racional y una planificación del servicio con los trabajadores de cada sector. Máxime si se tiene en cuenta que la situación será cada día más crítica y que las jefaturas han demostrado desidia e inoperancia. Todo en el marco de una pelea que sigue día a día. Una vez más, la Bordó en el Sarmiento deja una enseñanza a los trabajadores, para qué sirve una conducción distinta, la del sindicalismo combativo. Todo un contraste con la política de la burocracia de la Verde, que en los otros ramales expone a los compañeros, siempre en un acuerdo total con la patronal. La Bordó, por el contrario, protege a cada compañero siendo, a la vez, la única que se preocupa de verdad por el usuario y por la defensa de un ferrocarril estatal al servicio del pueblo trabajador.

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Salud en Tucumán

Con asambleas en los hospitales, el Centro de Salud y de Niños, a los que se sumará el Rivadavia, los enfermeros y personal de salud y limpieza buscan organizarse para exigir los insumos de trabajo y bioseguridad faltantes.

En una pelea desigual contra el gobierno que miente sobre la provisión de estos insumos y la existencia de personal suficiente y camas, los trabajadores de la salud discuten la forma de enfrentar al gobierno para trabajar con seguridad. El primer triunfo parcial de las asambleas se logró con la reasignación de funciones a las enfermeras en riesgo. El próximo paso será la licencia sanitaria.

ATSA, ATE Salud y SITAS boicotean las asambleas. El SITE (Sindicato Tucumano de Enfermer@s) y su secretario general, nuestro compañero Cristian Luna, están junto a los compañeros de la salud mostrando que la lucha es el camino.

Hospital Ramos Mejía

Los trabajadores de la salud de ese hospital se reunieron en asamblea para plantear sus demandas al gobierno, ya que no está respondiendo a sus necesidades. Exigen que se los provea de elementos de protección, independientemente de la función que desempeñan, ya que todos, de una u otra forma, están en contacto con pacientes que pueden ser asintomáticos, pero portadores del coronavirus. Destacaron que el primer derecho es proteger sus vidas y que por lo tanto no era posible atender a los enfermos sin una debida protección, que debe ser renovada diariamente. En la asamblea quedó clara la necesidad de mantener unidos a los trabajadores de la salud alrededor de estas demandas para cuidar sus vidas ya que, destacaron, al gobierno parece no importarle.

Hospital Córdoba

 El personal de la salud del Hospital Córdoba viene desarrollando asambleas autoconvocadas en el marco de la pandemia. Se exige una recomposición salarial de emergencia y elementos de bioseguridad, material imprescindible para protegerse. En ese marco, denuncian la falta de insumos necesarios. Lo que pasa en el Córdoba es un reflejo del conjunto de los hospitales de la provincia. Pihen, secretario general de los empleados públicos, aprovechó la cuarentena para cerrar un acuerdo salarial de miseria, incrementando la bronca del sector. En una primera instancia resolvieron elevar una nota al Ministerio de Salud provincial. En el caso de que no sean atendidas las exigencias, el camino será profundizar las medidas de fuerza.

Ingenio Ledesma

El sindicato de obreros y empleados del Ingenio Ledesma denuncia que la patronal no cumple con los protocolos establecidos por el gobierno nacional que liberan a los trabajadores mayores de 60 años. Con la excusa de que cumplen tareas esenciales, obliga a trabajar a compañeros que están en sectores vulnerables. También denuncia que no se cumplen las normas de protección en el traslado de los obreros, que viajan en condiciones inapropiadas porque no se respetan las medidas preventivas. Apoyamos las demandas de los compañeros del Ingenio Ledesma y repudiamos el papel histórico nefasto de esa patronal encabezada por la familia Blaquier, cuya complicidad con la dictadura militar llevó a la cárcel, a la tortura y a la muerte a muchos trabajadores.    

Bimbo se queda en casa

En una asamblea general realizada en la planta Bimbo San Fernando, los trabajadores decidieron por unanimidad suspender las tareas y quedarse en sus casas, como es recomendable para proteger su vida y la de sus familiares. “Es absurdo venir a trabajar para fabricar facturas y medialunas congeladas que, ahora sabemos, son para exportacion”, dijeron los operarios indignados por la evidente codicia de la patronal, que además planea despedir personal en estos días. La asamblea, que criticó la actitud pasiva de la burocracia sindical del gremio de pasteleros, decidió la paralización de las actividades mientras dure la cuarentena y la defensa de los puestos de trabajo exigiendo que no haya un solo despido.

Arcor

Los trabajadores de expedición de Arcor Arroyito bloquearon los portones para impedir que ingresen los camiones que vienen a cargar mercadería. La planta produce golosinas,  productos que no son esenciales para la población y funciona como centro de distribución de toda la empresa. Si a esto se suma que la producción que se está realizando es para exportar, queda claro que estamos ante otra patronal que en plena pandemia, lejos producir productos esenciales e imprescindibles, expone a los trabajadores para continuar con sus ganancias.

Felfort

La empresa sigue trabajando normalmente, amparada en el decreto presidencial que permite a las “alimenticias” a seguir con su producción. La Delicia, de Felipe Fort está produciendo golosinas y huevos de pascua obligando a los trabajadores a exponerse sin ninguna protección. La burocracia de la alimentación, nuevamente ausente con aviso, ante el reclamo que hacen los trabajadores de restringirse a guardias mínimas y evitar exponerse día a día, mientras la patronal sigue aumentando sus ganancias.

Neuquén: despidos en hospital

En plena pandemia desalojan a los auxiliares de higiene despedidos del hospital Plottier. Fue por orden de la subsecretaría de Salud de la provincia y el director de dicho hospital, Francisco Facci, quien solicitó a la policía provincial el desalojo del tráiler que los trabajadores ocupaban a la espera de su reincorporación luego de un largo conflicto. Llamarán a un paro en diversas áreas.

Salta: 800 despidos en minera

La empresa Livent Minera del Altiplano despidió a 800 trabajadores. Fue la gota que rebalsó el vaso, dicen sus trabajadores, entre tantos atropellos de la patronal. La multinacional, Livent, extrae litio en dos minas ubicadas en la zona limítrofe con Catamarca. Además de echar a trabajadores, la empresa tiene una deuda millonaria con la provincia por regalías. Una patronal que solo le interesa incrementar su lucro.

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Hace tiempo que la situación en los barrios más empobrecidos de todo el país es angustiante. Esta situación no mejoró sustancialmente con la llegada del gobierno de Alberto Fernández. La desocupación , la precarización laboral y la inflación ya venían haciendo estragos. Todo esto se profundizó con la aparición de la pandemia del coronavirus.

Escribe Graciela Calderón, secretaria adjunta de Suteba La Matanza

La situación en los barrios llegó a un punto alarmante, particularmente en el Gran Buenos Aires, donde viven más de doce millones de personas, de las cuales 2.100.000 tienen déficit sanitario y 2.600.000 habitan en viviendas precarias próximas a basurales (datos del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, diciembre de 2019).

Para cuidarnos de la pandemia debemos lavarnos las manos con agua y jabón, pero hay 2.800.000 habitantes del conurbano que no tienen conexión de red de agua corriente y casi seis millones no tienen cloacas.

Vivimos hacinados. En cuatro de cada diez hogares pobres del conurbano viven  tres personas o más por habitación, lo que facilita la transmisión del virus en el grupo familiar.

Los hospitales y las salitas de emergencia están colapsadas desde hace años.

La situación económica

La crisis económica del coronavirus afecta particularmente a millones de trabajadores informales que viven en los barrios, muchos de ellos nunca cobraron planes sociales ni reciben asistencia social de parte del gobierno nacional o los municipios. Son trabajadores de oficios, peones de taxi, albañiles, vendedores ambulantes, que viven al día sin un ingreso fijo. Trabajadores que no llegan a pagar el alquiler, los servicios y en muchos casos ni siquiera la comida para su familia. Ante la desesperación muchas de estas personas salen a la calle a tratar de buscar algún tipo de ingreso y son reprimidas por la policía.

En el Gran Buenos Aires unas tres millones de personas reciben comida diariamente en comedores (datos Clarín, 28/3/2020), muchos de los cuales están cerrados por la pandemia. Además, el gobierno resolvió que los comedores escolares sigan abiertos, pero la cantidad de viandas que llegan a las escuelas es mucho menor que la cantidad de alumnos. El gobierno nacional anunció un plan de asistencia alimentaria, que por el momento solo se puso en práctica en Quilmes, y comenzaría a implementarse en La Matanza esta semana. Pero, su alcance será de solamente 24 mil personas en un distrito donde viven dos millones, la mayoría sumidos en la pobreza. Es una medida totalmente insuficiente.

Las medidas del gobierno son insuficientes ¡Exigimos medidas de fondo!

Ante la crisis social que se vive en los sectores más pobres el gobierno anunció una serie de medidas sociales: un bono de 3.000 pesos para los jubilados que cobran la mínima, un refuerzo de 3.100 pesos para la asignación universal por hijo y el seguro de desempleo y 10.000 pesos para monotributistas y trabajadores informales. Son medidas totalmente insuficientes. Una familia no puede subsistir con 10.000 pesos. Esa cifra debería triplicarse y cobrarse de forma permanente. Además, el gobierno debe garantizar los elementos de higiene (lavandina, alcohol en gel, jabón para toda  la población) y brindar asistencia alimentaria para todo el que la necesite. Esto favorecería que en los sectores más pobres puedan realizar la cuarentena como corresponde. La plata hay que sacársela a los que ganaron millonadas de la mano de todos los gobiernos a costa del hambre del pueblo. ¡Impuesto progresivo a las grandes fortunas y no al pago de la deuda externa! 

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Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño de Izquierda Socialista/FIT Unidad

No nos cabe ninguna duda de la importancia de cumplir con la cuarentena ante la pandemia del coronavirus. Para garantizarla, el gobierno desplegó enormes operativos con las diversas fuerzas de seguridad. Mientras que en los barrios de clase media y alta en general, se limitaron a verificar los permisos para transitar, en barrios y asentamientos populares se vienen registrando preocupantes situaciones de abuso de las distintas fuerzas de seguridad.   

Hasta el domingo 29 de marzo 524.557 personas fueron interceptadas por las fuerzas de seguridad y notificadas del curso de una causa legal, y 13.006 fueron detenidas sin que se produzca aún su liberación. En el marco de esos operativos se viralizaron videos de efectivos forzando a personas demoradas a hacer flexiones o repetir frases como en los tiempos del servicio militar y de trabajadores de empresas de delivery siendo detenidos por la policía en la ciudad de Buenos Aires y en Rosario. Desde ya que estos ejercicios de violencia y abusos se desarrollan en los barrios humildes y contra trabajadores. En contraposición, un directivo de la fraudulenta empresa Vicentin fue demorado en reiteradas ocasiones violando la cuarentena sin que nadie le ponga un dedo encima. Las fuerzas represivas actúan siempre con claras indicativas de clase.

Estos hechos pusieron en alerta a organismos de derechos humanos y al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) que emitió un comunicado denunciando los abusos policiales. El gobierno afirma que los efectivos filmados fueron sancionados, pero nada de eso se conoce oficialmente, y los hechos siguen sucediendo diariamente. Esto aumenta la preocupación ante la extensión de la cuarentena, y ni qué hablar si el gobierno no dispone medidas concretas para paliar la grave crisis económica y social que está creciendo en zonas como el conurbano bonaerense.

La declaración del EMVJ, que suscribimos desde Izquierda Socialista, finaliza señalando: “Las fuerzas de ‘seguridad’ que siguen impunes de todos los crímenes cometidos hasta la fecha, la policía del gatillo fácil, la gendarmería del gendarme carancho y de la desaparición en democracia no son quienes van a concientizar sobre la necesidad de la solidaridad y el cuidado mutuo”. El pueblo trabajador va a saber mantener la guardia alta frente a la pandemia y también frente a los abusos de las fuerzas de seguridad.

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 En la última movilización protagonizada por mujeres del 9M, en Buenos Aires, en conmemoración del #DíaInternacionalDeLaMujerTrabajadora, denunciábamos que en los primeros días del mes tuvimos más femicidios que en días pasados. Lamentablemente, esa relación numérica hacia fines de marzo y #EnCuarentena no se modificó. El sábado 28 se conocieron los cuatro nombres de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres ese mismo día: Cristina, su hija Ada, Haydeé y Claudia.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense por Izquierda Socialista/FIT Unidad

En tiempos de aislamiento social y encierro la violencia de género crece. Esto fue reconocido hasta por un informe de la ONU del 19 de marzo pasado, que recomendaba a los gobiernos que tomen medidas especiales. Sin embargo, nada se está haciendo y los femicidios serían un "efecto colateral del confinamiento", según el presidente de Uruguay, Lacalle Pou.

En la Argentina, Alberto Fernández no ha dicho nada frente a esta situación desesperante para las víctimas de violencia de género, que están siendo obligadas a convivir veinticuatro horas junto al agresor. Sí, a través de publicidades se está promocionando la línea 144 (destinada a recibir las denuncias de violencia de género) y ahora se implementó el pedido del "barbijo rojo" en las farmacias como una especie de "contraseña" entre quien solicita ayuda y quien atiende la farmacia.

Ahora bien, decretada la cuarentena obligatoria los llamados a la línea 144 aumentaron un 30%, sin embargo, quienes atienden esos llamados vienen denunciando que no dan abasto. Trabajan en condiciones completamente precarizadas, sin presupuesto, sin condiciones de seguridad e higiene y, por ser monotributistas, ni siquiera están cobrando las horas extras. Por otro lado, la idea de recurrir a una farmacia y usar la "contraseña" no está dando resultado en países como en el Estado español, que implementó "Mascarilla-19" sin ningún resultado, porque a las víctimas de violencia los agresores no las dejan salir de sus casas.

Desde Isadora e Izquierda Socialista exigimos que se declare ya la emergencia en violencia de género porque los femicidios y trans-travesticidios no cesan. No se le puede hacer frente a esta escalada de violencia con un presupuesto de 11 pesos por mujer por año que viene de la era Macri. Necesitamos refugios para que alberguen transitoriamente a todas las víctimas de violencia y a sus hijes. Exigimos la atención psicológica y el asesoramiento legal gratuito, con perspectiva de género, para todas ellas. A su vez, se debe implementar una ayuda económica que cubra la canasta familiar. Se deben prohibir los despidos y suspensiones y que las patronales otorguen las licencias pagas. Estas medidas mínimas y urgentes deben tener una partida extrapresupuestaria que debe salir del no pago de la deuda externa y de impuestos especiales a las grandes empresas, como el Grupo Techint, las telefónicas y las mineras que siguen siendo beneficiadas con subsidios y quita de impuestos.

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