El 24 de marzo de 1976, las fuerzas armadas tomaron el poder en la Argentina, derrocando al gobierno de María Estela Martínez de Perón. Una junta militar compuesta por Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Massera (Armada) y Orlando Agosti (Fuerza Aérea) se hizo cargo del gobierno. Contaban con el beneplácito de toda la patronal, nacional y extranjera, del imperialismo y de la Iglesia. Comenzaba una época de terror: una auténtica dictadura cívico-militar, empresario-eclesiástica, que lanzó una política de aniquilamiento contra la clase trabajadora, la juventud y todas sus organizaciones.

Podemos decir que el golpe tuvo, centralmente, dos objetivos. El primero fue producir una derrota contundente al proceso de ascenso de la movilización obrera y popular que había comenzado con el Cordobazo de 1969. Donde toda una nueva generación, una nueva vanguardia, había salido a luchar contra la dictadura de entonces, pero también reclamando un cambio profundo, anticapitalista y socialista. Decenas de miles de jóvenes, obreros y estudiantes, se forjaron al calor de esas luchas, alentadas también por un mundo desde dónde llegaban los ecos de la revolución cubana, el asesinato del Che Guevara, el Mayo Francés y la heroica resistencia del pueblo vietnamita. Un ascenso que no pudo ser frenado ni siquiera cuando la clase capitalista, los militares de entonces y el imperialismo aceptaron la vuelta de Perón, proscripto desde hacía 18 años. Ni el “pacto social” de 1973, ni la feroz represión de la “Triple A” (nefasto antecedente de lo que luego sería el accionar de los grupos de tareas de la dictadura), lograron frenar la movilización obrera y popular. Para eso vino la dictadura: para liquidarla a sangre y fuego.

Pero la dictadura genocida también tuvo otro objetivo: imponer un plan económico de hambre y entrega. A través de José Alfredo Martínez de Hoz (ministro de Economía de Videla, el primer presidente de la dictadura) llevó adelante una política económica que ya en el primer año de ejecución, había reducido los salarios en un 40%. Le siguieron la virtual desindustrialización del país, con decenas de miles de fábricas cerradas y, por sobre todo, un endeudamiento que todavía hoy estamos sufriendo. La deuda externa, ilegítima, ilegal, fraudulenta desde todos los puntos de vista, nació con la dictadura y creció en esos años. Grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros, se endeudaron en esos años, en una deuda que, al final de la dictadura, fue “estatizada” por un funcionario que luego volvería a serlo en distintos gobiernos de los años siguientes: Domingo Cavallo (ministro de Menem y De la Rua), el mismo que el liber-facho negacionista de Milei reivindica como “el mejor ministro de Economía de la historia argentina”.

La dictadura finalmente cayó, derrotada por la movilización popular. Los militares genocidas, con sus idas y venidas y sus impunidades, no pudieron esquivar ser juzgados (y aún lo están siendo). Pero el plan económico de la dictadura tuvo su continuidad en los infinitos pagos de deuda externa y los planes del FMI que llevaron adelante absolutamente todos los gobiernos posteriores. Cuando comenzó la dictadura había un 4% de pobres en nuestro país; hoy hay un 40%. Esa es su más triste herencia y una de las peleas que tenemos pendiente.

Escribe Juliana García, militante de Derechos Humanos

En 1982, luego de  la traición de Malvinas, el pueblo trabajador, la juventud y todo el pueblo por medio de gigantescas movilizaciones terminaron con la dictadura militar. Fue una auténtica revolución democrática, un inmenso triunfo popular. Los militares genocidas se fueron en medio del repudio popular, que exigía juicio y castigo para sus crímenes.

Sin embargo, todos los gobiernos que siguieron trataron de “salvar” a los militares genocidas, además de continuar con los planes de hambre y ajuste al servicio de pagar la deuda externa.

Alfonsín primero intentó que los propios militares se juzgaran a sí mismos. Cuando esto fracasó, se vio obligado a llevar adelante el juicio a las juntas, buscando que este tuviera el menor impacto posible, sin siquiera televisarlo con sonido. Luego de las condenas a los comandantes, buscó que los nuevos juicios no se extendieran al resto de los genocidas. Para eso sacó la ley del Punto Final primero, y la Obediencia Debida después.

Más adelante, el menemismo llevó adelante los indultos, liberando a todos los genocidas, hasta los mismos comandantes.

Sin embargo, la movilización nunca se detuvo. ¡Si no hay justicia, hay escrache!, se gritó en los años ‘90. Las movilizaciones de cada 24 de Marzo crecieron en masividad. Y finalmente, en 2003, un proyecto de ley de la izquierda logró la anulación de las leyes de impunidad y los indultos.

Nunca fue fácil. Volvieron los juicios, siempre trabados por gobiernos que nunca permitieron que se abrieran todos los archivos, obligando a enormes investigaciones de abogados y víctimas. Los genocidas llegaron hasta a hacer desaparecer un testigo, como fue el caso de Jorge Julio López en el juicio a Etchecolatz.

Del mismo modo que se avanzaba trabajosamente en cada causa, las Abuelas de Plaza de Mayo también, en un heroico trabajo de hormiga, fueron restituyendo la identidad a nietas y nietos apropiados por los genocidas.

En los últimos años, los genocidas condenados presentaron mil y una chicanas para salir de la cárcel. Llegaron a tener hasta la complicidad de la Corte Suprema, cuando votó el 2 por 1. Pero, nuevamente, la movilización popular impidió que se efectivizara la impunidad.

Así pasaron 40 años. El alfonsinismo primero, y el kirchnerismo después, quisieron apropiarse de la lucha por los derechos humanos. Pero esta pertenece a los que siempre estuvieron, en la resistencia a la dictadura y en los 40 años siguientes. A los que seguiremos estando, ¡ahora y siempre!

Escribe Guido Poletti

No es la primera vez que sucede. Pero lamentablemente el negacionismo del genocidio vuelve a levantar cabeza.

A lo largo de los años tuvo distintas manifestaciones. Tenemos la llamada “teoría de los dos demonios”, que planteó que lo que sucedió en la época de la dictadura fue “una guerra” con “dos bandos”. Dentro de ese planteo, estuvieron los defensores de genocidas, que directamente decía que frente a lo que llamaban “la subversión marxista”, los militares genocidas eran en realidad próceres que defendían a la patria.

Siempre existieron y existen estos personajes. Incluso han ganado algún espacio, como la diputada nacional Victoria Villarroel, del partido del liber-facho Javier Milei. Que, a su vez, no duda en unirse a otros reivindicadores del genocidio, como la Fuerza Republicana, el partido de Bussi en Tucumán.

En los últimos tiempos, ante la imposibilidad de negar los crímenes de la dictadura, con evidencia abrumadora en los juicios, muchos han optado por “minimizar” el genocidio. Su argumento es que “no fueron 30.000”. Recurren para esto a tomar en cuenta sólo las listas de denuncia de la Conadep de 1983 (8.961), o las presentadas a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en 1979 (5.580 denuncias). Cuando fueron miles los que en esos momentos no pudieron presentar denuncia alguna. Con los años se siguen descubriendo crímenes, niñas y niños apropiados que ahora descubren quienes fueron sus padres, cuerpos que son identificados ahora que existe el ADN (cosa que no sucedía en los años inmediatos posteriores a la dictadura).

Los genocidas y sus defensores siempre mantuvieron el pacto de silencio, nunca dieron información, niegan el número de desaparecidos, pero ellos y los negacionistas nunca aportaron dato alguno.
Por el contrario, es un hecho que, en el año 1978, a apenas dos años de comenzada la dictadura, el informe secreto del agente del servicio chileno Arancibia Clavel, que contaba con un acceso privilegiado a las altas esferas militares argentinas, ya afirmaba que había 22.000 desaparecidos. La mismísima embajada de los Estados Unidos, en 1979, sumaba 20.000. Los operativos, las desapariciones continuaron en los años siguientes.

Hoy, que a los militares genocidas y abogados defensores, se le suman figuras nefastas como Milei, Espert y Gómez Centurión, en un nuevo aniversario del golpe genocida, queremos que resuene más fuerte que nunca: ¡Cómo a los nazis les va a pasar, a dónde vayan los iremos a buscar!

Cada 24 de Marzo también marchamos para recordar y rendir homenaje a los más de cien asesinados y desaparecidos del glorioso PST (Partido Socialista de los Trabajadores, antecesor de Izquierda Socialista).

El PST se había ganado un lugar en la vanguardia obrera y popular luchando contra el pacto social del gobierno peronista de 1973. Era un baluarte en la oposición a la burocracia sindical de entonces.
Por eso ya había sufrido la represión durante el mismo gobierno peronista. Bandas de ultraderecha habían asesinado a varias compañeras y compañeros, en diversos sucesos, siendo los más conocidos los ataques a los locales partidarios de Pacheco (1974) y La Plata (1975).

Comenzada la dictadura, y en la más estricta clandestinidad, las y los militantes del PST siguieron resistiendo y dando pelea. Participando en las luchas sindicales de entonces, en la reorganización del movimiento obrero, del movimiento estudiantil y en la resistencia junto a los organismos de derechos humanos. A lo largo de toda la dictadura, en durísimas condiciones, el PST siguió sacando su periódico.
Toda esta actividad le costó más de un centenar de compañeras y compañeros detenido-desaparecidos. En cada 24 de Marzo, sus fotos encabezan nuestras columnas. Por ellas y ellos también marchamos, por su memoria. Por eso decimos que es una cita de honor.

Escribe Guido Poletti

El peronismo kirchnerista se reivindica como haber sido “el gobierno de los derechos humanos” y coloca a Néstor Kirchner y Cristina Fernández en esa categoría. Lamentablemente, un conjunto de organismos de Derechos Humanos históricos aceptan esa idea y han sido cooptados para su política.

La realidad es bien diferente. Empecemos por la realidad histórica, ni Néstor ni Cristina fueron “luchadores” contra la dictadura. En esos años, vivieron en Santa Cruz, haciendo su fortuna como abogados que liquidaban propiedades de las víctimas de una de las estafas de esos años: la circular 1050. No se conoce una sola acción de ninguno de los dos, ni siquiera una mínima presentación de habeas corpus, a favor de algún desaparecido, preso político o torturado.

En los años siguientes, ya posteriores a 1983 y siendo ambos dirigentes del peronismo santacruceño, ni Néstor ni Cristina participaron jamás de las gigantescas manifestaciones del movimiento de derechos humanos en las décadas del ‘80 y ‘90. No hay declaraciones de ninguno de los dos oponiéndose a los indultos, llevado adelante por Menem, gobierno del cual eran parte.

El kirchnerismo empieza a tener un discurso “pro-derechos humanos” cuando están en el gobierno, y en particular cuando Néstor manda descolgar el cuadro de Videla en el Colegio Militar. Otro hito fue su discurso en la ex Esma, el 24 de marzo de 2004. Pero, más allá de lo discursivo, nada de lo que se atribuye le corresponde.

Las leyes de impunidad no fueron anuladas por Néstor Kirchner, sino por un proyecto presentado por la entonces diputada nacional por Izquierda Unida, Patricia Walsh, y aprobada gracias a la presión de una enorme manifestación popular. Después de ello, el autodenominado “gobierno de los derechos humanos” no hizo absolutamente nada para esclarecer la desaparición de Jorge Julio López, jamás avanzó en abrir los archivos de la época de la dictadura, reprimió luchas populares (recordemos Terrabusi, Lear, los Qom de Formosa), tuvo a Berni como su “rambo” y terminó nombrando al genocida Milani como jefe del Ejército. Más de 5.000 luchadores populares fueron procesados durante esos años. Esa es la auténtica realidad, más allá de cualquier doble discurso.