Desde la banca de Izquierda Socialista y la bancada del #FrentedeIzquierdaUnidad presentamos un proyecto de Declaración para que la legislatura bonaerense apoye la lucha de las y los trabajadores de La Nirva para que se revoque la orden de desalojo.

Las y los trabajadores de La Nirva hace años que vienen peleando por el cobro de meses de sueldos adeudados, aguinaldos y reconocimiento de aportes sociales. En ese marco, la justicia juega a favor de la patronal, ya que sostiene que las y los trabajadores realizan “actos ilegítimos y delictuales”, cuando lo que están llevando adelante es la lucha por sus derechos.

Las y los compañeros están en su legítimo derecho de defender sus fuentes de trabajo y de cobrar por el trabajo realizado y adeudado. ¡No al desalojo!

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La diputada Graciela Calderón, de Izquierda Socialista, junto a la bancada del FIT Unidad presentaron un proyecto de ley en la legislatura bonaerense para la reestatización de la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.

Los cortes de luz que venimos padeciendo demuestran que el sistema eléctrico nacional no puede estar en manos de empresarios vaciadores que reciben millones de dólares en subsidios mientras exigen tarifazos como sucede con Edenor, Edesur y Edelap, entre otras.
El acceso a la energía eléctrica es un derecho humano, un servicio público básico que no puede ser tratado como una mercancía. Sin ese acceso los trabajadores y sectores populares no tendrán vivienda digna, sana alimentación, salud ni educación.

Por todo esto nuestra propuesta es la creación de un sistema eléctrico único, estatal y controlado por sus trabajadores y organizaciones de usuarios. Lejos está nuestra propuesta de lo que fue el modelo Segba, al servicio de los negociados de los políticos patronales y la burocracia sindical peronista.

A continuación los principales aspectos del proyecto de Ley:
• Declarar la emergencia en la generación, transporte y distribución eléctrica.
• Compra inmediata de materiales y generadores eléctricos e ingreso a planta permanente de personal idóneo para la reconexión de usuarios sin servicio.
• Resarcimiento económico para los damnificados de cumplimiento inmediato.
• Declarar de nulidad absoluta los contratos de concesión sin indemnización alguna.
• Crear la “Empresa Eléctrica del Estado”, que operará bajo control, gestión y administración de los trabajadores y organizaciones de usuarios electos democráticamente.
• La incorporación con plenos derechos a planta permanente de los trabajadores y trabajadoras que revistan en empresas tercerizadas.
• Crear una comisión investigadora compuesta por trabajadores elegidos democráticamente y revocables para supervisar el traspaso del sistema eléctrico actual a la Empresa Eléctrica del Estado, y con plenos poderes para investigar y denunciar todos los ilícitos de los responsables y cómplices del saqueo privatizador.
 
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La diputada Graciela Calderón de Izquierda Socialista, y la bancada del Frente de Izquierda Unidad, presentamos un proyecto de Ley para la reestatización de la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.

En estos ultimos dias se han sufrido enormes cortes de luz  que afectaron a gran parte del AMBA, siendo el acceso a electricidad un derecho basico que debe ser garantizado,  porque es un servicio público elemental.  No podemos dejar que el sistema de electricidad quede en manos de empresarios vaciadores que reciben millones de subsidios y tarifazos, como sucede con las empresas Edenor, Edesur, Edelap, entre otras.

Necesitamos que se anulen los contratos de concesion y se reestatice el servicio de energía eléctrica bajo el control de las y los trabajadores y sus usuarios, esta es la única manera de mejorar el servicio.

PROYECTO DE LEY

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS Y EL SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y

Estatización con control de trabajadores y usurarios de la generación, transporte y distribución de energía eléctrica

La Cámara de Diputados y el Senado de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires establecen:

Artículo 1 - Declárese la emergencia en la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.

Artículo 2 - En los términos de la emergencia establecida, disponer la compra inmediata de los materiales y equipos (p.e., generadores eléctricos) necesarios, y la contratación en planta permanente de personal idóneo para realizar de manera perentoria la reconexión de los usuarios que se encuentran sufriendo cortes en el suministro de electricidad.

Artículo 3 – Otorgar un resarcimiento económico de pago inmediato para aquellos hogares y pequeños comercios, equivalente a las pérdidas materiales y económicas sufridas como consecuencia de los cortes del servicio. Los recursos necesarios para el pago de dicho resarcimiento deberán obtenerse de las ganancias de las actuales empresas privadas de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.   

Artículo 4 - Declarar la nulidad absoluta de los contratos de concesión y demás instrumentos legales y jurídicos -leyes, decretos, resoluciones y otras disposiciones provinciales- que motivaron la transferencia a empresas privadas de la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

Artículo 5 - La anulación de dichos contratos se realiza sin indemnización alguna, procediendo los concesionarios en forma inmediata a reintegrar la totalidad de las instalaciones, herramientas, repuestos y demás material cedido al momento de las concesiones.

Artículo 6 - A partir de la presente ley se estipula la estatización del servicio de electricidad. A tal fin se crea la empresa "Energía Eléctrica del Estado", 100% estatal, cuya participación nacional y provincial deberá ser establecida por ley nacional. El Estado reasume como único titular la propiedad, administración, explotación y funcionamiento de todo el sistema de energía eléctrica -incluida la generación, el transporte y la distribución-.

Artículo 7 – La empresa “Energía Eléctrica del Estado” operará bajo control, gestión y administración de los trabajadores/as y organizaciones de usuarios/as, elegidos democráticamente.

Artículo 8 - La empresa "Energía Eléctrica del Estado" reincorporará con carácter urgente y prioritario a todo el personal que haya sido cesanteado por conflictos gremiales anteriores y posteriores al proceso de concesiones y al que fuera despedido a causa de planes de racionalización o achicamiento. 

Artículo 9 - Se incorporará con plenos derechos convencionales y salariales a la planta permanente a los/as trabajadores/as que revistan en empresas tercerizadas que desarrollan tareas comprendidas en el servicio de energía eléctrica.

Artículo 10 - Se crea una Comisión Investigadora especial compuesta por trabajadores/as del sector, elegidos/as democráticamente y con cargos revocables, a fin de supervisar el traspaso del sistema de energía eléctrica del ámbito concesionado al sistema estatal, facultada además con plenos poderes para investigar y denunciar todos los ilícitos penales y civiles de los responsables y cómplices del saqueo privatizador.

Artículo 11 - Comuníquese al P.E.

Artículo 12 - De forma.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El martes 11 de enero un corte de luz masivo afectó a gran parte del AMBA, dejando a 700 mil usuarios sin servicio eléctrico. Familias y pequeños comercios quedaron sin luz y, como consecuencia, también sin agua. Los vecinos de los barrios afectados recuerdan que es algo repetido en cada verano. Incluso, el año comenzó con otro apagón masivo, desde el 29 de diciembre hasta el 4 de enero, que dejó a 190 mil usuarios sin luz.

Las empresas distribuidoras responsables de los cortes no son otras que Edenor, Edesur, Edelap y demás privatizadas, que vienen ganando millones hace años, ya sea con subsidios o tarifazos, a costa del pueblo trabajador. Debe recordarse que el gobierno de Mauricio Macri aplicó aumentos de 3.400% a 5.500%, “dolarizando las tarifas”, afirmando que ese dinero iría a inversiones y se terminarían los cortes, una enorme mentira. Por su parte, el gobierno del Frente de Todos no retrotrajo ninguno de esos aumentos, manteniendo la estafa al pueblo trabajador e, incluso, habilitando aumentos del 20% para enero y febrero, que se verán reflejados en las boletas de marzo y abril. Sólo en 2021 las empresas privatizadas de la energía recibieron subsidios por más de 9.000 millones de dólares, según el Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”. Pero durante estos años las empresas utilizaron los subsidios para enriquecerse y no para mejorar el servicio. Así, por citar un ejemplo, el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata ya en 2017 denunciaba que “Edea S.A. recauda millonarias sumas anuales que gira fronteras afuera a final de cada ejercicio. Sin inversión en el servicio, sin contratar el personal necesario, con un solo Centro de Atención en Mar del Plata para 500 mil usuarios” (18/01/2017).

Desde el Frente de Izquierda Unidad planteamos que se debe declarar la emergencia en la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica, tomando todas las urgentes medidas necesarias para reestablecer el suministro eléctrico a hogares y pequeños comercios. Asimismo, se deben anular los contratos de concesión y estatizar el servicio de energía eléctrica, bajo control de los/as trabajadores/as y usuarios/as, única manera de mejorar el servicio y terminar con la usura de las empresas capitalistas que hacen negocios con la necesidad del pueblo trabajador.

El actual sistema eléctrico es la consecuencia de las privatizaciones de SEGBA, Hidronor y Agua y Energía Eléctrica, las tres empresas estatales que proveían electricidad hasta 1992. El gobierno de Carlos Menem, con el apoyo de todos los partidos patronales, privatizó el sistema de energía eléctrica, amparándose en la ley 24.065 y de esta manera desintegró el sistema, dividiéndolo en varias empresas: generadoras, transportadoras y distribuidoras, mismo esquema que existe hoy en la provincia de Buenos Aires. Esta reforma habilitó a que grupos de empresarios extranjeros y nacionales, lucren con un servicio público esencial como es la electricidad.

Desde entonces, las empresas privatizadas recibieron abultados subsidios que solo sirvieron para aumentar sus propias ganancias, ya que no hubo ninguna mejora en el servicio. Por su parte, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) no controla la falta de inversión de las empresas, ni el acceso de los usuarios, ni la calidad del servicio. Es un organismo que le garantiza las ganancias a los capitalistas, siendo cómplice de esta estafa al pueblo trabajador. El Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA) establece mínimos requisitos que deben cumplir las empresas concesionadas (calidad de servicio, sistema de telegestión para trámites, cantidad de oficinas de atención al público, etc.), sin embargo, no los hace cumplir y las sanciones monetarias que reciben las empresas rara vez son pagadas.

Tanto en los gobiernos kirchneristas, durante doce años, como en los cuatro años del gobierno macrista, se mantuvo la misma política de financiar las ganancias de los grupos empresarios, sin invertir un solo peso en mejorar la calidad del servicio. Los subsidios millonarios a las generadoras, transportadoras y distribuidoras eléctricas, como la la central Térmica de Ezeiza, Solalban Energía, la Termoeléctrica Guillermo Brown, Edenor, Edesur, Edelap, Edea, Eden, Edes y otras, sirvieron para aumentar las ganancias de los capitalistas, sin ningún tipo de control sobre la calidad de un servicio que, luego de años de privatización, se demostró que fue un robo y saqueo al pueblo trabajador. Ahora con el gobierno de Alberto Fernández, el sistema de subsidios a las empresas se profundizó. Desde enero de 2020, crecieron un 113% en el acumulado de 12 meses. Pasaron de US$ 4.400 millones a US$ 9.488 millones a septiembre de 2021. Esto demuestra que los subsidios que durante estos años lleva pagando el Estado no fueron para mejorar el servicio, sino para enriquecer los propios negocios de sus dueños. 

Estas empresas, que llevan años brindando pésimos servicios y burlándose de los usuarios, son premiadas con tarifazos astronómicos y con el perdón de sus millonarias deudas. Entre las 70 empresas de distribución eléctrica que abastecen a los usuarios de todo el país acumulan deudas por $142.887 millones. Las principales empresas endeudadas son las que mayores ganancias registran: Edenor con $18.000 millones (Manzano-Vila), Edesur $20.800 millones (Enel de capitales italianos), Edemsa $9.813 millones (Manzano-Vila). En contrapartida, los usuarios que deben el pago de boletas de electricidad nunca son beneficiados.

Las empresas privatizadas ya demostraron que lo único que les interesa es llevarse sus superganancias. El acceso a la electricidad es un servicio público básico, un derecho humano que no puede ser tratado como una mercancía ni en función del lucro privado. Por eso, la única salida para garantizar realmente tarifas accesibles para todos y servicios de calidad pasa por la rescisión de todos los contratos de concesión y la estatización de todo el servicio, gestionado por quienes realmente saben del tema, sus propios trabajadores y las organizaciones de usuarios.

Por todas estas consideraciones solicito a los señores Diputados que acompañen este proyecto de Ley.

Presentado por la diputada Graciela Calderón, de Izquierda Socialista/FIT Unidad.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECLARA

Su preocupación y rechazo a la Resolución 436/2021 publicada en el Boletín Oficial de la Nación, con firma del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, en el que se tiene como objetivo habilitar la explotación petrolera “off shore” a 300 kilómetros de Mar del Plata, autorizando a YPF y las multinacionales Shell y Equinor a realizar exploración sísmica en el Mar Argentino.

Su acompañamiento al reclamo de las comunidades costeras bonaerenses que se movilizaron masivamente para rechazar la mencionada resolución y en la defensa del Mar Argentino y sus biodiversidad, contra el saqueo y la contaminación que promueven el gobierno nacional, el FMI y las multinacionales petroleras.

FUNDAMENTOS

El final de 2021 e inicio de 2022 quedó marcado por la decisión del gobierno de continuar con su plan de saqueo y contaminación, en acuerdo con las exigencias del FMI y las multinacionales. A pesar de la rebelión del pueblo chubutense y su “Chubutazo”, que rechazó la contaminación del agua y logró derogar la aprobación de la zonificación que habilitaba la megaminería en esa provincia, el gobierno nacional de Alberto Fernández (Frente de Todos) definió nuevamente desoír los reclamos populares y continuar con sus planes de entrega y contaminación de los recursos naturales del país, apuntando, ahora, contra el Mar Argentino.

La firma de Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, habilitando la exploración sísmica en la Cuenca Argentina Norte (CAN 108, 100 y 114) del Mar Argentino, a 300 km de Mar del Plata, tiene por objetivo legitimar e integrar el llamado “Plan de Transición Energética” con el “Plan Plurianual” de ajuste y depredación de nuestros recursos naturales, que están acordando el gobierno y el FMI para el pago de la ilegítima y fraudulenta deuda externa.

En 2014, la zona ahora apuntada para iniciar las exploraciones petroleras fue identificada por un grupo de los principales científicos marinos, designados por el propio Ministerio de Ambiente, como candidata a área marina protegida, por su relevancia para los ecosistemas marinos y para la conservación de la biodiversidad del Mar Argentino. El área fue señalada como corredor biológico, zona de alimentación de la ballena franca austral, por lo que su contaminación representaría un escenario de riesgos irreparables para la biodiversidad marítima.

El antecedente inmediato de exploración sísmica, como el que habilita la resolución 436/2021, que se basa en el bombardeo del lecho marino, fue en 2009 en el golfo de San Jorge, en la Patagonia. Su resultado fue que los pescadores artesanales locales no pudieron pescar por 16 meses, por la desaparición de la merluza de la zona. Asimismo, desaparecieron las ballenas.

En abierto cuestionamiento, un informe de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro establece que “para algunos niveles de producción estimados para la plataforma argentina, la ocurrencia de derrames es del 100%". (QueDigital, 29/08/2021)

En conclusión, no hay manera de llevar a cabo la exploración y explotación petrolera "off shore" sin que genere impactos irreversibles para los ecosistemas marinos, su biodiversidad, las costas y los principales medios de vida de las comunidades costeras.

Aún así, el ministro Cabandié confirmó que, además del proyecto de habilitación de YPF y las multinacionales Shell y Equinor para realizar exploración sísmica frente a las costas bonaerenses, existen otras 14 solicitudes en curso para realizar perforaciones exploratorias, entre las que se encuentra la multinacional británica British Petroleum (BP), responsable de una de las peores catástrofes ecológicas en la historia, causada en el Golfo de México el 20 de abril de 2010. La explosión de su plataforma petrolera "off shore" Deepwater Horizon, dejó un saldo de 11 trabajadores muertos, 115 evacuados y miles de barriles de petróleo vertidos al Mar Caribe destruyendo su biodiversidad.

De manera alarmante, la multinacional noruega Equinor, habilitada por la resolución ministerial, tiene antecedentes de incendios en sus instalaciones en Noruega en 2020; en Bahamas, derramó 119.000 barriles de petróleo en 2019; y terminó siendo frustrado su reciente intento de realizar exploración sísmica en la Gran Bahía Australiana por cuestionamientos ambientales.

Por lo expuesto, vemos con preocupación y exigimos se anule la Resolución 436/2021, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Acompañamos, de esta manera, los legítimos reclamos de las asambleas de las comunidades de la costa bonaerense y la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS), quienes respondieron a la resolución convocando el pasado martes 4 de enero a una masiva jornada de movilización unitaria que contó con la participación de miles de personas en más de 30 puntos en todo el país, desde Tierra del Fuego hasta Tucumán y Misiones. Especialmente, miles colmaron las ciudades y pueblos costeros bonaerenses, con convocatorias históricas en ciudades como Mar del Plata y Necochea, que son la expresión inequívoca de la defensa popular del Mar Argentino, contra el saqueo y la contaminación que proponen el gobierno, el FMI y las multinacionales petroleras. 

Por lo antes dicho, desde nuestra bancada solicitamos a los demás bloques y diputados adherir a este proyecto de declaración.

Descargar el proyecto aquí

El día 28 de diciembre se realizó una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados bonaerense para tratar el Presupuesto 2022 y la reforma de la Ley 14.836, votada bajo la gobernación de María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio), para habilitar la re-reelección de los intendentes. En la sesión, la diputada de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, Graciela Calderón, expuso su rechazo a la reforma y denunció que la ley habilitaba re-reelecciones indefinidas.

Graciela Calderón expresó: “Desde la banca de Izquierda Socialista en el FIT Unidad rechazamos las reelecciones indefinidas de los intendentes. Por eso rechazamos la reforma votada en la Legislatura, que habilitó a los intendentes a presentarse a elecciones para un tercer mandato, con la intención de continuar indefinidamente en los gobiernos municipales. Nos abstuvimos, denunciando la tramposa ley 14.836, impulsada por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal y apoyada por Sergio Massa, porque permitía que los intendentes eludieran el límite a las reelecciones tomándose licencia.”

Calderón finalizó: “Ni el Frente de Todos, ni Juntos por el Cambio, cuestionan el clientelismo, la corrupción y los métodos patoteriles mediante los cuales sus intendentes gobiernan por décadas. Así aplican ajustes contra el pueblo trabajador, como parte del acuerdo del gobierno con el FMI, y defienden los intereses de multinacionales, como hace el intendente del Frente de Todos, Fernando Espinoza, que permite a Klaukol contaminar a los vecinos de La Matanza. Allí no hay grieta. En abierta oposición, en el FITU utilizamos el método de las bancas rotativas. Promovemos, una vez terminado los mandatos, el regreso al lugar de trabajo, como hizo nuestra compañera Mónica Schlotthauer, que tras ejercer como diputada volvió a trabajar en el ferrocarril Sarmiento. Proponemos que todos los funcionarios ganen como una maestra con 10 años de antigüedad, así como ya hacemos los diputados del FITU. Y ponemos nuestras bancas al servicio de las luchas de los trabajadores, las mujeres y la juventud contra el ajuste y entrega del gobierno y el FMI.”

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