Escribe José Castillo

Cristina dijo “no podemos pagarle al FMI”. Alberto Fernández afirmó que compartía los dichos de la vicepresidenta en una entrevistas con Horacio Verbitsky. Pero mientras tanto, continúan las negociaciones con el Fondo. ¿Cuál es la verdadera política del gobierno?

En la inauguración de sesiones legislativas del 1° de marzo, el presidente Alberto Fernández le había dedicado largos párrafos a la estafa del préstamo con el FMI, que nos había dejado una deuda de casi 50.000 millones de dólares. Llevando el planteo a que se iniciaría acciones judiciales contra Macri y los otros funcionarios responsables de contraerlo. La vicepresidente Cristina Fernández, en un discurso el 24 de marzo pasado, afirmó  a su vez que “no podemos pagarle al FMI”. Por cierto, pocos periodistas se ocuparon de resaltar que, en la frase siguiente, la propia vicepresidenta propuso como solución que “se bajen los intereses” o “ampliar los plazos de pago”, en ningún caso planteó repudiar la deuda.

Entre muchos compañeros que conservan expectativas en el Frente de Todos, estas declaraciones pueden ser leídas como que el gobierno peronista “se endurecería” frente al FMI, y podría llegarse a una situación de suspensión de los pagos. Nada más alejado de la realidad. Veamos.

¿Cuál es la real política del gobierno?

Acá no hay fisuras. Más allá de los discursos “para la tribuna”, desde el primer día el gobierno de Alberto Fernández dijo que su prioridad era cumplir con los acreedores externos y el FMI. Alberto, Cristina, Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados y Máximo Kirchner como jefe de la bancada oficialista, impusieron la eliminación del reajuste a los jubilados, como una señal de cuál era la prioridad de pago ante los acreedores y el FMI. Posteriormente, hicieron votar (acompañados por Juntos por el Cambio) la autorización para renegociar la deuda, léase el reconocimiento de todo el endeudamiento, incluyendo los casi 50.000 millones de dólares con el FMI que habían denunciado como “truchos” en la campaña (dicho sea de paso, solo hubo dos solitarios votos negativos, los del Frente de Izquierda Unidad). El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, alineado con Cristina, priorizó pagar un vencimiento a los acreedores antes que a los docentes. Y siempre, el designado “negociador” con los pulpos acreedores, el ministro de Economía Martín Guzmán, contó con el más pleno respaldo de todos los sectores del gobierno. Todos aplaudieron el acuerdo firmado con los acreedores y el comienzo de las negociaciones con el FMI. Mientras tanto, y aún en medio de la pandemia, el gobierno del Frente de Todos ya abonó 6.000 millones de dólares de deuda externa.

El gobierno sabe que su discurso de campaña, de que era posible lograr un acuerdo “progresista” con el Fondo, donde éste supuestamente nos dejaría crecer y reducir la pobreza, era una vulgar mentira. En toda la historia del FMI no existió semejante acuerdo, que siempre exigió durísimos planes de ajuste. Como ejemplo cercano en el tiempo, tenemos el ajuste que le exigió a Ecuador en 2019, que dio lugar a un levantamiento popular que impidió su puesta en ejecución.

La política del Frente de Todos, entonces, es correr lo más posible los vencimientos y, de ser posible, la firma del mismo acuerdo hasta después de las elecciones, y en todo caso que se reduzcan un poco los intereses. Y nada más. Sabe que, en cuanto esto se concrete, tendrá que cumplir con las exigencias de un ajuste mayor que el actual, de las auditorías permanentes del Fondo, y por sobre todas las cosas, de pagos astronómicos, cercanos a 10.000 millones de dólares por año a partir de 2025.

Ni siquiera es real el planteo de Cristina de pedirle al FMI que el préstamo se pague en veinte años para achicar los montos anuales. “Eso no se puede”, respondió el propio ministro Guzmán, oficiando de vocero del FMI. En síntesis, lo anticipamos, todo va a terminar, más temprano que tarde, con un nuevo acuerdo firmado en algún futuro inmediato, bendecido por el voto conjunto de peronistas y Juntos por el Cambio.

¿Cuál es la salida?

No hay que confundirse. Más allá de discursos y poses electorales, la política del gobierno peronista del Frente de Todos no tiene nada de “progresista” o “nacional y popular”. Su prioridad es negociar con el FMI y garantizar el cumplimiento de los pagos a los pulpos acreedores internacionales.

Y no hay salida por ese camino. Sólo habrá más ajuste, más miseria, marginación social, bajos salarios, desempleo y saqueo de nuestras riquezas. Por eso, insistimos, la única alternativa es dejar de pagar ya mismo, romper con el FMI y poner todos esos recursos para resolver las más urgentes necesidades populares. Eso, exactamente, es lo que plantea el Frente de Izquierda Unidad.

Escribe José Castillo

Después del discurso de Cristina diciendo que “no le podemos pagar al FMI” y, más en general, del doble discurso que se repite acerca de que durante los doce años de gobiernos kirchneristas se habría logrado el “desendeudamiento”, tenemos que volver a hacer historia.

Néstor Kirchner asumió en 2003 con una deuda externa de 190.000 millones de dólares. Gran parte de ese monto estaba en default, lo que quiere decir que se había dejado de pagar en medio del Argentinazo de diciembre de 2001 y nunca se había vuelto a hacerlo.

Cuando culminó el segundo gobierno de Cristina Fernández debíamos mucho más, 260.000 millones de dólares. En el medio, reconocido por el propio gobierno de entonces, se habían abonado casi 200.000 millones de dólares en efectivo. Un auténtico récord, más que ningún otro gobierno en la historia. Estos simples datos bastan ya para demostrar la mentira del tantas veces declamado “desendeudamiento kirchnerista”.

Veamos cómo fue el proceso. En el año 2005, el gobierno decidió cancelar de contado y con reservas toda la deuda con el FMI, incluso la que todavía no vencía. Así, salieron de las reservas 9.000 millones de dólares. Ese mismo año se cerró el primer canje de deuda, por lo que se volvió a pagarle a los buitres acreedores, con todo tipo de beneficios. Fue la obra maestra de Néstor Kirchner y su ministro de Economía de entonces, Roberto Lavagna. En 2010 se reabrió el canje, permitiendo que entraran al juego más pulpos especuladores internacionales. Como si eso fuera poco, se emitieron, en particular desde 2011, una enorme cantidad de bonos que también hicieron las delicias de los especuladores, que los adquirieron, cobraron sus intereses e incrementaron el total de deuda. Tenemos que sumar a todo esto, el pago a Repsol por la estatización parcial de YPF (donde se había dicho al principio que no se le iba a reconocer un peso) y el escandaloso acuerdo con el Club de París, donde no sólo se blanqueó una deuda que venía de la dictadura, sino que casi se la duplicó reconociendo intereses de usura.

En conclusión, el kirchnerismo nunca se enfrentó de verdad a los pulpos de la deuda. En el tramo final de su gobierno, fue la propia Cristina Fernández quien lo reconoció: “pagamos casi 200.000 millones de dólares. Somos pagadores seriales”. Sí, la expresión “pagadores seriales”, es de la propia ex presidenta y actual vice. Lo reconoce el propio establishment internacional que, sin tener simpatías por el peronismo kirchnerista ni reconocerlo como un gobierno “propio”, sí reconoce que hay que diferenciar el discurso “para adentro”, “para sus propias bases”, que puede contener elementos radicalizados, de la realidad: nunca dudaron, y ahora tampoco, que finalmente van a cobrar.

A no confundirse entonces, ni sucedió ayer, ni pasará hoy. El kirchnerismo, como el resto del peronismo, siempre le pagó a los acreedores y al FMI. Sólo el Frente de Izquierda Unidad es quien, desde siempre, sostiene que la única salida es dejar de pagar y romper con el FMI.

Escribe José Castillo

Hace ya varios meses que la inflación se desbocó. La aceleración que se dio en el último trimestre del año pasado, con un diciembre en que llegó a 4%, continuó en el comienzo de 2021. El número de enero volvió a ser altísimo, otro 4%, y mayor aún en muchísimos productos de la canasta familiar. Febrero ya viene también con nuevas subas, proyectándose una inflación promedio anual de entre 45% y 50 por ciento.

Cuando se habla de por qué se da esta escalada de precios, el gobierno de Fernández, en esto también, hace gala de su doble discurso. El ministro Guzmán coquetea con la respuesta del establishment: “Para atacar la inflación hay que equilibrar las variables macroeconómicas”, un eufemismo utilizado para referirse al ajuste, aplaudido a rabiar por los empresarios presentes en la reunión por el acuerdo de precios y salarios.

Pero, y al mismo tiempo, el gobierno no tiene otra que reconocer los “abusos” de los empresarios formadores de precios. En las diversas reuniones con las patronales siempre surge la promesa de limitar los aumentos o “estudiar” cómo evitar que mayores costos se trasladen a los precios. Meras palabras, apenas terminado el encuentro los mismos empresarios presentes envían listas con aumentos a las cadenas de hipermercados, que también agregan “su” propia porción de superganancia. Todo con la vista gorda del gobierno.

Los pulpos monopólicos de los productos de consumo masivo suben los precios y provocan desabastecimiento, escondiendo aquellos que figuran bajo las categorías de “precios máximos” y “precios cuidados”. Por citar un ejemplo, todos los medios difundieron los cortes de carne de Coto a precios populares, que consistían en pura grasa, una vergüenza.

El gobierno del Frente de Todos sigue hablando para la tribuna. También dijo que había que “desacoplar” los precios de los alimentos de los valores internacionales. Para eso amenazó primero con suspender las exportaciones de maíz y luego con incrementar las retenciones. Pero bastó una reunión con la Mesa de Enlace de las organizaciones agropecuarias para que “salieran todos contentos”, sin ninguna medida en su contra. Se repitió, corregido y aumentado, lo que había sucedido meses atrás con la amenaza de la expropiación de Vicentin, con la correspondiente marcha atrás.

La semana pasada, desde la Secretaría de Comercio se “intimó” a once grandes grupos económicos (Mastellone, Fargo, Aceitera General Deheza, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, Procter&Gamble, Paladini y Potigian) por desabastecimiento. Se trató de una mera maniobra. En los hechos, fue apenas una mención administrativa y no está en juego ninguna sanción real ante estos abusos.

Al mismo tiempo, varios de los aumentos están siendo generados por el propio gobierno. Tal el caso de las subas de los combustibles, lideradas por YPF y luego seguidas por el resto de las transnacionales del sector. O la autorización a los incrementos en la medicina prepaga. Y ni qué hablar del tarifazo del gas, que se vendrá en breve, ya que está convocada para el 15 de marzo la audiencia pública.

Todo esto tiene, obviamente, sus consecuencias directas sobre el bolsillo popular. Gran parte de los trabajadores han quedado con ingresos debajo de la línea de pobreza, cuya canasta, según el relevamiento de la  junta interna de ATE-Indec, ya llega a 82.000 pesos. Más aún, un reciente informe reveló que esa cifra asciende a 120.000 pesos para quienes residen en la ciudad de Buenos Aires. Por eso no resulta extraño que una nueva medición de pobreza, considerando ingresos y condiciones de precariedad, alcance al 47% de la población, con 21 millones de personas (datos del Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales, organismo que depende de la Presidencia de la Nación).

Mientras todo esto sucede, el gobierno de Alberto Fernández habla de que los salarios pueden recuperar este año “3 o 4 puntos” por sobre la inflación. Claro que supone una inflación para todo 2021 de… 29%, ¡una auténtica mentira!, que se utiliza en las reuniones de acuerdos de precios y salarios para que finalmente la variable de ajuste, una vez más, sean los ingresos de los trabajadores.

La salida de fondo contra esta inflación que pulveriza salarios y jubilaciones requiere terminar con la impunidad de los grandes empresarios remarcadores, imponiendo verdaderos precios máximos, que se hagan respetar, sin excepciones, con aplicaciones reales de las sanciones previstas en la Ley de Abastecimiento, que autoriza a multar, clausurar y hasta expropiar a quien lleva adelante estos abusos. Atacando a los reales formadores de precios a lo largo de toda la cadena productiva.

Al mismo tiempo, hay que parar el deterioro del salario y recomponer lo perdido. Por eso hay que reclamar aumentos de emergencia, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, y la reapertura de todas las paritarias, sin techo, con incrementos reajustables mensualmente de acuerdo con la inflación. Para lograrlo hay que exigir a la burocracia de la CGT y las CTA que rompan la tregua y llamen a un auténtico plan de lucha, tal como lo venimos reclamando desde la izquierda y el sindicalismo combativo. 

Escribe Claudio Fourcade

El pasado jueves 11 de febrero la Cámara de Diputados votó la ley que establece que las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de financiación internacional y los futuros acuerdos con el FMI deben contar con aval parlamentario.

La iniciativa contó con el entusiasta apoyo de todos los sectores patronales -oficialistas y de la oposición-, que se reflejó en los 223 votos positivos y dos abstenciones. Solo la izquierda representada por el FIT Unidad votó en contra, con los diputados nacionales Nicolás del Caño (PTS) y Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista), que tuvieron la valiosa dignidad y el coraje de repudiar esta exigencia del FMI.

Al respecto, Giordano manifestó: “Estamos categóricamente en contra de este proyecto, sáquennos del famoso consenso Frente de Todos–Juntos por el Cambio que votan este proyecto. Es una ley que apoya los pagos de una deuda usurera y fraudulenta y, esencialmente, es un aval al pacto mafioso Macri–FMI. Es una ley a pedido del Fondo Monetario Internacional”.

El gobierno intenta mostrar que con la intervención del Congreso se pondrán “límites” a los próximos endeudamientos. Nada más alejado de la realidad. Así lo hizo notar Giordano cuando dijo: “Lejos de lo que dice el diputado Carlos Heller y los que defienden este proyecto, como Alberto Fernández y Martín Guzmán, de que el Congreso se va a poner de pie… esto es más sometimiento, entrega, más ajuste y más dependencia para el país, y centralmente para los trabajadores y sectores populares que sufrirán brutales ajustes y cambios estructurales, más reformas jubilatorias, laborales y mayor sometimiento y saqueo para pagar una deuda usurera”.

Con esta ley el gobierno nuevamente apela al doble discurso. Así lo denunció  Giordano: “El propio Fernández reconoce que los 50.000 millones de dólares de deuda contraída por Macri fueron a la bicicleta financiera y a la fuga de capitales. Pero el gobierno ´nacional y popular´ la reconoce. Macri nos endeudó, la plata la usaron los banqueros y especuladores y ahora es el pueblo trabajador el que tiene que hacerse cargo de una deuda que no vió, que no fue a trabajo ni a salarios”.

En pleno desarrollo de la pandemia, que ya se cobró más de 50.000 vidas, Giordano remarcó: “Crecen los contagios, las muertes, faltan vacunas, hay un 45% de pobreza y la prioridad del gobierno es cumplir con el FMI. Fernández habla de la vacuna con Angela Merkel, con Putin, con Kristalina Georgieva, con el papa Francisco y pide que lo acompañen a salir de esto. ¿Cómo se sale? Según dice el gobierno, pagando la deuda usurera y fraudulenta, una mentira total”.

Giordano también expresó: “Es mentira que se despejarán los vencimientos, que vamos a recuperar la economía, que mejorarán los indicadores sociales. Ya hay un ajuste en marcha, sacar el IFE, una movilidad jubilatoria a la baja, firmar techos salariales de 29% frente a una inflación para 2021 que se calcula entre el 45% y el 50 por ciento”.

No debemos tener ninguna confianza en el Congreso. Siempre ha estado al servicio de los intereses del gran capital. “Ya el Congreso votó en la Ley de Emergencia Económica pagar 6.000 millones de dólares… Saquemos la cuenta de cuántas vacunas, respiradores, camas, salarios, jubilaciones y viviendas populares que se podrían construir”.

Giordano, en otra parte de su encendido discurso, señaló: “Que este Congreso le pueda poner límite a la deuda es una mentira total. En todos los presupuestos que se votan lo primero es pagar la deuda”.

Todos, el gobierno, los partidos patronales de oposición que, junto con el oficialismo, son mayoría en ambas Cámaras, la UIA, la Sociedad Rural, las burocracias de la CGT y las CTA están de acuerdo en pagar la deuda usurera de Macri y tienen un acuerdo en reconocerla. “El Frente de Izquierda propone otro camino, no el de la dependencia y el sometimiento, sino de la soberanía nacional. En vez de pagar la deuda hay que usar esa plata para salud, hospitales, trabajo, salario, educación y un plan de viviendas populares. Debemos recuperar las empresas privatizadas, nacionalizar la banca y el comercio exterior. Ahí están los recursos para sacar el país adelante”, concluyó nuestro diputado Giordano.

Escribe José Castillo

Empezó 2021 y la carrera entre precios y salarios es cada vez más desigual. En nuestro país –con una inflación proyectada para este año cercana a 50%, una de las más altas del mundo y en la región solo superada por Venezuela– se han venido pulverizando desde hace años los ingresos de los trabajadores y demás sectores populares. La perspectiva para este año es que esto continúe. La única forma de evitarlo es dando duras peleas por la recomposición salarial para romper los techos que buscan imponer el gobierno del Frente de Todos y las patronales con el guiño cómplice de la burocracia sindical.

2020 fue un año terrible para el pueblo trabajador. La inflación, medida por el índice de precios al consumidor, cerró en 36,1 por ciento. Comparada con ese mismo índice oficial, la inmensa mayoría de los trabajadores en blanco terminaron perdiendo. Solo zafaron unos pocos gremios que lograron “empatar” tras durísimas medidas de lucha, el caso paradigmático fue el de los aceiteros. Si los trabajadores en blanco bajo convenio terminaron por debajo del costo de vida oficial, mucho peor le fue a los que están tercerizados o en negro. Algunos llegaron a perder hasta 15% contra la inflación oficial. Lo mismo le pasó a los jubilados, pese al doble discurso del gobierno, absolutamente todos, hasta los de la mínima, quedaron retrasados frente al 36,1% de inflación oficial. 

Pero el tema se torna mucho más dramático cuando vemos que en la canasta básica alimentaria, que compone la inmensa mayoría de bienes que compran los trabajadores, el aumento fue mucho mayor. La suba de esta canasta en 2020 fue de 45,5 por ciento. Dentro de ella, los alimentos frescos (carne y verdura) se incrementaron más aún, 56 por ciento. 

De hecho, si comparamos la inflación de los más pobres (medida por los productos de consumo masivo), el año pasado promedió el 48%, mientras que la canasta de los ricos (medida en los productos de lujo) promedió 30 por ciento.

¿Qué va a pasar este año?

En el último trimestre de 2020 la inflación se aceleró, con promedios mensuales de entre 3% y 4 por ciento. Ahora, en lo que va de enero, los aumentos continuaron. Solo en la primera quincena de este mes la canasta alimentaria acumula otro 2,1% de aumento, con incrementos astronómicos en la carne y el pan. Los combustibles volvieron a subir. Con estos niveles de aumentos de precios la inflación proyectada para 2021 será cercana a 50%, con aumentos aun mayores en los productos de consumo popular. 

Y esto va a continuar. Ya hay proyecciones que aseguran que la canasta escolar básica (solo tomando en cuenta los útiles) será 48% más cara que el año pasado, ascendiendo a 5.099 pesos (datos de Focus Market). Y, de una forma u otra, el gobierno está negociando el aumento de las tarifas de los servicios públicos.

¿Por qué aumentan los precios? Los economistas del establishment liberal dicen que se debe a “la excesiva emisión monetaria”, como si cuando no se emitió, como en todo 2019, todavía con Macri, la inflación no hubiera sido récord, llegando a 50% (dicho sea de paso, el mismo número que se alcanzaría este año con Alberto y Cristina). El gobierno del Frente de Todos, por medio de un estudio del Banco Central, dice que el motivo del aumento de precios es …la puja salarial, como si los trabajadores no estuvieran perdiendo. La realidad está lejos de unos y otros argumentos. La causa central del incremento de los precios está en los abusos que cometen todos los días las patronales monopólicas, en particular en la producción de alimentos. Ahí están metidos todos, desde las transnacionales exportadoras que aumentan el precio del maíz y el trigo para acoplarlo al valor internacional (provocando subas como la del pan), pasando por las empresas monopólicas de alimentos como Arcor o Molinos Río de la Plata, los grandes frigoríficos o las propias cadenas de hipermercados y supermercados que agregan “su propio margen” de superganancia. Todo con la complicidad del gobierno, que está desarmando el programa de precios máximos creado en marzo pasado y los ha reemplazado por un nuevo “precios cuidados” donde, con la excusa de “congelarlos hasta abril”, autorizó subas promedio de 6% en la mayoría de los productos de la canasta básica. Digamos además que dichos “precios cuidados” sólo están en las grandes cadenas de supermercados y no en los negocios de proximidad (chinos y almacenes), que es donde realizan las compras diarias millones de trabajadores.

¿Acuerdo de precios y salarios para qué?

El gobierno lanzó algunas medidas ineficaces que ya fracasaron en el pasado, típicas de su doble discurso. Así, dice que va a reducir el precio de algunos cortes populares de carne 30% con respecto a los valores de diciembre, cuando dichos cortes subieron 74% en todo 2020. Hoy, con el salario promedio, se compra 20% menos de carne que hace un año.

El gobierno de Alberto Fernández ahora vuelve a hablar de un acuerdo de precios y salarios. Se trata de una vulgar trampa. Con la excusa de que la inflación proyectada en el presupuesto para este año será de 29%, busca que la burocracia sindical le garantice que ningún incremento paritario sea superior a 32 por ciento. ¡Encima diciendo que así habría una suba del salario real! Cuando todos los economistas y patronales, como hemos dicho, proyectan una inflación real de 50 por ciento.

Así, sin duda, los números no cierran para los trabajadores. Según la consultora PxQ, con el supuesto de una inflación de 40% y tarifas aumentando al 30%, los salarios deberían subir como mínimo 45% para no perder poder de compra. La junta interna de ATE Indec afirma que la canasta básica de una familia trabajadora hoy asciende a 82.085,9 pesos.

Es necesario un aumento salarial de emergencia para que ningún trabajador gane menos que ese monto, que se tendría que actualizar mensualmente de acuerdo con el incremento de dicha canasta. Esta medida elemental, junto con la reapertura de todas las negociaciones paritarias sin ningún techo restrictivo, es lo que hay que reclamar para poder recuperar el poder adquisitivo y así vivir dignamente.