Sep 29, 2022 Last Updated 11:56 AM, Sep 27, 2022

Proyecto de Declaración / “Reclamamos el inmediato juicio y castigo de todos los culpables militares, civiles y eclesiásticos del genocidio de Estado. Cárcel común, perpetua y efectiva para los genocidas.”

La diputada Graciela Calderón, desde la banca de Izquierda Socialista y la bancada del Frente de Izquierda Unidad, presentó ante el 46° aniversario del último el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, un proyecto de declaración en la Legislatura Bonaerense.

Graciela Calderón comentó: “Se cumplen 46 años del último golpe de Estado que instaló una Dictadura cívico-militar-eclesiástica, dictadura que llevó adelante una brutal represión contra activistas obreros y populares, dejando como saldo 30.000 detenidos/as-desaparecidos/as.”

Calderón denunció: “En aquella época no sólo el terrorismo de Estado aplicó métodos brutales de represión contra el pueblo, sino que endeudó a nuestro país enormemente: pasamos de deber 7.000 millones a deber 45.100 millones. Deuda tomada ilegítimamente que hasta el día de hoy quieren hacer pagar al pueblo con hambre, desempleo y marginación social.”

La diputada Calderón finalizó: “Seguimos reclamando el inmediato juicio y castigo de todos los culpables militares, civiles y eclesiásticos del genocidio de Estado. Cárcel común, perpetua y efectiva para los genocidas. Restitución de la identidad de los/as niños/as apropiados. Apertura de los archivos de la Dictadura. No al pago de la ilegítima y fraudulenta deuda externa, ni al FMI.”

Contacto:
Graciela Calderón: 11 3149-9049
Instagram: @gracielacalderon.dip
Twitter: dipgcalderon

 


 

PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECLARA

 

A 46 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 que instaló una Dictadura cívico-militar, que llevó adelante una brutal represión contra activistas obreros y populares, dejando como saldo 30.000 detenidos/as-desaparecidos/as, este cuerpo reclama al Gobierno el inmediato  juicio y castigo de todos los culpables militares, civiles y eclesiásticos del genocidio de Estado. Cárcel común, perpetua y efectiva para los genocidas. Restitución de la identidad de los/as niños/as apropiados. Apertura de los archivos de la Dictadura. No al pago de la ilegítima y fraudulenta Deuda Externa.

 

FUNDAMENTOS

 

El 24 de marzo se cumple un nuevo aniversario del golpe cívico-militar de 1976. Hace 46 años se produjo el último golpe de estado en nuestro país. Una junta militar, encabezada por el comandante en jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, de la Armada, Emilio Massera, y de la Aeronáutica, Orlando Ramón Agosti, derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón (también conocida como Isabel) y dió comienzo a una de las etapas más negras de la Argentina. Con el fin de implantar un programa económico de entrega, al servicio de las multinacionales, el capital financiero internacional y el imperialismo, se llevó a cabo un auténtico genocidio contra el pueblo, con el saldo de 30.000 detenidos-desaparecidos, centenares de niños nacidos en cautiverio y apropiados por los militares, miles de presos políticos y decenas de miles de personas que debieron emigrar. El terror, la prohibición absoluta de toda actividad sindical, estudiantil, o política, la represión a cualquier tipo de expresión cultural alternativa y un largo etcétera fueron la contracara de una dictadura militar que, al mismo tiempo, endeudó al país, dando origen a una deuda ilegal, ilegítima, fraudulenta e impagable que aún hoy es la principal causa de nuestra decadencia.

 

Con la caída de Isabel, se profundizó la persecución contra los trabajadores que ya había iniciado el propio Juan Domingo Perón en 1973 con la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) . Es que el proceso de luchas iniciado en mayo de 1969 con el llamado  “Cordobazo”, con los obreros y estudiantes a la cabeza, y continuado con los respectivos “Choconazo”, “Rosariazo”, “Mendozazo” y otras puebladas y grandes movilizaciones, no pudo ser detenido ni aún recurriendo a la figura y el prestigio del propio Perón, a quien se levantó la proscripción y se hizo regresar al país para que “pusiera orden” en la clase trabajadora.

 

En los tres años de gobierno peronista siguieron las luchas. Más aún, muchas de ellas se radicalizaron, llegando en 1975 durante el llamado “Rodrigazo” a declararse por primera vez una huelga general contra un gobierno peronista. Las coordinadoras fabriles, ese mismo año, llegaron a disputarle fracciones del movimiento obrero a la otrora poderosísima burocracia sindical peronista. Todos estos fenómenos de lucha eran una preocupación para los gobiernos y las patronales. Los diferentes gobiernos peronistas entre 1973 y 1976 (Cámpora, Lastiri, el propio Perón e Isabel) no pudieron cumplir su objetivo de frenar el alza obrera y popular abierta a fines de los años sesenta.

 

La dictadura llegó así para frenar, derrotar a sangre y fuego ese ascenso y liquidar físicamente a la nueva vanguardia obrera y popular. Fue un gobierno cívico militar, ya que tuvo el acuerdo del gran empresariado, y los militares fueron los ejecutores de descargar sobre el pueblo trabajador el ajuste mediante una feroz represión, con el fin de implementar la agenda económica  del imperialismo y las patronales.

 

El plan económico de la dictadura fue implementado por el ministro de Economía de Videla, José Alfredo Martínez de Hoz. Se trató de un auténtico programa de guerra contra los trabajadores, que vieron sus salarios reducidos automáticamente en un 40% y, poco después, con el cierre de centenares de miles de industrias, empezaron a sufrir el flagelo del desempleo. Se trató de un plan económico al servicio de las multinacionales y el FMI, que dejó como herencia una impagable deuda externa, que aún hoy seguimos arrastrando y ocupa la agenda central del actual gobierno, cuarenta y seis años después. Para dimensionar el problema hay que señalar que en 1976 la deuda externa argentina era relativamente baja, 7.800 millones de dólares. En 1983, luego de siete años de dictadura, había ascendido a 45.100 millones de dólares, en ese momento ya totalmente impagable, representando la deuda un poco menos de la mitad del PBI de ese año, unos 104.000 millones.

 

La dictadura tomó préstamos para obras (como las del Mundial ‘78), para la compra de armas, para importar bienes o para que los bancos privados y las empresas hicieran sus negocios, lo que se conoció como “bicicleta financiera”. Para eso endeudó a empresas por entonces estatales como YPF. Como si todo esto fuera poco, ya en 1982, el entonces presidente del Banco Central Domingo Cavallo, procedió a “estatizar” la deuda de numerosas empresas privadas (locales y extranjeras) a cambio de que éstas “aceptaran” pagar esas deudas en pesos con el Estado nacional. Fue un negocio redondo para el gran capital y la ruina para millones de trabajadores. Los Martinez de Hoz, Perez Companc, Techint, Grupo Macri, Rocca, Blaquier, Ford, Mercedes Benz, fueron algunos de los grandes holdings empresarios y de la oligarquía vernácula que más se beneficiaron con los militares, y muchos de ellos incluso fueron cómplices activos con el genocidio, habilitando centros clandestinos de detención en el interior de sus propias empresas.

 

Este enorme saqueo dejó como herencia la impagable, ilegítima e ilegal deuda externa que todos los gobiernos constitucionales que le precedieron han reconocido y pagado, a través de planes de ajuste.

 

Han pasado 46 años, pero la dictadura genocida no pertenece a nuestro pasado. Es parte de nuestro doloroso presente, por las consecuencias económicas y sociales que, con la deuda externa a la cabeza, siguen sumiendo en la pobreza y la marginación a porciones cada vez más grandes de nuestro pueblo. Pero también por la continuidad de la impunidad, con centenares de genocidas en libertad, y con juicios que, increíblemente, aún no han terminado. Con centenares de niños apropiados (hoy ya adultos) que aún no han recuperado su identidad. También con la impunidad que hoy existe ante las nuevas violaciones a los derechos humanos que suceden año a año.

 

Es por ello que desde el Frente de Izquierda Unidad seguimos diciendo: ¡Juicio y castigo para todos los culpables! ¡Basta de impunidad, tanto la de ayer como la de hoy! ¡No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos! Y este año, más que nunca: ¡No al pago de la deuda externa!

 

Por lo antes dicho, desde nuestra bancada solicitamos a los demás bloques y diputados adherir a este proyecto de declaración.


Escribe Graciela Calderón, secretaria adjunta Suteba La Matanza y diputada provincial Izquierda Socialista/FIT Unidad

El 11 de mayo serán las elecciones en Suteba, el principal gremio docente bonaerense, el más grande del país. Bajo la conducción del burócrata kirchnerista Roberto Baradel, la docencia tiene su salario en picada y una enorme crisis de la educación pública. Se conformó la Lista Multicolor con la unidad de las agrupaciones opositoras y las seccionales combativas, para recuperar el gremio para la democracia sindical y la lucha.
 
El salario docente tiene un básico de indigencia y un inicial por debajo de la línea de pobreza. ¡Desde Macri-Vidal hasta Fernández-Kicillof, perdimos el 40% del poder adquisitivo! Más de la mitad del salario es con bonificaciones, llevando también a jubilaciones de pobreza, lejos del 82% móvil.

El gobierno profundizó la flexibilización laboral, atacando el Estatuto (Convenio Colectivo), nombrando a docentes con contratos basura, sin concurso, sin estabilidad, cobrando salarios menores que el docente con convenio y sin algunos derechos laborales. Son “programas” educativos inventados, con el objetivo de ir metiendo la flexibilización de hecho, aprovechándose de la falta de cargos porque el gobierno no los crea, aunque en las escuelas las aulas están súper pobladas. Faltan aulas, escuelas y vacantes.

El estado de las escuelas es lamentable y peligroso. Tenemos docentes y auxiliares que fallecieron, como Sandra y Rubén, además de estudiantes heridos, caída de techos, falta de agua, luz, baños, ventanas. ¡Dos años de pandemia y no arreglaron nada!

Además, avanzan reformas educativas contra la escuela pública, recortando materias y conocimientos para los estudiantes, despidiendo docentes y bajando la calidad educativa.

El presupuesto educativo sigue en caída. Pero suben los subsidios a la educación privada, al punto que en Buenos Aires ya casi la mitad de la matrícula va a escuelas privadas. Es una política fomentada por el gobierno, dejando caer la escuela pública y desprestigiando a sus docentes.

Todos estos ataques a la docencia y la escuela pública, sólo pasan por la complicidad de Suteba y Baradel con los gobiernos. Firmaron todas las paritarias a la baja, aceptaron todas las medidas de ajuste y evitaron la organización y la lucha docente.

Para terminar con esta situación es que logramos armar la Lista Multicolor, con todas las agrupaciones opositoras y los dirigentes de las seccionales recuperadas. La lista está encabezada por las secretarias generales y directivos de las seccionales combativas de Suteba La Matanza Romina del Plá, de Bahía Blanca Gabriela Delfino, de Tigre María Elisa Salgado. Además están de Marcos Paz Ana María Rodríguez, de Ensenada Daniel Rapanelli, y de Escobar Julieta González. La lista está conformada por las agrupaciones Tribuna Docente-PO, Docentes en Marcha-Izquierda Socialista (segunda fuerza provincial), Rompiendo Cadenas, Marrón-PTS, Alternativa-MST y seis más de diferentes distritos. Además, logramos presentar listas Multicolores en casi cuarenta seccionales, en los principales distritos bonaerenses, donde daremos pelea para seguir avanzando.

La lista Azul y Blanca, del PCR/CCC, al igual que José Magallanes de Escobar, siguiendo con su política de apoyo al gobierno de Fernández y al kirchnerismo, se fueron de la Multicolor, aliándose con la Celeste de Baradel en muchos distritos. La crisis del Frente de Todos se reflejó en varias seccionales, donde la Celeste va dividida.

Llamamos a toda la docencia a apoyar a la Multicolor y sumarse a la campaña, para seguir avanzando en la pelea por un Suteba democrático, autónomo de todos los gobiernos, que organice a la docencia para luchar por los salarios, la jubilación, nuestros derechos laborales y la defensa de la escuela pública. Para que la plata vaya para salarios y educación pública, no para la deuda y el FMI, ni para las escuelas privadas.

 




Gran participación de Docentes en Marcha

Nuestra agrupación quedó como segunda fuerza provincial, con Graciela Calderón (actual adjunta de Matanza) en 4° lugar, mostrando un importante crecimiento en extensión y peso de referentes, delegados y dirigentes en 26 seccionales. Encabezamos primeros o segundos en La Matanza (Olga Ortigoza), Malvinas Argentinas (Paola Mariani), Lomas (Paula Alfaro), Echeverría (Cecilia Villarroel), La Costa (Gustavo Arena), Ituzaingó (Mariano Calvetti), Luján (Daniela Cooper), Pilar (Eugenia Vidal), Ezeiza (Gonzalo Echegaray) y José C. Paz. Integramos en las combativas Tigre (Silvia Fernández), Ensenada (Amelio del Fabro), Escobar (Guillermo Sánchez Porta), con directivos de Bahía Blanca (Tata Gayone) en la lista provincial y le dimos lugares de nuestra agrupación a Jesús Núñez (Verde Echeverría) y Julieta González (directiva de Escobar). Además, presentamos candidatos en Hurlingham, Morón, General Rodríguez, San Martín, San Miguel, San Fernando, Varela, Avellaneda, Moreno y otros.


Escribe Graciela Calderón, secretaria adjunta Suteba La Matanza y diputada provincial Izquierda Socialista/FIT Unidad

La conducción kirchnerista de Ctera acordó con el gobierno un “marco general” paritario nacional. Un 40% de aumento para 2022, cuando la inflación superará el 55%. Ni recupera lo del 2021 y se corre detrás de la inflación.

En los últimos cinco años perdimos el 50% del poder adquisitivo. Además, el grueso del salario son bonificaciones, muchas que las y los jubilados no cobran y no corren para antigüedad, zona, título, etcétera. La burocracia de Ctera hace años liquidó el escalafón y permite que por igual trabajo se cobre diferente en cada provincia.

Las escuelas están con graves problemas de infraestructura; miles de docentes sin cargos y estudiantes sin docentes; trabajos precarizados y fuera de convenio.

El acuerdo con el FMI congelará el presupuesto educativo, impidiendo que haya fondos para resolver estos problemas, mientras sostienen los subsidios para las escuelas privadas. Quieren modificar el Estatuto Docente, con un “convenio laboral” para legalizar estos trabajos flexibilizados y sin estabilidad. Quieren hacer una nueva “reforma educativa”, cambiando la estructura y contenidos, reduciendo conocimientos y despidiendo docentes. Y quieren atacar el régimen jubilatorio docente, “de privilegio”, según los funcionarios.

Todo ese paquete, que comienza con salarios de pobreza, no fue cuestionado por la conducción de Ctera. Al contrario, llamó a la docencia a volver al trabajo, sin más.

Los burócratas de las provincias, Baradel, Guagliardo, Monserrat, López, cumplieron al pie de la letra esa política capituladora con los gobernadores.

No esperaban que el malestar se canalizara con paros y movilizaciones donde los docentes sí tuvieron posibilidad de opinar. En Santa Cruz el congreso de Adosac rechazó la propuesta de Alicia Kirchner, que apoyaba la burocracia Lila de Javier Fernández, y paró, incluso con conciliación obligatoria. La consulta provincial de Amsafe votó abrumadoramente un plan de lucha, dejando mal parada la burocracia de Alesso, que tuvo que parar en Santa Fe. En Neuquén, la burocracia provincial maniobró con el gobierno para desmontar el paro que había sido aprobado en asambleas masivas, pero decenas de escuelas no pudieron comenzar por falencias edilicias. En CABA, sólo Ademys llamó al paro y rechazó la propuesta de Larreta y, junto a los Suteba Multicolores que pararon o se movilizaron, realizaron una conferencia de prensa en el ministerio de Educación. En Chubut, Misiones, Río Negro, Jujuy, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Salta, hubo paros.
La enorme adhesión al paro nacional de Ctera por el 8M (que la burocracia sólo impulsó con tímidos flyer) demuestra que motivos y ganas de luchar, sobran. Es la conducción la que lo impide.

La deuda es con la educación. Hay que exigir el pase al básico de todas las bonificaciones y un aumento que lleve el salario a igualar la canasta familiar; cláusula gatillo automática bimestral; volver a nacionalizar el sistema educativo y su presupuesto, con un 8% del PBI. Hay que dejar de pagar la fraudulenta deuda externa y eliminar los subsidios a la educación privada. Resolver los problemas de infraestructura, de cargos y terminar con la flexibilización en la docencia. Defender el régimen de jubilación docente. Frenar los avances de la reforma educativa.

Con estos reclamos, impulsamos una coordinación con diferentes provincias, para fortalecer sus luchas y exigir a la burocracia de Ctera y demás gremios, el paro nacional.
 

En el marco del 8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora, la diputada Graciela Calderón de Izquierda Socialista y la bancada del Frente de Izquierda Unidad, presentaron un proyecto de ley para que ante el crecimiento de los femicidios, transfemicidios y de los indicadores de violencia machista, el gobierno provincial otorgue un Presupuesto de Emergencia en Violencia de Género en la Provincia de Buenos Aires, en base al no pago de la Deuda Externa.

La diputada Graciela Calderón comentó: “Actualmente cada 27 horas muere una mujer a manos de la violencia machista. Lo cual demuestra que la Ley Nacional 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres no se cumple, en parte por su escaso presupuesto.”

Graciela Calderón denunció: “En provincia de Buenos Aires el gobierno de Axel Kicillof y el Frente de Todos, en complicidad con Juntos por el Cambio, votaron un Presupuesto 2022 que redujo un 8% el fondo para la lucha contra la violencia de género. En contrapartida, Kicillof declaró quevavala y acompaña el pago de la estafa de la deuda externa. Esos son millones de dólares que no van a erradicar la violencia maxhista, ni a resolver las urgentes necesidades populares.”

Calderón finalizó: “Desde Izquierda Socialista en el FITU creemos que solo hay un camino para combatir seriamente la violencia machista. Hay que crear Casas/Refugio en los 135 municipios de la provincia, ampliar los programas de contención, designar más profesionales de la salud, abogadas y abogados que se dediquen a acompañar a las víctimas de violencia de género. Para todo esto es necesario que se destine un presupuesto de emergencia para prevenir y combatir la violencia machista, cuyos recursos se obtengan del no pago de la deuda externa y un impuesto extraordinario a las grandes fortunas."

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PROYECTO DE LEY

EL SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y

"Presupuesto de Emergencia en Violencia de Género para la Provincia de Buenos Aires"

 

Art. 1: Ante el crecimiento de los femicidios, transfemicidios y los indicadores de violencia machista, declárese la Emergencia en Violencia de Género para destinar presupuesto del gobierno de la Provincia de Buenos Aires necesario para la prevención y atención a las víctimas de violencia de género.

Art 2. Créase el Plan de Emergencia para la prevención, atención y protección de las víctimas de violencia de género para la Provincia de Buenos Aires para el cumplimiento de la Ley Nacional 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Art. 3: Créase el Fondo de Emergencia contra la violencia de género. Dicho fondo se compondrá: por un aumento del presupuesto de la Provincia destinado a la emergencia, por un impuesto específico para la emergencia, a las grandes empresas, multinacionales, bancos y entidades financieras radicados en la Provincia de Buenos Aires y por la suspensión de los pagos de la deuda externa contraídas por la Provincia.

Art. 4: Los recursos del Fondo de Emergencia contra la violencia de género irán destinados a financiar las áreas públicas, entidades y organismos estatales para garantizar la real implementación de esta ley.

Art. 5: Apruébese la creación de Casas-Refugio en los 135 municipios en la Provincia de Buenos Aires para la atención y albergue de mujeres víctimas de violencia en la siguiente proporción: 1 cada 10 mil habitantes y en los municipios menores a esa cifra, habrá al menos un refugio. Las casa-refugios serán espacios de contención y protección para mujeres y sus hijas e hijos, en los casos en que la continuidad en su domicilio o residencia conlleve una amenaza a su integridad física, psicológica o sexual.

Art 6: Una vez superada la situación de emergencia de las mujeres y sus hijas e hijos, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires garantizará un alojamiento transitorio, hasta  concebir la solución habitacional definitiva. El alojamiento transitorio cumple el fin de permitir una reinserción social de las mujeres víctimas de violencia.

Art.7: EI Poder Ejecutivo, a través del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, instrumentará políticas de acceso a vivienda para uso exclusivo y permanente de las mujeres víctimas de violencia de género en situación crítica habitacional, mediante subsidios o créditos con garantía hipotecaria.

Art. 8: Las víctimas en violencia de género tendrán prioridad en los planes y programas para la finalización de sus estudios, de capacitación  y/o laborales, así como en los subsidios del ámbito nacional o de la Provincia.

Art. 9: Créase los equipos interdisciplinarios para el tratamiento de casos de violencia de género para hospitales y centros de salud estatales dependientes del Ministerio de Salud. Los mismos contarán con atención médica y contención psicológica, de trabajadoras/es sociales, acompañantes terapéuticos y profesionales que se consideren para dar una contención integral a las víctimas de violencia de género en todas sus dimensiones.

Art. 10: En cumplimiento del artículo 9 de la presente ley, triplíquese como mínimo la planta funcional de todos los equipos de profesionales de salud dependientes del Ministerio de salud dedicados a la atención, prevención, asistencia y protección de víctimas de violencia de género.

Art. 11: Créase el cuerpo de abogadas y abogados de la Provincia de Buenos Aires para casos de violencia machista. Este cuerpo tendrá como finalidad  brindar asesoramiento y patrocinio legal gratuito  en el territorio de Provincia a víctimas de violencia de género en todas sus modalidades establecidas en la ley nacional 26.485.

Art. 12: Ante el crecimiento de las llamadas a la línea 144, que realiza atención telefónica a víctimas de violencia de género, se dispone la triplicación como mínimo de la actual planta de trabajadores del sector así como el mejoramiento de las condiciones laborales para mejorar el asesoramiento a las víctimas. Las y los trabajadores de la línea que sean monotributistas y/o estén tercerizados pasarán a planta permanente del gobierno de la Provincia de Buenos Aires con igualdad de derechos laborales a sus pares y reconocimiento de su antigüedad en el trabajo.

Art 13: En el marco de la Ley 26.150 Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), se establece la  capacitación  en servicio para todo el personal de todos los niveles de los establecimientos públicos y privados dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires a cargo de equipos de capacitación. La misma tendrá una perspectiva de una ESI laica, científica y con perspectiva de género. La agenda educativa deberá incluir un plan de capacitación acorde a las necesidades actuales que incluyan Jornadas ESI para docentes y todo el personal de las escuelas y talleres con suspensión de clases. Los contenidos de la ESI están adecuados a los niveles educativos.

Art. 14:  Incorpórese a la ley 14.893 de Licencia para Mujeres Victimas de Violencia a todo el personal dependiente del sector privado que padezca cualquier tipo de violencia de género afectando su seguridad personal, y que por tal motivo debe ausentarse a su puesto de trabajo. La licencia se goza con percepción íntegra de haberes.

Art 15: El personal podrá solicitar traslado por razones de violencia de género, en cualquier momento del año a un cargo de igual jerarquía presupuestaria y del mismo escalafón. Se deberán  proveer los medios para garantizar la confidencialidad del nuevo destino de la persona demandante. El traslado tendrá carácter provisorio mientras la persona continúe bajo situación de riesgo, sin desplazar a otro personal.

Art 16: Créase la Comisión de control y seguimiento del Plan de Emergencia contra la Violencia de género de la Provincia de Buenos Aires compuesta por representantes electas por trabajadoras de la Subsecretaria de Género y Diversidad Sexual y sus dependencias, y representantes de organizaciones de mujeres, derechos humanos, vecinales y sindicales.

Art 17: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Fundamentos

En solo enero de 2022, 28 mujeres fueron asesinadas y 1.895 desde el primer Ni Una Menos, en 2015. Esto equivale a decir que actualmente cada 27 horas muere una mujer en manos de la violencia machista. Es una dolorosa larga lista de víctimas de violencia de género, que llega a cifras escalofriantes en todo el país. Estamos viviendo una verdadera emergencia en violencia de género, por lo que es necesario que se destine el presupuesto necesario para prevenir y atacar la violencia machista.

Desde hace años, el movimiento feminista viene luchando en las calles contra la violencia de género. La enorme movilización del 3 de Junio de 2015, a través de la consigna NiUnaMenos, permitió visibilizar la violencia machista, que se manifiesta de diversas maneras y toma su forma más bestial con los femicidios y crímenes de odio contra las personas trans, travestis, lesbianas y no binaries.

Lamentablemente, si bien la violencia de género se ha vuelto una problemática social fuertemente discutida gracias a la movilización del movimiento de mujeres, todos los días nos enfrentamos ante la triste noticia de otra mujer asesinada, en general, en manos de su pareja, ex pareja o del círculo cercano. La mayoría de los casos de femicidios son la culminación fatal de una larga lista de denuncias realizadas por esas mujeres que fueran completamente desoídas por los diferentes organismos del Estado –comisarías, fiscalías, etc—

El hecho de que estos números se mantengan en cifras similares a lo largo de los años muestra la responsabilidad de los gobiernos que no destinan el presupuesto necesario para la ley 26.485 de Protección Integral a las mujeres y el acompañamiento a las víctimas denunciantes. Más aún, el gobierno provincial de Axel Kicillof en complicidad con los partidos patronales han votado un presupuesto 2022 dónde reducen un 8% el fondo para la lucha contra la violencia de género, mientras destinan millones a pagar la deuda fraudulenta deuda externa. El gobierno nacional y los provinciales, que desmantelan los programas de atención de las violencias de género y despiden a sus trabajadoras, son los responsables de estas muertes.

La reducción presupuestaria para la protección e igualdad de las mujeres tienen una explicación. El gobierno provincial y la “oposición” en el congreso tienen otras prioridades: el pago de los intereses de la estafa de la deuda que este año será de 88.916 millones de pesos. Esta suma es mucho que el ínfimo número destinado al ministerio de mujeres: solo 1.500 millones de pesos. Es decir, se destina casi 60 veces más dinero a la deuda que al ministerio de mujeres.

La brecha salarial  de género alcanza el 27% para los empleos formales y supera el 35% para la informalidad. El crecimiento de la desocupación de la mano de la recesión golpea especialmente a las mujeres, quiénes son las primeras despedidas y las que tienen los trabajos más precarios y las jefas de hogar más pobres. 

La agudización de la violencia contra las mujeres requiere un plan de emergencia. Por eso presentamos este proyecto para declarar en la Provincia de Buenos Aires la Emergencia en Violencia de género para atacar la violencia machista y que se destine presupuesto necesario para este fin.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda planteamos esta medida urgente en el camino de erradicar la violencia de género del sistema capitalista y patriarcal, que nos mata, nos somete a la violencia sexual, nos obliga a los salarios más bajos y los trabajos más precarizados. Por eso decimos que la tarea del movimiento de mujeres, lesbianas, trans y travestis es movilizarnos en las calles en alianza con la clase trabajadora para terminar con este sistema y construir una sociedad socialista que termine con toda forma de opresión y explotación.

Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación de este proyecto

 

 

 

 

 

El miércoles 2 de marzo se inauguró el periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura Bonaerense. En dicho acto, el gobernador Kicillof (FdT) realizó un extenso discurso. La diputada Graciela Calderón de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad presente en el recinto, expresó su opinión sobre los dichos del gobernador bonaerense.

Calderón comentó: “En su discurso, Kicillof reconoció que la deuda externa es ´impagable´, al mismo tiempo que denunció que la deuda con el FMI es una ´trampa´. Pero acto seguido expresó su apoyo al gobierno nacional de Alberto Fernandez que está embarcado en pagarla a costa de más penurias para los trabajadores y el pueblo.”

Calderón sostuvo: "El doble de discurso de Kicillof es escandaloso. Dijo que pagar la deuda no implicará más ajuste, cuando el Presupuesto 2022 ya recortó la partida extraordinaria por COVID, prevee que el salario de estatales aumente muy por debajo de la inflación (un 39%), y en infraestructura proyecta la construcción de sólo 2 mil viviendas, cuando el déficit habitacional golpea a 2 millones de bonaerenses."

Calderón agregó: "Kicillof se refirió extensamente a la seguridad y la reforma de la policía bonaerense. Para la maldita bonaerense de Berni habrá más recursos y pase a planta permanente. Kicillof busca reforzar a la policía responsable de la desaparición y muerte de Facundo Castro, la que desalojó violentamente a las familias de Guernica y está implicada con grupos narcos, como el que hace semanas mató a más de veinte personas con su cocaína adulterada. Hay que desmantelar el aparato represivo y las cúpulas policiales implicadas en todo tipo se delitos.”

Graciela Calderón finalizó: “Mientras el gobernador hace promesas que no va a cumplir, desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad planteamos que la salida a la crisis social y económica que viven las y los bonaerenses comienza por desconocer la deuda ilegítima y fraudulenta, para volcar esos recursos en forma urgente a salud, trabajo, vivienda y educación.”

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