Escribe Juan Carlos Giordano Diputado nacional electo Izquierda Socialista-FIT

El brutal ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores no para. Cada día que pasa hay un nuevo golpe al bolsillo popular. Lo ratificaron Macri y Dujovne este lunes 3. Hay que derrotar el ajuste perpetuo y luchar para que se declare la emergencia social imponiendo medidas económicas para que la crisis la paguen los capitalistas, no el pueblo trabajador. El paro de 36 horas se tiene
que adelantar.

La brutal suba del dólar es otro mazazo al bolsillo popular. El peso se devaluó 100% desde enero y la inflación va a llegar al 42%, porcentaje que tenía escrito en un papel el propio Dujovne en la conferencia de prensa del lunes, aunque no lo mencionó. Pero sí reconoció que hay recesión y alta inflación, un verdadero desastre para el pueblo trabajador. El ministro Sica agregó que hay despidos en textil y metalmecámica y que los alimentos subieron un 50%. Y Macri confirmó que “con esta devaluación la pobreza va a aumentar”. O sea, nos están llevando a un desastre social reconocido por ellos mismos.

Mientras el dólar aumentó el doble, los salarios subieron solo el 15% en las paritarias. Las jubilaciones a 8.637 pesos y la asignación por hijo a 1.683 ya quedaron en la absoluta indigencia. Los medicamentos suben al ritmo de la moneda norteamericana, lo mismo que la luz, el gas y el resto de las tarifas públicas. Volvieron a aumentar las naftas, lo que generará nuevas subas en otros rubros. Está claro. El plan de Macri, el FMI y los gobernadores es para salvar a los usureros, multinacionales y grandes empresarios. Ajuste que también aplican los gobernadores peronistas como Alicia Kirchner, que ofreció el 2% a los docentes.
El gobierno quiere hacer creer que poniendo un impuesto insuficiente a las exportaciones el ajuste será “compartido” por ricos y pobres. Mentira total. El megaajuste lo viene sufriendo el pueblo trabajador desde hace años mientras se premió a las mineras y oligarcas. Si no le paramos la mano, va a ser mucho peor.
Por su parte, la plata que adelantaría el Fondo Monetario es para la timba financiera y para pagar más deuda externa. El mayor déficit son los pagos de la deuda, no lo que se destina a salud o educación. Ya quemaron para ello 20.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central. Macri hunde a millones en la pobreza y reprime a los que luchan, como lo hizo con los trabajadores del astillero o los estatales de Agroindustria. ¡Hay que pararle la mano!

¡Medidas de emergencia y paro de 36 horas ya!
Grandes sectores populares empiezan a decir que esto no va más, que hay que pararle la mano al gobierno y a su ajuste. El peronismo critica, pero negocia el Presupuesto de ajuste de 2019 y sólo piensa en las elecciones. Desde el Frente de Izquierda planteamos lo opuesto, que hay que derrotar el ajuste ahora y tomar medidas de emergencia. Centralmente que se disponga un inmediato aumento salarial y jubilatorio que cubra la inflación de todo el año, indexado mensualmente, como lo lograron los docentes neuquinos con su heroica huelga. Y que se deje de pagar ya la deuda externa (ver plan alternativo).
Si estamos en una emergencia, los primeros que se tienen que salvar son los que producen, los trabajadores, no los capitalistas, bancos y privatizadas. Por eso luchamos por una salida de fondo, para que la crisis la paguen los de arriba. En pleno siglo XXI se siguen aplicando las mismas recetas de ajuste de hace décadas. Todos los gobiernos han ido por el mismo camino, por eso solo un gobierno de los trabajadores y el pueblo podrá terminar con tanta entrega y miseria planificada.
La CGT, acorralada por las luchas y la bronca popular, llamó a un nuevo paro para el 25 de septiembre. Y las CTA Yasky y Micheli convocaron a 36 horas comenzando con una movilización el 24 a Plaza de Mayo. Es un triunfo de la movilización haber obligado a estos dirigentes a convocar a esta medida. Es lo que vino planteando el sindicalismo combativo y la izquierda desde el exitoso paro anterior. Pero el paro debe ser ahora, no para dentro de un mes. Y que sea el inicio de un plan de lucha nacional. Héctor Daer ha dicho que la fecha no se mueve, transformando a la CGT en cómplice de los despidos y el robo salarial y jubilatorio de ahora en más.
Este lunes hubo una gran marcha de todas las reparticiones estatales donde se anunciaron la eliminación de los ministerios. Hubo otra marcha de los trabajadores del Astillero Río Santiago. Se movilizaron los docentes y la comunidad educativa en Moreno a un mes de la explosión. Los trabajadores de Ciencia y Tecnología abrazaron el Ministerio. La semana pasada se dio la histórica marcha federal educativa. Este miércoles marchan los despedidos de Télam.
Llamamos a apoyar las luchas y a que se adelante el paro de 36 horas por consignas bien claras: ¡Abajo el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores! ¡Plan de emergencia ya! Aumento de salarios y jubilaciones. ¡No al pago de la deuda externa! Plata para trabajo, salud, educación, no para el FMI y los usureros. Que la crisis la paguen los capitalistas.

Escribe Juan Carlos Giordano 
Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la declaración indagatoria de Rubén Sobrero. El dirigente ferroviario y de nuestro partido, Izquierda Socialista, había sido denunciado por “incitación a la violencia colectiva” y por “golpista y sedicioso” a través de Santiago Dupuy de Lome, un abogado vinculado a PRO.

Sobrero dijo en la jornada del paro general del pasado 25 de julio, “vamos a seguir empujando por las 36 horas y por un plan de lucha hasta que caiga el gobierno”, pero inmediatamente se retractó, aclarando “quise decir plan económico del gobierno”.
¿Sobrero es el “violento” y no los despidos, el robo salarial y el pacto mafioso con el FMI? ¿Sobrero es “golpista” por repudiar este ajuste que afecta a millones de trabajadores para beneficiar a los usureros y multinacionales? Es ridícula la acusación. Esto es un claro intento de perseguir a Sobrero y, en nombre de él, a los que luchan. Quieren con ello judicializar penalmente el legítimo derecho a la protesta y cercenar la libertad de expresión.

Acusan a Sobrero de “incitación a la violencia” porque dijo que hace falta un nuevo paro de 36 horas… ¿dónde está el delito? En ningún lado. 
Los verdaderos delincuentes son los banqueros mafiosos que se benefician con la timba financiera de este gobierno, no Sobrero. Los violentos son los empresarios que roban el salario a millones de trabajadores, no Sobrero. Este gobierno es el que despidió sin causa a 357 trabajadores de Télam, aplica brutales tarifazos y ha firmado un pacto con el FMI a espaldas del pueblo trabajador… ¿y el violento y golpista es Sobrero? La hipocresía es total.

Esta Justicia que protege a los delincuentes de guante blanco es la que quiere enjuiciar a un luchador. Lo mismo hizo el kirchnerismo cuando Aníbal Fernández acusó sin pruebas a Sobrero diciendo que el Pollo “quemaba trenes”. Una barbaridad. Esto demuestra que todos los gobiernos patronales embisten contra los que luchan porque les duele que, en este caso, Sobrero encabece un justo reclamo con el respaldo de miles de trabajadores que le dicen “vamos Pollo, seguí para adelante”.

El gobierno y la Justicia quieren usar los dichos de Sobrero -a pesar de que ya fueron aclarados-, para dar una señal de “dureza” contra los que enfrentan el ajuste. En Chubut se está acusando a los docentes y estatales que luchan por el salario de “desestabilizadores”, por eso fueron brutalmente reprimidos. En Télam despiden a trabajadores porque “no les da el perfil ideológico”, es decir, son despidos políticos. Por encabezar la huelga docente de Neuquén, que recientemente se ganó, se quiere expulsar de la Legislatura a la diputada Angélica Lagunas de Izquierda Socialista y secretaria general de ATEN Capital.

Este ataque contra Sobrero es también contra los que hicieron el gran paro general del 25 y los miles de dirigentes, delegados y luchadores que participaron en el plenario sindical combativo del pasado 23 de junio en Lanús, del cual Sobrero, como secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste, junto a cuarenta sindicatos convocantes, es uno de sus principales impulsores.

Ya se han pronunciado los dirigentes del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño, Myriam Bregman y Nathalia Seligra (PTS) y Néstor Pitrola, Gabriel Solano y Romina del Plá (PO). Llamamos a todas las organizaciones sindicales, sociales, políticas, de derechos humanos y a personalidades a repudiar el intento de criminalizar a Sobrero por sus dichos, y a defender el derecho a la protesta, iniciando una gran campaña nacional en su defensa, que no es más que la defensa de todos los trabajadores y demás sectores populares que enfrentan el ajuste.

Escribe Juan Carlos Giordano

La izquierda y distintas organizaciones políticas, de derechos humanos, sociales y estudiantiles nos movilizamos contra el decretazo de Macri el pasado jueves 26. También lo hizo el kirchnerismo. Izquierda Socialista llama a la más amplia unidad en las calles para anularlo, pero esto no implica ocultar lo que hizo el gobierno anterior sobre el tema.

Se dice que en estos años hubo leyes que impidieron a las fuerzas armadas intervenir en la vida interna del país, y se reivindica por ello a los gobiernos de Alfonsín y a los Kirchner. Pero estas leyes no salieron por “los gobiernos”, sino fruto de la lucha popular de muchos años. El mismo Alfonsín que se quiere elogiar, es el de la Obediencia Debida y el Punto Final que beneficiaron a los genocidas, leyes que logramos anular años después por la movilización. Y en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner -que siempre usaron la bandera de los derechos humanos-, se dejó intacto el aparato represivo. El mismo que hizo desaparecer a Julio López, hecho ocurrido en la provincia de Buenos Aires gobernada entonces por Felipe Solá, el que ante los asesinatos de Kosteki y Santillán dijo: “Son los piqueteros que se están peleando entre ellos”.

Después de la desaparición de Julio López se supo que 70 integrantes de la Policía Bonaerense, en ese momento en funciones, se desempeñaron en campos de concentración. Nos preguntamos hoy ¿cuántos más siguen en sus cargos en el Ejército, la Armada, Fuerza Aérea, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, policías provinciales y la ex SIDE?

El kirchnerismo también mandó militares a las fronteras y gendarmes a los barrios. La ex ministra Garré pertrechó a la Gendarmería con el Proyecto X para espiar a los luchadores e infiltrarse en asambleas obreras. Y Cristina puso a Milani en el Ejército, un especialista en inteligencia, hoy preso por represor en la última dictadura.

Todos recordamos al “gendarme carancho” (el comandante de la Gendarmería Nacional Juan Alberto López Torales, conducida por Sergio Berni) cuando se dio la lucha de los obreros de Lear, quien simuló ser atropellado por un manifestante para justificar detenerlo y golpearlo brutalmente. 
Patricia Bullrich se valió de la Gendarmería K para llevar a la muerte a Santiago Maldonado, y de la Prefectura del gobierno anterior para asesinar por la espalda al joven Rafael Nahuel. Por eso la ministra siempre se negó a “tirar a algún gendarme por la ventana”, porque consideró que lo que ya había hecho el kirchnerismo es algo intocable, una “cuestión de Estado”.

Escribe Juan Carlos Giordano Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

Macri autorizó a las fuerzas armadas realizar “tareas internas”. Ya se anunciaron los primeros contingentes militares que irán a la frontera a “combatir” el narcotráfico y otros despliegues para “cuidar” puntos estratégicos. También se prevé el envío de gendarmes y policías para “brindar seguridad” en los barrios, como lo anunció Vidal en connivencia con los intendentes, a “puntos calientes” del conurbano. El gobierno fortalece el aparato represivo ante el crecimiento del ajuste y una mayor conflictividad social culpa del pacto con el FMI.

El mismo gobierno que ajusta y genera más desigualdad social, ahora dispone más fuerzas militares y policiales para actuar en distintos puntos del país. La excusa que usa como campaña está muy bien pensada. ¿Quién podría no estar de acuerdo en que hay que combatir al narcotráfico, al terrorismo o la inseguridad? Pero lejos está la política de Macri de enfrentar estos males. Es sabido que con más aparato represivo no se solucionan los problemas, ni se combate el narcotráfico, ni se brinda más seguridad, ni nada.

El verso del narcotráfico y el terrorismo

En México, desde el año 2006 en que el gobierno de Felipe Calderón sumó a los militares a la “guerra contra el narcotráfico”, quedó el saldo de 250.000 muertos (otras fuentes hablan de una cifra mayor) y 30.000 desaparecidos, entre ellos los 43 estudiantes de Ayotzinapa, secuestrados y asesinados fruto de la complicidad de los gobiernos y las fuerzas represivas con los narcos. En Brasil, la militarización del ejército en las favelas (villas miserias), ocasionó más muertes y violencia. Es evidente que el flagelo del narcotráfico, que crece y se desarrolla en base a la ilegalidad del negocio capitalista de las drogas, no se combate con más militares que, en muchos casos, terminan siendo cómplices del negocio, igual que políticos patronales, como el intendente de Paraná, de PRO, financiado por los narcos, jueces, comisarios y altos jefes de las mal llamadas “fuerzas de seguridad”.

El gobierno habla de “terrorismo”. ¿A quién se refiere? ¿A Donald Trump o al Estado sionista de Israel, que asesinan al pueblo palestino y financian a organizaciones violentas en el mundo? Por supuesto que no. La ministra Patricia Bullrich llamó terrorista al pueblo mapuche que pelea por sus tierras usurpadas por Benetton. ¿Recuerda, amigo lector, cuando la ministra hablaba de que había que reprimir a los mapuches “porque ponían en peligro la vida y libertad de los habitantes”, lo mismo que fundamenta ahora Macri?

También se quiso aplicar la “ley antiterrorista” a periodistas por cubrir noticias que no les gustan a los gobiernos de turno. ¿O acaso no es este gobierno el que tilda de “desestabilizadores”, “violentos” o “antidemocráticos a los que luchan y a la izquierda?

Con la excusa de “modernizar” las fuerzas armadas, además, se están planificando compras millonarias de armamentos, helicópteros y logística a países imperialistas, la mayoría para la represión interna (ver recuadro). Y entre los “lugares estratégicos” que se van a cuidar se anunció a la mina de Río Turbio, donde despidieron a 350 trabajadores y se los reprimió enviándoles la Gendarmería.

Más aparato represivo para enfrentar a los que luchan

El trasfondo del decreto 683 hay que buscarlo en un gobierno cada vez más repudiado por millones, a quien solo le interesa gobernar para los de arriba y en contra del pueblo trabajador. Macri y Vidal saben que ante el crecimiento de la pobreza, la miseria y la marginalidad social va a haber más luchas obreras y populares ante una situación cada vez más explosiva. El mismo gobierno lo reconoce, teniendo que aumentar las partidas alimentarias para los comedores populares. Las palabras “contención alimentaria”, “comedores que no dan abasto” y “riesgo de crisis social”, no son frases que inventa la izquierda, sino que se describen en los propios diarios que defienden al gobierno.

Ante una mayor recesión, la brutal inflación, los tarifazos, el robo salarial, jubilatorio y en los planes sociales, y una creciente desigualdad social (ricos más ricos, pobres más pobres), el gobierno se adelanta y dispone más fuerzas represivas en las calles.

La gobernadora Vidal, en acuerdo con intendentes peronistas, pondrá 12.000 efectivos para controlar lo que llama “puntos conflictivos” del conurbano donde, dicen, crecen la droga y la miseria. Pero esa política de más policías y mano dura fracasó. A tal punto que de los 46.904 presos que hay en el país, más de la mitad son de la provincia de Buenos Aires. 
Cuando el gobierno habla de “amenazas internas” se refiere a los trabajadores, jubilados y pobres, no al narcotráfico, a los usureros o a los ladrones de guante blanco. Por todo esto llamamos a todas las organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales a la mayor unidad en la lucha para anular el decreto 683.

Millonaria compra de material antidisturbios

La mejor demostración de que lo que le preocupa al gobierno es cómo reprimir las luchas populares y no la inseguridad, se puede encontrar en las licitaciones para compras que realizó este mes. El Ministerio de Seguridad ya pagó 100 millones de pesos en materiales “nacionales”. Ahora se espera un gasto de entre 500.000 y un millón de dólares en importados. ¿De qué se trata?

El listado incluye 2.000 kits de bastones de 60 centímetros, otros de 90, protector de extremidades, casco antidisturbios, escudo, guantes y máscara antigás. Cinco camiones hidrantes, 2.000 uniformes ignífugos, 50 accesorios tácticos de auricular y micrófono para casco, 40 equipos de radiofrecuencia, 8 bloqueadores telefónicos e intercomunicadores, 20 motocicletas y 300 cascos para moto.

Todo esto sólo sirve para reprimir manifestaciones, nada es útil para garantizar más “seguridad en los barrios”, como dicen. Es parte del fortalecimiento del aparato represivo para ir contra la protesta obrera y popular que se acrecentará como consecuencia del ajuste.

Escribe Juan Carlos Girodano

La Comisión de Moral de nuestro partido ha sido votada por unanimidad por todos los delegados en el V Congreso de Izquierda Socialista. Está integrada por compañeras y compañeros con una militancia de décadas, portadores de una tradición intachable en su accionar moral, probada en la lucha de clases y en la construcción del partido. Algunos de sus integrantes han ingresado a nuestro partido en la década del 60, otros posteriormente, sufriendo algunos la cárcel o habiendo desarrollado su actividad militante en las duras peleas en plena Triple A de los años 70 o bajo la dictadura genocida de 1976.

La Comisión de Moral se encarga de abordar las denuncias sobre cualquier conducta inapropiada para un militante revolucionario, de cualquier tipo, sean en sus actividades militantes o en su conducta personal. Es una comisión especial de nuestro partido independiente de su conducción nacional, en cuya integración no puede haber ningún miembro de la dirección partidaria, para asegurar que cualquiera de sus miembros pueda ser sancionado si viola la moral revolucionaria.

En estos años ha habido por parte de algunas organizaciones una difamación que ha circulado en redes sociales cuestionando la moral revolucionaria de nuestro partido y a nuestra Comisión de Moral, comparándonos, burdamente, por ejemplo, con la moral de la curia de la Iglesia Católica. Nuestro partido sostiene una moral opuesta a la “moral” repugnante de esa cúpula eclesiástica y del conjunto de la burguesía. Ellos tienen una moral hipócrita, de doble discurso, antiobrera, antimujer y, de última, antihumana.

La trayectoria de Izquierda Socialista está ligada a la moral revolucionaria de nuestro partido antecesor, el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), con más de cien militantes asesinados y desaparecidos que dieron la vida por el socialismo. Esa es nuestra moral que vamos a defender hasta el final.