Apr 19, 2024 Last Updated 10:50 PM, Apr 18, 2024

Juan Carlos Giordano Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

Agustín Rossi (actual diputado nacional y jefe de la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados) es parte del peronismo kirchnerista comandado por Cristina Kirchner. ¿Rossi está dispuesto a romper con el viejo aparato del PJ y a unirse en un frente electoral “con sectores de izquierda” para enfrentar a Macri? Claro que no. Formulamos la pregunta, sin embargo, por si alguien puede llegar a creer que esa es su propuesta cuando incluye al FIT en su llamado a la unidad.

Rossi y el kirchnerismo son parte del PJ
Rossi conforma una mesa junto a Felipe Solá (hoy diputado de Sergio Massa), Filmus, Rodríguez Saá, Alberto Fernández, Víctor Santa María y otros que se sumarían, como Pino Solanas. Agitan la consigna “hay 2019”, para mostrar que ante la debacle de Macri hay posibilidades de que vuelva el peronismo.

Que Rossi trabaje para la “unidad del peronismo” quiere decir que está poniendo todo su esfuerzo para unirse con los gobernadores que votaron el robo jubilatorio de diciembre y están negociando el presupuesto 2019 recomendado por el FMI. El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, por ejemplo, está tendiendo puentes con sectores del peronismo bonaerense ligados a Cristina Kirchner, como el diputado Espinoza y la intendenta Magario. Todos competirían en una gran PASO desde donde surgiría el candidato presidencial.
Rossi y sus socios intentan recomponer un peronismo dividido y repudiado desde sus propias bases para reciclarlo en vistas a las elecciones de 2019. Quieren seguir engañando a los trabajadores con que de un rejunte de dirigentes patronales puede surgir una alternativa a Macri en beneficio del pueblo trabajador. El mismo Rossi es el que dice que habría que incluir en un frente electoral al FIT. ¿Cuál es la “picardía” de Rossi? Usar la trayectoria y coherencia que se ganó el Frente de Izquierda por enfrentar consecuentemente a Macri para justificar una “unidad peronista” para 2019.

Hace falta una gran unidad para derrotar ahora el ajuste de Macri y el FMI 
Izquierda Socialista y los partidos que conformamos el Frente de Izquierda rechazamos el intento de usar al FIT como una “pata” del peronismo. Y nos pronunciamos contra un acuerdo político electoral con el kirchnerismo. Lo hacemos con un “caso práctico”. Pongamos a prueba al kirchnerismo. Ante la pregunta ¿qué haría el kirchnerismo con el pacto Macri-FMI en caso de ganar las elecciones en 2019? ¿Lo anularía como reclama la mayoría de los trabajadores? ¡Rossi contestó que no! (ver recuadro). Es decir que el peronismo kirchnerista lo mantendría a pesar de que critica fervorosamente al FMI y fomenta actos como los del 25 de mayo o el 9 de julio diciendo “la patria está en peligro”. 
A diferencia del kirchnerismo, el Frente de Izquierda está por derrotar ahora el ajuste promoviendo un paro de 36 horas de la CGT-CTA e impulsa una salida de fondo que parta del no pago de la deuda externa, cosa que no hacen Rossi, Cristina y los K. Por eso estamos por otra alternativa política, de los trabajadores y la unidad de la izquierda, no por una “unidad” electoral entre los que intentan capitalizar el declive de Macri para llevarlo a otra falsa alternativa patronal. 
Llamamos a los trabajadores y a la juventud que aún pueden cifrar expectativas en sectores del kirchnerismo a redoblar el esfuerzo por lograr la más amplia unidad en las calles para derrotar el ajuste de Macri y el FMI, sus decretos represivos y pro fuerzas armadas, y por conquistar junto al movimiento de mujeres el derecho al aborto legal. Con la misma franqueza les decimos que el “frente anti-Macri” promovido por Rossi, si bien su nombre puede caer bien, es un nuevo engaño que hay que sortear.


Agustín Rossi:“No vamos a desconocer el acuerdo con el Fondo”

El periodista Rolando Graña le preguntó en su programa en A24 a Agustín Rossi, precandidato del Frente para la Victoria y titular del bloque Unidad Ciudadana en Diputados, si se va a desconocer el pacto con el FMI si son gobierno. Rossi contestó categóricamente: “No. Nadie dice que va a desconocer el acuerdo con el Fondo Monetario. Lo que le dijimos a la titular del FMI es que el acuerdo no pasó por el Congreso y le pedimos al Fondo que no le siga prestando plata a este gobierno. Para desconocer el acuerdo hay que tener sustento jurídico para fundamentarlo”

En los doce años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner se pagaron 200.000 millones de dólares en concepto de deuda externa. Cristina se autoelogiaba diciendo que era una “pagadora serial”. Esto deja en falsa escuadra la campaña que enarboló el gobierno anterior diciendo que nos estábamos desendeudando.
El Argentinazo de 2001 impuso el no pago. La rebelión popular obligó a que el efímero ex presidente Rodríguez Saá, en sus escasos ocho días de gobierno, anunciara la decisión. Sin embargo, al asumir Eduardo Duhalde (PJ) en 2002, se reanudó el acuerdo con el FMI que venía de antes, el cual se mantuvo al asumir Néstor Kirchner en 2003.


El kirchnerismo podría haber aprovechado el no pago del Argentinazo para desconocer esa deuda fraudulenta que venía de la dictadura. Contaba también a favor con el fallo del juez Ballesteros, que en un juicio histórico declaró a la deuda “ilegítima y fraudulenta”. A pesar de esos antecedentes, el kirchnerismo reanudó los pagos. 
En 2005 convocó a todos los bonistas en default. Les propuso una “quita”, que fue aceptada: entre no cobrar nada y cobrar con quita, bienvenido sea, dijeron. Además, les “regaló” el Cupón PBI, un “extra” automático que se cobra cada vez que la Argentina crece más de 3,2% anual.
“Nuestra deuda en cesación de pagos ha quedado reestructurada como resultado del proceso de canje. Se trata de la remoción de uno de los más importantes obstáculos estructurales que enfrentaba nuestra recuperación”, dijo el ex presidente Néstor Kirchner al anunciar ante gobernadores y empresarios los resultados del canje. 
Posteriormente, en enero de 2006, Kirchner le pagó de contado y a decretazo limpio toda la deuda al FMI: 9.810 millones de dólares. Días antes había hecho lo mismo Lula en Brasil. ¿Qué más quería el FMI, que lo consideren “acreedor” y le paguen de contado? Sueño cumplido. 
En mayo de 2014 Argentina la acordó pagar la deuda por 9.700 millones de dólares al Club de París (principales países imperialistas). Fue una exigencia del entonces enviado de Bush, Thomas Shannon, de visita por nuestro país. Se trata de “una de las deudas más genuinas”, dijo Cristina. Christine Lagarde, por entonces ya titular del FMI, apoyó el acuerdo. Ayuda a “normalizar” la situación del país, dijo. 
Finalmente, si bien el kirchnerismo dijo que “no iba a negociar con los fondos buitre” (el 7% restante de los bonistas que no entró en los canjes), inició conversaciones para pagarles. La negociación se trabó y dio motivo al juicio del juez Griesa. Pero cuando asumió Macri, el Congreso aprobó una ley para pagarles 10.000 millones de dólares de contado a los buitres (con el voto del Frente para la Victoria en el Senado). En Diputados, Kicillof y el Frente para la Victoria se opusieron… ¡pero presentaron una ley para pagarles, aunque un poco menos de aquella cifra! Quiere decir que la campaña del kirchnerismo “patria o buitres” fue falsa.

Se establece que las fuerzas armadas “serán empleadas en forma disuasiva o efectiva” en “agresiones de origen externo”, eliminándose definir estas agresiones como aquellas donde participen fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estados. De tal manera queda abierto que la definición de “agresión externa” puede ser totalmente arbitraria. Recordemos que hace un año el gobierno acusó a los mapuches de estar financiados por “el terrorismo internacional”.


Hasta ahora las fuerzas armadas tenían prohibida “la contemplación de hipótesis, supuestos y/o situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior”. Esto ahora es reemplazado definiendo los objetivos del accionar de las fuerzas armadas como “operaciones en defensa de los intereses vitales de la Nación” (sin precisar de qué se trata en concreto); operaciones dispuestas en el marco de las Naciones Unidas u otros organismos internacionales y ejercer la custodia de objetivos estratégicos”. Esto abre el abanico para que las fuerzas armadas puedan actuar en prácticamente cualquier cosa. Desde seguir participando en misiones “de paz”, como lo hizo el Ejército Argentino como parte de las tropas de ocupación que estuvieron reprimiendo durante una década al pueblo de Haití, hasta las más “novedosas” que ahora aparecerían. La “custodia de objetivos estratégicos” permitiría, por ejemplo, que el ejército se transforme en la guardia pretoriana que garantice el saqueo en Vaca Muerta.
Macri en su discurso dio algunas señales de cuáles serían estos nuevos objetivos: “Colaborar con la seguridad interior”, “luchar contra el terrorismo” y “contra el narcotráfico”. Una campaña de solidaridad con el pueblo palestino, por ejemplo, mañana podría ser catalogada por el gobierno como “apoyo al terrorismo internacional”. En lo que respecta al narcotráfico, tenemos la trágica experiencia mexicana, donde el involucramiento del ejército en este tema ha provocado una violencia que ya se ha cobrado más de 350.000 muertos, muchos de ellos fruto de una represión a las luchas políticas y sociales y encubierto como producto del “enfrentamiento con los narcos”.
En definitiva el gobierno busca permitir que las fuerzas armadas puedan actuar internamente, al igual que la Gendarmería, la Prefectura y las distintas policías federales y provinciales, fortaleciendo de esta manera el aparato represivo de conjunto. Tenemos que movilizarnos para que no lo logre.
J. C.

PROYECTO DE DECLARACIÓN

Iniciado en: Diputados Expediente Diputados: 2796-D-2017
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 58 Fecha: 30/05/2017

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:


Su solidaridad con la “Red de Profesionales por el Derecho a Decidir” y su adhesión a la creación de la cátedra optativa “el aborto como problema de salud” en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Se trata de la primera cátedra del país que abordará la temática del aborto desde una perspectiva favorable al derecho de las mujeres a decidir, que contribuirá a un abordaje profesional laico y científico de la temática y a la defensa de los derechos de las pacientes y del acceso integral a la salud por parte de las mujeres.
Su repudio a la campaña de grupos confesionales llamados “pro-vida” que intentan impedir la realización de la cátedra en defensa de principios oscurantistas sobre las mujeres y sus derechos.

 

FUNDAMENTOS

Señor presidente:


A partir del próximo cuatrimestre, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) incorporará a su oferta curricular la materia optativa "El aborto como problema de salud", la que abordará "desde una perspectiva legal y ética" la temática de la interrupción legal del embarazo. La iniciativa partió de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, inscriptos en la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, y fue objeto de una furiosa campaña por parte de grupos clericales que intentaron bloquear su realización.
El dictado de la cátedra, que debe avanzar por transformarse en un contenido obligatorio del ciclo de grado en las universidades de todo el país, será un aporte para la formación de los y las profesionales de la salud, que carecen dentro del programa regular de su carrera de contenidos que les permitan identificar, comprender y afrontar muchos aspectos de los contextos sociales que rodean a algunas problemáticas de salud. En el caso de la salud de las mujeres, esta problemática no solamente está ligada a las mujeres que no pueden costear un aborto “seguro” en el circuito clandestino, sino también a miles de mujeres víctimas de explotación sexual, trata de personas, violencia doméstica que llegan a los hospitales con múltiples problemáticas de salud de diferentes órdenes.
La cátedra propuesta por los profesionales integrantes de esta Red es un aporte a la educación laica y científica. Ello explica precisamente la reacción y el hostigamiento organizado por los llamados grupos “pro vida, que montaron una campaña ultramontana intentando echar por tierra la cátedra, con 10.500 correos electrónico redactados por la Iglesia Católica saturando la casilla del decano, Ricardo Nidd.
A esta campaña se sumó el diario La Nación, imperturbable al momento de difundir mentiras, como las supuestas secuelas del aborto ("diversos tipos de cáncer, infertilidad, estrés postraumático, depresión, suicidio, alcoholismo y adicciones, sólo por mencionar algunas"). En un editorial resumieron la orientación que prima hace más de diez años en este parlamento de reducir el aborto a un problema criminal. Como quedó en claro con el caso "Belén", la clandestinidad del aborto es una valiosa herramienta para disciplinar al conjunto de los trabajadores a mandatos tradicionales respecto de la función de la mujer y la familia, y por ello defienden la concepción del aborto como asesinato con todo el peso del aparato estatal.
Mientras los medios de comunicación de todo el país se hacían eco de la polémica, el gobernador Miguel Lifschitz se llamó a silencio. Su provincia formalmente adhiere al Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo -reconoce el derecho a abortar en las causales estipuladas en el artículo 86 del Código Penal y su interpretación según el fallo FAL de la Corte Suprema de 2012- pero la realidad es que en muchos hospitales de Santa Fé se incumple sistemáticamente su aplicación, tal como han denunciado las organizaciones de mujeres que sucede en hospitales como el Iturraspe y el Cullen, cuyas direcciones en manos de sectores que responden a la Iglesia Católica redunda en que todo el personal se declare objetor de conciencia antes los casos de abortos no punibles.
Precisamente, uno de los ejes de la cátedra será el de instruir respecto de los alcances de la objeción de conciencia. Este instrumento, que es presentado por la Iglesia Católica como la posibilidad del profesional de elegir libremente según su moral sobre si realizar o no una interrupción del embarazo (ILE), en la práctica sólo sirve para bloquear el derecho de las mujeres a la salud y para perseguir a los médicos en los hospitales, en muchos de los cuales la objeción de conciencia es institucional en los hechos, pese a la prohibición vigente en la normativa. De allí que uno de los objetivos de la Red sea divulgar la legislación que ampara el aborto no punible, es decir, el derecho que asiste a los médicos respetuosos del derecho a decidir.
Es falso debatir, como pretenden quienes obturan el acceso a la salud y al aborto no punible, entre aborto sí o aborto no; la realidad muestra que la verdadera disyuntiva es entre aborto legal y aborto clandestino. En efecto, la legalización disminuye la práctica y la vuelve segura para las trabajadoras, profesionales, estudiantes, amas de casa a las que hoy les es inaccesible. La legalización reconoce a la mujer en parte un status legal no discriminatorio devolviéndole el derecho de decidir sobre su cuerpo que hoy el código penal vulnera. Por ello es imperioso que de una vez por todas este Congreso avance en la aprobación del proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.
Este proyecto se suma a la campaña de pronunciamientos en solidaridad con las y los profesionales de la Red por el derecho a decidir, que como trabajadores han tomado en sus manos un reclamo popular que levanta hace años el movimiento de mujeres, de que se cumplan los protocolos de atención e interrupción legal de embarazos en los hospitales y la implementación de esta cátedra en la carrera que interioriza a los profesionales de la salud sobre el derecho de las mujeres al acceso de los ANP y desde una perspectiva científica y no oscurantista.
Por estas razones, solicitamos a los diputados el acompañamiento de este proyecto de declaración.

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=2796-D-2017&tipo=DECLARACION

PROYECTO DE LEY

Iniciado en: Diputados Expediente Diputados: 2830-D-2017
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 59 Fecha: 31/05/2017

El Senado y Cámara de Diputados...


Fuera Barrick Gold de Argentina y por la remediación de los daños causados.
ARTÍCULO 1°: A partir de la sanción de la presente ley se procede a declarar nula de nulidad absoluta la concesión otorgada a la multinacional Barrick Gold Corporation en Veladero, procediéndose al retiro de la misma de todo el territorio de San Juan y de todo el territorio argentino por los graves daños ambientales ocasionados. Lo mismo ocurrirá con las empresas que funcionan bajo otros nombres que responden a la mencionada multinacional canadiense.
ARTÍCULO 2°: Procédase a expropiar todos los activos económicos y financieros de Barrick Gold Corporation (la cual ha vendido el 50% de sus acciones en Argentina a la compañía de origen chino Shandong Gold) para que con esos fondos se inicie la remediación ambiental del daño que la multinacional ocasionó.
ARTÍCULO 3°: La quita de la concesión se llevará a cabo sin pago de indemnización alguna por parte del estado nacional y provincial argentino, quienes procederán de manera inmediata a embargar e incautar todos los activos de las empresas a fin de reparar el daño causado.
ARTÍCULO 4°: Créase una empresa 100% estatal a los fines de que se encargue del cierre de Veladero y de la remediación efectiva de los daños económicos y ambientales ocasionados por Barrick Gold, la cual será controlada, administrada y gestionada por los actuales trabajadores de la empresa conjuntamente con técnicos especializados y las asambleas de vecinos de las localidades afectadas. Los actuales operarios de Barrick Gold pasarán a prestar servicios en la nueva empresa con todos los derechos y salarios actuales, eliminando los contratos y cláusulas de precarización y flexibilización laboral que hubiere en contra de los mismos.
ARTÍCULO 5°: de forma.

 

FUNDAMENTOS

Señor presidente:


El pasado 28 de marzo se produjo el tercer derrame en un año y medio de la mina Veladero, propiedad de la multinacional Barrick Gold. Frente a este nuevo episodio, las asambleas de vecinos de la provincia siguen exigiendo el inmediato cierre de la planta y la remediación de los daños ambientales ocasionados por dicha empresa.
A este reclamo se le suma la exigencia de expulsar a la Barrick de sus territorios, para impedir el desarrollo de sus otros proyectos metalíferos (Pascua y Lama). La cual fue adquirida en un 50% por la china Shandong Gold Group, fundada en 1996, con una capitalización actual de mercado de aproximadamente $9.600 millones.
Recordemos que Barrick es la multinacional dedicada a la extracción de oro más grande del mundo, que en Argentina tiene a (Veladero) y el proyecto binacional Pascua-Lama (Argentina-Chile). Y Sudamérica es un área estratégica para su crecimiento, la cual es beneficiada con innumerables prerrogativas en beneficio de salvar sus fabulosas ganancias, mostrando que Argentina es una semi colonia al servicio de seguir regalándole a estas empresas nuestros minerales, el agua y nuestro suelo.
Frente a este justo reclamo de la comunidad afectada es que impulsamos este proyecto de ley que establece la inmediata expulsión de Barrick Gold Corporation de nuestro país y la expropiación de todos sus activos económicos para resolver el pasivo ambiental que dejó a su paso, como parte de la pelea por terminar con el saqueo de nuestros recursos naturales en manos de multinacionales depredadoras.
Desde la izquierda tenemos una visión opuesta al plan que lanzaría Barrick y la nueva empresa china a la cual se asoció, Shandong Gold Group. “Nuestro anhelo es hacer de Barrick una empresa líder del siglo 21 en cualquier industria y jurisdicción lo cual, por definición, significa crear una distintiva y duradera relación basada en la verdad con China y las mejores compañías de China. Este acuerdo nos sumerge en ese camino. Shandong es un socio ideal para ayudarnos a desbloquear la riqueza mineral inexplorada del Cinturón El Indio a largo plazo, mientras que hoy trabaja con nosotros para generar más valor de la mina Veladero”, mencionó John L. Thornton, Presidente Ejecutivo. Es decir, una sociedad “estratégica” para seguir con el saqueo y ganancias siderales.
Los anteriores derrames de la mina Veladero ocurrieron en septiembre de 2015 y en septiembre de 2016, en los que se vertieron grandes cantidades de agua contaminada con solución cianurada en cinco ríos del departamento de Jáchal e Iglesia, al norte de la provincia de San Juan, ocasionando graves daños ambientales. Por el primer derrame se le cobró una multa a la empresa de 145 millones de pesos, “un vuelto” para las arcas de la multinacional, y por el segundo, todavía nada.
Frente al tercer derrame, la multinacional firmó un comunicado desde Toronto subestimando los hechos y diciendo que no había que preocuparse, al igual que en los dos derrames anteriores. Lo mismo hicieron los funcionarios y el gobierno, que ocultaron información y minimizaron los daños ambientales. La complicidad entre la multinacional, los funcionarios provinciales, el gobierno de Sergio Uñac del PJ y el gobierno de Mauricio Macri del PRO-UCR, es total. En vez de cuidar el ambiente y echar a las megamineras contaminantes como lo pide el pueblo de Jáachal, las premia con la quita de retenciones, para que sigan enriqueciéndose a costa del saqueo y la depredación del ambiente.
A su vez, el camino a las minas atraviesa dos glaciares, el glaciar Brown Inferior, que ya desapareció, y otros dos están retrocediendo. Dos informes de la minera Barrick Gold Corporation reconocen que el yacimiento Veladero y el proyecto Pascua Lama están asentados en un ambiente glaciar y periglaciar, en la Reserva de Biósfera San Guillermo de la provincia de San Juan, pese a que la ley nacional lo prohíbe.
La Ley Nacional de Protección de Glaciares (N° 26.639), en su artículo 1° señala: “La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter público”. Y el artículo 6 prescribe: “Actividades Prohibidas. En los glaciares quedan prohibidas las actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones señaladas en el artículo 1º, las que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, en particular las siguientes: a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes (…); c) La exploración y explotación minera e hidrocarburífera; d) La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales (…)”.
Hasta la propia ley nº 24585 (Código de Minería), en su artículo 18 fija la responsabilidad de las empresas sobre los daños ambientales que produzcan, y en el artículo 19 establece sanciones por los mismos, llegando en el inciso “e) a resolver el cierre del establecimiento al 3° incidente grave”, lo que a nuestro juicio corresponde con los derrames que se hicieron públicos y que luego fueron reconocidos por la empresa.
Entendemos que este proyecto de ley debe ser una primera medida y urgente, en el camino de echar a todas las multinacionales imperialistas y depredadoras que saquean nuestros recursos naturales, bajo falsos discursos de activación económica y generación de puestos de trabajo, que no se confirmaron en San Juan después de 14 años de asentada la Barrick. Ni se concretaron las promesas de cuidado del medio ambiente y activación económica en la tercera provincia más pobre de la Argentina, según lo indican el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Atento a ello es que la presente ley dispone la creación de una empresa estatal que absorberá a los actuales operarios y profesionales de Barrick, a fin de que lleven adelante todos los estudios necesarios y las medidas que correspondan para remediar el daño ocasionado al pueblo sanjuanino y del resto del país, el cual, según los profesionales, puede demandar hasta 10 o 20 años.
Por otra parte, sostenemos que hay que derogar todas las leyes mineras vigentes que avalan la megaminería y prohibir esta metodología por saqueadora y contaminante.
Por todas estas consideraciones, solicito a las diputadas y diputados que acompañen este proyecto de Ley.

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=2830-D-2017&tipo=LEY

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