La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Exigir el ingreso a la Carrera de Investigador de CONICET de los 451 trabajadores/as recomendados/as en la convocatoria 2016 y reincorporados al organismo tras la ocupación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en diciembre de ese mismo año.

Rechazar el intento del Gobierno Nacional de incumplir el Acta acuerdo firmada el 23 de diciembre de 2016 entre el MinCyT, el CONICET y organizaciones gremiales y políticas de los trabajadores/as científicos que estableció que cualquier reinserción debía cumplir con las condiciones salariales y laborales estipuladas para la Carrera de Investigador de CONICET.

Repudiar el desmantelamiento del CONICET, máximo organismo de la investigación pública nacional y pronunciarse por un aumento inmediato del presupuesto de Ciencia y Técnica

Señor presidente:

El presupuesto nacional aprobado en 2016 para el año en curso implicó una reducción de 190 millones de pesos para el Ministerio de Ciencia y Técnica respecto del año anterior, esto sin tener en cuenta la devaluación y la inflación. Como advertimos en el momento de la votación, esta brutal reducción presupuestaria generó un recorte del 42% en los ingresos a Carrera de Investigador de CONICET (CIC) 2017 respecto al año anterior. En los hechos, se tradujo en el despido de 498 trabajadores/as del sector que habían sido recomendados por las propias comisiones evaluadoras del organismo para ingresar a la CIC (de los cuales 47 ingresaron luego por pedido de reconsideración). Estos trabajadores/as que quedaban en diciembre de 2016 en la calle fueron reincorporados/as luego de la toma del Ministerio de Ciencia por más de 5 días por parte de los trabajadores/as del sector y la firma de un Acta Acuerdo con las autoridades del MinCyT y el CONICET.

El acta acuerdo firmada aseguraba la continuidad laboral de los trabajadores/as reincorporados/as hasta diciembre de 2017 e incluía el compromiso de reinsertarlos en el CONICET o en otros ámbitos de la investigación pública (organismos descentralizados, universidades nacionales) en las mismas condiciones salariales y laborales de la CIC del CONICET.

Sin embargo, a siete meses de la firma del Acta y el levantamiento de la toma, el ministro Barañao se niega a que los/as compañeros/as ingresen a CONICET al tiempo que realiza propuestas inviables que no cumplen con los puntos acordados. Es el caso del acuerdo con las universidades nacionales que el Ministerio anunció hace dos meses (9/5/17), el cual no garantiza la continuidad laboral de los/as trabajadores/as (los cargos interinos se concursarían en forma abierta luego de dos años) ni sus condiciones de promoción. Tampoco su monto salarial (6000 pesos por debajo del cargo de Investigador asistente). Incluso se ha dado a entender que los/as trabajadores/as podrían ser forzados/as a mudarse a otras provincias lejos de sus lugares de trabajo. Lo que es aún más grave, la firma del acuerdo ha sido puesta en duda por los propios Rectores que participan del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN, 5/6/17), al mismo tiempo que se ha discontinuado la negociación colectiva que se venía llevando a cabo mediante la Comisión Mixta de Seguimiento.

Por todo lo expuesto, consideramos que el ingreso al CONICET constituye hoy la única posibilidad real y efectiva de continuidad laboral en las condiciones estipuladas en el Acta Acuerdo firmada. La negativa del Gobierno Nacional de garantizar el acuerdo firmado encubre, además, una decisión política de desfinanciar y vaciar al principal organismo de Ciencia de nuestro país a la vez que profundiza una política científica al servicio de las grandes empresas. En este sentido, nos pronunciamos por el cumplimiento del Acta Acuerdo del 23/12/16 y el inmediato ingreso de los 451 trabajadores/as recomendados/as a la Carrera de Investigador de CONICET.

Llamamos a los señores/as diputados/as a acompañar el presente proyecto.

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

PEDIDO DE INFORMES SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA EN TODO LO REFERIDO A SU RESPONSABILIDAD DE BÚSQUEDA DE TRIPULANTES Y APROBACIÓN DE CERTIFICADOS DE LA EMBARCACIÓN “REPUNTE”

Solicitar al Poder Ejecutivo informe, a través de los organismos que correspondan, a esta Honorable Cámara, la actuación de la Prefectura Naval Argentina en la búsqueda de la tripulación perteneciente a la embarcación recientemente hundida “Repunte”, perteneciente a la firma Ostramar SA, como así también todo lo referido a las aprobaciones de los permisos de navegación de la embarcación de referencia.

1. Se detalle todas las tareas realizadas desde el pedido de auxilio realizado por la tripulación del Repunte el pasado sábado 17 de junio a las 9:30 horas.

2. Se informe sobre el porqué de la demora de más de 3 horas del avión de la PNA que salió de Comodoro, a 80 km de la zona del hundimiento, cuando en las condiciones climáticas se podría haber arribado a la zona donde se encontraba el Repunte en menos de 20 minutos.

3. Que dé las razones por las cuales el helicóptero de la PNA, que rescató al señor Guaymas, no regresó más a la zona del naufragio hasta el día siguiente.

4. Que informe sobre por qué la Prefectura abandonó la búsqueda de sobrevivientes a las 6 (seis) de la tarde, desafectando del operativo al pesquero Moscuzza, cuando todavía no había llegado ningún guardacostas.

5. Que se informe los motivos de la aprobación de las reformas realizadas al “Repunte” cuando se adaptaron los tangones que años atrás había utilizado el barco “Don Luciano”, un barco varios metros más grande. Asimismo se entreguen las pruebas de estabilidad en el mar realizadas al Repunte ya que es de público conocimiento que las mismas se realizaron en el muelle.

6. Se entregue toda la documentación de los inspectores técnicos de Prefectura Naval, en los cuales se aprueban los trabajos efectuados por las distintas contratistas a la embarcación de referencia. En particular, los trabajos en el casco realizados durante el 2017.

7. Se precisen las inspecciones sobre las medidas de seguridad para salir del puerto a navegar, tanto en Puerto Madryn como así también en el puerto de Mar del Plata. Se informe sobre los certificados de aprobación de las medidas de seguridad de la embarcación, en particular las balsas, chalecos salvavidas y bengalas.

8. Se entregue la documentación que acredite los dichos del Prefecto Campanini a los familiares de la tripulación el Repunte el día 19 de junio: en primer lugar, donde afirmó que el Repunte había realizado 7 mareas en el año hasta antes de partir al sur, no fueron tales y en segundo lugar donde afirmó que el barco bajó a dique seco en diciembre del 2016 (cuando se tiene conocimiento que fue en el 2014).

Señor presidente:

Durante la mañana del sábado 17 de junio se produjo el naufragio de la embarcación “Repunte”, un barco de 32,6 metros de eslora, perteneciente a la firma Ostramar SA, cuyo titular es el señor Luis Caputo. El “Repunte” emitió un comunicado de alerta a las 9:30 del pasado sábado 17 de junio y a las 10:00 horas ya no emitió más señal. Se comunicó por última vez con la embarcación María Liliana y, según trascendió, habría informado el ingreso de agua. Según los audios que surgieron de la comunicación entre el “Repunte” y las embarcaciones cercanas se pudo constatar que la balsa salvavidas no sirvió para alojar a los pescadores.

El hundimiento se produjo a unas 36 millas al norte de la ciudad de Rawson. Como saldo de este hundimiento se produjo la desaparición de 10 tripulantes (de los cuales se encontraron en los últimos días los cuerpos de tres de ellos). Los sobrevivientes fueron Julio Guaymas y Lucas Trillo. El resto de la tripulación: Gustavo Sánchez (capitán), José Omar Arias (1er. oficial), Horacio Airala (jefe conductor naval), Silvano Coppola (1er. oficial maquinista), Néstor Paganini (Marinero), Claudio Islas (Marinero), José Ricardo Homs (marinero), Jorge Luis Gaddi (engrasador), Fabián Samite (engrasador) e Isaac Gabanchik (engrasador).

En el año 2016, se realizó la modificación del centro de gravedad del pesquero “Repunte” al agregarle 2 brazos denominados “tangones”, para la pesca de langostinos. Para lo anterior debe haber realizado un cálculo de estabilidad: ¿qué estudio de ingenieros validó ese cálculo de estabilidad que varía el metacentro del buque?

Es de público conocimiento, en el ámbito de la actividad del sector pesquero, cómo se otorgan en forma indiscriminada los justificaciones de inactividad a los barcos por plazos superiores a los 180 días (plazo máximo que fija la ley 24922 en su artículo 8 y el Artículo 1° de la Resolución del Concejo Federal de Pesca N°4 del 2010). Estos justificaciones por inactividad, en el caso del barco “Repunte”, fueron otorgados por un plazo de casi 3 años, aduciendo trabajos de refacción (ver acta N°35/2016 del Concejo Federal de Pesca)

En Mar del Plata, durante la última década se hundieron las siguientes embarcaciones: Sheriff 1, Amapola, Angelito, Diego 1, Siempre Don Pablo, Don Víctor, Argentina, Don Roberto, María Alejandra, Santa Lucia, Fe en Pesca, Fénix, San Jorge I, San Antonino y hoy el Repunte. Desde el año 2002 son varios buques los que se hundieron en las costas de Chubut dejando un saldo de 30 marineros fallecidos, muchos de los cuales, al día de la fecha continúan desaparecidos. La serie de naufragios que involucró a barcos de “la flota amarilla” se inició el 22 de agosto de 2002 con el hundimiento del “Don Víctor” y continuó dos meses después con el “Argentina S”. En mayo del 2003 se hundió el buque “Don Roberto”, en abril y noviembre de 2004 el “Santa Lucía” y el “Siempre Don Pablo” y finalmente en octubre de 2006 el “Rosario G”.

Según la ley 22.445 el Estado Argentino, como miembro de la Organización Marítima Internacional (OMI), adoptó la aprobación del convenio Internacional Sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo 1979 y designó, a la Armada Argentina, como Autoridad de Aplicación del citado instrumento.

El Jefe de Estado Mayor General de la Armada delegó, en el Comandante de Operaciones Navales, las responsabilidades técnico-legales específicas de conducción y supervisión de las operaciones para la salvaguarda de la vida humana en los espacios marítimo, fluvial y lacustre de jurisdicción Nacional, designándolo como la máxima autoridad de la Agencia Nacional SAR Marítimo, Fluvial y Lacustre. (ACSM). “Servicio de Búsqueda y Rescate Marítimo, Fluvial y Lacustre de la Armada” (SISM) como órgano dependiente orgánica y funcionalmente de la (ACSM).

El Comando Naval de Tránsito Marítimo, la Prefectura Naval Argentina PNA, el Sistema AMVER, los Sistemas de Seguimiento de Buques LRIT y AIS y los informes de posición de buques provistos por la IAATO y COMNAP, la Comisión para la conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos CCRVMA serán fuentes de información sobre posición, movimiento y características de buques que puedan asistir a las personas que se encuentren en situación de peligro en el mar.

La investigación y el análisis de los accidentes marítimos están regulados en el ámbito internacional, dentro de la Organización Marítima Internacional (OMI) que en mayo de 2008, aprobó el Código de normas internacionales y prácticas recomendadas para la investigación de los aspectos de seguridad de siniestros y sucesos marítimos. El propósito fue “promover un enfoque común en la investigación y fomentar la colaboración entre Estados para determinar qué factores contribuyen y dan lugar a tales siniestros”. Nuestro país, que adhiere al Código, tuvo un frustrado intento de avanzar en la investigación y prevención de accidentes: “A finales del año 2006, el gobierno de Chubut ordenó la creación de la Comisión de Seguridad Marítima. Dicha comisión no arrojó ningún resultado concreto” porque, según se señala en el informe de Silvia Paleo presentado en la Fundación Atlántica donde analiza en profundidad los naufragios ocurridos en el sector marítimo pesqueros desde el año 2000 hasta junio de 2017, cuando estaban a punto de comenzar con las revisiones la Prefectura advirtió que la legislación nacional establece que es solo y exclusivamente esa fuerza la autorizada a habilitar buques”.

Por todo lo expuesto, se solicita la aprobación del presente pedido de informe.

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

De interés cultural el espectáculo musical/poético “Palomas” (…mujeres de nadie), de Patricia Barone y Javier González Grupo, el cual se compone de un repertorio de tangos en los que la mujer habla en primera persona de sus deseos, sus sentimientos, pensamientos y desafíos históricos. Dicho repertorio fue compuesto por Patricia Barone y Javier González, durante tres décadas ininterrumpidas de trabajo, y está dedicado a generar conciencia en la lucha por desterrar la violencia hacia la mujer.

Señor presidente:

El espectáculo musical/poético “Palomas” (…mujeres de nadie), de Patricia Barone y Javier González Grupo, es el resultado de una acumulación de composiciones creadas por dichos autores por más de treinta años, las cuales atraviesan temáticas que dan cuenta de cuestiones sociales, como un elemento que ha marcado la diferencia de contenido en el espacio tanguero.

La mujer que lucha, la que se subleva, la que se sabe indispensable en la construcción social, alza su voz en el tango que Patricia Barone y Javier González han gestado consecuentemente en toda su trayectoria artística.

El espectáculo “Palomas” (…mujeres de nadie) surgió en el contexto de las grandes marchas nacionales de mujeres, reunidas bajo la consigna de #NiUnaMenos. Conmovidos por ese escenario de movilización, los artistas decidieron reunir todos los temas femeninos de su repertorio, fundirlo con textos, poemas y momentos instrumentales y conformar una obra integral.

Este importante repertorio incluye “Ser mina flor de cardo” (https://www.youtube.com/watch?v=TI6728jmV-8), siendo el primer tango que crearon, sobre una letra de Adriana Turchetti, en 1990, y es considerado un hito en la historia del género, ya que nunca antes, la mujer había podido hablar de sus desafíos en primera persona y empezar a plantarse “contra el machismo”. Años más tarde, alumbraron “Pompeya no olvida” (https://www.youtube.com/watch?v=9EZ6ZErEizw) y “Canción de cuna”, (junto al poeta Alejandro Szwarcman), en los que el tango también se animó a personificar a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, luchando por sus hijos y sus nietos, arrancados por la dictadura asesina del ´76. “La violencia”, (un poema musicalizado), que con descarnada ironía describe esa práctica deleznable del poder en sociedades políticamente descompuestas. En 2007, estrenaron “Mañana Clara”, (https://www.youtube.com/watch?v=svUZivDgqYQ), premiado por el Fondo Nacional de las Artes), en homenaje a las mujeres que sostienen los comedores populares. Después llegó “Parto” (https://www.youtube.com/watch?v=_BHK5ue6wu0) para que se inaugurara la temática de la maternidad en la canción urbana y “Complicidad”, (https://www.youtube.com/watch?v=f_mtEG8PnX0) en el que la mujer expresa con naturalidad su deseo sexual. En 2016, (estremecidos por el dolor social que nos atraviesa), dieron a luz “Palomas”, un tango que grita desgarradamente, ante este flagelo. (https://www.youtube.com/watch?v=GMhJ1OjUO2w)

El estreno de “Palomas” (…mujeres de nadie) ocurrió en la semana del Paro Internacional de Mujeres 2017, en el Teatro Municipal de Morón. Con la respuesta emocionada del público, lo llevaron también al escenario del Club Atlético Fernández Fierro, (un emblema del tango contemporáneo) que los recibió a sala llena. Los programadores de prestigiosos eventos culturales nacionales se interesaron en este espectáculo.

La solicitud a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Nación para que este espectáculo sea declarado de Interés Cultural se fundamenta en la necesidad de que el mismo se abra paso en distintos ámbitos culturales y educativos (Festivales de música, poesía, teatro, Universidades, Escuelas, etc.) de Argentina y Latinoamérica, y así haga su aporte desde el lugar del arte, a la concientización de los pueblos en la lucha por desterrar definitivamente “la violencia hacia la mujer en todas sus formas”.

Porque, la propuesta que este espectáculo conlleva, de una serie de valores estéticos, éticos y culturales, contribuye a la formación de la persona en sus aspectos más esenciales de espiritualidad y respeto por los derechos de sus congéneres. Porque es de importancia vital para el fortalecimiento de la cultura nacional, la difusión entre el público masivo, del nuevo repertorio de raíz tanguera, que los músicos, poetas e intérpretes se esmeran en seguir produciendo, a pesar de las adversas condiciones que la cultura en general padece en el presente. El espectáculo “Palomas” (…mujeres de nadie) está compuesto en su totalidad por obras compuestas desde 1990 hasta la actualidad, con un profundo compromiso social y un alto nivel estético.

Trailer del espectáculo https://www.youtube.com/watch?v=rfGoQp3LJ_0&feature=youtu.be

Próximas presentaciones:

Tango Buenos Aires Festival (21 Agosto 2017- Usina del Arte)

Universidad Nacional de Gral. Sarmiento (1 Septiembre 2017)

Centro Cultural Kirchner (CCK- La Cúpula- 26 Octubre 2017)

Integrantes:

Patricia Barone: Voz – Autoría – Dirección Gral.

Javier González: Composición- Dirección Musical- Guitarras

Alejandro Ward: Bajo

Ariel Nürnberg: Bandoneón

Luis de la Torre: Batería

Mariela Fokás: Flauta

Gastón D´Amico: Piano

Interés periodístico:

file:///C:/Users/plopez/Downloads/%C2%A8Tangos%20de%20a%20dos%C2%A8%20(La%20Naci%C3%B3n%2022-6-14).pdf (La Nación-Espectáculos)

file:///C:/Users/plopez/Downloads/TELAM%20-%2025-6-14.pdf (TELAM)

file:///C:/Users/plopez/Downloads/LA%20VOZ%20DE%20TANDIL%20(23-08-14).pdf (La Voz de Tandil)

file:///C:/Users/plopez/Downloads/Los%20ritmos%20de%20arrabal%20encienden%20de%20m%C3%BAsica%20El%20Ba%C3%B1uelo%20(Granada%20Hoy%20(2005).pdf (Granada Hoy)

Y otros…

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Citar en forma inmediata, para su interpelación, de conformidad con el artículo 71 de la Constitución Nacional y los artículos 204, 205, 206 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al jefe de gabinete de dicho Ministerio, Gustavo Nocetti, en una sesión abierta de la Cámara de Diputados, a fin de que informen públicamente y den explicaciones sobre la desaparición del joven Santiago Maldonado en Chubut, el martes 1 de agosto del corriente, durante la represión que ejecutó Gendarmería contra la comunidad mapuche, coordinada por funcionarios de alta jerarquía del Ministerio de Seguridad.

Señor presidente:

El día martes 1 de agosto del corriente, ocurrió un hecho de extrema gravedad. Santiago Maldonado, un joven de 28 años de edad, de oficio artesano, desapareció en momentos de perpetrarse una brutal represión por parte de la Gendarmería en el departamento de Cushamen, provincia de Chubut, contra la comunidad mapuche que reclama el derecho a ocupar sus tierras ancestrales. Desde comienzos de este año el gobierno de dicha provincia y el Gobierno Nacional han desplegado una cacería de brujas sobre el pueblo mapuche en defensa de quienes usurpan las tierras, apelando a títulos truchos, como el empresario Benetton.

El operativo represivo, que culminó con la desaparición de Santiago Maldonado, fue coordinado por el propio Ministerio de Seguridad nacional, lo que queda explícito con la presencia física en la zona del jefe de Gabinete de ese Ministerio, Gustavo Noceti, quien, además, declaró en la Radio Nacional de Esquel que “cada vez que se produzca un corte de ruta, que sepan que van a ser judicializados…”. Al mismo tiempo, Noceti justificó la represión y señaló que el gobierno consideraba a los integrantes de Resistencia Ancestral Mapuche, y a quienes los apoyen, como miembros de una organización terrorista y que iban a ser todos detenidos. Para completar su campaña reaccionaria, Noceti afirmó que la organización mapuche tenía lazos con extremistas kurdos.

Pero estas declaraciones de Noceti no fueron un exabrupto personal, sino que se referencian en afirmaciones de la propia ministra Patricia Bullrich. Para ella, la organización mapuche había incurrido en “hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños y amenazas. Se toman tierras en zonas petroleras o gasíferas impidiendo constantemente la normal explotación de los pozos. Estos delitos de usurpación, turbación en la posesión y extorsión afectan un servicio estratégico de los recursos del Estado”. La descripción de Bullrich apuntó a justificar la calificación de organización mapuche de terrorista, en la misma línea que el jefe de gabinete de su Ministerio. La desaparición en democracia de este joven artesano de 28 años, Santiago Maldonado, no deja escapar la responsabilidad de la ministra Bullrich, como responsable directa de la fuerza que actuó en el operativo, quien debe responder sobre el paradero del mismo y sobre las acciones represivas, como así también sobre el proceso de la búsqueda de Santiago.

Las pericias realizadas, confirmadas luego por el juez que sigue la causa, Otranto, indicaron que a Santiago lo detuvo la Gendarmería el pasado 1 de agosto en el departamento de Cushamen, Chubut, en el marco de la represión a la Comunidad Mapuche. Estos últimos denunciaron que la Gendarmería ingresó con balas de plomo y de goma, y que Santiago fue detenido, golpeado y trasladado en una camioneta de Gendarmería, que contó con una fila de oficiales para impedir la visualización de los acontecimientos.

Los abogados oficiales y de parte de la familia de Maldonado señalan que los miembros de la Gendarmería, que fueron parte del operativo represivo -y por lo tanto los principales sospechosos de la desaparición forzada de Santiago Maldonado- no fueron ni siquiera interrogados. Por el contrario, el rastrillaje realizado el viernes 4 y las pericias sobre los móviles del día 5 fueron atestiguados por miembros de Gendarmería, en una actitud intimidatoria ante los testigos y el cuerpo forense. El juez Otranto no removió al personal de Gendarmería sospechado de haber modificado pruebas, al haber lavado las camionetas en las que podrían haber detenido a Maldonado, sino que lo dejó permanecer vigilando cada acción de inspección que involucraba a la fuerza. La familia de Santiago juzgo la situación, a través de un comunicado, como “inadmisible” en tanto “en un Estado de derecho, fuerzas de seguridad no aporten pruebas, ni hablen, ni colaboren para que se esclarezca, siendo ellos mismos los que participaron en la detención y desaparición forzada de Santiago”.

El comunicado que emitió el juez actuante, acentúa una operación que pretende poner como responsables de la inacción judicial a las propias víctimas de la represión acusándolos de obstruir la investigación y el rastrillaje de búsqueda de Santiago. En el mismo sentido, el gobierno nacional, que permaneció en silencio hasta el dictado del comunicado, pretende quitarse responsabilidad deslindando a la GNA, poniendo en duda, incluso, la presencia de Santiago en el momento de la represión “porque todas las personas estaban encapuchadas”, intentando de esa manera, construir en el imaginario social la estigmatización de las organizaciones mapuches como organizaciones terroristas y violentas.

Esta nueva desaparición en democracia, sacó a la luz un entramado de espionaje estatal contra el pueblo mapuche ejecutado coordinadamente por los gobiernos de Chile y la Argentina. Se trata de un verdadero Plan Cóndor de ambos estados, que incluye acciones de espionaje de las fuerzas de seguridad y de inteligencia, declaraciones obtenidas bajo torturas a testigos y la orientación judicial para calificar de terroristas a las organizaciones de los pueblos originarios. La detención del líder mapuche Facundo Jones Huala, de quien se pedía la libertad cuando Santiago fue secuestrado por la Gendarmería, fue pactada de manera directa por los gobiernos de Argentina y Chile.

La desaparición de Santiago Maldonado lejos está de ser el resultado de una acción individual de uno o varios miembros de la Gendarmería, sino que se trata de una acción estatal que involucra a los gobiernos de Argentina y Chile, a sus fuerzas de seguridad y de espionaje.

La persecución contra el pueblo mapuche forma parte de la seguridad jurídica que reclaman los monopolios petroleros, mineros y los acaparadores de tierras a ambos lados de la cordillera. Patricia Bullrich ha transformado a la Gendarmería en un brazo ejecutor de estos intereses.

Nos sumamos al pedido público del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, que nuclea a decenas de organizaciones de derechos humanos y sociales, junto a otros organismos a nivel nacional, que responsabilizan al gobierno nacional y al gobierno provincial por la desaparición de Santiago Maldonado y exige la Aparición con vida ya y el fin de la persecución sobre los pueblos originarios.

El Senado y Cámara de Diputados...

ARTÍCULO 1°- Se anula el decreto 652/2017, promulgado por el Poder Ejecutivo Nacional el 14 de agosto de 2017, en el que se delega al Ministerio de Transporte la facultad de clausurar ramales ferroviarios en forma definitiva y proceder al levantamiento de las vías y demás instalaciones ferroviarias.

ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El presidente Mauricio Macri acaba de dictar el decretazo N° 652/2017 para liquidar el sistema ferroviario. Otorga facultad para “clausurar ramales ferroviarios en forma definitiva” y “proceder al levantamiento de las vías y demás instalaciones ferroviarias”. El decreto de Macri (con la firma del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich), de esta forma, da pasos en rematar un servicio esencial al otro día de las elecciones, para entregarlo al negocio inmobiliario y cerrar más talleres, cuando lo que se necesita es reestatizar todo el sistema ferroviario bajo control de trabajadores y usuarios para ponerlo al servicio de transportar a millones de una manera segura y unir nuevamente las economías regionales. Política que fue plasmada en el proyecto de Ley N° 1957/15, presentado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores el 17 de abril de 2015, que plantea la nacionalización y estatización de todo el sistema ferroviario de nuestro país.

En su segundo artículo, el decreto oficial dispone que “los rieles, durmientes, aparatos de vías y el resto de los bienes muebles que compongan la infraestructura ferroviaria a remover quedarán en poder de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado”. O sea, en manos de este gobierno de los Ceos, con el objetivo de seguir entregando los valiosos terrenos ferroviarios a sus empresarios amigos a través del negocio inmobiliario y de seguir financiando obras faraónicas como el soterramiento del Sarmiento al servicio de Odebrecht, en vez de invertir para poner los frenos automáticos a las formaciones o nuevas señalizaciones, para evitar más muertes.

Es repudiable la caradurez del gobierno en aducir en los fundamentos del decreto que toma esta medida porque “una de las premisas del GOBIERNO NACIONAL es lograr la utilización de los recursos públicos con miras a una mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos” en base a criterios de “racionalidad y eficiencia”, palabras usadas por los gobiernos patronales para liquidar el patrimonio nacional -como en este caso- o embestir contra conquistas laborales de los trabajadores.

Macri está copiando la receta del entonces gobierno peronista de Carlos Menem que en los años 90 privatizó el ferrocarril, levantó 25.000 kilómetros de vías y dejó en la calle a 90.000 ferroviarios. Por eso en los fundamentos del actual decreto se citan otros similares, de 1992 (Menem), de la Revolución Libertadora (Decreto-Ley Nº 8302 del 19 de julio de 1957, ratificado por la Ley N° 14.467) y de la dictadura de Onganía (Ley Orgánica de la Empresa Ferrocarriles Argentinos Nº 18.360). De esta forma, el gobierno nacional pretende avanzar en la destrucción del sistema ferroviario, al igual que lo hizo el peronismo menemista y el de Néstor y Cristina Kirchner, siempre con la complicidad de la burocracia sindical. Por eso este decreto macrista también cita leyes anteriores sancionadas por el gobierno kirchnerista-PJ de Cristina Kirchner (la N° 26.352 y la N° 27.132). Es decir, Macri la está dando continuidad a una política privatizadora consciente de destrucción del sistema ferroviario al servicio del negocio privado que viene de años.

Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda reclama la nulidad absoluta de este decreto y apoya las medidas de acción que puedan tomar los trabajadores ferroviarios en ese sentido. Y sigue planteando la reestatización de todo el sistema ferroviario para ponerlo bajo control de trabajadores y usuarios. Solo así se podrá prestar un servicio eficiente y seguro, y que el ferrocarril vuelva a unir a los pueblos del interior en beneficio de los pequeños productores, no como lo es hoy el Belgrano Cargas al servicio de capitales chinos, multinacionales, sojeros y grandes exportadores.

El ferrocarril nace por impulso del Estado Argentino en 1854, lo que echa por tierra con el mito de que fueron desde el comienzo propiedad británica. En "Historia de los Ferrocarriles Argentinos" Scalabrini Ortiz desmitifica que, por ser estatales, eran sinónimo de ineficiencia, onerosidad y pérdidas. Daban ganancias y sus tarifas eran inferiores en un 50% a las de los ferrocarriles particulares. En 1889, los gobiernos de Juárez Celman, Carlos Pellegrini y Julio A. Roca, los fueron entregando al capital inglés en aras de la creación de una deuda externa, para finalmente privatizarlos.

En 1941, con 41.198 km. de vías férreas, Argentina ocupaba el octavo lugar entre los países del mundo, después de EE.UU., Rusia, India, Canadá, Alemania, Francia y Australia.

El gobierno de Juan Domingo Perón nacionalizó la red ferroviaria. El Estado argentino compró en 1947 todas las compañías de capital francés e inglés existentes al 1 de Julio de 1946. La industria ferroviaria tuvo un impulso. Por ejemplo, en los Talleres de Córdoba, pertenecientes al Ferrocarril Belgrano, se fabricó la primera locomotora a vapor. Otro tanto ocurrió con la empresa FADEL de Liniers.

En 1958 asume el gobierno de Arturo Frondizi y Alvaro Alsogaray, su ministro de Economía viaja a EE.UU. para acordar la venida del General Thomas Larkin para un estudio de transportes a cargo del Banco Mundial. Así se diseñó el denominado "Plan Larkin" que consistía en abandonar el 32% de las vías existentes, despedir 70.000 ferroviarios, reducir a chatarra todas las locomotoras a vapor, 70.000 vagones y 3.000 coches de pasajeros para comprar todo al exterior.

A mediados de 1960 se empieza a aplicar el Plan Conintes con el objetivo de militarizar a los ferroviarios. "Para combatir el terrorismo", decía el decreto. En 1961 se produce una huelga de 42 días oponiéndose a este desguace, logrando frenar parte de este intento.

Asume Illia (1963/1966) y habla del "déficit" ferroviario y que podía darle continuidad al Plan Larkin con un anunciado "plan Trienal o Nacional de Desarrollo". Hay también paros y huelgas. Luego llega el golpe de Onganía. El ferrocarril fue intervenido, militarizado y puesto a desguace, enfrentando la resistencia de las bases ferroviarias.

En la última dictadura militar, Ferrocarriles Argentinos, como todas las empresas del Estado, fue obligada a endeudarse innecesariamente como garantía de créditos que tomaban empresarios privados dando origen a la fraudulenta deuda externa. Hubo cierre de ramales, de 350 estaciones, de los talleres Strobel, Santa Fe y Cruz del Eje y 50.000 despidos: de 154.000 ferroviarios quedaron 95.000.

Con el gobierno de Raúl Alfonsín, se intentó aplicar el llamado "Plan Terragno". Mediante el nombre "reformulación de la empresa estatal", se pretendía dividir en cuatro partes la empresa auspiciando el gerenciamiento privado y sin invertir ni un peso. Siguió la corrupción y el vaciamiento.

Con la asunción del presidente Carlos Menem se produce un gran desenlace privatista. Con la Ley de Reforma del Estado avanzan en el desguace y la privatización de los Ferrocarriles Argentinos. Así comienza el ataque despiadado a la empresa y a los trabajadores ferroviarios. Heroicas huelgas de 1991 y 1992, superando a las burocracias sindicales asociadas al gobierno, llevan a Menem a plantear "ramal que para, ramal que cierra". Ese slogan termina transformándose en "ramal que se concesiona, ramal que desaparece", según denunciaban los trabajadores del riel.

El kirchnerismo mantuvo todo el esquema privatista de la "patria concesionaria". Ante el hundimiento de las privatizaciones de las empresas estatales, el gobierno decidió salvar a las empresas con subsidios millonarios. Millones de dólares fueron entregados en la denominada “década ganada” a los concesionarios ferroviarios privatizadores. Dinero que no fue a la inversión y al mejoramiento del servicio sino a los bolsillos de empresarios que invertían en otros negocios, como los Cirigliano. El desvío de fondos fue no sólo corrupto sino criminal, como quedó demostrado en la denominada Masacre de Once en la que 52 usuarios perdieron la vida y 800 fueron heridos culpa de esta política corrupta de enriquecimiento de funcionarios y empresarios a costa de la vida de los trabajadores y usuarios.

Hoy, el presidente de Cambiemos (PRO-UCR-CC) y sus ministros quieren dar una nueva vuelta de tuerca a esta política de liquidación del sistema ferroviario en pos de seguir engordando los negocios capitalistas.

Por todas estas consideraciones, solicitamos a las diputadas y diputados que acompañen este proyecto de ley.