La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Repudio a la visita a nuestro país del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en nombre del estado genocida de Israel. La visita a Argentina tiene el objetivo de profundizar las relaciones políticas y comerciales entre Israel y el gobierno de Cambiemos encabezado por Mauricio Macri, que va a contramano del repudio mundial y del pueblo palestino a este representante del sionismo internacional.

Netanyahu resume el accionar terrorista y colonialista del estado sionista de Israel contra el pueblo palestino desde hace casi 70 años.

Asimismo, expresa su solidaridad y apoyo incondicional con la lucha del pueblo palestino, invadido y expulsado por imposición de un “estado” artificial, el de Israel, asentado en el genocidio y la ocupación racista y militar de su territorio.

 

Señor presidente:

Desde nuestra banca de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda (FIT) repudiamos la visita a Buenos Aires del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. La misma fue anunciada desde el próximo 11 de septiembre de 2017 por el gobierno de Cambiemos (Macri) como un hecho “histórico”, ya que sería la primera vez que un primer ministro israelí viene a Argentina desde la ilegítima fundación del estado israelí en 1948. La repudiable visita se plantea como continuidad de la política trazada en la reunión que tuvieron ambos mandatarios en Davos, en la que firmaron acuerdos de cooperación tecnológica, de aviación civil y de agroindustria.

Somos categóricos: estamos en contra de mantener relaciones políticas, comerciales, culturales, académicas, deportivas, sindicales o de cualquier otro tipo con el estado genocida de Israel.

Consideramos que esta vista no es solo un insulto al pueblo palestino, sino también al pueblo argentino, que cuenta con 2.000 detenidos-desaparecidos judíos en nuestro país como parte de los 30.000, a manos de la última dictadura militar, que recibió apoyo armamentístico, por supuesto, del estado de Israel.

Netanyahu cuenta con un largo prontuario de crímenes que reflejan la trayectoria del Estado de Israel. Participó en la guerra de los Seis Días en 1967 donde fueron anexionados Cisjordania, Gaza, los Altos del Golán y la península del Sinaí. Netanyahu es parte del partido de extrema derecha Likud, ejerciendo el gobierno israelí en cuatro mandatos, durante los cuales ha ordenado todo tipo de bombardeos y ataques indiscriminados contra la población palestina en Gaza. Es un aliado directo del presidente de Estados Unidos, el derechista, millonario, xenófobo y racista Donald Trump.

Viene el representante de un estado colonial considerado genocida por sus prácticas de limpieza étnica durante más de medio siglo, que han forzado a la mayoría del pueblo palestino a vivir en campamentos de refugiados y a estar disperso por el mundo. Se trata de un estado genocida desde el punto de vista de la definición vigente en la legalidad internacional.

Organizaciones de derechos humanos estiman que alrededor del 40% de los hombres palestinos que viven en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania pasarán en algún momento de sus vidas por las cárceles sionistas. Como ha resaltado el historiador israelí Ilan Pappé en una reciente visita a Buenos Aires: “Israel es un proceso en desarrollo permanente al cual es más apropiado referirse como de colonización que de ocupación, pues su objetivo final no es ocupar Palestina sino extinguirla”.

Bajo el actual gobierno de Cambiemos, Argentina e Israel firmaron un acuerdo sobre servicios aéreos lo que permitirá un “alto nivel de seguridad” en el transporte aeronáutico (Infobae, 15/03/ 2017). Nos preguntamos: ¿Cómo se van a hablar de “seguridad” al pactar con un estado terrorista? La renunciante canciller Susana Malcorra llegó a decir: "Vamos a profundizar la conexión de culturas afines. Esto es parte de nuestra estrategia de vincularnos con el mundo" (Idem). Nos preguntamos: ¿Cómo puede haber “culturas afines” entre nuestro pueblo -que viene luchando contra el genocidio de 1976/1983- con el sionismo de Israel, que masacra al pueblo palestino?

A tal punto es la complicidad por parte de los políticos patronales argentinos con Israel, que se ha conformado el Grupo de Amistad Argentina e Israel con diputados y senadores de nuestro país. Y los legisladores del PRO recientemente aprobaron nombrar a Netanyahu “huésped de honor” de la Ciudad de Buenos Aires, con la abstención del kirchnerismo y el voto negativo, por supuesto, de los legisladores del FIT.

Los medios informan: “Netanyahu vendrá con empresarios israelíes, esto se enmarca en los acuerdos de compra de armas por más de 200 millones de dólares de Argentina a Israel. Patricia Bullrich también confirmó la compra de 4 lanchas equipadas con armas de guerra por 50 millones de dólares y sistemas de vigilancia por 34 millones de dólares, en forma directa y sin licitación” (Resumen Medio Oriente, 5/9/2017). También se reveló que “Mauricio Macri, mientras era Jefe de Gobierno de Buenos Aires, visitó Jerusalén en 2014 para entrevistarse con Netanyahu. Allí expresó su “compromiso en la lucha contra el terrorismo”. Este hecho inédito convierte al representante de Argentina en el primer presidente del mundo en reconocer Jerusalén como capital del estado israelí, algo que siquiera Donald Trump, presidente de EE.UU. realizó” (Idem).

Denunciamos que Macri ha invitado a Netanyahu para seguir pactando con este verdugo del pueblo palestino. Su viaje y los acuerdos que se firmen van a contramano de la campaña de boicot, desinversión y sanciones contra Israel (BDS), que crece en el mundo. Más de 700 artistas de distintas latitudes anunciaron su apoyo al BDS en una carta abierta publicada en The Guardian ya desde febrero de 2015. Roger Waters, vocalista y bajista de Pink Floyd, dijo: “Me dirijo a ustedes hermanos y hermanas de la familia del rock and roll para pedirles que se unan a mí y a miles de otros artistas de todo el mundo para declarar un boicot cultural a Israel”.

Hasta la propia ONU emitió una Resolución (N° 2.334) el año pasado en la que se le exige a Israel poner fin a los asentamientos judíos en territorios palestinos, ya que los mismos violan los tratados internacionales.

Mientras Israel invadía El Líbano en 2006, los gobiernos del “falso progresismo” de Brasil, Argentina y Uruguay lo premiaban con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) Mercosur-Israel. Tratado que entró en vigencia en el 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (peronismo kirchnerista). Bajo el gobierno kirchnerista, a su vez, el ex jefe del Ejército, César Milani, según Adelanto 24, efectuó “una importante compra de elementos de control de comunicaciones y espionaje electrónico” a Israel (11/8/2016). La operación costó “más de 350 millones de dólares” autorizada por Oscar Parrilli y Carlos Zannini. Los mismos permiten “controlar y manejar” los contenidos de correos electrónicos, SMS, mensajes de voz y WhastApp, compra que se habría hecho por medio de la firma israelí TraceSpan Communications y triangulado vía París “para que no quedaran rastros”. Además, el gobierno kirchnerista había firmado un acuerdo de cooperación por parte de Israel en la modernización de 74 unidades del llamado Tanque Argentino Mediano (TAM), que tienen una antigüedad de casi 40 años, firmada por el ex ministro Agustín Rossi.

Con nuestra declaración no solo queremos repudiar la visita de Netanyahu, sino también denunciar la política de exterminio que lleva adelante el estado de Israel contra el pueblo palestino. Pueblo heroico que resiste desde hace 69 años la imposición de un estado artificial, asentado en la ocupación racista y militar sobre el territorio de Palestina. Actualmente, los palestinos constituyen una de las naciones con más refugiados en el mundo. Se estima que 5 millones, más de la mitad de su pueblo, están bajo esa condición.

Desde 1967 han sido detenidos 800 mil, el 40% de la población masculina, y más de 200 presos políticos fueron asesinados en las cárceles por parte del régimen fascista israelí.

Antes de la creación del Estado de Israel, en Palestina, durante muchos siglos, convivieron pacíficamente una mayoría de población árabe con una pequeña minoría judía. El sionismo hizo trizas esa situación desde que comenzó a poner en práctica su plan de “colonización” y ocupación militar de ese territorio. Con la ayuda directa del imperialismo británico, amo y señor de la región, difundió la falsa “historia” de tierras vacías que debían retornar a manos de sus legítimos pobladores desde los tiempos bíblicos (“una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra”).

En 1947, y utilizando los justos sentimientos de solidaridad por la persecución a los judíos por parte del nazismo, lograron “legalizar” en las Naciones Unidas la ocupación de una parte del territorio (con la complicidad del stalinismo soviético). Hubo grandes protestas entre los palestinos, masivamente obligados a emigrar a los países árabes vecinos.

El 14 de mayo de 1948 se funda el Estado de Israel, fecha en la que culminaba la invasión de Palestina por parte del movimiento sionista, apoyada por los distintos imperialismos. Desde ese día comienza un plan sistemático de limpieza étnica, expulsando a 750 mil palestinos, destruyendo poblados para que no puedan regresar y asesinando a más de 15 mil palestinos.

Israel se desarrolló y siguió expandiendo con el apoyo económico y militar directo del imperialismo yanqui, sirviéndole como una especie de “portaaviones” terrestre enclavado en el mundo árabe, un gendarme de la contrarrevolución imperialista en Medio Oriente, como lo fue el Estado del apartheid sudafricano para África. Su propia economía es artificial, basada por un lado en el despojo permanente a los árabes y en la enorme ayuda económica y militar norteamericana. Israel se desmoronaría en meses sin el sostén de los yanquis.

Los fracasos de los “dos estados” provienen de las raíces irreconciliables del conflicto. Hay un pueblo, el palestino, invadido, expulsado y empobrecido. Y existe un “estado” artificial, Israel, asentado en el genocidio, la ocupación racista y militar de un territorio ajeno.

Aunque los sionistas se retiraron de la Franja de Gaza en 2005, mantienen desde entonces al territorio sitiado por tierra y mar: Gaza se ha convertido en la mayor prisión al aire libre del mundo. Un muro impide a su población circular libremente por tierra a otras áreas geográficas y tienen prohibido el paso al resto de Palestina. En Cisjordania, el sionismo expande cada día más sus enclaves: actualmente 600 mil colonos israelíes ocupan tierras palestinas, resguardados por el régimen de ocupación militar de 1967.

El historiador israelí Ilan Pappé, un referente que cuestiona la historia oficial sionista, señaló: “Soy judío y no entiendo el judaísmo como el derecho a ejercer la limpieza étnica”. Y afirma: “La solución de los dos Estados lleva muerta más de veinte años, las opciones son una solución de un Estado con igualdad de derechos o un Estado de apartheid, no hay tercera opción (...) Una solución justa debe contemplar los derechos de los palestinos que viven dentro del actual estado israelí, los derechos de los palestinos en Gaza y Cisjordania, y los derechos de los palestinos en los campamentos de refugiados en otros países”. Solo puede haber paz en la región con un estado único, laico, democrático y no racista en Palestina -lo que incluye al territorio que Israel actual considera suyo más Gaza, Cisjordania y Jerusalén-, con derecho al retorno de millones de refugiados y la devolución de sus tierras históricas. Esto significa un estado en el que no exista supremacía racial ni religiosa, donde ateos, judíos, cristianos, islámicos y otros credos convivan en igualdad de derechos culturales y políticos, y sean castigados los militares y políticos genocidas de Israel.

La reciente visita del presidente yanqui Donald Trump a Israel ha envalentonado al sionismo. Pero el triunfo en mayo de 2017 de la huelga de hambre de los presos políticos palestinos, acompañada de huelgas generales y grandes movilizaciones, demuestra que la causa palestina está más viva que nunca. “Los palestinos siguen rechazando la idea básica de la existencia de un Estado judío”, reconoció recientemente la vicecanciller israelí Tzipi Hotovely (El País, 1/6/ 2017). Ese es el fracaso fundamental del sionismo y la base de su futura derrota.

A los trabajadores, jóvenes, mujeres, organizaciones sindicales, sociales y políticas nos toca repudiar la visita de Netanyahu. El Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino llama a marchar el próximo 12 de septiembre. Allí estaremos.

Por estos motivos, pedimos a los diputados y diputadas que acompañen este Proyecto de Declaración.

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su rechazo a las declaraciones del Ministro de Educación de la Nación Alejandro Finocchiaro, quien en el marco de las jornadas de reflexión por la desaparición de Santiago Maldonado y el Día del Detenido Desaparecido, realizadas en las escuelas de todo el país durante la última semana del mes de agosto, sostuvo entre otras cosas que los maestros y maestras “usan a los chicos” para “hacer política” con la desaparición forzada del joven, ocurrida en el marco de la represión a la comunidad Pu Lof Cushamen de la localidad de Esquel, en la provincia de Chubut, a manos de la Gendarmería Nacional.

Rechazar asimismo cualquier intento de censura, amenaza y violentamiento de la libertad de cátedra y de opinión en las escuelas y manifestar su apoyo a la docencia, que asumió el compromiso de debatir sobre estos gravísimos hechos junto a los estudiantes y sus familias, tal como lo indican los contenidos y lineamientos curriculares elaborados por el Ministerio de Educación de la Nación, que orientan en Argentina la labor de la docencia.

Señor presidente:

Atendiendo a que los derechos humanos constituyen lineamientos curriculares para la docencia en Argentina, durante la última semana del mes de agosto, en el marco de la desaparición del joven Santiago Maldonado y del Día Internacional del Detenido Desaparecido, los maestros y maestras del país impulsaron, junto a la comunidad educativa, jornadas de reflexión.

Las actividades que contemplaron dichas jornadas, que fueron promovidas por la Confederación de Trabajadores de la Educación Argentina (CTERA), sus sindicatos de base y delegados que la integran, fueron impulsadas en todas las escuelas y como es habitual, contaron con un cuadernillo dirigido a la docencia, con propuestas didácticas para el trabajo en el aula, que surgen de los diseños curriculares que elabora el propio Estado, a través del Ministerio de Educación.

Partiendo de la enorme tradición de lucha que existe en Argentina contra la impunidad a los genocidas y por los derechos y las libertades democráticas, y a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, ocurrida en el marco de la brutal represión de la Gendarmería Nacional a la comunidad Pu Lof Cushamen de la provincia de Chubut, la docencia propuso debatir en las aulas sobre su desaparición forzosa, tal como la considera la fiscal Silvina Avila.

Cabe destacar al respecto que, en el marco de la enorme crisis política que abrió su desaparición, estas jornadas recibieron también un amplio apoyo de toda la comunidad educativa. Sin embargo, a pesar de este masivo apoyo, distintos funcionarios del gobierno de Cambiemos condenaron la práctica de la docencia y la acusaron de “hacer política” con la desaparición del joven, hecho que ocurre días antes de la movilización convocada para por un amplísimo arco de organizaciones de todo el país para exigir al Estado Nacional por su inmediata aparición con vida.

En este sentido fueron, por ejemplo, las declaraciones del Ministro de Educación de la Nación Alejandro Finocchiaro, quien sostuvo que los maestros y maestras “usan a los chicos” para “hacer política” de manera “canallesca”, afirmó que los cuadernillos “banalizan la tragedia más grande de nuestro país, que fue la dictadura” y sugirió que los docentes que se “excedan” podrían ser sancionados por los directores de las escuelas donde trabajan, buscando generar así un clima de amenaza, persecución y condena, tanto a su labor educativa como de la lucha por su aparición con vida, por la que también reclaman innumerables organismos y personalidades en todo el país y en el mundo.

Las preocupantes declaraciones de Finocchiaro, a las que se sumaron las de el titular del Sistema Federal de Medios Público Hernán Lombardi y las de la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, no tardaron en alentar este procedimiento, y aunque las jornadas contaron con un contundente apoyo de la comunidad educativa, fueron denunciados casos puntuales de sanción a la docencia por parte de autoridades escolares, como sucedió en la Escuela N°6 de San Isidro, donde una profesora fue apercibida con un acta por la Dirección de la Escuela.

Señalamos por ello con preocupación que las declaraciones del funcionario atentan contra el pleno ejercicio de la libertad de cátedra y de opinión así como del derecho a enseñar y aprender sobre los derechos humanos y las libertades democráticas, que protegen -entre otras- la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que desde 1990 tiene fuerza de Ley en nuestro país y fue incluida en la Constitución Nacional en 1994, y la Ley de Educación Nacional N° 26.206. Con la misma preocupación, destacamos que, como indica esta norma en su artículo 92, forman “parte de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones”, entre otros, “el ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de generar en los/as alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos, en concordancia con lo dispuesto por la Ley N° 25.633”.

Finalmente, advertimos que la desaparición de Santiago Maldonado preocupa a toda la comunidad educativa, y defendemos por ello que las escuelas asuman el compromiso de debatir junto a los estudiantes y sus familias, tal como lo indican nuestros contenidos curriculares, sobre este gravísimo hecho que atenta contra los derechos humanos más elementales.

Es por ello que rechazamos las mencionadas declaraciones y manifestamos nuestro repudio a todo intento de censura, amenaza y violentamiento a la libertad de cátedra y de opinión, de las que depende en que las escuelas sean verdaderos ámbitos de conocimiento.

Por los motivos expuestos, y por los que desarrollaremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.

El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1: Prorróganse los plazos establecidos por los artículos 1°, 2° y 3° de la ley N°26160, prorrogados por la ley N° 26894, hasta el 23 de noviembre de 2022.

Artículo 2: Modificase el artículo 1° de la ley 26160, que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 1º — Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes o aquellas que no contaren con personería jurídica y cuya existencia sea comprobable, por el término de 5 (CINCO) años.

Artículo 3: Incorporase a la ley N° 26160 los siguientes artículos

ARTICULO 7°: Concluido el plazo estipulado en el Artículo 1° de la presente ley, se realizará una prórroga automática hasta completar el total de relevamientos y registro de las comunidades.

ARTICULO 8º: Una vez completados los relevamientos territoriales el Estado Nacional en coordinación con los estados provinciales, están obligados a entregar títulos comunitarios en acuerdo con las comunidades interesadas.

ARTICULO 9°: La reglamentación de la presente ley no podrá excederse de un plazo de treinta (30) días corridos de la sanción de la misma.

Artículo 4: El Estado Nacional asignará un fondo especial para el cumplimiento de la presente ley, el cual debe ser publicado y puesto a consideración de las comunidades originarias.

Artículo 5: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

La ley N°26160 tiene fecha de vencimiento el próximo 23 de noviembre de 2017. Aún con todas sus limitaciones que este proyecto tratará de superar, la ley ha sido un impedimento a los desalojos contra comunidades originarias que, a lo largo y ancho del país, están luchando para defender el territorio que ocupan ancestralmente.

La defensa de los derechos de estas comunidades requiere que el Congreso apruebe un periodo de prórroga, en primer lugar para evitar los desalojos.

El caso más reciente de atropello que están sufriendo las comunidades originarias es el caso de las comunidades Mapuches de la Provincia de Chubut, donde se desató una brutal represión el pasado 1 de agosto en el Pu Lof Cushamen, que terminó con el gravísimo hecho de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, lo que ha llevado a cientos de miles de personas a reclamar su aparición con vida. Pero debemos sumar también la detención ilegal del Lonko de dicha comunidad, Facundo Jones Huala, quien además tiene un pedido de extradición a Chile. Este proceso represivo por parte del Estado nacional se realiza a cuenta y orden de Benetton, de empresas mineras y petroleras a las que se les quiere entregar la Patagonia Argentina.

La situación no es diferente en el norte del país. El dirigente Wichi, Agustín Santillán se encuentra detenido injustamente en la provincia de Formosa, donde los pueblos originarios son sistemáticamente atropellados por el Estado.

En Salta, el gobernador Urtubey amenazó con pedir la remoción de una fiscal por no haber ordenado rápidamente el desalojo de una comunidad de la localidad de Embarcación, usurpada por un terrateniente de origen francés, miembro de la Sociedad Rural de Salta. Ante esta organización empresarial el gobernador ha ratificado el fin de las prórrogas de las leyes que impiden desalojos, principalmente refiriéndose a la ley provincial N° 7658 que suspende los desalojos a los campesinos principalmente criollos, y que vence a fin del 2017. Con esto el gobernador ha dejado en claro que atenderá el reclamo de la Sociedad Rural de modificar el ordenamiento territorial para ampliar los negocios agropecuarios a costa de la expulsión de comunidades originarias y campesinos.

Mineras, petroleras, agroexportadores, negocios inmobiliarios asechan los territorios indígenas en función de sus negocios, y cuentan con el apoyo del Estado, su justicia y fuerzas de seguridad. Por eso es clave la prórroga de la vigencia de la ley en cuestión.

Por otro lado, y no menos importante, es que desde que se sancionó la ley N°26160 en el año 2006, sólo se han completado los relevamientos de 459 comunidades, sobre 759 relevamientos iniciados, de un total de 1532 comunidades registradas, según un informe de Amnistía.

Es decir que es necesaria la prórroga para poder completar el total de comunidades a ser relevadas. En función de esto es que proponemos una prórroga de 5 años, desde el momento de sanción de la presente ley, y una prórroga automática hasta completar el total de comunidades.

Otro planteo que hacemos, y para salvar las limitaciones de la ley original es que se incluya a todas las comunidades que por diferentes motivos no cuentan con personería jurídica, cuestión muy reclamada por las comunidades apenas la ley fue sancionada.

También se incorpora un artículo, que establece que una vez completados los relevamientos, el Estado garantice los títulos de propiedad comunitaria de la tierra. Esta falta de obligación en el texto original de la ley es su límite más grande, puesto que ha ocurrido que comunidades relevadas y reconocido su territorio no cuentan aún con sus títulos y en algunos casos son víctimas de aprietes y hasta de desalojos, que se hacen violentando la ley en cuestión.

Por todo lo señalado y en función de defender los derechos de las comunidades originarias frente al avance de la usurpación de capitalistas y latifundistas, es que solicitamos a los señores diputados que acompañen el presente proyecto de ley.

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su repudio a la campaña de encubrimiento llevada adelante por el gobierno nacional de Mauricio Macri y su ministra de seguridad Patricia Bullrich, quienes ocultaron la vinculación de la Gendarmería Nacional en la desaparición forzada de Santiago Maldonado, al momento de conocerse claras pruebas que involucran a dicha fuerza represiva.

Señor presidente:

El gobierno de Mauricio Macri y su ministra de seguridad, Patricia Bullrich, desde el primer día vienen sosteniendo que no hay indicios de que Santiago Maldonado haya estado en el lugar de los hechos y que la Gendarmería no ha tenido nada que ver con la represión y su posterior desaparición. Pero a 40 días ese pacto de impunidad se fue cayendo, a tal punto que hay pruebas concluyentes del rol represivo de la gendarmería en los hechos de público conocimiento de los días 31 de julio y 1 de agosto en Esquel.

Una vez levantado el secreto de sumario, lo primero que queda demostrado es que el gobierno, durante todo este tiempo, encubrió a la Gendarmería. Tanto fue así que hasta trascendió en los medios que, uno de los oficiales que participó del operativo represivo del 1 de agosto, Emmanuel Echazú, llegó al río y acompañado por su superior. Es más, distintas versiones sostienen que Echazú pudo haber actuado violentamente movido por la furia y la adrenalina del momento y golpear a Maldonado hasta llevarlo a la muerte.

También es llamativo que Echazú, fue el gendarme al que se le encargó levantar el acta de todo lo acontecido en el campo aquella jornada. De hecho, lo que se sabe oficialmente sobre lo ocurrido en Cushamen -una base esencial a partir de la cual Gendarmería Nacional elaboró su propio informe destinado a la Justicia Federal- fue escrito por el gendarme.

En el informe que elaboró el comandante del Escuadrón 36 de Esquel, Pablo Badie, acerca de quienes actuaron en Cushamen aquel día, no incluyó a Echazú. Según el comandante estuvieron: “el comandante Juan Pablo Escola, 1er Alférez Lozano, Suboficial principal Gauna, Sargento Ayudante Ocampo, Sargento Sánchez, Cabo 1ro Ahumada, Cabo 1ro Leguizamón, Cabo Enciso”. No se nombró a ningún Echazú. (Clarín 12/09/2017)

Desde el día de la represión, último día en que se vio a Santiago Maldonado, Echazú permanece de licencia y no ha tenido ningún contacto con los medios. Fuentes del gobierno confirmaron que el gendarme no va a hablar. Es decir, es el gobierno quien protege al principal sospechoso de haber golpeado a Maldonado.

Durante cuarenta días el gobierno dijo que la Gendarmería Nacional no tenía nada que ver y desvió la investigación. Descalificó a los testigos que lo revelaron y culpó a la familia de “no colaborar” con la justicia. Ahora quedan en evidencia tres cosas: Uno, la Gendarmería es la que reprimió e hizo desaparecer a Santiago Maldonado. Dos, el gobierno sigue encubriendo a la fuerza. Tres, la familia y la comunidad mapuche tienen razón.

Por estos motivos, pedimos a los diputados y diputadas que acompañen este Proyecto de Declaración.

El Senado y Cámara de Diputados...

EXPROPIACIÓN DE PEPSICO DE ARGENTINA S.R.L

Artículo 1°: Declárense de utilidad pública y sujetos a expropiación, los inmuebles ubicados en Julio A. Roca 4735 de Florida, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires y todas las instalaciones y muebles, incluidas las maquinarias y su software, herramientas, stock e insumos para la producción, que componen la planta fabril, propiedad de la empresa PEPSICO DE ARGENTINA SRL y/o quién o quienes resulten ser sus legítimos propietarios.

Artículo 2°: El inmueble, las instalaciones, maquinarias, muebles y herramientas expropiadas por la presente ley serán transferidas en propiedad al Estado Nacional, quien lo cederá a través del Poder Ejecutivo en comodato a la Cooperativa de Trabajo que conformarán los ex Trabajadores de la empresa “Pepsico de Argentina SRL”, Planta Florida, con cargo de ser los mismos destinados a mantener su actividad productiva como fuente de trabajo, conformación de la cooperativa y continuidad de sus fines cooperativos. El comodato tendrá vigencia mientras perdure la existencia de la Cooperativa de Trabajo.

 

A tal efecto el Instituto Nacional de Asociativismo y economía social (INAES) garantizará que el trámite de constitución e inscripción que conformaran los ex trabajadores de la empresa “Pepsico Argentina SRL”, Planta Florida, se lleve a cabo en forma expedita. A medida que aumente la producción se tenderá a la incorporación de trabajadores, manteniendo una relación entre cantidad de obreros, trabajo y producción que garantice condiciones de dignidad y seguridad laborales.

El contrato establecerá las causales de resolución y demás condiciones que aseguren los fines previstos en esta ley.

Artículo 3°: Los bienes expropiados por la presente ley se destinarán al funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo que conformarán los ex trabajadores de “Pepsico de Argentina SRL”. Para dar cumplimiento con lo establecido se procederá a inventariar la maquinaria y relevar la inversión para la actualización tecnológica que la Cooperativa de Trabajo de los ex trabajadores de “Pepsico de Argentina SRL” estime necesaria y que aseguren los fines previstos en la presente ley.

Artículo 4°: A los fines de la indemnización correspondiente, el valor de los bienes a expropiar, será fijado conforme las disposiciones de la Ley N°21.499, de acuerdo al valor establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación o las oficinas técnicas competentes que se designarán, pudiendo solicitarse la apoyatura y asesoramiento de otras entidades públicas o privadas. La valuación se establecerá en base al estado general de los bienes expropiados por la presente ley al 20 de junio de 2017.

Artículo 5°: Autorizase al Poder Ejecutivo para efectuar en el Presupuesto General de la Administración Nacional del ejercicio vigente, las adecuaciones presupuestarias que resulten para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 6°: Facúltese al Poder Ejecutivo para designar la autoridad de aplicación de la presente ley.

Artículo 7°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El día 20 de junio del corriente año la empresa PEPSICO DE ARGENTINA SRL cerró su establecimiento de la localidad de Florida, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, dejando a más de seiscientas familias en la calle de manera ilegal.

Con una breve nota pegada en la puerta del establecimiento la empresa comunicaba al conjunto de los trabajadores que cerraba sus operaciones en la planta Florida y relocalizaba su producción en otro establecimiento “debido a los obstáculos inherentes a la ubicación de la planta en un área mayormente residencial, su compleja estructura de costos y extensos requerimientos logísticos”, de acuerdo al único argumento utilizado.

A tal fin, de manera ilegal y sin tener ningún tipo de crisis económica, PepsiCo de Argentina SRL inició un Procedimiento Preventivo de Crisis ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y promovió ilegalmente un lock out ofensivo (cierre empresarial) en su planta Florida.

Cabe destacar que propia compañía informó que a nivel global facturó U$S 27.759 millones en los seis primeros meses de 2017 y que sus ingresos netos se incrementaron un 17 %, alcanzando a U$S 3.423 millones. Latinoamérica aportó el 6 % de la facturación mundial. Además, el año pasado PepsiCo facturó $ 4.800 millones en nuestro país. Es así que sus ventas se incrementaron 26,3 % en relación a 2015, cuando alcanzaron a $ 3.800 millones. Debemos señalar aquí además que PepsiCo es la empresa número uno en el rubro de “Snacks” en la Argentina y cuenta con una variada producción que comercializa marcas como Lay’s, Quaker, Twistos, Doritos, 3D, Pep, Pehuamar, Cheetos, Pop Korn,

Toddy, Pepsi, Mirinda, 7Up, Paso de los Toros, H2O, Tropicana y Gatorade. Nada más alejado en una empresa en crisis.

El cierre ilegal de la planta Florida tuvo la finalidad de perjudicar a los trabajadores para que no pudieran organizarse, enterarse de la situación, enfrentar los planes empresarios ni poder definir en asambleas los pasos a seguir. De esta manera toda “negociación” fue realizada en condiciones desfavorables para los trabajadores fuera de su lugar de trabajo, algo que la Ley de Asociaciones Sindicales considera como una práctica desleal y que incluso se encuentra tipificado como delito por el Código Penal Argentino (art. 158).

Al mismo tiempo que llevaba adelante una conducta ilegal, la empresa forzó y obligó a un grupo de trabajadores a firmar acuerdos individuales de desvinculación producto del grave estado de necesidad y desamparo en que los ha colocado la misma compañía contra su propia voluntad. Recordemos que en la planta Florida de la empresa PepsiCo el conjunto de trabajadores está compuesto por un 70% de mujeres, en su mayoría sostenes de sus propios hogares.

A pesar de todas estas manifiestas ilegalidades, la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a través de un pedido del Fiscal de Florida Oeste, Gastón Larramendi, y una resolución del Juzgado de Garantías Nº 3 de San Isidro, a cargo de Andrea Rodríguez Mentasty, ordenaron un desalojo absolutamente ilegal, llevado adelante por la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Gendarmería Nacional, en el que se reprimió violentamente a las trabajadoras y trabajadores de PepsiCo que se encontraban en resguardo de su fuente de trabajo, y en el que incluso se reprimió a los trabajadores de prensa y distintos medios televisivos que se encontraban en el lugar cubriendo el hecho.

Los trabajadores y trabajadoras de PepsiCo y su Comisión Interna demostraron que esta empresa no tiene crisis alguna, sino que estuvo realizando descaradas maniobras de vaciamiento desviando parte de su producción a su planta de Mar del Plata y otras en la Provincia de Buenos Aires. Incluso han demostrado los trabajadores que la empresa se encuentra importando parte de su producción desde Chile, lo que demuestra la falsedad de la crisis económica que argumenta, debido a los altos costos que ello implica.

Es por ello que desde el momento del cierre ilegal los trabajadores han recibido un enorme apoyo por parte de personalidades, nacionales e internacionales, de derechos humanos, políticas, sociales, estudiantiles, artistas, sindicales, etc. Sería imposible detallar a aquí el inmenso respaldo que reciben las y los trabajadores y sus familias que enfrentan la decisión de la empresa avalada por el Ministerio de Trabajo de dejar en la calle a cientos de familias. Luego de la represión, esa solidaridad se expresó más masivamente aún en la movilización realizada en la Capital Federal el día 19 de julio del corriente año, en la que participaron cerca de treinta mil personas. También fue muy importante el apoyo recibido por los vecinos de la zona, quienes se manifestaron a favor de mantener los puestos de trabajo y en contra de la represión.

También debemos destacar que ante la presentación realizada por un grupo de trabajadores, la Justicia Nacional de Trabajo ordenó que la empresa debía otorgarle tareas a dichos trabajadores, pero PepsiCo se encuentra al día de la fecha incumpliendo con esa orden judicial y tampoco el Ministerio de Trabajo adopta las medidas necesarias a fin de hacer cumplir el fallo y preservar el empleo, actitud que asumió esa cartera desde el primer día en que la empresa desató este conflicto.

Por ello, el objetivo de este proyecto de expropiación es preservar la fuente de trabajo de seiscientos trabajadores y sus familias. El mismo es presentado a pedido de los trabajadores de la empresa Pepsico de Argentina en un contexto de agravamiento de la situación de despidos y suspensiones a nivel nacional.

Por los motivos expuestos y los que expondremos oportunamente y ante la gravedad de la situación planteada es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.