La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar su apoyo y adhesión a la jornada #UnGritoGlobal por el aborto legal, seguro y gratuito, convocado en varios países el 28 de septiembre, día internacional de lucha por la despenalización y legalización del aborto. Adherir a la marcha federal convocada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto para el viernes 29 de septiembre de Plaza de Mayo al Congreso.

A su vez, exigimos el inmediato tratamiento y aprobación del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto por sexta vez en el Congreso que las fuerzas mayoritarias de esta cámara (macristas, kirchneristas y massistas) se niegan a tratarlo porque priorizan el acuerdo con el Vaticano y las demás iglesias.

Señor presidente:

El aborto clandestino es la principal causa de muerte de mujeres gestantes en nuestro país. A pesar de la prohibición de esta práctica, medio millón de mujeres abortan anualmente en Argentina y 500 de ellas, mueren por hacerlo en condiciones inseguras. Las que mueren son mujeres pobres y trabajadoras, las que no tienen $20.000 pesos que cuesta un aborto seguro en una clínica privada. Es decir, al aborto es un problema de salud pública y un derecho humano negado por todos los gobiernos patronales.

En nuestro país existe desde hace doce años una Campaña Nacional por el Derecho al Aborto que presentó ya seis veces el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Este proyecto cuenta con varias firmas de diputados y diputadas, sin embargo, no se aprueba porque el gobierno de Macri, los falsos opositores del kirchnerismo y el masismo no quieren ni siquiera que se trate. Todos los partidos patronales priorizan el acuerdo con la Iglesia Católica que defiende a los curas abusadores para negarles el derecho a decidir a las mujeres que son víctimas de esta política retrógrada, conservadora y clerical de Macri ahora, y antes, de Cristina Fernández de Kirchner (PJ-FPV)

Aunque la mayoría de las mujeres del mundo viven en países donde el aborto voluntario es un derecho, cerca de 1424 millones de mujeres (39%) se ven sometidas diariamente a la clandestinidad de esta práctica, con la consecuente criminalización y riesgo de muerte. Tal es así que, en países como El Salvador, una joven de 19 años víctima de un aborto espontáneo fruto de una violación, acaba de ser condenada a 20 años de prisión por la justicia misógina y clerical. También en los países donde el derecho se conquistó hace décadas, la presión de la Iglesia Católica y de los gobiernos ajustadores mantienen en jaque esta conquista, tal como se vivió en 2016 en Polonia e Italia, cuyos movimientos de mujeres lograron frenar los embates.

En Argentina la situación de las mujeres en relación al aborto muestra un escenario muy duro. Además de las muertas por aborto clandestino, nos encontramos con casos de criminalización tanto de mujeres que viven un aborto espontáneo como el caso de Belén, que estuvo injustamente presa en Tucumán, o de profesionales de la salud que garantizan el derecho de las mujeres en los casos de abortos no punibles, tal como fue el caso de la médica Avril en Chubut.

A pesar de que este es un derecho reivindicado con fuerza por todo el movimiento de mujeres en las calles y que cuenta con un gran apoyo de la sociedad, los distintos gobiernos de turno vienen sosteniendo sistemáticamente los lineamientos del Vaticano, para seguir controlando los cuerpos y las vidas de las mujeres. Durante los 12 años de kirchnerismo, como con Macri, a pesar de que todos se sacaron la foto el 3 de junio con las movilizaciones del Ni Una Menos por los derechos de las mujeres, la posición oficial coincide en rechazar el aborto. Por eso, se vienen negando sistemáticamente al tratamiento del proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.

El próximo viernes 29 de septiembre se hará la marcha federal de Plaza de Mayo a Congreso para exigir la inmediata aprobación del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo para que no haya ni una muerta ni una presa más por abortar. Desde nuestra banca exigimos, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.

Por estos motivos, solicito a los señores Diputados que acompañen este Proyecto de Resolución.

Iniciado en: Diputados Expediente Diputados: 5213-D-2017
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 136 Fecha: 28/09/2017

 

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar su apoyo al reclamo que están llevando adelante los trabajadores azucareros del Ingenio Ledesma en Jujuy que exigen aumento salarial y mejores condiciones laborales

Señor presidente:

Desde nuestra banca de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda acompañamos el reclamo de los trabajadores del Ingenio Ledesma que vienen llevando adelante desde hace 16 días medidas de fuerza por aumento salarial y mejores condiciones de trabajo.

Los trabajadores del Ingenio Ledesma junto al Sindicato de Obreros y Empleados del

Azúcar del Ingenio Ledesma (Soeail) denuncian que la empresa Ledesma les paga

$1900 pesos menos que lo acordado en paritarias y que desde el año pasado vienen teniendo problemas de liquidación que han llegado a tener recibos de sueldo por cero pesos.

Hacemos responsables de la situación al gobierno provincial de Gerardo Morales y al nacional de Mauricio Macri, quienes en unidad con los demás partidos patronales como el PJ-FPV les garantizan súper ganancias a empresarios multimillonarios como los Blaquier, con la quita de impuestos al campo y demás beneficios impositivos.

También hacemos responsable por la integridad física de los trabajadores al gobierno provincial y nacional debido a las constantes amenazas de represión y sanción que reciben los trabajadores, quienes llevan adelante un reclamo pacífico y con el apoyo de los pueblos del Talar, Vinalito, Libertador General San Martin y demás localidades aledañas.

Por estas razones, solicitamos a los diputados a acompañar este proyecto de resolución.

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Apoyo al referéndum convocado para el 1 de octubre de 2017 en Catalunya. El pueblo catalán tiene todo el derecho a decidir libremente sobre su futuro y las relaciones que quiere establecer con el Estado Español. Rechazamos enérgicamente y exigimos que cesen las medidas represivas y de judicialización tendientes a amedrentar e impedir el libre ejercicio de la autodeterminación nacional del pueblo catalán.

Señor presidente:

Desde hace seis años el pueblo catalán se manifiesta masivamente por su independencia. El Parlamento de Catalunya aprobó el llamado a un referéndum de autodeterminación para que sea el propio pueblo catalán quien decida si quiere o no ser independiente, fijado para el próximo 1 de octubre.

El primer ministro español, Mariano Rajoy (Partido Popular), y el Tribunal Constitucional del Estado Español -con el visto bueno de la monarquía española- han advertido que no tolerarán el referéndum aprobado por el gobierno de la Generalitat y han anunciado una serie de medidas represivas para impedirlo, entre ellas, inhabilitaciones políticas de los principales cargos del Parlamento (por ejemplo, a su presidenta Carme Forcadell) y del gobierno de Catalunya; procesos penales contra quien colabore con el referéndum (sea instituciones o personas); suspensión e intervención de las instituciones de Catalunya, etcétera. Hechos completamente repudiables.

“Amenazan con arrestar a 712 alcaldes catalanes si no frenan el referéndum separatista” (Clarín, 14/09), los cuales ya fueron imputados por el fiscal general del Estado Español de “desobediencia, prevaricato y malversación de fondos públicos” -con posibles penas de 8 años de cárcel e inhabilitación hasta 20 años-; hablan de un “referéndum ilegal”, “fuera de la legalidad” y “totalitario”, y el gobierno del Estado Español dispone a tal fin la intervención del alto jefe de los Mossos (fuerzas de seguridad de Catalunya).

Los partidos del régimen surgido de la transición pactada con el franquismo, más allá de los matices, se oponen al referéndum, una posición que es compartida por el Partido Popular (PP), el PSOE, Ciudadanos, Izquierda Unida, el Partido Comunista Español e incluso Podemos. La izquierda radicalizada también critica la posición ambigua de la alcaldesa Ada Colau, que responde a una coalición en la que participa Podemos.

Alrededor de un millón de personas se movilizaron este 11 de septiembre en la Diada (tradicional día de fiesta nacional de Catalunya) en apoyo a la independencia del país y el establecimiento de una república. La contundente manifestación de apoyo constituye una clara respuesta al régimen monárquico que intenta por todos los medios impedir la consulta.

El precedente que desencadenó la situación actual se dio en junio de 2010. En esa fecha, el pueblo catalán rechazó masivamente la decisión del Tribunal Constitucional de derogar una parte sustancial del articulado que daba ciertas normas de autonomía, aunque limitadas. Además, prohibió que el idioma catalán sea la lengua de uso normal. La sentencia sale cuatro años después de que el nuevo estatuto fuera aprobado por el Parlamento de Catalunya, el Congreso de los Diputados y el Senado español, y el referéndum por el pueblo catalán.

El pueblo de Catalunya, y con él los partidos que son mayoritarios en el parlamento catalán, dieron por agotados los intentos de encajar en el estado de las autonomías y se presentaron a las sucesivas elecciones con el compromiso de dar los pasos para hacer posible una República catalana.

A tal punto es legítimo el reclamo del pueblo catalán que el derecho a la autodeterminación está reconocido por el derecho internacional. Las Naciones Unidas proclamaron en 1966 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entró en vigor en el año 1976 y fue ratificado por el Estado Español el 27 de julio de 1977, donde en su artículo 1º establece: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”.

Defendemos el derecho de los pueblos y nacionalidades oprimidas a su autodeterminación y a independizarse si así lo deciden (Escocia, Kurdistán, Euskadi o Catalunya). Una República en Catalunya abriría el camino de otros pueblos y naciones por acabar con este anacrónico régimen impuesto al final del franquismo. Esta lucha democrática es parte de una pelea más de fondo, por la aplicación de un plan económico al servicio de los trabajadores y demás sectores populares. Junto a la suspensión de los pagos de la deuda externa para satisfacer las urgentes necesidades populares y la ruptura con los banqueros y multinacionales del Estado Español y la Unión Europea. Por eso, los socialistas revolucionarios lucharemos para que esa república sea de y para los/as trabajadores/as, en el camino de una Federación de Repúblicas Socialistas.

Defendemos entonces ese derecho democrático a que el 1° de octubre se realice sin ninguna interferencia del régimen y la monarquía, ni represión, el referéndum convocado para decidir libremente por la independencia. Vaya toda nuestra solidaridad desde Argentina en nombre de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda.

Por estos motivos, pedimos a los diputados y diputadas que acompañen este Proyecto de Declaración.

EXPROPIACIÓN DE PEPSICO DE ARGENTINA S.R.L

Artículo 1°: Declárense de utilidad pública y sujetos a expropiación, los inmuebles ubicados en Julio A. Roca 4735 de Florida, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires y todas las instalaciones y muebles, incluidas las maquinarias y su software, herramientas, stock e insumos para la producción, que componen la planta fabril, propiedad de la empresa PEPSICO DE ARGENTINA SRL y/o quién o quienes resulten ser sus legítimos propietarios.

Artículo 2°: El inmueble, las instalaciones, maquinarias, muebles y herramientas expropiadas por la presente ley serán transferidas en propiedad al Estado Nacional, quien lo cederá a través del Poder Ejecutivo en comodato a la Cooperativa de Trabajo que conformarán los ex Trabajadores de la empresa “Pepsico de Argentina SRL”, Planta Florida, con cargo de ser los mismos destinados a mantener su actividad productiva como fuente de trabajo, conformación de la cooperativa y continuidad de sus fines cooperativos. El comodato tendrá vigencia mientras perdure la existencia de la Cooperativa de Trabajo.

 

A tal efecto el Instituto Nacional de Asociativismo y economía social (INAES) garantizará que el trámite de constitución e inscripción que conformaran los ex trabajadores de la empresa “Pepsico Argentina SRL”, Planta Florida, se lleve a cabo en forma expedita. A medida que aumente la producción se tenderá a la incorporación de trabajadores, manteniendo una relación entre cantidad de obreros, trabajo y producción que garantice condiciones de dignidad y seguridad laborales.

El contrato establecerá las causales de resolución y demás condiciones que aseguren los fines previstos en esta ley.

Artículo 3°: Los bienes expropiados por la presente ley se destinarán al funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo que conformarán los ex trabajadores de “Pepsico de Argentina SRL”. Para dar cumplimiento con lo establecido se procederá a inventariar la maquinaria y relevar la inversión para la actualización tecnológica que la Cooperativa de Trabajo de los ex trabajadores de “Pepsico de Argentina SRL” estime necesaria y que aseguren los fines previstos en la presente ley.

Artículo 4°: A los fines de la indemnización correspondiente, el valor de los bienes a expropiar, será fijado conforme las disposiciones de la Ley N°21.499, de acuerdo al valor establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación o las oficinas técnicas competentes que se designarán, pudiendo solicitarse la apoyatura y asesoramiento de otras entidades públicas o privadas. La valuación se establecerá en base al estado general de los bienes expropiados por la presente ley al 20 de junio de 2017.

Artículo 5°: Autorizase al Poder Ejecutivo para efectuar en el Presupuesto General de la Administración Nacional del ejercicio vigente, las adecuaciones presupuestarias que resulten para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 6°: Facúltese al Poder Ejecutivo para designar la autoridad de aplicación de la presente ley.

Artículo 7°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El día 20 de junio del corriente año la empresa PEPSICO DE ARGENTINA SRL cerró su establecimiento de la localidad de Florida, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, dejando a más de seiscientas familias en la calle de manera ilegal.

Con una breve nota pegada en la puerta del establecimiento la empresa comunicaba al conjunto de los trabajadores que cerraba sus operaciones en la planta Florida y relocalizaba su producción en otro establecimiento “debido a los obstáculos inherentes a la ubicación de la planta en un área mayormente residencial, su compleja estructura de costos y extensos requerimientos logísticos”, de acuerdo al único argumento utilizado.

A tal fin, de manera ilegal y sin tener ningún tipo de crisis económica, PepsiCo de Argentina SRL inició un Procedimiento Preventivo de Crisis ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y promovió ilegalmente un lock out ofensivo (cierre empresarial) en su planta Florida.

Cabe destacar que propia compañía informó que a nivel global facturó U$S 27.759 millones en los seis primeros meses de 2017 y que sus ingresos netos se incrementaron un 17 %, alcanzando a U$S 3.423 millones. Latinoamérica aportó el 6 % de la facturación mundial. Además, el año pasado PepsiCo facturó $ 4.800 millones en nuestro país. Es así que sus ventas se incrementaron 26,3 % en relación a 2015, cuando alcanzaron a $ 3.800 millones. Debemos señalar aquí además que PepsiCo es la empresa número uno en el rubro de “Snacks” en la Argentina y cuenta con una variada producción que comercializa marcas como Lay’s, Quaker, Twistos, Doritos, 3D, Pep, Pehuamar, Cheetos, Pop Korn,

Toddy, Pepsi, Mirinda, 7Up, Paso de los Toros, H2O, Tropicana y Gatorade. Nada más alejado en una empresa en crisis.

El cierre ilegal de la planta Florida tuvo la finalidad de perjudicar a los trabajadores para que no pudieran organizarse, enterarse de la situación, enfrentar los planes empresarios ni poder definir en asambleas los pasos a seguir. De esta manera toda “negociación” fue realizada en condiciones desfavorables para los trabajadores fuera de su lugar de trabajo, algo que la Ley de Asociaciones Sindicales considera como una práctica desleal y que incluso se encuentra tipificado como delito por el Código Penal Argentino (art. 158).

Al mismo tiempo que llevaba adelante una conducta ilegal, la empresa forzó y obligó a un grupo de trabajadores a firmar acuerdos individuales de desvinculación producto del grave estado de necesidad y desamparo en que los ha colocado la misma compañía contra su propia voluntad. Recordemos que en la planta Florida de la empresa PepsiCo el conjunto de trabajadores está compuesto por un 70% de mujeres, en su mayoría sostenes de sus propios hogares.

A pesar de todas estas manifiestas ilegalidades, la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a través de un pedido del Fiscal de Florida Oeste, Gastón Larramendi, y una resolución del Juzgado de Garantías Nº 3 de San Isidro, a cargo de Andrea Rodríguez Mentasty, ordenaron un desalojo absolutamente ilegal, llevado adelante por la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Gendarmería Nacional, en el que se reprimió violentamente a las trabajadoras y trabajadores de PepsiCo que se encontraban en resguardo de su fuente de trabajo, y en el que incluso se reprimió a los trabajadores de prensa y distintos medios televisivos que se encontraban en el lugar cubriendo el hecho.

Los trabajadores y trabajadoras de PepsiCo y su Comisión Interna demostraron que esta empresa no tiene crisis alguna, sino que estuvo realizando descaradas maniobras de vaciamiento desviando parte de su producción a su planta de Mar del Plata y otras en la Provincia de Buenos Aires. Incluso han demostrado los trabajadores que la empresa se encuentra importando parte de su producción desde Chile, lo que demuestra la falsedad de la crisis económica que argumenta, debido a los altos costos que ello implica.

Es por ello que desde el momento del cierre ilegal los trabajadores han recibido un enorme apoyo por parte de personalidades, nacionales e internacionales, de derechos humanos, políticas, sociales, estudiantiles, artistas, sindicales, etc. Sería imposible detallar a aquí el inmenso respaldo que reciben las y los trabajadores y sus familias que enfrentan la decisión de la empresa avalada por el Ministerio de Trabajo de dejar en la calle a cientos de familias. Luego de la represión, esa solidaridad se expresó más masivamente aún en la movilización realizada en la Capital Federal el día 19 de julio del corriente año, en la que participaron cerca de treinta mil personas. También fue muy importante el apoyo recibido por los vecinos de la zona, quienes se manifestaron a favor de mantener los puestos de trabajo y en contra de la represión.

También debemos destacar que ante la presentación realizada por un grupo de trabajadores, la Justicia Nacional de Trabajo ordenó que la empresa debía otorgarle tareas a dichos trabajadores, pero PepsiCo se encuentra al día de la fecha incumpliendo con esa orden judicial y tampoco el Ministerio de Trabajo adopta las medidas necesarias a fin de hacer cumplir el fallo y preservar el empleo, actitud que asumió esa cartera desde el primer día en que la empresa desató este conflicto.

Por ello, el objetivo de este proyecto de expropiación es preservar la fuente de trabajo de seiscientos trabajadores y sus familias. El mismo es presentado a pedido de los trabajadores de la empresa Pepsico de Argentina en un contexto de agravamiento de la situación de despidos y suspensiones a nivel nacional.

Por los motivos expuestos y los que expondremos oportunamente y ante la gravedad de la situación planteada es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.

Reconocer la República Independiente de Cataluña.

Repudiamos cualquier tipo de intervención por parte del régimen del Estado Español, el gobierno de Mariano Rajoy y la monarquía reaccionaria. Y, en caso de que se concrete la intervención exigimos que Argentina rompa relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado Español y expulse a su embajador del país.

Señor presidente:

El Parlamento de Catalunya, finalmente aprobó la independencia del Estado Español que ya se había manifestado en el triunfo del referéndum por la independencia del 1 de octubre. Luego de la declaración de independencia de Catalunya, el gobierno de Mariano Rajoy del Partido Popular, prepara la intervención para seguir sometiendo al pueblo catalán al régimen opresor del Estado Español y de la monarquía reaccionaria, régimen continuador del franquismo.

Desde nuestra banca de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, saludamos al pueblo catalán que se mantuvo movilizado para que finalmente se concrete la independencia y repudiamos la intervención por parte del Estado Español. A su vez, denunciamos las posiciones de Pablo Iglesias de Podemos que se declaró contrario a la declaración de la independencia diciendo que es “ilegal e ilegítima” y también, la de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona quien sostuvo que la declaración no cuenta con el aval de la mayoría de los catalanes. Declaraciones de este tipo favorecen la intervención de Rajoy y la Corona.

Los socialistas revolucionarios defendemos el derecho de los pueblos y nacionalidades oprimidas a su autodeterminación y a independizarse si así lo deciden, como también lo ha expresado el pueblo Kurdo de Irak con el 92% de los sufragios. Una República en Catalunya abriría el camino de otros pueblos y naciones del Estado Español por acabar con este anacrónico régimen impuesto al final del franquismo.

Esta lucha democrática es parte de una pelea más de fondo, por la aplicación de un plan económico al servicio de los trabajadores y demás sectores populares. Junto a la suspensión de los pagos de la deuda externa para satisfacer las urgentes necesidades populares y la ruptura con los banqueros y multinacionales del Estado Español y la Unión Europea. Por eso, los socialistas revolucionarios lucharemos para que esa república sea de y para el conjunto de la clase trabajadora, en el camino de una Federación de Repúblicas Ibéricas Socialistas.

Por estos motivos, pedimos a los diputados y diputadas que acompañen este Proyecto de Resolución.