La toma de Lugano, al igual que el Indoamericano en 2010, volvió a poner en la escena nacional el grave problema de la vivienda, que golpea sobre los sectores más vulnerables, pero también sobre los trabajadores y la clase media emprobrecida. Mientras la casa propia es un imposible para millones de habitantes, las torres de lujo y la especulación inmobiliaria crecen día a día.
Por Laura Marrone Legisladora Capital Izquierda Socialista-FIT
En la toma de Lugano cientos de familias desocupadas ocuparon el predio y construyeron improvisadas y precarias viviendas, aún sabiendo que el gobierno, como ocurrió en 2010, podía responder con una brutal represión.
Niños, embarazadas y ancianos se pusieron al frente de la toma, expuestos al calor y en condiciones terriblemente precarias. La imposibilidad de acceder a un techo propio y el constante encarecimiento de los alquileres fueron motivo suficiente para que se lanzasen a esa pelea, sin importar los costos. Muchos de los participantes de la toma señalabanque alquilar una habitación en una villa de emergencia les costaba unos 1.200 pesos mensuales, más de la mitad de sus ingresos. Muchos de los ocupantes también participaron de la toma del Indoamericano, en 2010, y recibieron un acta por parte del gobierno de Macri y de Cristina para adjudicarles una vivienda que nunca llegó. El plan de urbanización de la villa 20, que prevé la construcción de 1.600 viviendas en la zona, nunca se llevó a cabo. Por eso los vecinos desconfían de cualquier promesa. Sólo quieren un terreno sobre el cual construir.
"Quiero contar que Macri me llamó ayer y convinimos en que si el fiscal hubiera estado en el lugar a la mañana, cuando eran 12 personas, no hubiera pasado nada", dijo Cristina durante la apertura de la Asamblea Legislativa. El jefe de gobierno porteño, si bien retrocedió con la represión para evitar pagar solo el costo -a diferencia de 2010, esta vez no contaba con el respaldo de la Policía Federal y Gendarmería-, ha desalojado con la metropolitana un predio y montado una persecución brutal contra los referentes de la toma, acusándolos de ser una banda delictiva que ocupa y vende terrenos, montando allanamientos para amedrentar a los ocupantes. Ambos (gobierno de la ciudad y el nacional) intentan tapar el grave problema habitacional que estalló, indisolublemente,ligado a la pobreza e indigencia que crecen. Y en última instancia tienen una misma misma respuesta: no resolver el problema de fondo, si no más represión.
Un problema que crece
Según el censo de 2010, 163.000 personas viven en villas, un 52 por ciento más que en 2001 y un 211 por ciento más que en 1991. Es decir, hay un desplazamiento de los sectores más empobrecidos, que terminan migrando hacia asentamientos y barrios más precarios.
Pero el déficit habitacional es cada día más grave y no sólo afecta a la población de las villas. En 2001, el 22,1 por ciento de los hogares alquilaban, hoy lo hace más del 30 por ciento y comprar una casa requiere el doble de ahorro que hace diez años. Los trabajadores y la clase media empobrecidos se ven obligados a pagar alquileres, cuyos precios, al ritmo de la especulación inmobiliaria, aumentan muy por encima de los salarios. Un alquiler de un pequeño
departamento en Capital muchas veces insume el valor de un salario o más. Y con el aumento de las tasas de interés dispuesto en enero por el Banco Central, acceder a un crédito para comprar una vivienda hoy es directamente imposible.
En contrapartida a la inviabilidad de acceder a una casa propia, la especulación inmobiliaria es cada día mayor. Las torres de lujo crecen como hongos, encareciendo aún más los terrenos y sin resolver los problemas de vivienda. Muchas veces con fondos provenientes del narcotráfico, que invierten en el mercado inmobiliario para lavar dinero. O negociados apañados por los gobiernos de la Ciudad y Nación, como quedó en evidencia con las leyes votadas en la Legislatura a favor del grupo IRSA.
Cristina y Macri pretenden mostrar como un hecho delictivo lo que no es más que la manifestación de sus políticas, que avalan los negociados inmobiliarios, a la vez que no resuelven los problemas de las grandes mayorías. Acompañemos la lucha de los ocupantes de Lugano, a la vez que peleamos por un programa de fondo para resolver el grave problema habitacional.
Pro.Cre.Ar. - Un negocio inmobiliario
El plan Pro.Cre.Ar gobierno nacional es un negocio para motorizar la industria de la construcción y de las inmobiliarias, pero una gota de agua en el desierto para las familias sin techo. Solo 20.000 pudieron inscribirse desde junio de 2012, ya que acceder al mismo requería poseer en mano 20% del valor de una vivienda, o un terreno propio. La mayoría de las familias trabajadoras que paga alquiler, no dispone de ese capital acumulado. Además, la exigencia de que la vivienda sea a estrenar beneficia a la industria de construcción, pero sube los costos al comprador. A esto sumemos la especulación que disparó los precios de los terrenos apenas se anunció el plan. El gobierno acordó con las constructoras un plan de 96.000 viviendas que, sin embargo, todavía no han sido adjudicadas porque, pese a que el déficit es de 3.386.000, la mayoría de los sin techo no puede cumplir los requisitos del crédito.
En febrero de este año flexibilizaron a 10% el monto en mano. Pero, en tanto, el precio de la construcción que era de $2500 en 2013, en marzo de 2014 subió a 5.950 pesos, casi dos veces el salario mínimo.
Nuestras propuestas
Más de 10 millones de personas sufre el déficit habitacional. Es necesario implementar un verdadero plan de viviendas
populares que ponga fin a este flagelo.
- Por un plan de construcción de viviendas populares controlado por las organizaciones barriales, de desocupados y sindicales. Muchas obras quedan a medio construir. O directamente no llegan los fondos porque quedan en manos de las constructoras. Es necesario que haya un control popular sobre la obra pública para evitarlo. Lo cual permitiría, además, que sean estas mismas organizaciones las que determinen las reales prioridades de otorgamiento de vivienda
- mediantes criterios públicos de prioridad y distribución. No como ahora, que todo queda en manos del clientelismo oficialista.
- Declarar la emergencia habitacional. Esto habilitaría a expropiar a las grandes propiedades suntuosas, la de los ricos que tienen varias en alquiler, otras tantas ociosas y las tierras y predios que no cumplen ninguna función social. Como mostramos más arriba, en la Capital, esta medida permitiría resolver el problema del déficit habitacional.
- Para implementar un plan de viviendas populares (con redes de gas, cloacas y electricidad) hay que destinar los fondos que hoy van a subsidiar a grandes empresarios, privatizadas y a los pagos de la deuda externa.
- Por una regulación de las leyes de alquileres y créditos de vivienda sin interés. Acceder a un alquiler hoy resulta prácticamente imposible, con comisiones leoninas por parte de las inmobiliarias y precios elevadísimos. Peor aún
- comprar una vivienda. Precios máximos en los alquileres y créditos rentables para todo aquel que desee acceder a una vivienda.
- Estas medidas permitirían, a su vez, reactivar rápidamente la actividad laboral. Porque la construcción es la que más trabajo directo e indirecto emplea. Sólo así se podrá tener vivienda digna para todos los necesitados.
Sin techo en todo el país*
- o 6 millones de hogares poseen problemas habitacionales
o Faltan 3.338.000 viviendas
o 60.000 familias nuevas por año se suman al déficit habitacional
o 1,5 millones de hogares comparten vivienda con otro (hacinamiento)
o Subió 16% el número de inquilinos y bajó a 67% el de propietarios
o En Ciudad de Buenos aires hay 340.000 viviendas desocupadas. Cada año 5.000 familias son desalojadas. 500.000 tienen problemas habitacionales. 37,4% de los habitantes de la Comuna 8 (Soldati-Lugano) de Capital vive en viviendas precarias
o Según el censo de 2010, la cantidad de viviendas vacías en Capital promedia el 24,91 por ciento. Sobre 1.425.840 viviendas censadas, hay 340.975 vacías. Cerca de medio millón de personas carecen de vivienda digna. Es decir, alcanzaría con las viviendas deshabitadas para resolver el problema habitacional.
(*) Algunos datos fueron tomados del Informe 2011 de AEV (Asociación de Empresarios de la Vivienda) y del CELS.