Benetton adquirió hace un cuarto de siglo alrededor de un millón de hectáreas de tierras en la Patagonia. Desde que Roca expulsó de sus tierras a punta de fusil a los pueblos originarios, para regalarlas a latifundistas, se desarrolló una historia infame de entreguismo de la que han sido responsables los sucesivos gobiernos.

La Argentine Southern Land Company (ASLCo), cuyo feudo ocupa actualmente Benetton, resume simbólicamente el entreguismo de los gobiernos oligárquicos, arrodillados ante los capitales imperialistas, sobre todo ingleses. Durante casi un siglo esta empresa explotó tierras estatales cuya concesión le fue entregada gratuitamente, aproximadamente la mitad de las 2,3 millones de hectáreas ocupadas por un conglomerado de cincuenta compañías inglesas. En el transcurso de varias décadas realizó importaciones y exportaciones sin tener que pagar derechos aduaneros, beneficiándose con tipos de cambio preferenciales y reducciones de aranceles. 

Los gobiernos del siglo XIX alegaban que la entrega vertiginosa de tierras y la casi total exención de impuestos a los nuevos latifundistas estaba al servicio de favorecer la colonización del territorio y la inversión de capitales. Lo ocurrio opuesto, esta insólita entrega generó economías de enclave, orientadas a la exportación y que no se integraban al desarrollo nacional. Los grandes latifundios expulsaron a la mayor parte de la población originaria y se convirtieron en un obstáculo para el poblamiento del Sur. En cuanto a las inversiones, las empresas incorporaron como activos en sus libros contables los extensos territorios recibidos en concesión. En el caso de ASLCo, en su primera oferta de acciones en 1889 las tierras representaban más del 90,6% de su capital. En 1891 se valoraban las tierras en 220.000 libras esterlinas y su capital total en 260.000. No ingresaron capitales, las inversiones provinieron de las propias explotaciones.
La creación de esta suerte de zona franca al servicio de capitales extranjeros alentó que el Reino Unido considerara apoderarse de un corredor territorial hacia el océano Pacífico para comunicar a Australia con el Atlántico. Irónicamente, hoy algunos políticos patronales argumentan que reconocer el derecho indígena al territorio podría desencandenar procesos separatistas, pero en los hechos ha sido el despojo a los indígenas y la entrega a capitales imperialistas lo que ha amenazado la soberanía sobre la Patagonia.

Superexplotación impuesta a sangre y fuego

Los indígenas mapuches y tehuelches, así como inmigrantes de diversa procedencia, se convirtieron en la mano de obra superexplotada de las estancias. Los mismos gobiernos que entregaron las tierras se encargaron de garantizar mediante la represión una mano de obra semiesclava. Los trabajadores que reportaban a ASLCo una producción anual de un millón y medio de kilos de lana apenas representaban poco más del 10% de los gastos de la compañía. Las condiciones laborales eran tales que en la primera huelga de trabajadores rurales en 1914 las exigencias eran que los patronos no les cobraran la comida ni las herramientas que se rompían durante la faena y que el pago del médico de la estancia no recayera sobre los ellos.
Más allá de los discursos “nacionales y populares”, ni el peronismo ni el yrigoyenismo tocaron a estos parasitarios capitales imperialistas. A pedido de los terratenientes, Yrigoyen perpetró la brutal masacre de la Patagonia rebelde, en Santa Cruz. Ni siquiera exigió el cumplimiento de las cláusulas mínimas de las concesiones ya existentes, como las relacionadas con poblar el territorio. Tampoco cesaron los ataques a los pueblos indígenas, confinados a tierras escasas y pobres. Durante la primera presidencia de Perón,la Gendarmería realizó la masacre de La Bomba contra los indígenas pilagá de Formosa, en la que se estiman varios centenares de muertos. La “reforma agraria” peronista, la compra de algunas propiedades por parte del Consejo Agrario Nacional, no se trasladó a la Patagonia. El Estatuto del Peón supuso mejoras a las instalaciones y viviendas de los trabajadores rurales, pero no afectó la cuestión de la tenencia de la tierra. Ante los cuestionamientos a “la Compañía”, Perón defendió a ASLCo en 1973.
Como concluyó Osvaldo Bayer, “lo que el régimen oligárquico implantó fue luego ratificado o por lo menos tolerado por los gobiernos radicales, peronistas y por todas las dictaduras militares”. Todos los gobiernos patronales de los siglos XX y XXI demostraron su indiferencia ante el problema del latifundio patagónico. Solo un gobierno de las organizaciones obreras y populares tendría la capacidad de encarar una reforma agraria que liquide el latifundio depredador y el reconocimiento del derecho al territorio y al autogobierno de los pueblos indígenas.

Bibliografía recomendada:
“Ese ajeno Sur”, Ramón Minieri, 2006.
“Patagonia rebelde”, Osvaldo Bayer, 1980.

Escribe Simón Abreu