Escribe José Castillo
Apareció un nuevo funcionario con cuentas en el exterior. Es otra muestra de la composición de este gobierno de CEOs. La bronca creciente hizo que esta vez Macri tuviera que soltarle la mano.
No se trata del primer caso y, muy probablemente, tampoco del último. El diario español El País reveló que el subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, poseía una cuenta en Andorra por la suma de 1,2 millones de dólares. Su defensa fue antológica, dijo que figuraba ahí sólo porque se lo pidió su amigo Francisco “Paco” Casal, empresario uruguayo dedicado a la compraventa de jugadores y uno de los que manejan la siempre abierta pelea global por los derechos de la televisación del fútbol. En síntesis, se defendió diciendo que era sólo “un testaferro”.
Lo “nuevo” que aportó el caso Gilligan fue que esta vez Macri estuvo obligado a soltarle la mano y el funcionario offshore tuvo que renunciar. Que el gobierno haya tenido que desprenderse de Gilligan es una demostración de cómo está pegando la bronca que viene incrementándose desde las multitudinarias movilizaciones de diciembre contra la reforma jubilatoria. Las encuestas muestran cómo cae la imagen presidencial y esto se refleja, más popularmente, en los masivos insultos a Macri en las canchas de fútbol.
Gilligan integra la ya larga lista de funcionarios del gobierno con negocios de este tipo en el exterior. Repasemos: la encabeza el propio presidente Mauricio Macri, que apareció en los famosos Panama Papers figurando como director de dos empresas en paraísos fiscales, Fleg Trading Ltd y Kagemusha SA. También tenemos al ministro de Finanzas Luis Caputo, que manejó el fondo de inversión Alto Global Fund en islas Caimán y administró Noctua Partners LLC, gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware (Paradise Papers), además de ocultar en su declaración jurada haber sido el principal accionista de sociedades offshore entre agosto de 2009 y julio de 2015, entre las cuales figura Princess International Group (islas Caimán). Le sigue el ministro de Energía Juan José Aranguren, director de al menos dos empresas offshore vinculadas a Shell, mientras se desempeñaba como CEO de esa compañía. También podemos mencionar al intendente de Lanús Néstor Grindetti, apoderado de la offshore Mercier Internacional entre 2010 y 2013, mientras era ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires; al secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, que aparece integrando el directorio de Kalushy de Panamá; al intendente de Vicente López Jorge Macri, secretario de Latium Investment de Panamá, y al secretario legal y técnico de la Presidencia Pablo Clusellas, que figura como intermediario en el montaje de sociedades en paraísos fiscales, entre tantos otros.
Parecería que tener algún tipo de participación en una empresa offshore o cuentas de millones de dólares en paraísos fiscales formara parte del “currículum” necesario para ser funcionario macrista.
Sumémosle a esto los otros casos de corrupción, como el que trascendió hace poco tiempo del ministro de Trabajo Jorge Triaca, que maltrató a una empleada que tenía en negro y encima la había designado en la intervención del SOMU mientras cumplía tareas de “servicio doméstico”. O las vinculaciones entre Nicolás Caputo, el “amigo del alma” de Macri, con Angelo Calcaterra, primo del presidente, y de ambos con la transnacional Odebrecht en operaciones corruptas como el soterramiento del Sarmiento.
Con la sola renuncia de Gilligan no alcanza: tienen que irse todos los involucrados en estos casos de corrupción. Como dice el proyecto de ley anticorrupción que presentó nuestro compañero Juan Carlos Giordano, diputado del Frente de Izquierda, hay que invertir la carga de la prueba y que todos los funcionarios involucrados en denuncias de este tipo tengan que demostrar ellos mismos su inocencia, que vayan presos y que sean obligados a devolver lo robado o fugado al exterior.