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Escribe:
Daniel Campos
Gran triunfo de la movilización
Fanchiotti y Acosta, condenados a perpetua
“A estos negros hay que matarlos a todos”, le indicó el comisario Fanchiotti al cabo Acosta y fueron a cargar las escopetas con balas de plomo. Pocos minutos después asesinaron a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Fue el 26 de junio de 2002. Ambos acaban de ser condenados por “doble homicidio agravado por alevosía y siete tentativas de homicidio”. Otros policías, que actuaron con Fanchiotti fueron condenados a penas menores.
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El ex comisario Fanchiotti se fue con cadena perpetua |
Los asesinatos de Kosteki y Santillán fueron parte de una violentísima represión generalizada ejecutada por una fuerza compuesta por cuatrocientos efectivos coordinados de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía Bonaerense, uniformados y de civil, junto a fuerzas irregulares parapoliciales. Estas fuerzas actuaron durante horas persiguiendo a manifestantes en un radio de diez cuadras. Causaron sesenta heridos de bala, 35 manifestantes apresados fueron torturados en la Comisaría 1ª de Avellaneda, y atacaron al local de Izquierda Unida de Avellaneda que está a nueve cuadras del puente Pueyrredón.
Esta sola descripción de los hechos muestra que Fanchiotti, el jefe a cargo de la policía provincial, y el grupo de policías que comandaba en forma directa, no fueron los únicos responsables. Y que las autoridades nacionales, comenzando por el presidente Eduardo Duhalde, que fueron las que dieron las órdenes, y el gobernador Solá, responsable político de la policía de la provincia, deben ser también juzgados.
Un triunfo de la movilización
El gobierno de Duhalde actuó evidentemente con un plan de asestar un golpe decisivo que desmovilizara al movimiento piquetero, dividiera al movimiento surgido del Argentinazo y consolidara la autoridad de su gobierno. Actuó aprovechando un cierto reflujo de las movilizaciones masivas de las asambleas barriales que se sucedían semanalmente desde el Argentinazo, ordenando la represión asesina contra la movilización de los desocupados.
Después de los asesinatos, las primeras declaraciones de Alfredo Atanasof, jefe de gabinete, y Juan José Alvarez, ministro de Seguridad, sostenían que los piqueteros “se habían matado entre ellos”.
Pero les salió el tiro por la culata.
Al día siguiente de los hechos del puente Pueyrredón una inmensa movilización unida de asambleístas, piqueteros, sindicatos y la izquierda llenó la Plaza de Mayo exigiendo castigo a los asesinos. La indignación popular crecía hora a hora. Las fotos periodísticas mostraban a Fanchiotti asesinando. El fantasma del Argentinazo volvía a aterrar al gobierno y a toda la burguesía.
El gobierno de Duhalde, para despegarse de la responsabilidad, culpó y encarceló a Fanchiotti. Junto con eso Duhalde decidió la convocatoria a elecciones anticipadas. Ahí se hundió definitivamente el plan duhaldista de completar el período de De la Rúa y luego hacerse elegir presidente en las elecciones.
Sin la gran movilización a Plaza de Mayo del 27 de junio del 2002 y sin las permanentes movilizaciones que se sucedieron, las grandes manifestaciones en todos los aniversarios, los cortes del puente Pueyrredón todos los días 26, no se hubiera llegado a condenar a Fanchiotti y algunos de sus cómplices directos. La condena es un triunfo de esta movilización por el juicio y castigo a los asesinos.
Juicio y castigo a todos los responsables
Pero este triunfo es parcial, porque no están ni todos los responsables directos, ni los responsables políticos que dieron las órdenes. Se intenta preservar a muchos de los participantes directos, otros oficiales y jefes policiales, de Gendarmería y Prefectura que, por su actuación en el lugar de los hechos, tienen responsabilidad directa, y los que actuaron sobre avenida Mitre, a varias cuadras de la estación, adonde también hubo heridos de bala.
Tanto el gobierno de Kirchner, como obviamente el duhaldismo y la justicia, han actuado preservando a los responsables políticos. Mabel Ruiz, la mamá de Kosteki, inició en julio del 2002 el pedido de investigación de Eduardo Duhalde, Carlos Ruckauf, Alfredo Atanasof, Juan José Alvarez y el que fuera ministro de Justicia, Jorge Vanossi (radical). También está la responsabilidad de los funcionarios provinciales, comenzando por Solá. El ex juez Mariano Bergés, abogado de Alberto Santillán, el padre de Darío Santillán, denunció que la causa iniciada ante el Juzgado Federal Nº 4 contra los responsables políticos está paralizada. Hay que seguir la movilización hasta que todos los responsables sean juzgados y castigados.
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