Escribe Diego Martínez, precandidato a diputado nacional Buenos Aires Izquierda Socialista/FIT Unidad

El paro del pasado viernes estuvo envuelto en un mar de disputas entre el gobierno peronista y las patronales del transporte. Desde el  ministerio de Transporte, dirigido por Diego Giulano, aliado de Massa, dicen haberle transferido a las patronales 27 mil millones de pesos correspondientes al último acuerdo paritario, y de parte de las empresas reclaman el pago de subsidios correspondientes a meses anteriores.

En esta pelea entre patronales y gobierno los principales perjudicados son los trabajadores del transporte, quienes vienen teniendo graves problemas de cobro, y los usuarios que utilizan un servicio paupérrimo con unidades en mal estado y frecuencias de viajes que disminuyen.
Por el lado de las patronales, en los primeros cinco meses del año recibieron en concepto de  subsidios la friolera de 258.870 millones de pesos, habiéndose incrementado 16,1% en términos reales lo recibido en comparación con el mismo período del año anterior.  Como si esto fuera poco, en lo que va del año la tarifa del transporte aumentó en el AMBA un 43%. En el resto del país la situación es peor. Los usuarios pagan boletos que en algunos casos superan los 150 pesos y tienen servicios absolutamente deficitarios.

Las empresas del transporte no solo se “chupan” los subsidios y no los utilizan para mejorar el servicio, sino que tampoco pagan salarios en tiempo, y forma y no cumplen con el compromiso de colocar cabinas de seguridad en las unidades para darle seguridad a los choferes, quienes arriesgan su vida día a día yendo a trabajar.

Nada de esto podría suceder sin la complicidad del gobierno nacional y el ministerio de Transporte. Son ellos los que les aseguran las ganancias a las patronales del transporte, al punto de que el 85% del costo de poner en la calle los colectivos los paga el estado, sin exigir absolutamente nada a cambio. El gobierno no controla a las empresas a fin de garantizar la calidad del servicio de transporte, a través del ministerio de Trabajo firma acuerdos salariales de miseria para los trabajadores del sector (los cuales ni siquiera son cumplimentados por las patronales con la anuencia del gobierno) y no garantiza la seguridad para choferes y usuarios.

El transporte es un servicio esencial para todas las trabajadoras y trabajadores del país. No puede estar en manos de empresarios chupasangres, que son junto con los gobiernos responsables de la actual situación de crisis. Necesitamos pelear por imponer un sistema único de transporte estatal controlado por los trabajadores del sector y usuarios.