El gobierno de Milei está usando el sorpresivo triunfo electoral que obtuvo el 26 de octubre, como era de prever, para avanzar en lo que denomina “las reformas de segunda generación”. Es decir, redoblar su Plan Motosierra salvaje contra el pueblo trabajador. Lo está haciendo con la complicidad de los gobernadores y en beneficio directo de las patronales, las multinacionales del saqueo, el FMI y el imperialismo norteamericano comandado por Donald Trump. Pero no todo es camino de rosas. El sindicalismo combativo y la izquierda llaman a salirle al cruce en este nuevo intento por poner de rodillas al pueblo trabajador diciendo abajo la reforma laboral y toda la motosierra, exigiendo a la CGT que llame al paro general y a un plan de lucha nacional. El ejemplo del Garrahan marca el camino.
 
El gobierno de Javier Milei logró un triunfo en las elecciones generales del 26 de octubre. Quedó como primera minoría en Diputados sobrepasando al peronismo (algo que no ocurría desde 1989) y con más senadores. Si bien no logró la mayoría para tener quórum propio (lo cual lo obligará a tejer alianzas para lograrlo), se acercó bastante. Fagocitó a los radicales, se siguió quedando con la base electoral de un PRO en crisis y doblegó al peronismo esencialmente en la estratégica provincia de Buenos Aires. Eso le dio una ubicación política que no tenía y el aire necesario para el actual envalentonamiento en pos de avanzar en su plan salvaje. “Iba a perder, lo apoyé y ganó”, dijo en estos días Trump. El jefe del imperialismo yanqui en decadencia se relame. Aspira a que su hijo mimado Milei avance en las reformas capitalistas que, de concretarse, llevaría a un grado de superexplotación obrera, saqueo y sometimiento inédito al país. Pero la elección también mostró enormes contradicciones para el gobierno: perdió dos millones de votos comparado con las elecciones de dos años atrás, quienes lo votaron no lo hicieron con entusiasmo, 11.459.149 de personas no fueron y la crisis social que sufren millones se agrava día a día.
 
No es modernización, es esclavitud

El gobierno convocó a sesiones extraordinarias para intentar aprobar un paquete de leyes, entre ellas el Presupuesto 2026, con recortes sociales enormes para cumplir con el FMI. Le sigue la reforma laboral vendiendo mentirosamente, que si se ataca el “costo laboral” (un mito), vendrán más inversiones y trabajo genuino. Algo que nunca ocurrió. En los años ‘90 se flexibilizaron las relaciones laborales y el desempleo pasó del 8% al 21%. Además, la rebaja de los aportes patronales y la contratación de personal informal (no como trabajador registrado), le permitió a las patronales quedarse con casi 600 mil millones de dólares entre 1994 y 2024  que, por supuesto, no los pusieron en abrir fábricas, contratar personal o aumentar los salarios. El capitalismo no está para eso. Hoy quieren hacer lo mismo con los beneficios que les otorga el borrador de proyecto de Ley Laboral a los empresarios, que dejarán de aportar a las cajas previsionales y en concepto de obras sociales alrededor de 10.000 millones de dólares por año, haciéndose cargo el Estado de pagar las indemnizaciones por despidos en vez de que lo hagan las patronales (ver páginas centrales). Una verdadera aberración, además de elevar la jornada laboral, fomentar los despidos, considerar a las y los trabajadores de las aplicaciones como “independientes” (sin relación laboral), atacar el derecho de huelga y a la organización sindical, entre tantas barbaridades.

También quieren cambiar la Ley de Glaciares para que los gobernadores tengan la facultad de anular la prohibición de instalar la megaminería extractivista, como acaba de ocurrir en Mendoza, donde Alfredo Cornejo y el Senado provincial aprobaron 28 proyectos mineros sin la presentación de los correspondientes estudios de impacto ambiental, amenazando las fuentes de agua de una provincia árida que depende de sus glaciares y ríos. Y con la reforma al Código Penal quieren imponer la baja de la edad de imputabilidad y más mano dura, mientras el narco y los delitos económicos siguen su curso. Es decir, más motosierra antiobrera y antipopular y más legislación represiva y fortalecimiento del aparato represivo para imponerla.

El antecedente de Macri

Muchos analistas y políticos patronales alertan con lo que le pasó a Mauricio Macri en 2017. “Había ganado las elecciones de octubre, pero no recordó la frase de Napoleón ´ejército que triunfa, descansa´. Quiso tratar una reforma jubilatoria en diciembre y el año terminó muy mal”, dijo Miguel Pichetto (Clarín, 9/12).

Recordemos que en diciembre de 2017 hubo una rebelión popular con cien mil personas frente al Congreso donde, si bien no evitó que la ley anti jubilatoria se aprobara, el gobierno tuvo que archivar la reforma laboral que tenía en carpeta, perdiendo las elecciones dos años después. Ahora Milei quiere aprender del pasado y pisa el acelerador. Cree que aprovechando en caliente, en medio de las fiestas y con el apoyo de los gobernadores, las grandes patronales y Estados Unidos, puede avanzar. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hasta dijo que ya trabajan para la reelección de Milei en 2027. Pero todavía tiene que correr mucha agua bajo el puente.

Es cierto que el gobierno ha logrado un mayor respaldo electoral y parlamentario, pero nadie festeja la actual situación. Hay cierres de fábricas y de establecimientos, 38 por día en promedio; la apertura de las importaciones generan despidos, suspensiones y no pago de salarios; en noviembre cayeron las ventas un 9% en alimentos y bebidas, calzado, materiales para la construcción; el gobierno anuncia un 10% de despidos de estatales para fin de año; le sigue perdonando y bajando impuestos a las patronales y las retenciones al campo, provocando la baja de la recaudación  y se está volviendo a endeudar para pagar los 4.500 millones de dólares de deuda externa que vencen en enero, mientras el FMI le reclama aumentar las reservas en 9.000 millones de dólares, entre otros condicionamientos. Mientras esto ocurre, millones viven por debajo de la línea de pobreza (el 60% de los asalariados registrados y el 90% de los no registrados son pobres), las jubilaciones y el salario mínimo y vital son de indigencia, las familias se tienen que endeudar a tasas del 300% para comprar lo indispensable o trabajar en dos laburos, provocando sobreexplotación y accidentes laborales.

El gobierno, pérfidamente, se apoya en la crítica situación social para generar una luz de esperanza con sus reformas, donde muchos dicen “peor no podremos estar”, aunque la mitad de los encuestados, por ejemplo, considera que la reforma laboral va a traer más despidos y no va a generar nuevos puestos de trabajo.
 
¿Y la CGT? ¿Y el peronismo?

La CGT dice “no nos vamos a quedar con los brazos cruzados” ante la reforma laboral. Llamó a una reunión de emergencia para este jueves 11 donde va a “profundizar la ronda de encuentros con gobernadores, senadores y diputados”, según dice, nunca con las y los trabajadores; que tal vez convocaría a una marcha cuando se trate la reforma laboral que Patricia Bullrich quiere apurar para antes de las fiestas y, en caso de salir la ley, apelará a la Justicia.

A tal punto quedó en evidencia su pacto con el gobierno que Gerardo Martínez venía participando del Consejo de Mayo junto al gobierno, hasta que esta semana tuvo que faltar para la foto donde Adorni anunció la agenda antiobrera y la reforma laboral. El gobierno ni siquiera se dignó en convocar a la CGT a una reunión. “Nos reunimos con Santilli, luego con Santiago Caputo, después con Menem que responde a Karina Milei para ver si podemos limar algunos artículos perjudiciales”, habían dicho algunos de los dirigentes de la CGT, como si en el gobierno hubiera algún sector “menos malo”. Un verdadero escándalo, de una CGT que le vino dando la espalda a luchas heroicas como la del Garrahan, jubiladas y jubilados, personas con discapacidad, universidades, a las peleas contra los despidos y cierres de empresas y firmando paritarias al 1% mensual.

Recordemos que la CGT es la pata sindical del peronismo. Un Partido Justicialista (PJ) que quedó en una crisis brutal tras la derrota electoral a manos de la ultraderecha. Pedía el voto para ponerle un “límite a Milei”, sacaron 7 millones de sufragios y están en una verdadera desbandada. “Una balcanización”, como dijo Cristina Kirchner, quien acaba de sorprender una vez más justificando la invasión imperialista de Putin a Ucrania diciendo que “fue defensiva”.

Dentro del Consejo de Mayo el gobierno se reunió con 18 gobernadores, entre ellos Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil del PJ de Tucumán y Catamarca, ambos fervientes defensores de la reforma laboral. Luego se sumaron Sergio Ziliotto de La Pampa y Claudio Vidal de Santa Cruz a un diálogo con Diego Santilli. ¿Y qué pasa con “los rebeldes” Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego)? ¿Acaso no aplican el ajuste y el saqueo en sus provincias?
      
En la pelea al interior del peronismo no hay ningún sector que “resista” a Milei más que en los discursos. Ni Máximo Kirchner, ni Massa, ni Kicillof, ni Juan Grabois. El gobernador bonaerense acaba de votar un presupuesto de ajuste en Salud y Educación y en vez de cobrarle un fuerte impuesto a la oligarquía del campo, ricos y multinacionales que pululan en la provincia de Buenos Aires, se endeudó por 3.000 millones de dólares porque dice que de lo contrario no podrá pagar los salarios de los estatales y los aguinaldos.

El PJ dejó correr a Milei y ahora paga las consecuencias. Por todo esto es necesario fortalecer al Frente de Izquierda Unidad para seguir enfrentando al Presidente y a sus cómplices y superar al peronismo por izquierda, tanto sindical como políticamente.
 
La tarea de las y los luchadores y el Frente de Izquierda Unidad

Como decíamos tras el triunfo de Milei en octubre: “Tiene que avanzar con su plan motosierra con más ataques a la clase trabajadora y a distintos sectores populares, y sabe que va a haber resistencia por parte del pueblo trabajador, como se ha demostrado en estos dos años de gobierno ultraderechista […] a pesar del rol traidor de la CGT, lejos está de haber sido derrotado como quisiera Milei” (El Socialista N°615, 29/10/25). Y agregábamos que Milei “no tiene ningún cheque en blanco”.

El 2025 arrancó con un contundente 1F, una enorme marcha antifascista y antirracista del movimiento de mujeres y disidencias contra el discurso de odio de Milei; hubo marchas permanentes de jubiladas y jubilados, el Garrahan, personas con discapacidad, universidades, paros de la docencia y un nuevo paro general arrancado a la CGT. Venimos del contundente triunfo de las y los trabajadores del Garrahan, marcando el camino, arrancando el 61% de aumento salarial, pelea que ahora sigue contra los 44 sumariados por luchar y en estos días miles de mendocinas y mendocinos marcharon desde distintos puntos de la provincia a la capital en una de las movilizaciones más grandes de los últimos tiempos contra el saqueo extractivista, entre otras expresiones de lucha.

El sindicalismo y demás sectores combativos, movimientos piqueteros independientes, jubiladas y jubilados, organizaciones de derechos humanos, juveniles junto a la izquierda convocan a enfrentar la reforma laboral esclavista reclamando que la CGT abandone el pacto con el gobierno y fije un paro y plan de lucha. Llamando a una marcha unitaria el próximo 18 de diciembre  cuando se empieza a tratar la Ley en el Senado. 

Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, con el apoyo de los 900 mil votos logrados en las elecciones y la fuerza que ha conquistado en estos años, convoca a la mayor unidad en cada lugar de trabajo, estudio y barrio para organizar el enfrentamiento a la reforma laboral y al conjunto de la motosierra de Milei, los gobernadores y el FMI. Dando la pelea para que la plata vaya al pueblo trabajador, no al Fondo Monetario, rompiendo las cadenas coloniales que nos atan al imperialismo, postulando una salida de fondo en beneficio del pueblo trabajador, como sólo el Frente de Izquierda lo postula y siendo solidarios con la causa Palestina. Sumate a Izquierda Socialista para seguir dando esta pelea.

Escribe José Castillo

El gobierno de Milei se juega a aprobar lo más rápidamente posible su ley esclavista. Se le quita al pueblo trabajador prácticamente todos los derechos conquistados en 120 años de lucha. La CGT plantea apenas algunas tibias expresiones de oposición. Hay que dar una respuesta contundente, en las calles, llamando a un paro general y un plan de lucha.

Se va terminando de conocer el denominado proyecto de “modernización laboral” propuesto por el gobierno ultraderechista de Milei y el FMI, con el apoyo de las patronales y el guiño de los gobernadores. De conjunto, es una auténtica declaración de guerra contra la clase trabajadora, un verdadero proyecto de reforma laboral esclavista, que busca demoler 120 años de conquistas de la clase trabajadora argentina.

Los objetivos que se buscan lograr con este proyecto de reforma laboral, son explícitos: hacer que el trabajador o la trabajadora le salga más barato al patrón, que lo pueda explotar, “exprimir” más y que lo tenga a plena disposición a toda hora (en horarios, días de trabajo). 

Despedir más fácil y barato

Se reducen los montos a partir de los cuáles se calcularán las indemnizaciones por despidos. En concreto, ya no se tendrán en cuenta las vacaciones ni el aguinaldo, ni ningún monto remunerativo.  Se invierte la carga de la prueba, donde ahora el o la trabajadora tendrá que demostrar que el despido es arbitrario o sin causa. Y se busca reducir al mínimo las multas e intereses si la patronal demora o dilata el pago, beneficiando esas maniobras patronales.  

Desfinanciar al Anses y las obras sociales

Justamente para abaratar los despidos se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que consiste en una contribución de las empresas del 3%, pero que se descuenta de lo que actualmente se paga en aporte jubilatorio. Además, de aprobarse la ley, las alícuotas de los aportes pasarían del 20,40% para las grandes empresas de comercio y servicios y del 18% para el resto de las patronales, al 17,40% y 15%, respectivamente. Todo esto se sobrepone a las numerosas reducciones y exenciones que ya tienen los aportes patronales. La contrapartida de todo esto es la desfinanciación de las cajas jubilatorias y de las obras sociales.

Salarios más bajos

El proyecto vuelve a habilitar la práctica de los años ‘90 de pagar una parte del sueldo en especie, como se hacía con los tristemente conocidos “tickets canasta”, solo canjeables en determinados comercios. Se suma a esto el salario por productividad o mérito, que, por supuesto, pasará a ser determinado por la patronal. 

También se instaura el llamado “banco de horas”, donde, además de lo que implica en avanzar sobre el tiempo libre de las y los trabajadores, prácticamente liquida la posibilidad de cobrar horas extras, ya que estas se irán sumando indistintamente a cuando se realicen durante el mes.

Ataque al derecho al descanso de las y los trabajadores

El ya citado banco de horas liquida la jornada de 8 horas y el descanso de fin de semana, creando un colectivo de trabajadores prácticamente a disposición de la patronal a cualquier hora del día y cualquier día de la semana. Pero además también se fraccionan las vacaciones y se incrementan los derechos de las patronales a otorgarlas en cualquier momento del año.

Dejar desamparado a las y los trabajadores frente a los patrones

Un centro del proyecto oficialista es atacar los convenios colectivos de trabajo. Lo hace liquidando la llamada “ultraactividad”, que consiste en que, en caso de no acuerdo entre sindicato y patronal, sigue vigente el convenio actual. Eso cambiaría ahora, por lo que a las patronales les bastaría con no acordar nada para dejar desprotegido al trabajador o trabajadora.

También se plantea que prevalecerán los convenios por empresa, o regionales, por sobre las nacionales, buscando así debilitar y fraccionar a la clase trabajadora.

Atacar a la organización sindical y las medidas de lucha

El proyecto limita al extremo el derecho a huelga, planteando que un conjunto de actividades (docentes, salud, transporte) serán consideradas “esenciales”, debiendo garantizarse un 75% de presencialidad en caso de una medida de fuerza. Y se agrega además otro rubro, llamado “actividades trascendentales”, donde se incluye prácticamente todo, hasta la hotelería y la gastronomía, en que se debe garantizar un 50%. 

También se limita la realización de asambleas fuera  y dentro de la planta, requiriéndose autorización expresa del empleador sobre el horario, duración y lugar de realización. Se señala además que no se percibirá salario durante el tiempo que se participe en dichas asambleas. Se reducen también los derechos de los delegados a la actividad gremial a apenas 10 horas mensuales. 

¿Qué plantea la CGT?

Frente a esta auténtica declaración de guerra contra el pueblo trabajador, indigna la respuesta de la CGT. Después de meses de hacer silencio, colaborar con el gobierno sentando a Gerardo Martínez en el Consejo de Mayo, esperando que saliera un proyecto de reforma “liviano” que no tocara sus privilegios, la burocracia se encontró con que se está presentando la versión más ultraderechista y salvajemente pro-patronal elaborada por Sturzenegger, prácticamente un calco del DNU 70/23. 

La conducción de la CGT recién ahora se da por enterada, realizando una tardía reunión. Su “estrategia” para enfrentar esta reforma parece un chiste. Trascendió que elaboraron un “semáforo” de partes del proyecto que estarían dispuestos a aceptar (luz verde) (básicamente el banco de horas y el fraccionamiento de las vacaciones), otras en las que discreparían “con suavidad” (luz amarilla) como la reducción de indemnizaciones, y otras a las que se opondrían (luz roja) como la caída de la ultraactividad y la reducción de los aportes patronales. 

Como “acciones” concretas proponen profundizar el diálogo con gobernadores y legisladores, insistir en sus contactos con lo que interpretan como el ala supuestamente “dialoguista” del gobierno (Santiago Caputo, Diego Santilli, Eduardo “Lule” y Martín Menem”) y testear la vía judicial. Solo al final aparece, tibiamente, la “posibilidad en estudio” de un plan de lucha. 

Hay que salir a enfrentarlo en las calles

Desde el sindicalismo combativo y el Frente de Izquierda Unidad tenemos un planteo contundente: hay que salir ya mismo a enfrentar este proyecto esclavista. Por eso nos movilizaremos el 18 de diciembre al Congreso. Al mismo tiempo, seguimos exigiendo a la CGT la convocatoria a un paro general y un plan de lucha para derrotarlo. Tenemos que poner en marcha al conjunto del pueblo trabajador para, con la contundencia de la movilización masiva, tirar abajo esta reforma esclavista de Milei, las patronales y el FMI.

Escribe José Castillo

Una de las excusas utilizadas por el gobierno para justificar su reforma laboral esclavista es que, gracias a ella, ganarían derechos las y los trabajadores que actualmente están no registrados. Sin embargo, de la lectura del proyecto presentado se desprende que esto es una vulgar mentira.
El proyecto dedica todo un apartado a los llamados “trabajadores independientes de plataformas”, es decir quienes se desempeñan en PedidosYa, Uber, Cabify, Rappi y otras aplicaciones. Todo su articulado deja en claro que no se los reconoce como trabajadores, no se les otorga ningún derecho tutelado por la Ley de Contrato de Trabajo y no se exige absolutamente nada a las patronales. Quedan tan desprotegidos como en la actualidad, sólo que ahora esa desprotección quedará fijada expresamente por ley.

Escribe Atilio Salusso

La imaginación derechista no tiene límites. En una columna firmada por Víctor Beker (Economista, ex director de Estadísticas del Indec, aparecida en Clarín del 21/10/25), el autor reproduce lo dicho por el profesor de Harvard, Richard Freeman, afirmando que “los robots se convertirán en mejores sustitutos de los humanos en las actividades laborales. Hoy puede imaginarse un futuro en el cual casi toda la producción esté en manos de robots, manejados por IA (inteligencia artificial)”. Y se vanagloria diciendo que “el éxito del capitalismo consiste en que ha logrado niveles de productividad nunca vistos, a tal punto que cada vez más el trabajo es menos necesario”.

Beker reflexiona sobre esto para llamar a “legislar en función de la modernización laboral”. Cita de ejemplo al Premio Nobel de Economía, Wassily Leontief, cuando refiere a que “el papel de los seres humanos como factores más importantes de la producción queda disminuido de la misma forma en que lo fue inicialmente el papel de los caballos en la producción agrícola, para luego ser eliminados por la introducción de los tractores”.

Estos aduladores de las supuestas bondades del capitalismo en plena decadencia, con sus evidentes secuelas extremas de explotación, desempleo, salarios miserables y destrucción ambiental, inventan un mundo sin clase obrera manejado por robots y la inteligencia artificial. Pero se olvidan que la riqueza mundial no la generan los grandes capitales ni los robots, sino el pueblo trabajador. Lo probó la pandemia, la producción mundial cayó porque millones no podían ir a trabajar.

Al final, Beker no puede terminar su ecuación sin formularse la pregunta: ¿qué hacer con los que queden sin trabajo? No se le ocurre mejor idea que proponer la receta del impresentable Elon Musk, darles “un ingreso básico universal que asegure un umbral mínimo de subsistencia”, es decir, un ingreso de indigencia para miles de millones de personas. Gracias, Beker: preferimos seguir luchando para terminar con este sistema capitalista y reemplazarlo por el socialismo.

 

Escribe José Castillo

Javier Milei es un mentiroso serial. Insiste en que los salarios crecieron, que las jubilaciones aumentaron “en dólares”, que la economía sube “como pedo de buzo”. Su mentira mayor es afirmar que “sacó a 10 millones de personas de la pobreza”.

Los últimos números disponibles son lapidarios. La actividad industrial cayó 4,8% en lo que va del año, según el Informe de Producción Industrial (IPI) del Indec. La CAME informó que las ventas minoristas de las pymes se desplomaron 9,1% en noviembre respecto del mismo mes del año anterior. El consumo masivo y popular es el que arrastra hacia abajo este indicador: alimentos y bebidas cayó 5,9%, artículos de perfumería y tocador 17%.

Las consecuencias de este derrumbe pegan de lleno en el empleo. Desde que comenzó el gobierno de Milei cerraron 14 mil empresas y se perdieron 270 mil puestos de trabajo formales. A eso se suman los más de 54 mil despedidos del Estado y los incontables puestos que desaparecieron producto de la recesión en el empleo no registrado.

Salarios y jubilaciones de indigencia

Al flagelo creciente del desempleo se suma la realidad de salarios de hambre que se pulverizan mes a mes, hundiendo en la pobreza y la indigencia a millones. Todas y todos: trabajadores formales con convenio, tercerizados, no registrados, estatales o privados. Nadie quedó por encima de la suba de precios. Ni hablar de las y los jubilados, condenados a ingresos de indigencia.

Se suma un fenómeno que estalla en estos meses: la enorme masa de endeudados que sobrevivió pagando la comida en cuotas y que ahora no puede afrontar los pagos de tarjetas de crédito o préstamos bancarios, o directamente debió recurrir a usureros.

¿Se redujo la pobreza?

La mentira más sádica del gobierno es repetir que “sacó a millones de la pobreza”. Se basa en los datos del Indec, que indican que en el segundo trimestre de 2025 la pobreza fue de 31,6%. Ese número (uno de cada tres, y mucho más elevado en mujeres, infancias y adolescencias) ya es terrible. El informe de la UCA, con una metodología similar (pobreza medida solo por ingresos), señalaba que para el tercer trimestre la cifra ya ascendía a 36,3%.

El Presidente sostiene que bajó la pobreza comparando con el índice del Indec del primer semestre de 2024, que marcó 52,9%. Ese número reflejaba el brutal ajuste y la megadevaluación con que el gobierno inauguró su mandato. Milei se lo atribuyó a la “herencia recibida”, desligándose de toda responsabilidad. Usando ese dato excepcional comenzó a instalar su tesis de la “baja de la pobreza”.

Esto es falso. Las canastas con las que se mide pobreza e indigencia no contemplan el impacto real de los tarifazos, del incremento en servicios públicos, ni el precio de los medicamentos que dejaron de ser gratuitos para las y los jubilados. Es un hecho que se paga mucho más en luz, gas, agua y transporte desde que gobierna La Libertad Avanza.

Un dato decisivo que muestra la imposibilidad de la “baja de la pobreza” que pregona Milei es la continuidad de la caída en el consumo popular mencionada al inicio de esta nota. Si las familias tienen menos dinero en el bolsillo, si cae la compra de productos esenciales, no puede haber disminución real de la pobreza.

A esto hay que sumar que es incorrecto medir la pobreza solo por ingresos. Existe otro concepto fundamental: la pobreza multidimensional. ¿Qué pasa con el acceso a vivienda digna, salud y educación pública? Ningún indicador oficial refleja el aumento de la gente que vive en situación de calle, el deterioro en el acceso a la salud o las dificultades crecientes en el sistema educativo.

Por todo esto, sobran razones para salir a luchar contra la motosierra de Milei, Donald Trump y el FMI, avalada y acompañada por los gobernadores. Hay que exigir a la CGT que convoque a un paro nacional y a un plan de lucha. Y plantear con fuerza, ante el pueblo trabajador, que existe una alternativa: la que proponemos desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad. Dejar de pagar la deuda externa, romper con el Fondo y destinar todos los recursos a resolver las urgencias populares: salarios y jubilaciones dignas, empleo genuino, vivienda, salud y educación.