Feb 26, 2020 Last Updated 3:00 PM, Feb 25, 2020

Editorial

Alberto Fernández tuvo que salir al cruce de una palabra maldita, la que había erradicado de su diccionario, algo de lo que no hubiera querido hablar a solo sesenta días de gobierno: “ajuste”.
“No hay un ajuste a los jubilados, eso es mentira”, embistió contra los medios que así graficaron su recorte para quienes aportaron toda su vida. ¿Cómo llamar sino a la poda de 5.100 millones de pesos mensuales del monto total que se venía destinando? Le saca a los jubilados que ganan más de 16.000 pesos (como si vivieran en el privilegio) para darles solo 1.600 pesos más a los que cobran la mínima, apenas 197 por encima de la fórmula anterior. ¿A eso llama el gobierno “priorizar a los que menos tienen”, cuando la gran mayoría de los jubilados sigue con ingresos de pobreza, ante una canasta básica que ya supera los 40.000 pesos? Seguir diciendo “estoy cumpliendo” con los jubilados, ya empieza a ser visto por una importante franja obrera y popular como que eligió meter mano donde no correspondía.

¿Por qué Fernández recorta a los jubilados? Porque aunque nunca lo va a reconocer, empezó un ajuste para hacer buena letra para cumplir con lo que el ministro Guzmán se fanatizó en su discurso en el Congreso, bregar por el famoso “equilibrio fiscal”, es decir, menos gasto social que permita poder cumplir con los usureros de la deuda. Es lo que exige el FMI cuando requiere un “plan sustentable” para los próximos años. Incluso no se descarta un pago al contado a los acreedores, que ya algunos le ponen la cifra: 10.000 millones de dólares para encaminar la renegociación de la deuda. Dicho de otro modo, el recorte a los jubilados se podría definir como lo que algunos llaman un “ajuste sustentable”. Es lo mismo que hizo Kicillof, no le pagó un reajuste a los docentes por 1.800 millones de pesos para poder cumplir con los 250 millones de dólares a los usureros de la deuda provincial. Una muestra de que es imposible lo que pregona el gobierno, que se puede poner plata en el bolsillo de los trabajadores y a su vez pagar una deuda usurera e ilegítima. “Hay voluntad firme de pagar la deuda”, sentenció el ministro estrella en el Congreso. Estas son las consecuencias.

Mientras esto es noticia, se agrega otra de terror: el salario mínimo medido en dólares cayó 55% entre el final del gobierno de Cristina Kirchner y hoy, pasando de 589 dólares a 268. Si esto no es ajuste, ¿el ajuste qué es? Alguien podrá decir “pero solo van dos meses de gobierno, hay que darle un tiempo más”. Pero las cifras muestran que el ataque salarial y jubilatorio, si tomamos solo estos dos temas, siguen haciendo estragos en el bolsillo popular, más cuando la suba de alimentos y bebidas ha sido del 4,7% en enero, según los datos del Indec.

A todo esto y viendo que solo se habla de los pasos que se están dando en la renegociación de la deuda (mostrando a un gobierno a la defensiva, sin otras iniciativas), ha surgido una pregunta entre quienes dicen que el gobierno aún no tiene un plan. ¿No hay un plan? ¡Lo hay! Recortar a jubilados y trabajadores para hacer buena letra con los usureros. Es todo un plan. Es el gran plan diseñado por Alberto Fernández, contando con la compañía para ello de Macri, los radicales, los partidos provinciales que le votaron la ley para renegociar y los capitostes internacionales (el Papa, Merkel, Trump, Macron).

Mientras se dice “no hay un plan”, hay impunidad para los formadores de precios para que sigan con los aumentos de los artículos de primera necesidad. “No hay un plan” pero el mensaje acordado entre el presidente y el traidor Daer junto al resto de la burocracia sindical es claro al aceptar que no haya cláusula gatillo, “prudencia” en las paritarias y no recuperar de esa forma lo perdido por el salario en los años macristas. ¿No hay un plan para las petroleras y privatizadas? Si bien le congelaron las tarifas por seis meses ya hay en estudio futuros aumentos, mientras se está diseñando una ley para beneficiar a las multinacionales que operan en Vaca Muerta para seguir con el saqueo del petróleo y el gas. O la continuidad de la obra faraónica de la corrupción: el soterramiento del Sarmiento. O las ganancias siderales que siguen amasando bancos y financistas. ¿Esto no es un plan?

Cuando desde el imperialismo y las multinacionales se dice que muestren “un plan”, es porque quieren una tajada aún mayor, pero la realidad es que las ganancias capitalistas continúan, mientras los trabajadores y demás sectores populares siguen sufriendo la miseria salarial y jubilatoria, ven crecer todos los días la suba de precios, continúa la estafa con los créditos UVA y mueren niños wichís por falta de agua y comida.

A todo esto, el gobierno simula que está en una pelea contra el FMI. El oficialista diario Página12 habló de que el discurso de Guzmán tuvo un “giro a izquierda” que al establishment le cuesta tolerar, cuando dijo que Argentina no va a soportar más condicionamientos externos. Simular una pelea con un organismo repudiable como el FMI le podrá traer algún rédito coyuntural al gobierno. Pero más allá de que pueda haber algún tira y afloje en la negociación, el objetivo del gobierno es clarísimo: pagar y continuar el acuerdo con el Fondo. Todo lo demás es parte del mismo doble discurso al que nos tuvo acostumbrado el peronismo kirchnerista durante sus doce años de gobierno.

Sabemos que siguen las expectativas en el gobierno, que millones consideran que Macri fue un desastre y que hay que esperar un poco más para darle tiempo a que la economía se acomode y empiecen a venir algunas soluciones aunque sean parciales. Pero lejos se está de una luna de miel o cheque en blanco, más si no se resuelven los graves problemas sociales como está ocurriendo. La experiencia se seguirá haciendo en los meses venideros. Decimos no al ajuste contra los jubilados y que los salarios no pueden esperar. No alcanza con los paliativos de sumas fijas, la tarjeta alimentaria y los “precios cuidados”. Por eso llamamos al conjunto de los trabajadores y jubilados a luchar por lo propio. Por salarios y jubilaciones que alcancen el valor de la canasta familiar. A defender las cláusulas gatillo o los distintos mecanismos de actualización. Que se prohíban los despidos. Denunciando a los dirigentes burocráticos cómplices y exigiendo que llamen a luchar. Y fundamentalmente para que el dinero vaya a salario y trabajo y a combatir los males sociales, no para los usureros de la deuda vía una negociación que no será beneficiosa para el pueblo trabajador. Ese es el mensaje de Izquierda Socialista, el sindicalismo combativo y el Frente de Izquierda con sus declaraciones y actos contra el FMI y el no pago de la deuda.

Escribe José Castillo

La deuda externa está concentrada en un puñado de usureros. BlackRock, Pimco, Fidelity, Templeton, son los principales nombres que se van haciendo conocidos. Por ejemplo, el fondo Fidelity fue el que le “bajó el dedo” a la renegociación que pretendía el gobernador  Kicillof y, él solo, lo llevó a que se pagara en efectivo 250 millones de dólares en un solo día. Templeton estuvo detrás, semanas después, de la no aceptación a la reestructuración del llamado “bono dual” del gobierno nacional y obligó a “reperfilarlo” corriendo su vencimiento a septiembre.

¿Quiénes son estos grandes fondos que pueden tirar abajo una propuesta de renegociación? En todos los casos entraron al negocio “grande” de la deuda externa con el macrismo. Templeton maneja activos por 700.000 millones de dólares, el valor de dos PBI argentinos. Pimco posee dos trillones de dólares, el triple que Templeton y prácticamente el valor de seis PBI. Y Black Rock es más grande aún: maneja siete trillones de dólares, tres veces Pimco. ¡Entre los tres manejan fondos por 30 veces el PBI de la Argentina!

¿Estos buitres pueden habilitar una negociación “progresista” con la Argentina? Quieren cobrar, a sangre y fuego, como lo hicieron  en cada uno de los lugares donde han generado este auténtico mecanismo de saqueo que es el endeudamiento externo. “Negociar” con ellos es entregarles el manejo y la soberanía de nuestra economía. Con su tamaño tienen un poder de veto absoluto. Hay que repudiarlos y no pagar.

El pasado miércoles 12 se realizaron dos marchas ante la llegada de la comitiva del FMI al país. Una fue en apoyo al gobierno convocada centralmente por los movimientos sociales ligados al Frente de Todos. La otra terminó en un acto en Plaza de Mayo impulsado por el Frente de Izquierda Unidad. Un trabajador, un jubilado, un luchador, ¿a cuál tenía que ir?

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

Como venía al país un organismo tan odiado como lo es el FMI muchos creyeron que las dos marchas que se convocaban repudiaban y se pronunciaban en contra de los pagos de la deuda. Por eso tal vez no se reparó en el detalle de las convocatorias. Algunos luchadores se preguntaron por qué había dos marchas y si no había que unificarlas.

La confusión se fue instalando seguramente a partir de los discursos previos de los convocantes en hacer aparecer la marcha oficialista como opositora, o en las frases contra Macri de Fernández o Cristina criticando la “ilegalidad” de la deuda en polémica con el FMI. Es necesario aclarar los tantos.

Página 12 reflejó las disonancias entre ambas convocatorias: “La primera, protagonizada por los movimientos de la economía popular, desembocó en la Plaza del Congreso y tuvo como eje el acompañamiento al gobierno nacional y la aseveración de que “la deuda es con el pueblo”; la segunda, organizada por agrupaciones de izquierda, se realizó en Plaza de Mayo y tuvo como principal bandera la ruptura con el FMI y el no pago”.
Es que la marcha convocada por los movimientos sociales (los denominados “cayetanos” ligados al Papa-, es decir CTEP, CCC y Barrios de Pie, que ya tienen funcionarios en el gobierno como Pérsico y Menéndez), junto a la CTA de “Cachorro” Godoy, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Schmid (miembro del triunvirato de la CGT), Conadu Histórica y el Partido Comunista, fue para apoyar a Guzmán y al gobierno en la “pulseada” que tendría con el FMI y los bonistas para renegociar la deuda. Marcharon al Congreso donde en su interior estaban empresarios (el titular de la UIA, Ratazzi de Fíat y Britto del Banco Macro), Daer y Hugo Moyano.

El vocero de la marcha y dirigente de UTEP, Esteban Castro, fue contundente. Dijo en el acto: “Yo quisiera que el FMI no estuviera acá. Y quisiera no pagar la deuda. Pero hay una negociación en marcha y la vamos a respetar”. Quedó claro. Más allá de los discursos altisonantes, la marcha al Congreso no fue contra el FMI, ni para reclamar el no pago de la deuda, mucho menos en repudio al gobierno, sino en su apoyo. Por eso no había que participar.
Para enfatizar que la marcha fue en apoyo al gobierno el propio Fernández se manifestó a favor. “El presidente de la Nación habría hablado con Pérsico para manifestarle su apoyo a la marcha y sugerirle que en vez de concluir frente a la Casa Rosada sería ideal que concluyera frente al Congreso ya que ese mismo día el ministro de Economía estaría respondiendo las inquietudes de los diputados” (Infobae, 17/02).

¿Puede haber una renegociación buena?

Los voceros de la marcha sostuvieron: “No podemos pagar la deuda externa porque todavía tenemos pendiente una deuda interna en nuestro pueblo argentino. Tenemos una deuda con nuestras mujeres, con nuestros niños, con nuestros jubilados. Hoy la prioridad es ver cómo combatimos el hambre”, dijo Norma Morales de Barrios de Pie. Y agregaron: “Estamos de acuerdo en que se haga una negociación, pero tiene que ser a favor de los sectores populares” (Gildo Onorato, Presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita).

El debate está instalado: ¿es cierto que puede haber una renegociación buena y favorable para los trabajadores y demás sectores populares? Categóricamente no. El mensaje de esta marcha haciendo aparentar que el gobierno estaría “peleando” contra el FMI y priorizando una “deuda con el pueblo”, está lejos de la realidad. El ataque a los jubilados demuestra lo contrario.

Si los voceros de la marcha dicen con razón que “la deuda es con el pueblo”, entonces hay que repudiar el conjunto de la deuda para combatir de verdad los males sociales. Es imposible dar trabajo, salario o combatir la pobreza si se reconoce una deuda usurera. Si la deuda es “con nuestras mujeres y niños”, como bien dicen, entonces hay que llamar a no pagarla.

Confiar en que puede haber una renegociación favorable es desconocer las distintas renegociaciones, canjes, mega canjes y distintas “quitas” que se dieron a lo largo de las últimas décadas las cuales significaron ajustes contra el pueblo para pagar una deuda que ese  mismo pueblo no vio. Tampoco hay algún ejemplo de renegociaciones positivas en el mundo. Los países que pagaron a través de esos mecanismos se hundieron en el hambre, la pobreza, la precarización laboral, las privatizaciones y más saqueo del país, como ocurre en Grecia o Portugal, ni qué hablar en Latinoamérica. Ecuador se sublevó contra un ajustazo del FMI y en Puerto Rico se tiró abajo a un gobierno corrupto que contrajo una deuda brutal.

No es cierto que se pueda “crecer, pagar y a la vez solucionar los males sociales” como dice el gobierno. Supongamos que en algunos años haya crecimiento económico ¿el mismo debería ser para pagar la deuda o combatir los bajos salarios y jubilaciones y erradicar el hambre?

Renegociar es pagar. Y el pueblo trabajador no puede pagar una deuda que no contrajo ni lo benefició. Por eso llamamos a no pagar, a romper con el FMI y destinar esos fondos a trabajo y salario. Por eso hicimos la única marcha y acto con este planteo (ver contratapa).

No hay que dejarse engañar. A la marcha que había que concurrir el pasado 12 era a la del FIT Unidad, no a la que le dio el aval al gobierno de Fernández, bendecida por el Papa, los gobiernos capitalistas, empresarios y la burocracia sindical.


El “Fuera el FMI” de Alderete (CCC-PCR)

El diputado nacional de la CCC y del PCR, Juan Carlos Alderete, fue uno de los oradores del acto oficialista. Es llamativo entonces que el semanario Hoy del PCR titulara para la marcha del 12 “Fuera el FMI” y llamara a repudiar a la misión de dicho organismo “pretendiendo imponer sus políticas imperialistas de ajuste”. Como la mentira tiene patas cortas (y un doble discurso que también comprende a organizaciones con un discurso “de izquierda” como el PCR), Alderete dijo en el acto: “También le queremos decir al Fondo que vamos a investigar la deuda que contrajo Macri”. Es decir, no llama a desconocerla. En realidad, la letra chica de la CCC y PCR es la otra, que aparece en un recuadro en la tapa del mismo semanario: “Investigar la deuda externa y defender nuestra soberanía”. ¿Cómo? Pagando, como ya hizo Kicillof y se apresta a hacerlo Fernández.

 

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, al referirse a la deuda externa señaló: “Nada de la plata del FMI se usó para beneficiar al pueblo argentino”, “Propongo hacer una investigación y una auditoría” y le aconsejó al gobierno de Alberto Fernández que no debe pagar la deuda sin que haya una quita.

Planteó que el “peor escenario” para la Casa Rosada no sería el default, sino que firme un “mal arreglo” con el FMI y los bonistas. “Un mal arreglo significa la postración de millones de personas en la Argentina y la incapacidad de crecer. Eso no se puede aceptar”, advirtió. Y coincidió con Cristina en que tiene que haber una quita.
Grabois, con un discurso “progre” (incluso pronunciándose a favor de un “default”) culmina en lo que terminan estos personajes de centroizquierda: pedir una quita para terminar pagando.

En los primeros cincuenta días del 2020, ocho niños de las comunidades wichís de Salta murieron por desnutrición. Una dura postal de la miseria a donde fueron arrojados y siguen sobreviviendo nuestros pueblos originarios.

Escribe Martín Fú

La comunidad wichí está distribuida en el norte del país, dispersa entre las provincias de Salta, Chaco y Formosa. En Salta, la provincia quizás con mejores recursos e infraestructura, los wichís vienen sufriendo las peores consecuencias de la marginación a la que siguen sometidos los pueblos originarios. La desidia gubernamental y el hambre se han cobrado la vida de ocho niños en Salta, provincia donde, durante el periodo 2007-2019 gobernó el peronista Urtubey, uno de los voceros preferidos de la Iglesia Católica y de los mayores terratenientes de su provincia, hombre fuerte de la Sociedad Rural.

El flamante Ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo buscó rápidamente correr el eje de la problemática, al asegurar “la situación en Salta es gravísima, básicamente el problema es el agua; los chicos toman agua contaminada que les ocasiona diarrea que los deshidrata y de ahí vienen la desnutrición y la malnutrición” (Clarín, 12 de febrero). Arroyo nos cuenta la verdad a medias, el agua, escasa, de difícil acceso para las comunidades, es un agravante de la situación de miseria, abandono y persecución que sufren los wichís y otras comunidades, como los qom en la Formosa de Insfrán, o los mbya (guaraníes) misioneros del gobernador Herrera Aguad, para dar sólo algunos ejemplos.

Pero el problema no sólo es el agua. La Ministra de Salud de Salta Josefina Medrano, conocedora de su provincia, fue sincera al reconocer “que todos los años mueren chicos por desnutrición en esta época”, frase que a cualquiera le provoca repudio e indignación, pero que no sonrojan a quienes gobiernan y dictan políticas para garantizar los negocios de los grandes terratenientes y multinacionales agro ganaderas y forestales, en una de las provincias con la mayor desigualdad social y en donde la vulnerabilidad de las comunidades wichí y sus niños, lamentablemente, se llevan la peor parte.

En los años que Urtubey gobernó la provincia, esta fue perdiendo su monte nativo: 1.200.000 hectáreas fueron taladas y haciéndolas aptas para el monocultivo de la soja y la ganadería. Salta tiene la tasa de deforestación más alta del planeta: del 2,5% de los bosques nativos remanentes por año (datos de la Facultad de Agronomía, UBA). Se tala un promedio de 100.000 hectáreas anuales, habiéndose llegado en el año 2008 a un récord con 235.000 hectáreas arrasadas, justamente cuando el precio internacional de la soja tocó su pico más alto.

De esta forma, todo el territorio que históricamente ocuparon las comunidades originarias se fue convirtiendo en un páramo. Las comunidades fueron y siguen siendo sistemáticamente despojadas y expulsadas, privándolas de las posibilidades de subsistir, al negarles el derecho a la recolección, la caza y la pesca, actividades que mantienen desde épocas ancestrales. Urtubey, a días de dejar el gobierno sólo atinó a habilitar la casa de la iguana colorada, como única respuesta al hambre que pasan las comunidades.

Iguanas para los wichís y desmonte descontrolado, fumigaciones con agro tóxicos y garantía de enormes ganancias para apellidos como Eurnekian, Peña Braun, Olmedo, Urtubey y hasta la familia Macri, grandes terratenientes de la provincia. Mientras tanto, los wichí tienen unas de las más bajas tasas de escolarización del país, apenas un 40%, y su acceso a la salud se reduce apenas a salitas de atención primaria y de manera muy limitada.

Se trata entonces de un exterminio silencioso, con la complicidad de todos los gobiernos, incluyendo al actual gobernador Gustavo Saénz. De norte a sur, el avance y la extensión salvaje de la frontera agrícola, los latifundios y el gran capital con el acuerdo de todos los gobiernos y colores políticos, no contemplan a estas comunidades, como en las grandes ciudades el cruel afán de lucro del capitalismo deja fuera del sistema a cientos de miles, para explotar y someter a millones de trabajadores. Necesitamos luchar por una sociedad más justa, socialista e igualitaria que contemple las demandas y necesidades y preserve a todas las comunidades originarias del país, su cultura y las tierras que históricamente han reclamado y les pertenecen. En Argentina, ningún pibe más puede morir de hambre.

Nuestro semanario. En el que te acercamos el reflejo de las luchas del movimiento obrero, las mujeres y la juventud, además un análisis de los principales hechos de la realidad nacional e internacional.

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