Jun 14, 2024 Last Updated 10:06 PM, Jun 13, 2024

El gobierno logró hacer pasar la Ley Bases en el Senado tras una larga jornada que contó con miles frente al Congreso y una feroz represión. Dio un paso adelante pero endeble, parcial, ya que el proyecto todavía no está aprobado y debe volver a Diputados.

El gobierno recién logró un resultado favorable tras el desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel, con regalos de embajadas y múltiples arreglos con los gobernadores de por medio.
La Ley sale “machucada”, con un gobierno que tuvo que hacer enormes concesiones en el tema de privatizaciones, jubilaciones, etcétera.  (ver nota página centrales). Su desesperación por “aprobar algo” se debió a la exigencia que le viene haciendo el FMI. Es decir, que el brutal ajuste tenga algún viso de institucionalidad avalado por el Congreso.

Este paso parcial del oficialismo no puede esconder su inmensa debilidad (el propio Milei tuvo que retrasar la salida del avión para su enésimo viaje al exterior) y el repudio popular creciente. Más que nunca, queda claro que la lucha debe seguir. Los cacerolazos la misma noche en que se votó la Ley lo están mostrando. Además de reclamar la inmediata libertad de todos los detenidos por la represión desatada por Patricia Bullrich estamos exigiendo el plan de lucha nacional a la CGT y las CTA.
 
El gobierno de Milei sigue inmerso en una crisis política profunda que la aprobación de la Ley no revertirá. Además de sus internas que ya provocaron un récord histórico de renuncias de funcionarios que habían asumido en diciembre, florecen los escándalos. El más impactante es el de los alimentos no entregados por el ministerio de Capital Humano. En un país donde producto del super ajuste crece el hambre, la pobreza y la marginación social, lo sucedido es criminal. Sumándose a que en el mismo ministerio se han dado nombramientos “truchos” de funcionarios y distintos actos corruptos.
 
Lo que importa realmente al pueblo trabajador es que los salarios y jubilaciones se siguen licuando. Cínicamente el ministro Caputo ha dicho que en abril los salarios le ganaron a la inflación. Una mentira total que puede palpar cualquier trabajador al comprar los alimentos cotidianos. Tan insostenible que economistas del establishment como Melconián reconocen que es un dato falso. Los números que salen de los organismos oficiales dicen que estamos en medio de una feroz recesión, siguen cayendo las ventas, la producción, la construcción y por ende crecen los despidos.
 
El gobierno ultraderechista no la tiene fácil ni siquiera en su propio terreno. Hace un par de semanas empezó a subir el dólar, los bonos de la deuda externa caen en su cotización, crece el riesgo país. ¿Qué significan todas esas señales que surgen del propio riñón de los especuladores financieros? Que las grandes patronales, al igual que el FMI, ven crecer la bronca popular. Saben que es mentira el discurso oficial de que “ya pasamos lo peor y ahora empezamos a crecer en V”. Pronostican un larguísimo período de estancamiento, donde habrá más ajuste, y no tienen confianza en que el gobierno pueda contener la protesta social y política. Las mismas patronales, el capital financiero y el FMI son los que dicen que ven como hierve cada vez más esa caldera y se preguntan si el gobierno de Milei podrá resistir y continuar con su plan motosierra y licuadora. Ahí está la razón más profunda de su debilidad.
 
El peronismo, colocado como principal oposición patronal (por ser el bloque más numeroso en el Congreso, por su rol dirigente en la CGT y en las CTA), deja mucho que desear. Tres gobernadores peronistas les dijeron a sus senadores que voten la Ley Bases. Anteriormente, en la discusión de febrero en Diputados, ya habíamos visto como los peronistas de Tucumán vergonzosamente dieron su apoyo al oficialismo de Milei. Ahora, en la movilización por el tratamiento de la ley en el Senado, la CGT se negó a llamar oficialmente a movilizarse, priorizando “el diálogo”. Incluso el peronismo kirchnerista encuentra a Cristina Kirchner apoyando el nombramiento del juez Lijo para la Corte Suprema y Máximo Kirchner dice que todo lo que pasa es “culpa del gobierno de Macri” (lavándole la cara a Milei).

Atento a ello es que crecen las frustraciones de honestas compañeras y compañeros que viendo la necesidad de poner el acento en el enfrentamiento consecuente contra Milei, ven que la dirigencia peronista prioriza sus peleas internas en vistas a las próximas elecciones.

El desastre que ocasionó el gobierno anterior es el caldo de cultivo para que Milei conserve parte del apoyo popular atento a que un sector importante del pueblo trabajador argumenta que no quiere volver a lo que sucedió con Alberto, Cristina y Massa. Efectivamente, la dirigencia peronista no ofrece una salida para el pueblo trabajador.
 
Por todo esto tenemos que seguir fortaleciendo a la única alternativa política que llama a enfrentar decididamente el plan siniestro de Milei, que es el Frente de Izquierda Unidad. La mayor unidad de la izquierda que pelea por un programa económico obrero y popular, opuesto al gobierno actual y a los anteriores. Que rompa los lazos con el FMI, deje de pagar la deuda externa, imponga fuertes impuestos a los grandes empresarios y multinacionales, nacionalice la banca y el comercio exterior y reestatice las privatizadas bajo control obrero. Poniendo todos esos recursos estratégicos al servicio de resolver las urgentes necesidades populares. Pelea de fondo que seguimos dando, mientras le exigimos a la CGT y a las CTA el paro de 36 horas para derrotar el plan motosierra represivo de Milei, Patricia Bullrich y el FMI. Llamando a fortalecer al sindicalismo combativo y a Izquierda Socialista para dar estas peleas.



Escribe Mónica Schlotthauer, delegada ferroviaria y diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

La votación en general empató en 36 votos y tuvo que desempatar la vicepresidenta Villarruel. La ley sale con importantes modificaciones. Ahora vuelve a Diputados. El gobierno enarboló la campaña de un “golpe de Estado” para justificar una feroz represión ante una gran movilización frente al Congreso a pesar de que la CGT no convocó unificadamente a marchar ni fijó un paro para ello. La lucha continúa contra la Ley Bases y esencialmente contra todo el plan motosierra de Milei y el FMI.
 
Milei salió a decir que la reñida votación en el Senado es “histórica”, un “gran triunfo” y un primer paso “hacia la recuperación de nuestra grandeza” por la senda de la “prosperidad y el crecimiento”, llamando a firmar un nuevo pacto de Mayo (tras el fallido del pasado 25 de Mayo) para “sacar a la Argentina del pozo”. Nada de eso ocurrirá, ya que la Ley Bases es para lo opuesto.

Si bien es cierto que el gobierno logró un primer logro con el voto de la Ley en el Senado, lo hace ante un creciente repudio popular, como se vio con miles en la Plaza Congreso y otras provincias donde hubo marchas importantes, como los 15.000 movilizados en Neuquén, entre otros lugares. Logró que se diera en medio de una importante crisis política del gobierno, renuncias de sus ministros y funcionarios y graves acusaciones ante una evidente corrupción “libertaria”, en especial en el ministerio de Capital Humano de Pettovello.

En primer lugar, recordemos que la Ley Bases que se aprobó es un rediseño de la Ley Ómnibus originaria que cayó meses atrás tras el primer paro general de la CGT del 24 de enero. Tampoco es la misma ley de semanas atrás. El gobierno ha tenido que retirar varias de sus disposiciones (cayeron las privatizaciones de Aerolíneas, el Correo y los medios públicos; no habrá quita de la moratoria jubilatoria; se prohibió disolver organismos vinculados a la cultura; se quitaron distintas disposiciones que beneficiaban a los grandes capitales-RIGI), entre otras.

Segundo, el gobierno ha tenido que apelar a lo peor de las prácticas de lo que denomina “la casta política” (es decir, las roscas a la que nos tienen acostumbrados los políticos patronales y ahora aplica el mentiroso Milei tildándose de “nuevo”). Tuvo que comprar votos, como el de la senadora de Neuquén, Lucila Crexell, a cambio de un oneroso cargo en la Unesco en París, entre otras maniobras repudiables.  

Tercero, la ley sale en una jornada teñida de una feroz represión, con un salvaje despliegue de fuerzas represivas, carros hidrantes, gases y balas de goma, incluso una Prefectura portando armas de fuego, represión que el gobierno intenta justificar mediante una falsa campaña diciendo que los manifestantes son  “terroristas y golpistas” (ver nota).

A su vez, el gobierno logró esta votación con la complicidad de los políticos patronales amigos, especialmente de los radicales y otros bloques, que incluye a Lousteau, el que habilitó el quórum para que salga la Ley (ver recuadro). Políticos que le tiraron una soga al gobierno en nombre de la “gobernabilidad”, caso contrario, otro traspié hubiera acrecentado su crisis y agravado sus problemas en seis meses de gobierno sin contar aún con ninguna ley.

Muchas compañeras y compañeros luchadores podrán sentir como un trago amargo el hecho de que no se haya podido impedir la votación. Es lógico. Porque la Ley, aunque deshilachada, aprobó las facultades delegadas a Milei, la reforma laboral, le da aval para seguir despidiendo empleados estatales, entre otras disposiciones antiobreras y antipopulares. Sin embargo, no podemos considerar que se trata de una grave derrota para el movimiento obrero, o que de ahora en más el gobierno se fortalece de tal manera que va a hacer lo que quiera. No es así. Muchas veces se han votado leyes perjudiciales que después los gobiernos no han podido aplicar en su totalidad ante la resistencia obrera y popular. Todo dependerá del enfrentamiento que siga habiendo de ahora en más, ante un crecimiento en las luchas que se viene sosteniendo a lo largo de todos estos meses.

La marcha del 12 de junio ha sido muy importante. Hubo miles y miles frente al Congreso desde tempranas horas. Pero si no hubo más movilizados fue porque lamentablemente la CGT no llamó unificadamente a marchar ni tampoco dispuso un paro con abandono de tareas, lo que hubiera permitido que seamos muchos más. La CGT se jugó a “presionar” a las y los senadores, no a la movilización. Por eso la concentración quedó en manos de algunos gremios de la CGT, las CTA y del sindicalismo combativo y de la izquierda que desde hace semanas venimos reclamando el paro y exigiendo que la CGT le dé continuidad al parazo del 9 de mayo con un plan de lucha nacional, es decir, con un nuevo paro de 36 horas con movilización para terminar de derrotar el plan motosierra de Milei. Medida que tendrá que ser arrancada desde abajo para frenar los despidos, exigiendo un aumento inmediato de salarios y jubilaciones y poder enfrentar de verdad y nacionalmente al plan motosierra de Milei, el FMI y sus cómplices.

Escribe Adolfo Santos

Desde muy temprano y bajo una intensa niebla, fueron llegando gremios de la CGT como camioneros, bancarios, metalúrgicos, mecánicos, navales, aceiteros, entre otros. También sectores del peronismo bonaerense. De las CTA, como estatales y docentes;  movimientos sociales, trabajadoras y trabajadores independientes, organizaciones de jubilados, el sindicalismo combativo encabezado por los Ferroviarios del Sarmiento, el Sutna y Ademys y partidos políticos de izquierda, empezaron a cubrir gran parte de la Plaza Congreso. Al mediodía, con la llegada de nuevas columnas de organizaciones sindicales, la Plaza desbordó sobre las calles laterales y se extendió hasta la Avenida 9 de Julio por Avenida de Mayo, configurando una masiva concentración.

Fue una jornada nacional de lucha que expresó el inmenso rechazo al proyecto reaccionario y entreguista del gobierno. Más y más trabajadoras y trabajadores, jóvenes, vecinos de los barrios, autoconvocados, jubiladas y jubilados siguieron acercándose durante el día y engrosando la movilización. Evidentemente la marcha iba a terminar siendo mucho más grande, cuando se sumaran los miles que llegarían cuando culminara su jornada laboral. Ese fue uno de los motivos por los que el gobierno de Milei desató la feroz represión que se dio a media tarde.

Las movilizaciones en el interior

En Neuquén, por su parte, una gran marcha unitaria que reunió a 15.000 manifestantes recorrió el centro de la ciudad, pasó frente a Casa de Gobierno y terminó sobre la ruta para hacer el acto final donde se leyeron dos documentos, uno de la Multisectorial leído por Angélica Lagunas, secretaria general de ATEN Capital; Alejandro Lopez, secretario de Ceramistas y César Parra del Polo Obrero y otro del Frente Gremial.

En Rosario también hubo una importante movilización de cerca de ocho mil personas que se concentraron frente al Monumento a la Bandera. Participaron sindicatos, junto a organizaciones sociales, y partidos de izquierda.  

También en Córdoba se realizaron dos marchas. Al mediodía una convocada por la CGT con la participación de dirigentes de sindicatos como metalúrgicos y a las 16 sectores independientes como las organizaciones de izquierda, UEPC Capital (docentes), ATE, químicos, UTS (Salud) junto a organizaciones sociales, marcharon por la ciudad pasando por la Casa de Gobierno para denunciar la complicidad de Llaryora con el proyecto de ultraderecha de Milei y el FMI y culminaron en el Patio Olmos donde hablaron referentes de las organizaciones participantes.

En medio de un paro convocado por ATE y Sutef (educación), en Río Grande (Tierra del Fuego) hubo una movilización por la mañana con la participación de trabajadores estatales y a la tarde se movilizaron la UOM, trabajadores de la educación,  docentes universitarios junto a Izquierda Socialista sectores del peronismo y el Polo Obrero. En Ushuaia se movilizaron Sutef, SOEM (municipales) y Utgra (gastronómicos).

También hubo manifestaciones de protesta contra la Ley Bases en Mendoza y San Juan entre otras capitales de provincias.
Volviendo a la Ciudad de Buenos Aires, a la noche, convocadas por las asambleas locales, decenas de barrios hicieron sonar las cacerolas.
En síntesis, fue una verdadera expresión de bronca de norte a sur del país contra la aplicación de políticas de ultraderecha que retiran derechos y entregan el patrimonio nacional.

Escribe Adolfo Santos

Lejos de permitir el libre derecho a la manifestación,  aún cuando se trataba de una concentración tan importante, las fuerzas de seguridad bajo las órdenes de Bullrich provocaron permanentemente hostigando desde la mañana a los manifestantes. Luego, a media tarde, iniciaron una feroz represión. La Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura, comenzaron a acorralar manifestantes, golpearlos, gasearlos y a reprimirlos con carros hidrantes y balas de goma. Fue una operación calculada para acabar con una gran manifestación que se iba renovando hora a hora y se realizaba de manera pacífica.

La violencia escaló al punto que, sin mediar palabras, cinco diputados nacionales de Unión por la Patria fueron gaseados en la cara por las fuerzas represivas y debieron ser derivados al Hospital Santa Lucía para ser atendidos. Varios periodistas se quejaban de que el operativo les impedía ejercer la libre información y que era la propia policía la que acababa cortando las calles al impedir el paso de los manifestantes. Sin duda que la tentativa de impedir el trabajo de prensa está ligado a ocultar los excesos de la represión, aunque no pudieron disimular la brutalidad ejercida contra personas mayores o la ostentación de armas de fuego por parte de los agentes de Prefectura.

El escenario de guerra generado por una feroz represión fue calculado para dispersar la protesta contra la Ley Bases y demuestra el carácter reaccionario de lo que fue votado en el Senado. Montaron una provocación sobre una manifestación que se desarrollaba de forma pacífica y que terminó con una verdadera cacería humana de manifestantes por parte de la policía motorizada. Fue necesaria mucha violencia para imponer una serie de medidas que atacan profundamente los intereses de la clase trabajadora y sectores populares y que entrega el patrimonio nacional.

Son hechos gravísimos, incompatibles con el mínimo respeto a las libertades democráticas, propios de un gobierno de ultraderecha que en la tentativa de imponer un proyecto reaccionario acusa a los manifestantes de golpistas. Repudiamos a la principal responsable de esta represión, la ministra Patricia Bullrich, quien declaró: “El operativo fue perfecto, no hubo pasividad frente a una violencia inusitada”. Y luego de forma irresponsable acusó a unas ochenta organizaciones sociales, políticas y sindicales por los incidentes que organizó su propia fuerza de seguridad. Entre esas organizaciones menciona a Izquierda Socialista y demás partidos del Frente de Izquierda, ATE, Cicop, Suteba, Ctera, Sutna, Conadu, CGT, Smata, Camioneros, Federación de Aceiteros,  Conductores Navales, UOM entre otras. Repudiamos la violenta represión, rechazamos esta grotesca acusación y exigimos la inmediata libertad de todos los manifestantes detenidos durante la brutal represión.





Escribe Atilio Salusso

Milei catalogó de “terroristas” a los manifestantes que, según su mensaje delirante, “intentaron un golpe de Estado”. Además, felicitó “a las fuerzas de seguridad por su excelente accionar”, es decir, por la brutal represión. Está claro que para este siniestro gobierno ultraderechista es “terrorista” una maestra que se moviliza contra la poda antieducativa, el médico que percibe un salario miserable en un hospital público o una jubilada que cobra la mínima, como se vio hoy con una de ellas, a quien le robaron el celular y encima vino un policía y la gaseó impunemente. También Milei tilda de terroristas a diputadas y diputados que se solidarizan con un reclamo justo.

¿Cómo puede ser que este gobierno que reivindica el genocidio y niega los 30.000 sea el mismo el que tilda a una gran movilización como “golpe de Estado”? Es una barbaridad. En todo caso, el ataque antidemocrático es el del gobierno, cuando dice que quiere destruir el Estado. O cuando compromete al pueblo argentino apoyando al gobierno sionista genocida israelí cuando asesina al pueblo palestino.

Ahora queda claro a qué se debe el fortalecimiento del aparato represivo o la compra de armas y de aviones por parte del gobierno “para combatir el terrorismo”. No se refiere a los que lavan dinero o a los narcos. Se refiere a los que luchan.

El gobierno habla de “golpe de Estado” ante una marcha pacífica que cuestiona su plan motosierra para justificar su plan represivo, mientras aplica una política salvaje llevando la pobreza 55% mientras le quita la comida a los comedores populares.

Repudiamos esta campaña sucia del gobierno y a su plan represivo. Llamamos a la más amplia unidad para enfrentar esta campaña peligrosa contra quienes reclamamos dignamente. Defendamos el derecho a la protesta, las libertades democráticas atacadas y repudiemos la criminalización contra quienes luchamos. ¡Abajo el protocolo represivo de Milei y Patricia Bullrich!

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