Escribe José Castillo
El gobierno de Fernández presenta la renegociación actualmente en curso con los pulpos acreedores como la que, si resulta exitosa, resuelve “definitivamente” el problema de la deuda externa argentina. Lamentablemente, esto no es así.
La propuesta de renegociación presentada la semana pasada por el ministro Guzmán es solo por la porción de deuda en dólares bajo legislación extranjera, que suma un total de 66.238 millones de dólares. Esto es el 20% de toda la deuda del Estado nacional. Y si agregamos a ello las deudas de las provincias y la del Banco Central de la República Argentina, menos de 15 por ciento.
Veamos. Culminado este proceso de “renegociación” (y cualquiera sea el resultado que se obtenga), inmediatamente nuestro país tendrá que hacer frente a otros 49.000 millones de dólares que, entre capital e intereses, supuestamente le “debemos” al FMI. Se trata del famoso préstamo tomado por Macri y que, como ya está archidemostrado, se utilizó en su totalidad para que la fuga de divisas al exterior. Como ya “avisó” el propio Fondo, esa deuda no admite ningún tipo de quita.
Pero no es esta la única deuda con organismos internacionales, también le debemos 7.400 millones de dólares al Banco Mundial, 12.506 millones al BID y 3.547 a la Corporación Andina de Fomento. Y, por si todo esto fuera poco, tenemos una cuota pendiente de una vieja deuda generada directamente en la época de la dictadura con el Club de París por 2.100 millones de dólares (que, dicho sea de paso, es fruto de una renegociación realizada en 2012 por el entonces ministro de Cristina Kirchner, Axel Kicillof).
Pero ahí apenas si llegamos a la mitad de nuestro endeudamiento. Tenemos todavía que sumar 182.044 millones de dólares en bonos (algunos en dólares y otros en pesos), bajo “legislación local”. La mayoría de ellos en manos de los mismos buitres extranjeros que los que están bajo legislación extranjera. Una parte importante ha sido “reperfilada” hasta fin de año, pero a partir de diciembre empiezan a caer sus vencimientos.
Y a todo esto hay que sumarle la deuda del Banco Central, que asciende a 1.3 billones de pesos en Leliq, de vencimiento de cortísimo plazo (20.000 millones de dólares). Y, como ya mencionamos, tenemos también que sumar lo que se llama la deuda “sub-soberana”, que es la que tienen las provincias, por más de 20.000 millones de dólares. Si a todo esto le agregamos otros pagos ya comprometidos, pero que por cuestiones contables no figuran aún en el stock informado por el gobierno (como los cupones PBI, que la Argentina se compromete a seguir abonando cada vez que el país crezca más de 3,25% hasta acumular pagos por 16.000 millones de dólares aún pendientes) y los juicios con sentencia ante el Ciadi (que ningún gobierno ha denunciado, y por lo tanto se van acumulando como deuda), terminamos debiendo más de 400.000 millones de dólares. ¡Total y absolutamente impagable desde cualquier punto de vista que se lo mire!
La negociación en curso, entonces, no resuelve en absoluto siquiera los problemas de corto plazo de nuestro país. Hay que dejar de pagar toda la deuda y volcar cada uno de esos recursos a resolver las más urgentes necesidades populares que la pandemia del coronavirus ha puesto más que nunca sobre la mesa.