Nuestra diputada de Izquierda Socialista Mónica Schlotthauer presentó un proyecto de ley bajo el título “No al pago de la deuda - Ruptura con el FMI - Nulidad al DNU de Milei” (ver texto completo en izquierdasocialista.org.ar). Lo hizo con el acompañamiento de todas las bancas del Frente de Izquierda Unidad, Vanina Biasi, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y Christian Castillo.

En su articulado señala: “A partir de la vigencia de la presente ley se suspende todo pago de deuda, tanto en concepto de capital como de intereses, así sea con usureros internacionales privados o con el FMI (…) una deuda ilegítima, ilegal, usuraria y fraudulenta, es decir odiosa, contraída en perjuicio del pueblo trabajador. Y se dispone “destinar ese dinero a aumentar inmediatamente los salarios del sector público y las jubilaciones al valor de la canasta familiar, las partidas para generar trabajo genuino, en salud, educación y vivienda y demás necesidades populares, combatiendo los graves males sociales”.

A su vez desconoce “todos los acuerdos firmados con anterioridad con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en especial el del mes de mayo de 2018 por parte del entonces gobierno presidido por el ex presidente Mauricio Macri, como así también el del mes de marzo de 2022 firmado por el ex ministro Martín Guzmán en nombre del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner”. Y la nulidad “del DNU-Decreto 179/2025 por el cual el gobierno de Milei se auto aprueba el nuevo acuerdo que va a firmar con el FMI”.

Los fundamentos son contundentes. Rechazan la mentira oficial de que el nuevo acuerdo con el FMI “será beneficioso porque implicará una reducción del total de la deuda pública y servirá para combatir la inflación”. No es cierto. Por eso se señala claramente: “El nuevo pacto con el FMI traerá más endeudamiento, devaluación, tarifazos, techos salariales, reforma laboral y jubilatoria antiobreras y antipopulares, más saqueo, entrega y sometimiento. Es decir, se contraerá más deuda externa que terminará pagando el pueblo trabajador. En momentos que la deuda pública total es cercana a los 500.000 millones de dólares”.

Luego agrega: “Este nuevo pacto de Milei con el FMI vuelve a redoblar las mismas recetas que ya se aplicaron de distintas maneras con la hiperinflación de Alfonsín en los años  ́80; el 1a1 de Menem-Cavallo en los años 90 (donde se remataron todas las empresas del Estado para pagar “en especie”); los ajustes de De la Rúa-Chacho Alvarez de 1999/2001; los gobiernos peronistas kirchneristas de 2003/2015 donde la relación con el FMI incluyó pagar en efectivo y por adelantado 10.000 millones de dólares en consonancia con lo que pedía dicho organismo a países como Argentina y Brasil”.

Finalmente señala: “El endeudamiento argentino es fraudulento a tal punto que en el año 2000 el juez Ballesteros emitió un fallo y catalogó a la deuda como ilegítima, enviando al Congreso un pedido de resolución política sobre el tema, la cual nunca se llevó a cabo. El Congreso con mayoría de partidos patronales siguió haciendo oídos sordos a pesar de las enormes pruebas constatadas de que se trata de una deuda completamente usurera, ilegal y fraudulenta cuyo origen se remonta al genocidio de 1976”. Y remata diciendo: “Somos conscientes que el no pago debe ir acompañado de otras medidas, como la nacionalización de la banca y el comercio exterior, un fuerte impuesto a los grandes empresarios y multinacionales, la estatización de las empresas estratégicas privatizadas bajo control y gestión de trabajadores y organizaciones de usuarios, como parte de un plan económico de emergencia, obrero y popular, para afianzar las transformaciones necesarias y empezar a combatir de raíz los males capitalistas, convencidos que lo lograremos con una economía planificada por parte de un gobierno de la clase trabajadora y de la izquierda, en una Argentina Socialista con plena democracia para el pueblo trabajador”.

Atilio Salusso

La marcha del 24 de Marzo fue multitudinaria. Una respuesta contundente a la provocación del Gobierno ultraderechista de Javier Milei con el video de Augustín Laje y su reivindicación de la dictadura. Cientos de miles se concentraron desde el Congreso hasta Plaza de Mayo y calles adyacentes, desbordando el epicentro político. La misma imagen se repitió en las principales ciudades del país, demostrando que el mensaje negacionista y la impunidad siguen sin poder penetrar entre el pueblo trabajador y los sectores populares.

Mientras tanto, el Gobierno sigue con el ajuste y con el eje puesto en acelerar lo más posible para lograr el acuerdo con el FMI. Tiene a su favor el DNU que le votó toda la oposición patronal, demostrando una vez más que, cuando se habla del Fondo y de pagar la deuda externa, ahí hay un auténtico “partido único” patronal. Este incluye hasta a los que posan como opositores, pero sólo para reivindicar un acuerdo con el FMI más “serio”: tales son los casos de Cristina Fernández y su hijo y dirigente de La Cámpora, Máximo Kirchner. Cuando sabemos que todo acuerdo con el Fondo representará más hambre, desocupación y saqueo de nuestros recursos.  

Uno de los grandes afectados por la motosierra es el gasto jubilatorio, con acreedores usurarios que exigen aún más recortes en el sector, poniendo ahora el ojo sobre los llamados “regímenes especiales” como el de docentes, docentes universitarios o Luz y Fuerza. Esta semana tuvimos una muestra de esa política de guerra contra las y los jubilados con el fin de la moratoria.

Pero, como explicamos en las notas centrales, estos ya no están solos. Las luchas se fueron tonificando cuando una multitud se movilizó el 1F en respuesta a las barbaridades ultraderechistas que dijo Milei en Davos. Luego vino la otra gigantesca jornada del 8M. Y le siguieron las marchas del 12 y el 19 pasados. Así llegamos a las enormes e históricas plazas del 24M.

Este es el motivo central por el cual la CGT, tras más de medio año de pacto con el Gobierno, se vio obligada a convocar finalmente al paro general del próximo 10 de abril. Más aún, incluso tuvo que llamar a participar de la marcha del 24 de Marzo y ahora convocar a marchar con las y los jubilados el día previo al paro.

Fueron las movilizaciones en curso las que obligaron a la dirigencia burocrática a romper el pacto, no depositamos ninguna confianza en esa dirección. Lo importante frente a la convocatoria son las tareas planteadas: hacer un paro gigantesco y una gran movilización exigiendo un plan de lucha que le dé continuidad. Esa es la forma de poder pegarle al Gobierno en la línea de flotación y que sea una medida contundente contra el brutal ajuste. Con ese objetivo debemos actuar en cada lugar de trabajo, convocando a asambleas en donde sea posible, sacando pronunciamientos de cuerpos de delegados y comisiones, para que el paro se transforme en el comienzo de un auténtico plan de lucha. Son las tareas que deben encarar los activistas y que estaremos impulsando desde el sindicalismo combativo.

Al mismo tiempo, sabemos que ya está lanzado el “proceso electoral”. En abril serán las elecciones en Santa Fe y el 11 de mayo en varias provincias (Chaco, Jujuy, Salta y San Luis). Pero sin duda, la gran vidriera serán las elecciones en CABA, donde el PRO y La Libertad Avanza van divididos, y el peronismo, que tampoco es salida, busca lavarse la cara y volver a disputar.

Para el Frente de Izquierda Unidad será una gran oportunidad para postularse como una auténtica alternativa política para las y los trabajadores, para el movimiento de mujeres y disidencias, para la juventud y, en general, para todos los que salen a luchar contra el gobierno ultraderechista y su motosierra. Para que se empiece a escuchar, en las calles y también en las urnas, el anhelo de millones: ¡Basta de Milei!

Escribe Rubén “Pollo” Sobrero

Después de meses donde la cúpula de la CGT pactó con el gobierno de Javier Milei, finalmente se vio obligada a llamar a una marcha el 9 de abril con las y los jubilados y un nuevo paro nacional para el día siguiente. Ahora las y los luchadores, delegados y dirigentes combativos debemos impulsar asambleas, plenarios y todo tipo de acciones que ayuden a garantizar una gran movilización el miércoles 9 y un parazo el jueves 10.

A pesar del pacto de la CGT, este año las luchas y movilizaciones no se tomaron vacaciones y asistimos a multitudinarias marchas. El 1F fue la marcha antifascista contra los dichos de Milei en Davos; el 8M en el Día de la Mujer Trabajadora y todos los miércoles, las protestas de las y los jubilados frente al Congreso. La represión impuesta por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y su “protocolo antipiquete” contra los jubilados, hizo que, miles de trabajadores, trabajadoras e hinchas de fútbol nos movilicemos en repudio a esa violencia y en apoyo a sus reclamos. En ese marco, enfrentamos juntos una feroz represión y cacería por parte del gobierno, que terminaron con el reportero gráfico Pablo Grillo en terapia intensiva y varios heridos por golpes y balas de goma.

En cada una de esas marchas se escuchó un grito reclamando: “¿A dónde está que no se ve esa traidora CGT?”. Lo mismo ocurría en las provincias con los paros de docentes y de estatales, de las y los trabajadores de salud, o fábricas como Praxair, donde la burocracia no solo no apoyaba, sino que era cómplice de los ajustes y despidos, como Sasia en nuestra Unión Ferroviaria o Rodríguez en UPCN, entre otros. Sólo llamaban a algún paro cuando la situación se hacía insostenible, como los docentes de Ctera o los maquinistas de tren, entre otros gremios, pero siempre con medidas aisladas.

Se abre una nueva situación

El apoyo popular a las y los jubilados y el repudio masivo a la represión del 12 de marzo, impulsó a que varios gremios se plegaran a las protestas del miércoles 19 al Congreso y obligó a la cúpula de la CGT a convocar a la marcha el 9 de abril en apoyo a las y los jubilados y un paro nacional para el día 10. La marcha del 19 fue multitudinaria y el gobierno no pudo volver a reprimir temiendo las repercusiones negativas de la semana anterior.

El 24 de Marzo fue otra fecha contundente: más de un millón de personas en todo el país se movilizaron en contra de la última dictadura militar y la impunidad. También contra el gobierno y su negacionismo, en un escenario donde crece el malestar contra Javier Milei por una inflación que no deja de subir en contraste con salarios y jubilaciones en niveles de pobreza. La nueva situación es un logro de la lucha y de la bronca popular que tenemos que aprovechar con todo para construir una gigantesca marcha junto a las y los jubilados el día 9 y un parazo el día 10.  

Pero a pesar del llamado de la CGT a parar, no tenemos ninguna confianza en que se movilizarán para que sea un éxito, ni para contrarrestar las presiones y amenazas del gobierno y las patronales que tratarán de impedirlo. Es tarea de las y los luchadores, activistas, el sindicalismo combativo y la izquierda, hacer todos los esfuerzos para garantizar una fuerte movilización y un gran paro nacional. Vamos a exigirles a los dirigentes de sindicales que llamen a asambleas y plenarios de delegados, como haremos desde A Luchar y el sindicalismo combativo donde dirigimos. También llevar adelante asambleas en los lugares de trabajo donde se pueda y, donde no, hacer reuniones de activistas para ver cómo garantizar el paro.

Desde nuestra corriente sindical A Luchar comprometemos todos nuestros esfuerzos para construir una jornada exitosa y llamaremos a coordinar con los sectores luchadores las acciones necesarias y a conformar una columna común independiente en las marchas que se realicen. Es hora de responder a la voluntad de lucha creciente, y reclamarle a la CGT la continuidad con un plan de lucha para derrotar el plan motosierra de Milei, los gobernadores y el FMI.

Escribe Ana Valverde, referenta de Utjel

La lucha de las y los jubilados contra la motosierra de Javier Milei comienza a dar sus frutos. Las persistentes marchas frente al Congreso comenzaron a adquirir visibilidad. Durante más de un año, pequeños grupos de jubiladas y jubilados, no bajamos los brazos y enfrentamos frío, lluvias, calor y sobre todo la feroz represión ordenada por la ministra Patricia Bullrich cada miércoles. Pero no desistimos, y aquí estamos, más fuertes que nunca.

Gritamos por aumento en los haberes que ni siquiera alcanzan a cubrir un tercio de nuestro costo de vida, por la devolución de los medicamentos gratuitos, por la prórroga de la moratoria previsional y contra una reforma jubilatoria que pretende retirar más derechos. Y cuando parecía que íbamos a quedar afónicos, comenzaron a surgir expresiones de apoyo que han fortalecido nuestra lucha. Las dos últimas semanas nuestra manifestación se ha multiplicado. Los primeros en engrosar la fila fueron los propios jubilados y jubiladas y sus familiares que no aguantan más vivir en situación de pobreza y, en muchos casos, en la indigencia.

A los partidos de izquierda, que siempre nos acompañan, se sumaron hinchas de fútbol de diferentes clubes. Y llegaron organizaciones sociales y sindicatos como ATE, metalúrgicos, ferroviarios, La Fraternidad, bancarios y docentes, comprometidos con nuestra lucha. Desesperado con esta solidaridad, el miércoles 12 de marzo, el gobierno intentó disuadirnos con una violenta represión. Hirió de extrema gravedad en la cabeza al reportero gráfico Pablo Grillo disparándole una bomba de gas lacrimógeno, violentó a una jubilada de 81 años arrojándola al piso, causándole traumatismos, e hirió  con balas de goma a varios manifestantes.

Semejante violencia tuvo una gran repercusión nacional e internacional. Hubo condenas y el gobierno sintió el impacto negativo. El miércoles 19 la ministra Bullrich y el equipo del gobierno, demostrando el desgaste que le provocó la salvajada de la semana anterior, optaron por atrincherarse detrás de un inmenso vallado que terminó paralizando gran parte del centro de CABA. Sin la provocación de las fuerzas represivas, la protesta se desarrolló casi sin incidentes.

No es una lucha fácil. Milei responde directamente a las órdenes del Fondo Monetario que en el nuevo acuerdo debe exigir más ajustes y recortes. Además, porque esta política cuenta con el apoyo de los partidos patronales en el Congreso. En los últimos días, el gobierno de la “criptoestafa” viene dilapidando fondos jubilatorios para contener el dólar. Esto solo es posible por la complicidad de los partidos patronales y sus gobernadores que, a cambio de migajas, miran para otro lado.

Ahora, con la complicidad de la justicia, se suspendieron por 90 días los plazos para resolver la liquidación de las sentencias a favor de las y los jubilados. El motivo aducido por la Cámara Federal de la Seguridad Social y acatado por la Suprema Corte, es el exceso de expedientes y la falta de jueces. En vez de nombrar jueces para cubrir las vacancias, descargan el problema sobre las y los jubilados que han esperado años para que se haga justicia y ahora no consiguen cobrar. Las penurias crecen con haberes de hambre y preanuncian lo peor con el fin de la moratoria.

Estamos en un momento clave. Nuestra lucha y las movilizaciones de diferentes sectores han obligado a la CGT a romper el pacto con el gobierno y a llamar a un nuevo paro. Es más, esta nueva situación impuso que la dirigencia de la Central también convoque a nuestra marcha del miércoles 9.

Vamos a impulsar con fuerza esa marcha que nos permitirá potenciar nuestra lucha. Tiene que servirnos  para seguir golpeando a la motosierra de Milei para que la crisis no la paguemos las y los jubilados y poder recuperar las pérdidas y un haber mínimo acorde a la Canasta Básica Jubilatoria. Sólo con una gran movilización conseguiremos la restitución de los medicamentos con 100% de descuento y una nueva ley de Moratoria Previsional, entre otras medidas. Y el jueves 10  nos sumaremos al paro convocado por la CGT exigiendo un plan de lucha que le de continuidad a esa medida. Desde la Utjel, nos sumaremos con fuerza a esas jornadas para decir: Fuera Bullrich y Basta de Milei y su plan motosierra.

Escribe Adolfo Santos

El drama de las y los jubilados no es nuevo. Por décadas, los diferentes gobiernos han aplastado el haber jubilatorio a límites insoportables. Siguiendo ese derrotero, el gobierno ultraderechista de Javier Milei redobló la apuesta y profundizó el saqueo previsional para cumplir con las exigencias
del FMI.

Cuando el gobierno de Javier Milei se jacta de haber reducido el déficit fiscal, del otro lado de la ecuación está el brutal ataque a las y los jubilados. En nombre de que el sistema es deficitario, en vez de corregir los defectos, los gobiernos lo utilizan como variable de ajuste. En enero de 2024, frente a una inflación de 20,6%, el Gobierno nacional reconoció apenas el 12,5%. Aunque se reajuste por la inflación, si no se recuperan las pérdidas anteriores, se perpetúa un mecanismo de saqueo eterno de los haberes. Más aún si se complementa con un bono congelado desde hace un año en 70 mil pesos.

Como si esto fuera poco, el Gobierno ha restringido la gratuidad de medicamentos, eliminó los créditos baratos que otorgaba la Anses y acabó con la moratoria para los que no tienen la cantidad de aportes suficientes. Esta última medida dejará a 240 mil personas sin jubilación. Le cargan a las y los trabajadores la responsabilidad por los aportes no realizados, cuando es conocida la evasión del pago por las patronales o el aumento del trabajo informal. El mismo gobierno que exige 30 años de aportes, mediante la Ley Bases eliminó las multas laborales para el empleo no registrado, alentando la informalidad.

Un problema que viene de lejos

El déficit previsional no es nuevo, y tampoco es responsabilidad de las y los trabajadores. Fueron las políticas previsionales desastrosas de todos los gobiernos las que nos llevaron a esta situación. Un estudio de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericana (FIEL) dice que “en la década de 1950, la acumulación de títulos públicos en las cajas de previsión representaba el 47% del Producto Bruto Interno (PBI)”. Una fortuna que se licuó irresponsablemente al ser colocada en bonos de la Tesorería al 4% anual cuando la inflación llegaba hasta el 25%. Y en 1970 se dispuso el rescate de esos bonos en diez cuotas anuales sin ajuste. Un verdadero robo de las cajas previsionales.

Si le agregamos la permisividad ya citada de los gobiernos con la evasión y el trabajo no registrado, tenemos un combo perfecto para el desastre. “Entre 1974 y 2017, la informalidad ascendió desde un 24% al 33% del total del empleo. En tanto, se aprobaron jubilaciones de privilegio para jueces, diputados, senadores y concejales, entre otros. Y, con el argumento de abaratar la creación de empleo, las constantes reducciones de las contribuciones patronales que acentuaron el desfinanciamiento del sistema, agravado porque no evitaron el incremento de la informalidad”, Clarín 21/03/25.
Otro capítulo de esta historia se escribió en los ‘90 cuando se crearon las AFJP. Un estudio de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) concluyó que la transferencia de recursos previsionales al sector controlado por el sistema financiero fue en torno a los 8.000 millones de dólares. Lejos de resolver el problema previsional, lo agravó, disminuyendo las coberturas y beneficios. En 2008, bajo el gobierno de Cristina Kirchner, se estatizó el sistema, pero se mantuvo la ley de jubilaciones de los ‘90, que había reducido el cálculo de los haberes, y se continuó cargando a la Anses el pago de beneficios que no se financiaron con aportes, como consecuencia de los altos niveles de desempleo, informalidad y evasión patronal.

Entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, por el aumento de la inflación, las jubilaciones y pensiones tuvieron un deterioro del 19,5%, lo que generó fuertes protestas frente al Congreso. En 2021, durante el gobierno peronista de Alberto Fernández y Cristina impusieron una nueva fórmula  de movilidad desligada de la inflación, lo que mantuvo las pérdidas frente al altísimo costo de vida.

Hay una deuda ineludible de todos los que gobernaron con las y los jubilados, y que el gobierno de Milei intenta perpetuar. Según datos oficiales, desde septiembre de 2013 a la fecha, las jubilaciones mínimas incluyendo el bono cayeron un 36,3%, mientras el resto se desplomaron un 49%. Para superar este achatamiento, exigimos un haber jubilatorio que cubra el costo de la canasta básica del jubilado calculada por la Defensoría de la Tercera Edad, establecido en 1.200.523 pesos para el mes de marzo. Que se restituyan los aportes patronales y el 82% móvil. Repudiamos y combatimos el “ahorro” que se hace ajustando a uno de los sectores más vulnerables para obtener un superávit que irá a parar a los cofres insaciables del FMI.