El gobierno de La Libertad Avanza se desliza cada vez más rápido por un tobogán. Cualquier encuesta muestra la caída de su imagen. En la calle alcanza con escuchar a la gente: la bronca crece a niveles astronómicos, sobre todo en los sectores populares. La sensación es que ya no se aguanta más.

Mientras sigue vigente el escándalo de Manuel Adorni, Milei sale incluso a defender al corrupto de José Luis Espert. Pero lo peor es que redobla la apuesta con la motosierra. La semana pasada anunció un nuevo superajuste de 2,5 billones de pesos que golpea de lleno a la educación y la salud públicas. También se anunciaron nuevos tarifazos en el transporte.

Al mismo tiempo, Milei no se detiene. Ahora afirmó, en un selecto encuentro empresario, que “vamos a seguir apretando hasta bajar la inflación” y que “el seguro de esta política se paga con la tasa de interés y una política más austera”. Una “austeridad” que, evidentemente, no alcanza a Adorni, ni a “Karina 3%”, ni a los funcionarios beneficiados con créditos hipotecarios millonarios.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, declaró el día anterior que “no es prioridad de este gobierno resolver el problema de los endeudados”, mofándose de la desesperación de cientos de miles de familias. Y al secretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez no se le movió un pelo frente a la gigantesca marcha en defensa de la educación pública: despectivamente afirmó que “pueden hacer mil marchas como estas que no cederán en el ajuste”.

Este miércoles habrá una nueva movilización masiva, esta vez en defensa de la salud pública. Porque las luchas contra la motosierra continúan. Y en medio de ese escenario, la parálisis y la traición de la burocracia sindical peronista empiezan a pagar costos. Así quedó demostrado en las elecciones de Suteba, donde la oposición Multicolor recuperó la seccional La Matanza y retuvo las demás seccionales referenciadas en el sindicalismo combativo.

Hay sectores patronales que empiezan a mostrar creciente preocupación por la crisis del gobierno. Apoyan la reforma laboral esclavista, el alineamiento con el imperialismo estadounidense y las medidas de ajuste, pero dudan de la capacidad de Milei para sostenerlas y también empiezan a sufrir consecuencias en sus propios negocios. Por eso tantean distintos escenarios y lanzan globos de ensayo. Paolo Rocca, por ejemplo, invitó a cenar a Mauricio Macri y le preguntó directamente si pensaba volver a ser candidato presidencial.

El peronismo, principal fuerza patronal opositora, intenta capitalizar la bronca social para su propio proyecto electoral. Pero, como muestran todas las encuestas y se percibe en la calle, “no levanta”. Sigue cargando con la crisis abierta por el desastre del gobierno de Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina Fernández. También pesa el papel actual del peronismo como oposición: ausente en muchas luchas, con legisladores que votan leyes de Milei o directamente se pasan al oficialismo, mientras la CGT mantiene un vergonzoso pacto con el gobierno.

Además, el peronismo no logra resolver ni siquiera su propia interna. Y las únicas señales que emite apuntan a correrse hacia un espacio “moderado”, del “superávit fiscal que no se discute”, acompañado del respaldo a la megaminería y al fracking de Vaca Muerta. Buscan mostrarse como una alternativa “viable” para los sectores empresarios hoy distanciados de Milei. En ese juego están todos: Cristina reuniéndose con Miguel Ángel Pichetto, Axel Kicillof acercándose al macrista Emilio Monzó o gobernadores como Sergio Uñac intentando proyectarse nacionalmente.

Frente a esta situación, no debería sorprender el crecimiento en imagen y simpatía hacia Myriam Bregman y el Frente de Izquierda Unidad, algo que incluso periodistas de los grandes medios se vieron obligados a reconocer. Es un reflejo de la coherencia de la izquierda, de haber estado siempre presente en todas las luchas, denunciando tanto en las calles como en las bancas cada una de las medidas de la motosierra de Milei y el FMI.

Por todo esto resulta fundamental asumir el desafío y la responsabilidad que se abren: el Frente de Izquierda Unidad debe responder tajantemente que sí a la pregunta sobre si puede gobernar. No solo puede: tiene que hacerlo, porque es la única alternativa capaz de responder a las necesidades urgentes del pueblo trabajador.

Por eso, desde Izquierda Socialista lanzamos una campaña para explicar qué propondría un gobierno del Frente de Izquierda Unidad y por qué es necesaria una salida obrera y popular frente al creciente clamor de que Milei no va más. Vení a nuestras reuniones y sumate a Izquierda Socialista para fortalecer esta campaña.

Foto de portada: Arriba, Javier Milei, Kristalina Gueorguieva, Luis Caputo
Abajo, algunas imágenes de la masiva cuarta Marcha Federal en defensa de la universidad pública


Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

El día previo a la cuarta Marcha Federal Universitaria, el gobierno de Javier Milei, en un acto de total provocación, recortó 2,5 billones de pesos del presupuesto, afectando directamente a la educación y la salud públicas.

Faltaban apenas horas para que más de un millón y medio de personas se movilizaran en todo el país en defensa de las universidades, cuando se conoció la decisión administrativa 20/2026, que aplicó un recorte de 2,5 billones de pesos sobre partidas destinadas a educación y salud. La medida fue firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis  Caputo, nada menos que a un mes de la última “revisión técnica” del FMI sobre las metas de “superávit” que el gobierno debe cumplir durante 2026, equivalentes al 1,4% del PBI.

El recorte no solo fue un gesto político provocador contra quienes defendemos la universidad pública, sino que además demuestra que Milei tiene un problema: el cumplimiento de las metas de superávit para pagar la deuda externa peligra como consecuencia de la caída de la recaudación, agravada por la crisis económica, que todo indica que seguirá profundizándose. Por eso, el ajuste fue también un claro guiño al FMI para que desembolse los mil millones de dólares que aún restan del acuerdo firmado en 2025 y que el gobierno necesita para afrontar los vencimientos de deuda de julio, por 4.500 millones de dólares.

La educación y la salud públicas están en peligro de extinción

Tenemos que tomar dimensión del ataque. Al gobierno no le bastó con impulsar el presupuesto más bajo de las últimas décadas para salud y educación, sino que ahora recorta incluso las insuficientes partidas destinadas a garantizar ambos derechos, mientras se multiplican los cierres de fábricas, crecen el desempleo, la precarización laboral y el endeudamiento de la clase trabajadora, cuyo único objetivo es poder subsistir.

El recorte equivale al 1,6% del presupuesto nacional y fue posible gracias a la “regla fiscal” que Milei introdujo para poder ajustar partidas de educación y salud en el presupuesto 2026. Las universidades nacionales volvieron a quedar en la mira: la motosierra redujo más de 5.300 millones de pesos destinados a infraestructura y obras en trece instituciones. Entre las más afectadas aparecen la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de General San Martín, la Universidad Nacional de Avellaneda y la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Pero el ataque alcanzó a todos los niveles educativos. La poda más brutal impactó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, la infraestructura escolar y el equipamiento educativo. A esto se suma la eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente, que ayudaba a equiparar salarios mínimos entre provincias. Las becas estudiantiles tampoco se salvaron: el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas sufrió un ajuste de más de 6.600 millones de pesos.

La otra cara del ajuste golpea a la salud pública. El médico infectólogo y director ejecutivo de Fundación Huésped, Leandro Cahn, advirtió en Página/12 del 17 de mayo que el recorte en salud alcanzó los 63 mil millones de pesos, aproximadamente el 2% del presupuesto nacional de 2026. El programa de VIH perdió 800 millones de pesos y el área de prevención y control de enfermedades endémicas, como dengue, chagas, hantavirus y fiebre hemorrágica, sufrió otro recorte de 100 millones.

Estos ajustes profundizan la crítica situación sanitaria que venimos denunciando desde 2025. No hay que olvidar que, según datos oficiales, durante el año pasado el Ministerio de Salud distribuyó apenas 832 preservativos en todo el país. “No falta ningún cero: 832. En la práctica es cero”, advirtió Cahn. Al mismo tiempo, crecieron los diagnósticos de VIH sin que aumentara el testeo, una combinación que anticipa un agravamiento de la crisis sanitaria.

Milei vuelve a demostrar que desprecia la salud y la educación públicas y que su plan apunta a transformar estos derechos en privilegios, sin importar las consecuencias sociales. La motosierra de Milei tiene un único objetivo: cumplir con el FMI y seguir pagando la deuda externa.

Escribe José Castillo

Otro tarifazo en el transporte, y ya perdimos la cuenta de cuántos van. Mientras los servicios colapsan, las líneas reducen servicios, y vemos larguísimas colas esperando colectivos que tardan cada vez más en llegar, en unidades ruinosas, el boleto sigue subiendo. 
Los testimonios sobran: “tengo que cargar la SUBE todos los días”; “gasto 6 mil pesos por día para ir y volver del trabajo, perdiendo tres horas de vida diarias viajando como ganado”.

Yendo a los números, el tren, el servicio más popular para ir y venir del conurbano bonaerense a CABA subió un 10%. Pero no quedará acá. El esquema de actualización tarifaria se aplicará en cinco etapas: la medida contempla una actualización del 10% a partir de hoy, que llevará el boleto a 310 pesos para la primera sección (antes 280 pesos), seguida de aumentos el primer día de cada mes: 12,9% en junio (350 pesos), 8,6% en julio (380 pesos), 10,5% en agosto (420) y 7,1% en septiembre (449,81 pesos). De esa forma, el porcentaje de incremento acumulado a septiembre de 2026 de la tarifa base será del 60,7%.

Según el cuadro tarifario propuesto por la Secretaría de Transporte, el boleto mínimo de colectivo de jurisdicción nacional del AMBA tendrá una actualización del 2% y pasará de 700 a 714 pesos para los usuarios con SUBE registrada y a 1.428 con SUBE sin registrar. Claro que en el conurbano la  mayoría de la gente debe pagar boletos que cubren varias secciones. Así, la segunda sección (3 a 6 kilómetros) pasará a costar 807,07 pesos, la tercera (6 a 12 kilómetros) 894,17, la quinta (12 a 27 kilómetros) 983,78 y la sexta (más de 27 kilómetros) 1085,49 pesos. Posteriormente, se aplicarán nuevas actualizaciones el 15 de junio (también 2%, 728 pesos el boleto mínimo) y el 15 de julio (otro 2%, 742 pesos). 

Viajar se transformó en un lujo. Crecen los testimonios de los que caminan kilómetros, o no les queda otra que saltar molinetes, o directamente abandonan trabajos de changas porque ganan menos que el pasaje. Un testimonio más de las consecuencias del superajuste sobre el bolsillo popular.

Escribe Virginia Fariña, apoderada nacional de Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
El proyecto de ley enviado al Congreso pretende arrasar con años de conquistas democráticas del pueblo trabajador, al mejor estilo de las dictaduras, hoy replicado por gobiernos ultraderechistas como Javier Milei en Argentina, el derrotado Orbán en Hungría o el nefasto Donald Trump en Estados Unidos. Un claro intento para eliminar a la izquierda y beneficiar a los partidos patronales.
 
Lo que más se difunde de la reforma político-electoral es qué hacer con las PASO (Milei las quiere eliminar para su conveniencia), con la denominada Ficha Limpia o la boleta única de papel. Pero el proyecto va más allá, modificando leyes que regulan la existencia, funcionamiento y financiamiento de los partidos en un claro intento de proscripción de la izquierda, justo cuando el Frente de Izquierda está creciendo.
 
¿Qué dice el proyecto?

Uno. Eleva la cantidad mínima de afiliados que hay que obtener para lograr y mantener el reconocimiento como partido político y poder participar de las elecciones. Esto significa, por ejemplo, que en las provincias con gran cantidad de electores como CABA, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, se debe pasar de los actuales 4 mil afiliados a 10 mil, todo antes del 30 de junio de 2027.

Dos. Duplica la cantidad de legalidades de distritos para ser reconocido como partido nacional, pasando de las cinco actuales a diez, sin lo cual no se podría presentar candidaturas para la fórmula presidencial.

Tres. Se eleva el porcentaje de votos a obtener para no perder la personería en un distrito, en al menos una de dos elecciones sucesivas, pasando del 2% actual al 3% del padrón electoral. Eso significa que habría que obtener entre el 5% o el 6% de los votos válidos. Con el agravante de que si se constituye una alianza, cada uno de los partidos que la conforman tienen que alcanzar ese porcentaje, no como Frente. De esta manera, el FIT Unidad debería obtener alrededor del 12% del padrón electoral (20% de votos válidos) para que los cuatro partidos integrantes no pierdan su reconocimiento.
Cuatro. Sobre las campañas y su financiamiento se elimina el aporte estatal para los partidos. El gobierno justifica esta asfixia económica con el viejo argumento de evitar “sellos de goma” (cuando fue el que compró personerías para poder presentarse) y “que se financien con la tuya”. Una verdadera hipocresía, porque las evidencias muestran que el gobierno se “viene llevando la nuestra” en pala, por un lado, y por otro, como lo dispone el proyecto, habilita un festival millonario de aportes privados hacia los partidos patronales multiplicando por 17 los topes actuales. Además, en paralelo, se eliminan controles judiciales y se flexibiliza la rendición de cuentas, en el marco de reiteradas denuncias de financiamiento narco tipo Espert o de grandes empresarios a candidaturas de La Libertad Avanza, como las cenas millonarias que pagan en dólares en Puerto Madero.

Con esta disposición, quieren asfixiar económicamente a la izquierda que rechaza recibir aportes de empresarios y capitalistas y se sostiene con el aporte voluntario de su militancia y de sus representantes parlamentarios.

Cinco. La otra medida que complementa este brutal desfinanciamiento es la eliminación de la publicidad electoral gratuita en la comunicación audiovisual. Para los partidos de izquierda es prácticamente imposible acceder a espacios en radio y televisión por sus costos multimillonarios.
Seis. Se elimina también el debate presidencial obligatorio, que le ha permitido al Frente de Izquierda visibilizar ante millones sus propuestas versus los partidos burgueses. Agregando la obligatoriedad de registrar una cantidad exorbitante de avales para que una persona pueda presentar su candidatura. Con este requisito el Frente de Izquierda debería conseguir, sólo para tener derecho a presentar lista, por lo menos 140 mil personas que registren en una plataforma su apoyo exclusivo a nuestra fórmula presidencial. Una clara violación al derecho constitucional a elegir y ser elegido.
 
Por una amplia campaña para derrotar la reforma

Con todas estas medidas buscan favorecer a los partidos patronales (al estilo yanqui) e intentar hacer desaparecer a la izquierda y demás sectores populares de las campañas y por lo tanto de tener representación parlamentaria. Rechazamos el proyecto y llamamos a que lo hagan todos los partidos que se dicen democráticos, implementando todas las acciones necesarias para impedir estas medidas proscriptivas y dictatoriales, en todas las instancias, como lo va a hacer el Frente de Izquierda Unidad. 

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa en CABA por Izquierda Socialista FIT/Unidad

El gobierno de Jorge Macri desplegó más de 1.500 efectivos en villas porteñas con el argumento de combatir el narcotráfico. Pero el operativo “Tormenta Negra” dejó denuncias de violencia, destrozos y hostigamiento contra familias trabajadoras, mientras se profundiza la crisis habitacional y social 
en la Ciudad.

En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Jorge Macri profundizó su ofensiva sobre los barrios populares. El operativo ilegal, desplegado simultáneamente en quince villas porteñas el jueves 14 de mayo, contó con más de 1.500 efectivos, drones, helicópteros y vehículos blindados, y fue presentado oficialmente como una acción contra el narcotráfico. Sin embargo, lo que se vivió en los barrios fue otra cosa: un violento operativo de control social, estigmatización y hostigamiento contra miles de familias trabajadoras, que denunciaron destrozos en viviendas y el robo de mercadería en comedores comunitarios.

El saldo fue contundente: una demostración de fuerza contra los sectores populares y ningún avance real contra las redes del narcotráfico, que funcionan con distintos niveles de connivencia estatal. La brutalidad del operativo generó tal repudio que incluso el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, cuestionó públicamente el accionar oficial.

La espectacularización mediática de la represión buscó reforzar el discurso de “mano dura” del PRO en su disputa con Patricia Bullrich y La Libertad Avanza. Pero, tras casi veinte años de gobiernos del PRO en la Ciudad, la crisis habitacional y social no hizo más que agravarse. Mientras crecen los negocios inmobiliarios y las construcciones de lujo, cada vez más familias trabajadoras enfrentan alquileres impagables y desalojos cotidianos.

La política represiva se combina con un abandono presupuestario: menos del 1% del presupuesto porteño se destina a vivienda. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad no solo denunciamos la actual crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, sino que también proponemos una serie de medidas para combatirla. Entre ellas, priorizar el derecho a la vivienda mediante impuestos a las viviendas ociosas, créditos accesibles para vivienda única y una regulación efectiva de los alquileres. Más planificación urbana y menos especulación inmobiliaria.