Mar 08, 2021 Last Updated 10:39 PM, Mar 7, 2021

Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista

La condena a Lázaro Báez y su familia por parte del Tribunal Oral N°4 ha lado lugar a una larga lista de interpretaciones. Desde el gobierno peronista de Alberto Fernández y en particular desde el kirchnerismo, se han alzado voces planteando que dicho fallo es parte de una campaña “de la derecha” con el objetivo final de perseguir a Cristina Fernández. Vuelven a escucharse argumentos por parte de periodistas oficialistas como Víctor Hugo Morales, en los que se habla de lawfare, donde supuestamente sectores del poder judicial utilizarían imputaciones de corrupción para ir contra gobiernos o políticos “progresistas”. Recordemos que, desde estos planteos, se afirmó hace unos pocos años que eso llegaba hasta la existencia de un nuevo tipo de “golpe de estado”, colocándose bajo esa figura al impeachment que destituyó a Dilma Rousseff en Brasil. No faltaron tampoco planteos como los del senador kirchnerista Oscar Parrilli, que llegó a decir que a Báez “lo condenan por morocho” o “por ser amigo de los Kirchner”. Otros, ante la imposibilidad evidente de defender los hechos delictivos de Báez, insisten en que no habría “conexión” alguna entre ellos y Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

La oposición patronal de Juntos por el Cambio “festeja” el fallo, ya que le permite utilizarlo electoralmente y ocultar sus propios casos de corrupción.

Frente a estos hechos y a planteos como los arriba mencionados, desde Izquierda Socialista queremos ser claros. Por supuesto que no tenemos ninguna confianza en una justicia patronal que se la ha pasado ocultando los casos de corrupción de grandes empresarios y políticos corruptos. Así como no tenemos nada que ver con los “festejos” que, al conocerse el fallo, hace Cambiemos, en cuyo interior hay personajes y episodios tan corruptos como los de la época kirchnerista. Bastaría mencionar los Panama Papers, el caso del Correo Argentino, los negociados de Nicky Caputo (el “amigo del alma” de Mauricio Macri) y Calcaterra, o la gigantesca corrupción de un endeudamiento externo que se utilizó (préstamo del FMI incluido) para financiar la fuga de capitales de los amigos del macrismo.

Pero los hechos son contundentes: Lázaro Báez fue condenado por hechos de corrupción que llegan a 55 millones de dólares. Esto incluye licitaciones truchas, coimas, obras no concluidas o incluso siquiera iniciadas, fuga de divisas, blanqueo en paraísos fiscales y un largo etcétera de desfalcos. En todos los casos íntimamente relacionados a contratos de obra pública del kirchnerismo, primero en la provincia de Santa Cruz y luego a nivel nacional.

Nosotros respetamos las expectativas que sectores de trabajadores todavía tengan en el peronismo y sus gobiernos. Pero esto no debe hacernos perder de vista la realidad: durante los doce años de los gobiernos kirchneristas se dieron innumerables casos de corrupción, apañados y con la complicidad plena del gobierno de entonces. Tal vez Lázaro Báez sea el caso más escandaloso, pero ahí también está Cristóbal López o la trágica corrupción que se dio en los ferrocarriles donde, con las complicidades de De Vido y Jaime, se terminó produciendo la masacre de Once. Esta es la realidad. No es producto de ninguna “campaña de la derecha”, lawfare, ni mucho menos intentos de debilitar a un supuesto “gobierno popular”.

Lamentablemente estos argumentos esgrimidos por sectores del kirchnerismo encontraron eco en los compañeros del PTS.  En su nota “la derecha política y mediática eufórica tras la condena a Lázaro Báez por lavado de dinero” (www.laizquierdadiario.com, 25/2) el PTS se hace eco del planteo de que se trata de un caso de lawfare “para intentar complicar la situación política del oficialismo y de la misma vicepresidenta”. Más aún, sostiene que esto “esconde una operación política similar a la que hemos visto muchas veces en Latinoamérica” buscando perseguir y proscribir a “figuras políticas que no se subordinan completamente a los intereses del gran capital”.   

Queremos debatir sinceramente con los compañeros. Con planteos de este tipo no se le está diciendo la verdad a los trabajadores. Acá no hay “maniobras de la derecha” ni mucho menos “golpe institucional” en curso. Más allá de los jueces o la propia oposición patronal de Cambiemos hay hechos concretos. Millones de dólares fueron desviados hacia negocios espurios, con la complicidad del gobierno peronista kirchnerista de entonces.

Por otra parte, nos parece muy equivocado definir a Cristina Fernández o a Amado Boudou como “figuras políticas que no se subordinan al gran capital”. Su gobierno, y el actual, se subordinaron y se subordinan a los monopolios del gas y petróleo, a los grandes laboratorios como el de Hugo Sigman o Richmond, a las megamineras, a los banqueros que “se la llevaban con pala” o los usureros de la deuda externa

Sostener que los casos de corrupción kirchnerista no existieron o que no hay que hablar de ellos o condenarlos porque “favorece a la derecha”, como se argumenta desde el oficialismo (argumento que también aparece en muchos planteos del PTS) es una posición que no le sirve a la clase trabajadora. Porque la corrupción no es simplemente “un tema de la derecha”. Perjudica a los que menos tienen: plata que debía haber ido para salario, trabajo, educación o salud termina en los bolsillos de empresarios y políticos patronales.

Es un hecho incontrastable la corrupción del peronismo kirchnerista, como así también la del macrismo posterior. Como antes la de Menem; y así podemos seguir una larga saga. Que se basa en que todos los políticos patronales gobiernan para los de arriba, y les favorecen sus negocios, usando para ello los propios fondos públicos y violando todas las leyes que ellos mismos dicen respetar.

La izquierda debe tener frente a esto una posición clara e independiente. Todos los corruptos, sean empresarios, políticos o burócratas sindicales, tienen que ir presos y devolver lo que se robaron. Así de simple, planteando incluso invertir la carga de la prueba, para que estos personajes deban ser ellos quién demuestren si el acrecentamiento de sus fortunas se hizo por medios legítimos o no.

Hechos como los de Báez no son más que otra demostración de la decadencia del capitalismo semicolonial al que se encuentra sometido nuestro país. De porqué no van más estos políticos patronales que se llenan los bolsillos, y llenan los de sus empresarios amigos, locales e internacionales. Por eso nosotros luchamos por una alternativa distinta, donde se liquide todos estos repugnantes negociados y el dinero vaya verdaderamente para que todos tengan salarios y jubilaciones dignos, para la atención a emergencias de salud pública como la pandemia, para la educación pública, para construir viviendas populares que den trabajo y terminen tanto con el desempleo como con el hacinamiento habitacional. En síntesis, para que gobiernen los trabajadores y no estos dirigentes patronales corruptos.

 

Las vacunaciones a funcionarios del gobierno peronista de Alberto Fernández, burócratas sindicales, familiares, amigos y empresarios en el Ministerio de Salud han provocado un verdadero impacto nacional y generado una gran indignación popular. La revelación dio de lleno en el doble discurso de un gobierno que hace gala de estar gobernando para “los más vulnerables”. Millones votaron contra Macri para no ver precisamente hechos como este, que se emparenta con los que hubiesen ejecutado los CEOs del gobierno anterior. Ahora, bajo la denominación de gobierno “nacional y popular”, se vacunaron los amigos del poder cuando el propio gobierno reconoce que aún queda personal de salud por vacunar. Una vez más, un hecho propio de la desidia, el desprecio y los actos corruptos de todos los gobiernos patronales. Este episodio es el final anunciado de sucesos que se venían dando en diversos lugares con la vacunación de gobernadores, intendentes y concejales de varias provincias y pueblos del interior.

La renuncia del ministro Ginés González García fue tapa del Financial Times y abrió la crisis política más importante de este gobierno. Cayó varios puntos la imagen presidencial después de que había levantado algunos con la aprobación de la ley del aborto. La frase “si te querés vacunar, hablá con Ginés”, y la denuncia de que se habrían separado tres mil dosis para amigos y famosos son una clara muestra de lo que puede hacer este gobierno del Frente de Todos.

En los lugares de trabajo, de estudio, en los barrios, en las propias colas de vacunación la indignación es total. Desde el gobierno buscaron minimizar el hecho ante la imposibilidad de esconderlo o justificarlo. La nueva ministra de Salud, Carla Vizzotti, primero dijo que eran “apenas seis personas”, para que después apareciera una lista de setenta, cuando es un secreto a gritos que son muchos más. Se trata de una multitudinaria “burbuja con privilegios”, como la bautizó el ingenio popular. El presidente Alberto Fernández sugirió desde México que seguir discutiendo esto era “una payasada”, como si fuera un hecho cómico que millones de ancianos, personas con enfermedades de riesgo, docentes o los propios trabajadores de la salud sigan esperando su turno, con terror a contagiarse. 

“No hubo vacunatorio vip, fue una situación excepcional”, dijeron el presidente y la nueva ministra. ¿Cuál fue la situación excepcional? Ninguna explicación al respecto. ¿Significa que esto no va a volver a pasar? Nadie lo puede asegurar. Mejor dicho, si esto se develó por una investigación periodística que iba a salir a la luz, quiere decir que en cada ministerio, como en su momento ocurrió con el de Desarrollo Social cuando se compraron alimentos a precios más abultados que los máximos publicitados por el gobierno, pueden ocurrir hechos similares. Por supuesto que esto no es “excepcional”. Se dio en varios países. Es parte del accionar de todos los gobiernos capitalistas, como los casos revelados en Perú, el Estado español, Italia, Ecuador o Polonia, por mencionar los más conocidos.

El otro escándalo es el de la falta de vacunas. ¿Por qué? Porque detrás de ese déficit hay una protección de las patentes de laboratorios y farmacéuticas para sostener un negocio capitalista que impide su producción masiva mundial. En los últimos meses las investigaciones avanzaron hasta la aparición de varias vacunas, pero la realidad es que, para millones, “la vacuna no aparece”. En nuestro país solo se ha vacunado una parte ínfima de la población, faltan aún profesionales y trabajadores de la salud, y ni qué hablar del resto de los trabajadores esenciales, docentes y los mayores en riesgo.

El gobierno reconoce que se están produciendo en Garín, provincia de Buenos Aires, vacunas para la multinacional AstraZeneca (con la universidad británica de Oxford). Lo hace el laboratorio del Grupo Insud, de Hugo Sigman, en coproducción con el mexicano Liomont, apadrinado por el magnate Slim, que fue visitado por Fernández en estos días. Pero la vacuna se la queda AstraZeneca, que luego la envía a Europa y a otros países, cuando el gobierno debería reclamar que se quede aquí e intimar al Grupo Insud a que brinde la fórmula para que se empiece a elaborar para los millones que la necesiten, poniendo todos los recursos tecnológicos y humanos, públicos y privados para producirla y que llegue a todos. Porque nuestro país está en condiciones de producirla localmente. 

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad repudiamos el vacunatorio vip, exigimos que se dé a conocer la lista completa de los privilegiados y se castigue a todos los responsables, tanto los que permitieron esa vacunación como quienes se aprovecharon de sus cargos para recibirla. 

Al mismo tiempo, seguimos exigiendo el fin de las patentes para que sea posible una producción masiva de vacunas para todos los que la necesiten. Desde el Frente de Izquierda Unidad acabamos de sacar una declaración en este sentido. Del mismo modo se ha pronunciado por la eliminación de las patentes, sindicatos como la Cicop, Ademys y el Suteba La Matanza. Asimismo, desde nuestro partido seguimos impulsando la campaña internacional por el fin de las patentes, con nuevas firmas de personalidades y activistas, como varias fundadoras e integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, investigadores del Conicet, entre otros. Llamamos a reforzar y continuar esta campaña.

Escribe Adolfo Santos

El vacunatorio vip es un verdadero escándalo nacional. Instalado en el Ministerio de Salud de la Nación, funcionaba sorteando filas y desconociendo cualquier protocolo para atender a un selecto grupo de amigos del gobierno. Hasta allí llegaron empresarios, periodistas, políticos y burócratas sindicales. Una parte de esa lista de privilegiados la integran el periodista peronista kirchnerista Horacio Verbitsky (quien reveló el hecho antes de que lo delate la investigación que estaba en curso), el empresario marplatense Aldrey Iglesias y su familia, el canciller Felipe Solá, el diputado ligado al papa Francisco Eduardo Valdés, el senador Jorge Taiana, el camionero Hugo Moyano y familia, Duhalde y Zannini, entre otros “notables”.

Los vacunatorios clandestinos propiciados desde el gobierno eran un secreto a voces antes de las declaraciones radiales de Verbitsky. Ya circulaban denuncias repudiando el hecho de que varios políticos, sin el menor pudor, difundían en sus redes que se habían vacunado sin cumplir los protocolos. Gobernadores, intendentes, diputados, burócratas sindicales, empresarios y sus familias, amigos y choferes, sin ser personas de riesgo y sin respetar ningún orden, aprovechaban las partidas recibidas para vacunarse antes que nadie. Mientras tanto, faltan vacunas para médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, docentes que empezaron las clases, o mayores de 70 años que hacen malabares para poder anotarse en programas colapsados.

Esto demuestra el desprecio, la desidia y fundamentalmente la falta de transparencia del gobierno del Frente de Todos. El ministro Ginés González García se fue diciendo que “todo fue culpa de su secretaría privada”. Nadie le cree. Fueron tantas las evidencias que el presidente no tuvo otra opción que hacerlo renunciar para evitar un desgaste mayor al que ya viene sufriendo su gobierno. Pero la salida de Ginés no resuelve la crisis. Ya hay una serie de denuncias contra altos funcionarios y dirigentes políticos y sindicales por el uso indebido de las pocas vacunas que llegaron a nuestro país. Nuevas crisis van a surgir.

Además, ese esquema corrupto surge por la falta de vacunas que debería garantizar el gobierno, y eso está lejos de resolverse. Es el gobierno de conjunto el que viene haciendo falsas promesas sobre la llegada de las vacunas que solo aparecen en cuentagotas, siendo cómplice del negocio capitalista que hay detrás. Alberto Fernández dijo que la vacuna debe ser un “bien público global” pero no actúa en consecuencia ni siquiera en el seno de su propio gobierno, donde sus funcionarios hacen uso discrecional de las vacunas en un despreciable mecanismo de “sálvese quien pueda”.

El “esquema” de vacunación en medio de una situación de emergencia como la que nos impone la pandemia es gravísimo. La nueva ministra Carla Vizzotti insiste en que “no hay un vacunatorio paralelo, ni se reservan vacunas para una situación privilegiada”. Quiere negar una realidad que le costó el cargo a su antecesor, Ginés González García. Además, no es creíble que como viceministra no supiera nada de lo que acontecía en su propia cartera. Repudiamos las declaraciones que afirman que se estaba vacunando “personal estratégico” del aparato del Estado. ¿Diputados patronales que votan leyes contra el pueblo son estratégicos? ¿Familiares jóvenes de ministros, gobernadores y funcionarios?

Por eso hay que investigar a fondo y castigar a todos los responsables. ¿Qué otros funcionarios de alto nivel participaron? ¿Qué papel cumplía el hospital Posadas y su interventor, Alberto Maceira, que movilizó una tropa de médicos en vehículos sin identificación para hacerse cargo de la vacunación de los vip? ¿En qué otros establecimientos donde llega la vacuna funcionan listas vip?

Exigimos una profunda investigación de los mecanismos de vacunación para determinar sus alcances, los responsables y las derivaciones que tuvo esa medida ilegal. Una investigación a la que deben sumarse representantes de Cicop, de los trabajadores de los diferentes hospitales, de organismos de derechos humanos y organizaciones populares, entre otros. Repudiamos la falta de transparencia en el tratamiento de la vacunación. Exigimos la renuncia inmediata de todos los funcionarios vinculados a los esquemas de vacunación paralelos y su correspondiente castigo y que se vacune de forma inmediata a los trabajadores de la salud, docentes, trabajadores esenciales, mayores en riesgo y todos aquellos que necesitan la vacuna, no a los amigos del gobierno.

La compañera Mónica Méndez, secretaria de Organización y Finanzas de Cicop y candidata en la lista unitaria para las elecciones de este importante sindicato de los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires que se llevarán a cabo los días 3, 4 y 5 de marzo, nos dijo: “Desde Cicop exigimos la mayor transparencia y equidad en relación con el desarrollo de los programas de vacunación en las diferentes jurisdicciones. No puede ser que mientras el gobierno destina vacunas para sus amigos, hasta hoy no han sido vacunados todos los trabajadores de la salud, tanto pública como privada”, más de 800.000 en total, siendo 450.000 de los hospitales públicos.

Mónica también destacó la situación del hospital Posadas ya que, según sus propios trabajadores, por ese vacunatorio pasan unas treinta personas por día que llegan con recomendación directa del gobierno nacional. “Lo trágico de este caso es que la dirección del hospital todavía no ha vacunado a todo su personal, que asciende a 5.200 profesionales y trabajadores, reconocido por su interventor, Alberto Maceira”, señaló.

Lamentablemente, este importante centro de salud que es el Posadas vuelve a ser mala noticia por responsabilidad de sus dirigentes. “Durante la dictadura militar fue convertido en centro clandestino de detención, en los cuatro años de Macri se vivió un brutal ajuste y represión. Y ahora pasa esto bajo la intervención del gobierno nacional designada por el gobierno del Frente de Todos”, indicó Mónica. Y finalizó: “A pesar de que Cicop pidió ser parte de la organización de la vacunación en provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof nunca nos convocó. Es evidente que había cosas que ocultar”.

Escribe Adolfo Santos

Las y los trabajadores del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, expresaron su repudio ante el accionar del periodista peronista Horacio Verbitsky, presidente de esa entidad. “Recibimos la noticia de que el presidente de nuestra organización fue vacunado por fuera del sistema establecido a través de una cadena de favores y a título personal, mientras estábamos intentando, como todo el mundo, conseguir un turno para las personas mayores de nuestras familias” […] “Como organización comprometida con los derechos humanos y con las urgencias de la situación social actual, consideramos que las únicas salidas a la pandemia son la responsabilidad colectiva y el compromiso con las etapas del sistema de vacunación a nivel federal” […] “Nada de lo ocurrido representa el trabajo y el pensamiento de quienes integramos y hacemos a la organización en su día a día”, añadieron.

Es evidente que el periodista peronista kirchnerista Horacio Verbitsky no representa los valores por los que se creó el CELS, ni “representa” ninguna lucha por los derechos humanos.

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