Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

En la apertura de sesiones Javier Milei evitó responder por la inflación, el ajuste y la recesión, y eligió profundizar su ofensiva contra las y los trabajadores. Entre promesas de más motosierra, el gobierno redobla un rumbo que favorece a Trump, al FMI y a los grandes grupos económicos.

Se supone que en el discurso de inicio de sesiones un presidente debería hablar de los problemas centrales del país y dar explicaciones sobre sus propuestas para encararlos. Debería referirse por ejemplo a la inflación, que según sus afirmaciones previas ya tendría que haber desaparecido; a la economía que aseguró que crecería como ‘pedo de buzo’; o al ajuste que prometió con el eufemismo de que ‘pagaría la casta’ y no el pueblo trabajador. Nada de eso ocurrió. En cambio, actuó de manera desaforada y posó como jefe de una patota, Milei dio un discurso que incluyó 36 insultos directos a la oposición, muchos de ellos incluso guionados en el propio texto que leyó.

Un gigantesco operativo de seguridad cortó el tránsito en todo el centro porteño, desde la Casa Rosada hasta el Congreso, sin que hubiera una sola persona en la plaza para apoyar al gobierno. Tanto fue así que al retirarse, Milei se bajó del auto “a saludar” pero como no había nadie terminó estrechando la mano de un granadero a caballo. También quedó expuesto ante las cámaras el escándalo de una vicepresidenta desplazando, con el clásico “hombro pegado al cuerpo”, a Karina Milei, al mejor estilo de defensor marcando en el área. Y mirando luego su celular mientras hablaba Milei.

Los palcos estaban ocupados, por supuesto, por aplaudidores oficialistas que coreaban consignas bajo la conducción del llamado “Gordo Dan”, quien se dedicó especialmente a hostigar a las y los diputados del Frente de Izquierda Unidad cuando denunciaban a Milei por tantas falacias y mentiras.

¿Dijo algo sustantivo el presidente? Sí, prometió más motosierra. “Vamos a presentar 90 iniciativas”, anunció el ultraderechista. Ratificó su ofensiva contra la educación pública y confirmó el alineamiento incondicional con Donald Trump, mientras era aplaudido con entusiasmo por los embajadores de Estados Unidos e Israel, ubicados en un lugar privilegiado del hemiciclo, incluso más destacado que el de varios ministros.

Sostuvo, increíblemente, que no había aumentado la desocupación sino “la gente que busca trabajo”. ¿Y cómo se llama a quien busca trabajo y no lo consigue, sino desocupado? Volvió a defender la apertura económica y llegó a presentar como algo positivo el cierre de empresas. Lo dijo con todas las letras: “Cuando uno abre la economía, permite el ingreso de bienes de mejor calidad y menor precio”. Sin controles, eso significa ingreso de productos de dudosa calidad e incluso peligrosos. Agregó que si una empresa local no puede competir, “quiebra y despide gente”, con una frialdad que estremece. Luego aseguró que el consumidor ahorrará dinero comprando importados y lo destinará a otros bienes, generando empleo en sectores “más productivos” que pagarían mejores salarios. Una teoría de manual libertario que choca brutalmente con la realidad de despidos masivos y salarios y jubilaciones en abrupta caída.

Milei también reafirmó el saqueo de los recursos naturales y la destrucción ambiental, señalando que el futuro está “en la cordillera”, es decir, en la megaminería contaminante, como si de allí fueran a surgir los empleos que reemplazarán al industricidio que está provocando.

Un presidente desbocado, con gestos y expresiones de tono fascistoide, mintiendo sobre una supuesta “recuperación económica” y delineando una política que profundiza la guerra social contra el pueblo trabajador y los sectores populares. No es que el brutal ajuste haya terminado, todo indica que apenas comienza una nueva fase. Incluso llegó a hablar de la “superioridad moral” que pregonan sus políticas ultraderechistas, aliadas a Trump y al genocida del pueblo palestino Netanyahu que están bombardeando Irán.

La conclusión es clara: habrá que seguir luchando y organizándose frente a las consecuencias de la motosierra del gobierno y el FMI. Es imprescindible rodear de solidaridad todas las luchas en curso, como hoy la de las y los trabajadores de FATE, y exigir a la CGT que rompa su vergonzosa tregua con el gobierno y convoque a un plan de lucha.

La salida no es más ajuste ni más sometimiento, tampoco la variante del peronismo que ya gobernó y administró el mismo esquema de endeudamiento y dependencia. La salida es un plan económico alternativo, obrero y popular: como planteamos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, dejar de pagar la deuda externa, romper con el FMI y destinar esos recursos a un plan de emergencia que garantice presupuesto para salud, vivienda y educación, creación de empleo genuino y salarios y jubilaciones acordes a la canasta familiar.

Solo así podrá ponerse la economía al servicio de las necesidades de la clase trabajadora y los sectores populares, y no de las ganancias de los grandes grupos empresarios y del imperialismo. El 24 de marzo a 50 años del golpe genocida será la nueva instancia que tiene el pueblo trabajador y la juventud para ganar las calles siendo cientos de miles contra el facho de Milei y el FMI.

Escribe Adolfo Santos, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

El cierre de FATE, dejando en la calle a 920 trabajadoras y trabajadores de forma directa, más 2500 pertenecientes a empresas proveedoras y relacionadas comercialmente, es producto de la voracidad patronal y de las políticas nefastas del plan motosierra implementado por el gobierno de Javier Milei. Fue una medida unilateral que causó conmoción no solo entre las y los trabajadores de la empresa, sino que tiene una gran repercusión política y social.

Sin mediar debate, el Grupo Madanes Quintanilla (dueño de FATE, Aluar, la central hidroeléctrica Futaleufú y parques eólicos, entre otras), decidió cerrar porque la fábrica, después de 85 años, ya no le da las ganancias que pretenden. “Pasen a cobrar las indemnizaciones”, comunicó descaradamente a sus trabajadores, que durante décadas de sacrificio dejaron su vida, su salud y sus huellas marcadas en el caucho que le permitió exorbitantes ganancias a la familia Quintanilla.

Lejos de exigirles a los dueños que preserven las fuentes de trabajo para evitar el desempleo en tantas familias, el gobierno contribuyó a este desenlace al reducir los aranceles de importación del 35% al 16%, abriendo de forma indiscriminada las importaciones de neumáticos, fundamentalmente de China. Pero además festejó el cierre en nombre de una política que está provocando un verdadero industricidio que acrecienta dramáticamente un ejército de desocupados.

Fortalecer la lucha de FATE

Correctamente, frente al cierre, los dirigentes del Sindicato SUTNA se instalaron en la planta, medida a la que, pacíficamente, se fueron sumando las y los trabajadores a medida que fueron llegando y tomando conocimiento de los hechos. Exigen la reapertura de la empresa y la vuelta al trabajo. Ante la negativa de la empresa a negociar, que a través de las enormes ganancias obtenidas por su holding podría buscar soluciones alternativas, la ocupación continúa.

Desde un primer momento, nuestro partido, Izquierda Socialista/FIT Unidad, estuvo presente junto a nuestra organización de juventud, Juventud Izquierda Socialista (JIS), y llevando la solidaridad a través de delegaciones de activistas y dirigentes sindicales de nuestra corriente sindical A Luchar. Fuimos y seguiremos siendo parte de las actividades unitarias que democráticamente decidan las y los compañeros de FATE para fortalecer su lucha.

En estas dos semanas, en que el cierre continúa conmoviendo amplios sectores, se han desarrollado actos, movilizaciones, cortes en la Panamericana y un gran festival de solidaridad el domingo 22. El día 23 hubo una reunión junto al Ministerio de Trabajo sin que se llegara a un acuerdo entre las partes, por lo que se fijó una nueva audiencia para el miércoles 4 de marzo.

El 4/3 vamos con FATE a la Secretaría de Trabajo

A raíz de esta nueva convocatoria, se está organizando una gran actividad el miércoles a las 11 frente a la Secretaría de Trabajo, Av. Leandro N. Alem 650, CABA. Bajo la consigna: “Basta de despidos, ningún cierre de fábrica. Defender la mano de obra argentina es defender a nuestras familias. No al cierre de FATE”, se convoca a manifestarse unidos junto a las y los trabajadores de FATE. Producto del impacto negativo que ha provocado la medida de la empresa, al llamado, encabezado por el SUTNA, se ha visto obligado a sumarse el Consejo Directivo de la CGT y adhieren la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, así como organizaciones sociales, sindicales y de jubiladas y jubilados.

Desde Izquierda Socialista nos sumamos a esta movilización unitaria, empeñando nuestro esfuerzo para evitar el cierre de la fábrica. Estaremos con nuestros dirigentes sindicales, políticos y de la juventud: Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste; Mónica Schlotthauer, diputada provincial de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad y delegada ferroviaria; Soledad Mosquera, secretaria general de Ademys; Pablo Almeida delegado general de ATE Ministerio de Economía; Juan Carlos Giordano, Mercedes de Mendieta y Mercedes Trimarchi, diputadas y diputado electos de nuestro partido; Pilar Barbas, dirigenta de la Juventud de Izquierda Socialista, entre otras y otros, y nuestra militancia. Juntos vamos a exigir al megamillonario Grupo Madanes Quintanilla mantener abierta la empresa FATE y la preservación de todos los puestos de trabajo.

El caballito de batalla de Javier Milei sigue siendo que “bajó la inflación”. La realidad es que esta viene subiendo de manera sistemática desde mayo. Después de un enero que dio 2,9%, febrero arrancó con todo: la carne subió más de un 10%, transformándose en un auténtico producto de lujo. El gas aumentó 12,5%, el agua 4% y los colectivos en el AMBA 31,5%. Y esto seguirá en los meses siguientes, ya que una parte central del ajuste son los aumentos mensuales de las tarifas de los servicios públicos.

Mientras tanto, todos los salarios, públicos y privados, tercerizados, precarios, jubilaciones, lo que fuera, vienen perdiendo muy fuerte contra la inflación. Ya es vox populi el “no me alcanza”. Hasta el año pasado, quien estaba en blanco “tarjeteaba”, o incluso pedía un préstamo personal, simplemente para comprar comida o artículos de limpieza. Hoy eso se está cortando rápidamente: casi el 10% ya no puede pagar la tarjeta o esos préstamos.

A esto se suma la catarata de despidos, con cifras de vértigo. Cerraron 21 mil empresas en la era libertaria, con la pérdida de más de 300 mil puestos de trabajo. Por eso FATE y su lucha son un espejo en el que se miran miles de trabajadoras y trabajadores. Va quedando cada día más claro que la reforma laboral esclavista no es “para generar más puestos de trabajo” ni para “formalizar a los informales”, sino para despedir más fácil y más barato, y superexplotar a quienes quedan.

Milei, por su parte, se prepara para festejar sus supuestos triunfos del verano, como la propia reforma laboral o la baja de la edad de imputabilidad, mientras vuelve a viajar a Estados Unidos para reunirse con el establishment.

¿Qué pasa, mientras tanto, con el pueblo trabajador? Se puede sintetizar en una afirmación: crece la bronca. Esto se expresó con contundencia en el paro general del 19F, por más que algunos medios hayan intentado disimularlo. También se ve en la enorme solidaridad con las y los trabajadores del neumático y su lucha. Esa bronca es la base para sostener que, aun cuando el gobierno pueda hacer pasar leyes como la reforma laboral esclavista, no está claro cómo podrá implementarlas. Seguramente habrá resistencia y pelea.

Lo que cae de manera vertical es la confianza en que el gobierno ultraderechista pueda dar una salida. Se desvanece la expectativa de reactivación económica, de más trabajo o de mejoras salariales. Queda claro que lo único que ofrece el oficialismo es más ajuste y más entrega. Al mismo tiempo, se mantiene fuerte el “no volver atrás”, de no creer que la salida sea el regreso del peronismo. Todo esto muestra que existe una búsqueda de una salida política diferente.

Crece el número de decepcionados con el peronismo. Ya no solo por el desastre que fue la gestión de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa, que allanó el camino al actual gobierno ultraderechista, sino también porque hoy no enfrentan el ajuste. Esto se ve con claridad en el rol de la CGT, pero también en un peronismo que ni siquiera puede garantizar que sus legisladores voten en contra de los proyectos más reaccionarios de La Libertad Avanza, como quedó demostrado con la reforma laboral esclavista.

Muchos fueron rompiendo con el oficialismo en estos dos años, al ver la realidad del ajuste y las políticas reaccionarias de la ultraderecha. Sin embargo, hubo una franja que, asustada por la campaña de que “si no ganaba Milei se acababa el apoyo de Trump y nos hundíamos”, volvió a votar a La Libertad Avanza en octubre, con una esperanza ya mucho más débil de que algo mejorara. Hoy vemos rápidamente cómo muchos de ellos se arrepienten.

El interrogante de millones es por dónde está la salida a esta crisis. Nosotros respondemos con claridad: la única alternativa para el pueblo trabajador, para la juventud, para el movimiento de mujeres y disidencias, para todas y todos los que sufren las consecuencias de la motosierra del FMI, es el Frente de Izquierda Unidad. Es la única fuerza que está presente de manera incondicional, apoyando todas las luchas, como ahora la de FATE. Es la que exige a la CGT que convoque a un nuevo paro general de 36 horas y a un verdadero plan de lucha. Es la única fuerza que se opone frontalmente y vota de manera unánime en el Congreso contra todas y cada una de las políticas de este gobierno ultraderechista.

Y también es el Frente de Izquierda quien plantea un programa alternativo, obrero y popular. Un programa que empieza por dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, como paso fundamental para poner todos los recursos al servicio de resolver las necesidades más urgentes del pueblo.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad convocamos a las tareas de la hora. En primer lugar, apoyar todas las luchas, empezando por la de las y los trabajadores de FATE contra el cierre y los despidos. Y, al mismo tiempo, prepararnos para un gigantesco 24 de Marzo en unidad, donde, a 50 años del golpe genocida, repudiemos a este gobierno ultraderechista, entregador, reaccionario y negacionista, con cientos de miles en las calles y plazas de todo el país.

Escribe Adolfo Santos

Tras el paro nacional, el oficialismo logró aprobar una reforma laboral regresiva con apoyo de la oposición patronal y la complicidad sindical. Mientras el Senado se prepara para darle sanción definitiva, tenemos que exigir a la CGT  un paro de 36 horas y un plan de lucha nacional.

A pesar del importante paro general del 19F, el gobierno logró la aprobación del proyecto de Reforma Laboral en la Cámara de Diputados. La medida, convocada por la CGT, tuvo un alto acatamiento en el transporte, los servicios públicos y sectores de la industria. Fue una clara demostración de repudio a una reforma retrógrada y a un plan motosierra que elimina derechos, destruye el salario, el empleo y las jubilaciones.

Si el viernes 27 el Senado aprueba el proyecto votado en la Cámara Baja, algo altamente probable, se consumará un grave retroceso en los derechos y conquistas de las y los trabajadores. Para avanzar en este ataque, el gobierno contó con el apoyo de los partidos patronales. En primer lugar, del PRO y la UCR, que actúan alineados con las políticas reaccionarias de La Libertad Avanza (LLA). Pero también con sectores del peronismo de distintas provincias como Catamarca, Tucumán, Salta, Santa Cruz y el cordobesismo del gobernador Martín Llaryora.

La aprobación de esta reforma fue escandalosa. Sin debates previos y sin la participación de las organizaciones de trabajadores, el proyecto (elaborado en estudios jurídicos de grandes grupos empresariales) fue votado mediante un trámite exprés. Se liquidaron conquistas laborales históricas sin que sus principales afectados pudieran expresar su opinión. Gran parte de las y los diputados presentes ni siquiera conocían el texto que estaban votando. Incluso senadores y senadoras reconocieron desconocer el contenido del artículo 44, que habilitaba una reducción salarial de entre el 50 y el 75% para quienes soliciten licencia por enfermedad. Una verdadera vergüenza.

Ni siquiera los propios representantes de LLA podían defender el proyecto con argumentos serios. Nadie quería hacerse cargo. El objetivo era aprobar una ley al servicio de los intereses de las grandes empresas. En el caso del PRO, además, había un interés directo: el traspaso de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. En nombre de una supuesta lentitud de la justicia laboral (sin mencionar que el 50% de los cargos de magistrados están vacantes) el gobierno avanzará en despidos masivos de trabajadores judiciales para entregar el sistema al foro porteño, históricamente pro patronal.

“La Justicia del Trabajo es el último resorte que tiene un trabajador o una trabajadora para que se reconozcan derechos violados. Ahora, nada va a limitar a un empresario en el abuso de su posición de poder, donde se va a pretender pisotear la dignidad humana”, expresó Maia Volcovinsky, secretaria adjunta de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación.

La CGT nunca estuvo a la altura

En ningún momento la burocracia sindical de la CGT se colocó a la cabeza de la lucha contra la Reforma Laboral. Apostó todas sus fichas a la negociación parlamentaria para introducir modificaciones menores, intentando preservar las cajas sindicales y apostando a eventuales fallos judiciales de inconstitucionalidad. Solo cuando estalló el escándalo público por la rebaja salarial ante licencias por enfermedad se vio obligada a convocar al paro, empujada por la bronca generalizada que crecía en la base.

Sin embargo, no delineó ningún plan de lucha previo, ni siquiera cuando el proyecto se trató en el Senado el día 11. Ese día llamó a movilizar, pero su columna ni siquiera llegó a la Plaza Congreso. Fue la expresión de la bronca de la base de los principales sindicatos lo que garantizó el fuerte paro del 19F, demostrando a los dirigentes burocráticos de la CGT que hay condiciones para luchar contra la motosierra de Milei.

No es casual que un sector de la dirigencia sindical intente diferenciarse del núcleo duro de la CGT. Saben que las trabajadoras y los trabajadores no aguantan más los bajos salarios, los despidos y la precarización y tratan de responder a esa presión. En ese marco, gremios ligados al peronismo kirchnerista conformaron el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que nuclea a las CTA, la UOM, ATE nacional, la Federación de Aceiteros, APLA, la CATT, Molineros, Conadu, Viales y la Asociación Obrera Minera, entre otros, participaron de las movilizaciones del 11 y el 19, aunque tampoco ingresaron a la Plaza Congreso. Realizaron actos en las inmediaciones y plantean, correctamente, la necesidad de un paro de 36 horas con movilización como próximo paso.

Que la CGT llame a un paro de 36 horas y un plan de lucha

La aprobación del proyecto de Reforma Laboral nos coloca importantes tareas. Hay condiciones para seguir la pelea, la clase trabajadora no está derrotada. Tendremos que prepararnos para enfrentar el brutal ataque que prepara el gobierno y las patronales contra nuestros derechos. Más que nunca tenemos que construir la mayor unidad posible para enfrentarla aplicación de la reforma y el plan motosierra del gobierno y el FMI. 

Desde el Plenario del Sindicalismo Combativo, de los movimientos piqueteros independientes y de las jubiladas y jubilados en lucha, junto a la izquierda, hemos impulsado acciones frente al Congreso en cada sesión. Llamamos a darle continuidad al 19F con un paro de 36 horas y un verdadero plan de lucha para enfrentar los ataques del gobierno y las patronales.

Así lo expresaron Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste y dirigente de Izquierda Socialista, y Mónica Schlotthauer, diputada provincial bonaerense y delegada ferroviaria, en Plaza Congreso: “Tenemos que exigir a la CGT un paro de 36 horas con movilización y un plan de lucha. Para dar la pelea cuando vuelva a tratarse en el Senado y también para lo que viene. Porque aun si la ley se aprueba, van a tener que aplicarla, y esa será otra pelea”.

Para avanzar en esas medidas, en cada lugar de trabajo es clave exigir asambleas y pronunciamientos de los cuerpos de delegados para reclamar que la CGT convoque a la lucha nacional contra la reforma laboral, por aumento salarial, contra los despidos y en apoyo a las y los trabajadores de FATE.

Escribe Adolfo Santos

El proyecto de reforma laboral impulsado por Javier Milei implica un brutal retroceso en las condiciones de vida y de trabajo de las y los trabajadores. En las últimas semanas se abrió un fuerte debate en torno al artículo 44, aprobado por mayoría en el Senado, que reducía el salario entre un 50 y un 75% durante las licencias por enfermedad. La indignación fue inmediata y varios legisladores llegaron a admitir públicamente que habían votado el texto sin siquiera haberlo leído.

Frente a la reacción social y ante el riesgo de que el proyecto quedara trabado en Diputados, el gobierno decidió retirar ese artículo durante el tratamiento en esa cámara. Sin embargo, lejos de dar marcha atrás con el espíritu general de la reforma, mantuvo intacto el núcleo de las modificaciones regresivas. La ministra Patricia Bullrich llegó a admitir que la eliminación del artículo 44 permitió destrabar otros puntos centrales del proyecto, dejando en evidencia que el objetivo no es crear empleo ni modernizar el trabajo, sino avanzar en una quita sistemática de derechos para beneficiar a las grandes patronales.

Uno de los ejes centrales de la reforma es el abaratamiento de los despidos.

El proyecto crea un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con un aporte equivalente al 3% del salario, que se deposita en una cuenta individual administrada por entidades financieras. Ese porcentaje se saca de las contribuciones patronales que hoy van al Anses, lo que implica un desfinanciamiento directo del sistema previsional. De este modo, el costo del despido se vuelve previsible y sensiblemente menor para el empleador. Además, en el cálculo indemnizatorio dejan de computarse conceptos como el aguinaldo, las vacaciones y otros haberes, reproduciendo un esquema que remite a la experiencia de las AFJP.

La reforma también profundiza la precarización laboral.

Se establece un sistema de banco de horas que desregula la jornada de trabajo, habilitando extensiones de hasta 12 horas sin pago de extras, bajo la promesa de compensación futura. Las vacaciones, a su vez, podrán ser fraccionadas a criterio del empleador, dificultando el descanso real y la organización de la vida cotidiana.

Otro punto clave es el ataque a la negociación colectiva.

Se promueve la negociación por empresa en detrimento de los convenios por rama y se habilita la caída de cláusulas si no hay acuerdo en paritarias. Al mismo tiempo, se reduce del 6 al 5% el aporte patronal a las obras sociales, agravando la crisis de un sistema ya golpeado.
La reforma también ataca las organizaciones sindicales.

Limita las asambleas en los lugares de trabajo y restringe el derecho de huelga al ampliar la definición de servicios esenciales, obligando a garantizar guardias mínimas que vacían de contenido ese derecho constitucional.

La conducción de la CGT vuelve a quedar expuesta. Tras meses de negociaciones y participación en el Concejo de Mayo, solo bajo presión desde abajo convocó al paro del 19 de febrero. No alcanza. Hace falta continuidad y un plan de lucha nacional para enfrentar la reforma esclavista, luchar por salarios, contra los despidos y en defensa de las y los trabajadores de FATE.