La crisis que viene atravesando el gobierno ultraderechista de Javier Milei se sigue profundizando. El eje es el continuo crecimiento de la bronca popular ante un ajuste sin fin. Ya son millones los que están convencidos de que las promesas del gobierno de La Libertad Avanza (“la inflación empezará con cero en agosto” o “se vienen los 18 mejores meses”, dicho por el ministro Luis “Toto” Caputo en abril) nunca se harán realidad. El horizonte se vislumbra con cada vez más motosierra, desempleo, hambre y recesión. “No se aguanta más” es la frase más escuchada en lugares de trabajo, en las conversaciones en el transporte público, en los colegios o en los barrios populares.

Milei le agrega nafta al fuego. Sigue y profundiza sus ataques a los periodistas, ahora prometiendo “llevarlos a la hoguera”. Llevó adelante una increíblemente vergonzosa operación con los servicios para permitir la huida de Brasil de Flávio Bolsonaro.

El viejo dicho de que “si se hunde el barco, lo primero que se ve son las ratas que huyen” empieza a mostrar señales de materializarse. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, día a día hace gestos más visibles para “diferenciarse” de Milei. Mauricio Macri y el PRO también “huelen” la debilidad creciente de Milei. Por eso, los votos para anular las PASO e incluso para aprobar el Presupuesto 2027 todavía no aparecen por ningún lado.

Incluso los gobernadores radicales y las otras fuerzas patronales “dialoguistas” ponen el pie en el freno antes de hacer ningún acuerdo definitivo con La Libertad Avanza. El establishment económico internacional también expresa cada día más sus dudas. Por eso, el riesgo país sigue para arriba, ahora superando los 800 puntos. Son millones los que están convencidos de que esto no va más. Pero, al mismo tiempo, hay fuertes interrogantes sobre qué puede reemplazarlo.

Obviamente, las miradas se dirigen en primer término hacia el peronismo. Ahí las dudas no se disipan. ¿Qué se ve? Una fuerza política patronal metida hacia adentro en su interna, compitiendo por los cargos entre Cristina Fernández de Kirchner y La Cámpora, por un lado, con Sergio Massa, que ahora aparece en las últimas semanas como su socio político; Axel Kicillof con su Movimiento al Futuro, por el otro, arrastrando detrás de sí a la mayoría de los impresentables intendentes del Gran Buenos Aires, “los barones del conurbano”, cuya última aparición fue en una reunión sugestiva con el gobernador radical de Jujuy, Carlos Sadir, como señal hacia un “gran frente” contra Milei; y otros sectores como los exgobernadores Sergio Uñac, de San Juan, o Gerardo Zamora, de Santiago del Estero. Sin mencionar que quedan por fuera otros que “piden pista” para volver a un peronismo unificado, como Miguel Ángel Pichetto o el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

Pero más allá de cómo se resuelva esta interna, lo único concreto es que todos plantean lo mismo, respetar los pagos de deuda y los negocios de los grandes empresarios. Hay un gran y silencioso acuerdo entre el peronismo y el gobierno de Milei, continuar el saqueo gasífero-petrolero de Vaca Muerta y la explotación megaminera en la cordillera. Están convencidos de que de ahí saldrán “los dólares” para seguir pagando la deuda y garantizando los negocios a las grandes patronales.

La escena que mejor lo graficó sucedió en Nueva York, en la reunión de Kicillof con el establishment económico internacional, donde el gobernador bonaerense sentó como “garante” a su lado nada menos que al mismísimo José Luis Manzano, uno de los empresarios más corruptos y con más negocios garantizados por el gobierno de Milei.

Se trata de un peronismo que deja correr la motosierra de Milei, con gobernadores que más de una vez le dieron los votos que necesitaba el gobierno, o una CGT que continúa con su escandaloso pacto con el gobierno. Su pasado inmediato fue el desastroso gobierno de Alberto Fernández, con Cristina Fernández de Kirchner como vice y Massa como ministro de Economía, y su propuesta “alternativa” es la que describimos en el párrafo anterior.

Por eso, cada día más las miradas se dirigen a lo que puede ofrecer la izquierda. El crecimiento de la figura de Myriam Bregman y del Frente de Izquierda es la expresión de todo esto. Es la respuesta popular ante la única fuerza que fue unánimemente opositora a todas y cada una de las medidas del súper ajuste de este gobierno. Que estuvo y está en la calle apoyando todas las luchas. Y la única voz que se escucha planteando un programa realmente alternativo, postulando dejar de pagar la deuda externa, romper con el FMI, aumentar los salarios y las jubilaciones, y volver a priorizar la educación y la salud.

La realidad argentina no está aislada del resto del mundo. El gobierno ultraderechista de Milei empieza a mirarse en el espejo de sus socios de la ultraderecha, del hoy derrotado y huido Flávio Bolsonaro o de su “patrón” Donald Trump. Pero también ante las enormes movilizaciones que sacuden Portugal, Francia, España, Italia, Alemania, Bélgica, Albania y Serbia. Con centenares de miles repudiando lo mismo que pasa acá, los recortes presupuestarios a salud y educación, la plata que no alcanza en salarios y pensiones o priorizar la especulación inmobiliaria antes que el derecho elemental a tener una vivienda.

Por todo esto, desde Izquierda Socialista y la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI) queremos fortalecer esta perspectiva. Dar a conocer y ofrecer una voz a todas esas luchas que recorren el mundo. El próximo sábado 14 haremos un gran acto internacionalista en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Una gran oportunidad para escuchar en vivo a varios de los protagonistas de estas peleas que recorren el mundo. Te esperamos.

Mercedes Trimarchi, legisladora electa en CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad

En nuestro país, la Iglesia católica conserva privilegios económicos, jurídicos y políticos que le permiten intervenir en las decisiones del Estado, pese a que es una institución que históricamente se opuso a los derechos de mujeres y disidencias.

También las iglesias evangélicas fueron ganando terreno en el último tiempo. Muestra de ello fue la reciente inauguración del templo Jesús es Rey en la ciudad de Neuquén, a la que viajó Javier Milei. No es casualidad que la hija del pastor, Nadia Márquez, sea la senadora predilecta de Karina Milei para reemplazar a Patricia Bullrich si saca los pies del plato de La Libertad Avanza.

Cada persona tiene derecho a profesar la religión que quiera, cambiar de creencias o no tener ninguna. Pero ese derecho no puede convertirse en un privilegio para que las instituciones religiosas intervengan en las decisiones del Estado.

La Constitución Nacional establece en su artículo 2 que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. Aunque la Iglesia renunció progresivamente a las asignaciones mensuales que recibían obispos y arzobispos gracias a la movilización feminista de 2018, todavía subsisten aportes estatales a sacerdotes de zonas de frontera y desfavorecidas, además de distintos beneficios impositivos y patrimoniales.

La Catedral de Buenos Aires, ubicada frente a la Plaza de Mayo, por ejemplo, no paga la luz desde 1978. Un beneficio que no tiene ninguna familia trabajadora. La sede de la Universidad Católica Argentina, ubicada en el lujoso barrio de Puerto Madero, no paga ABL, el impuesto inmobiliario que administra Jorge Macri en la ciudad.

Una institución contra los derechos

La injerencia de la Iglesia también se expresa en su intervención política e ideológica. Su jerarquía se opuso históricamente a conquistas fundamentales de las mujeres y las disidencias. En 1947 rechazó el voto femenino; en 1987 se movilizó contra la Ley de Divorcio; en 2010 militó contra el matrimonio igualitario y en 2012 contra la Ley de Identidad de Género. También cuestionó la Educación Sexual Integral, la anticoncepción quirúrgica y la reproducción asistida.

La discusión no es si las autoridades religiosas pueden expresar sus opiniones. El problema aparece cuando pretenden convertir sus convicciones particulares en normas obligatorias para toda la sociedad.

La educación es otro terreno de disputa. La Ley de Educación Nacional 26.206, sancionada en 2006, incorporó a las confesiones religiosas reconocidas oficialmente entre los responsables de las acciones educativas (artículo 6). A esto se suma el financiamiento estatal de establecimientos privados confesionales. La educación pública debe garantizar una formación científica, laica y respetuosa de la diversidad, sin subordinación a ninguna doctrina religiosa.

La complicidad con la dictadura

La historia argentina también muestra el papel que tuvo la jerarquía católica frente a los golpes de Estado. Durante la última dictadura militar existió una estrecha relación entre sectores de la cúpula eclesiástica y el terrorismo de Estado. No se trató solamente de declaraciones de apoyo. Hubo integrantes de la institución que participaron directamente del aparato represivo.

Un caso emblemático fue el del sacerdote Christian Von Wernich, capellán de la Policía bonaerense, condenado en 2007 a prisión perpetua por su participación en secuestros, torturas y homicidios de personas detenidas durante la dictadura. Su condena permitió demostrar judicialmente la participación de un miembro del clero en los crímenes de lesa humanidad.

Basta de privilegios al clero

La separación de las iglesias del Estado no significa perseguir a quienes profesan una religión ni impedir que las comunidades religiosas desarrollen sus actividades. Significa terminar con los privilegios económicos, jurídicos y políticos de las instituciones religiosas.

En momentos en que desde el gobierno se cuestionan derechos ganados con la movilización, es fundamental organizarnos para defenderlos. La salud, la educación y los derechos sexuales y reproductivos no pueden quedar sujetos a creencias particulares.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad sostenemos, al igual que el movimiento feminista, que es necesaria la separación definitiva de las iglesias del Estado y terminar con todos sus privilegios.

Daniel Vera, docente, miembro de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina

A lo largo del siglo IV, la Iglesia católica pasó de ser perseguida a convertirse en la religión oficial de lo que quedaba del Imperio romano. Fue la heredera de ese imperio en la Edad Media. Y desde ese momento se posicionó al lado del poder.

En aquel período cultural, era la Iglesia católica la que ostentaba el poder sobre los medios de comunicación social, que eran los púlpitos, mientras que la ciencia oficial era escrita por los curas. Los reyes eran tales por el poder de Dios. La “garantía” de que así fuera la otorgaba la Iglesia.
La institución humana más implacable para defender una fe religiosa y una ideología fue la Inquisición. A través de ella, la Iglesia fue la autora del primer manual de criminología etiológica, el Malleus Maleficarum (El martillo de las brujas). Este manual legitimó el asesinato de un enorme número de mujeres, un verdadero genocidio inquisitorial de mujeres, a las que llamó brujas para justificar su asesinato. Así, rápidamente, la Iglesia dejó su sello en las estructuras legales y judiciales del mundo de la cultura occidental.

La expansión capitalista por el mundo también la tuvo como protagonista. Fue el brazo moral de uno de los peores genocidios de la historia. Justificó la conquista, el saqueo y la devastación del nuevo continente llamando a ese genocidio “evangelización”. Así, la Iglesia mundial celebró en 1992 los 500 años de Evangelización de América.

Luego, la Iglesia católica legitimó la expansión y el tráfico de personas africanas esclavizadas mediante bulas papales y promovió la evangelización forzada de las poblaciones nativas. Otorgó a la Corona portuguesa la exclusividad de la explotación y el derecho a subyugar a paganos y musulmanes, justificando la expansión con la “salvación de las almas y la propagación del cristianismo”.

Mediante la encíclica Rerum Novarum (De las cosas nuevas) del papa León XIII, en 1891, la Iglesia católica se acomoda al poder de turno. Ya no existían los reyes. Tocaba ahora estar del lado de la burguesía.

Todos los gobiernos totalitarios del mundo han recibido apoyo moral de la Iglesia. Fue a través de los Pactos de Letrán de 1929, y a cambio de reconocer oficialmente al Estado italiano gobernado por Benito Mussolini, que la Iglesia obtuvo la creación de la Ciudad del Vaticano.

Desde el primer golpe de Estado en Argentina, en 1930, la Iglesia católica siempre fue beneficiaria de “favores” de los gobiernos de facto. Los mayores beneficios los recibió durante la última y más sangrienta dictadura, que comenzó hace 50 años.

Y como todo abuso es abuso de poder, la Iglesia católica tiene como mancha imborrable e inocultable el abuso sexual a menores perpetrado por miembros de la Iglesia en todo el planeta, siguiendo un patrón de abuso y encubrimiento que llega hasta el mismo Vaticano.

Por eso, desde la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina hemos declarado que no tenemos nada que dialogar con el papa León XIV. Si la Red se encuentra con autoridades de la Iglesia será en un tribunal, donde los responsables sean juzgados y condenados por sus delitos. Con la promocionada Tolerancia 0 a los abusos, la Iglesia dice querer lavar sus culpas, mientras que lo único que hace es revictimizar a les sobrevivientes y encubrir a los pederastas eclesiales.

León XIV no trae ni paz ni justicia. Solo sigue justificando moralmente a los poderosos de turno y encubriendo los abusos eclesiales.

Foto de portada: Flávio Bolsonaro huyó de Brasil con complicidad del gobierno de Milei

José Castillo dirigente de Izquierda Socialista FIT/Unidad

Flávio Bolsonaro huyó de Brasil. Terminó en Estados Unidos, donde llegó a proclamarse “el legítimo presidente de Brasil”. Uno de los capítulos de este escándalo involucra directamente al gobierno de Milei, señalado como parte de la operación ilegal de la huida, que incluyó una imprescindible escala en nuestro país.

La frontera de Puerto Iguazú no fue víctima de una falla burocrática ni de una “distracción” de las fuerzas de seguridad. Fue el escenario deliberado de una operación de encubrimiento planificada y realizada por el gobierno ultraderechista de La Libertad Avanza para facilitar la fuga de un delincuente. En las sombras de la noche misionera, el aparato de gobierno de Javier Milei actuó como logística de apoyo para la fuga de Flávio Bolsonaro hacia los Estados Unidos, evadiendo las prohibiciones judiciales vigentes dictadas por la Justicia brasileña. Lo sucedido en el límite entre Foz de Iguazú y Puerto Iguazú constituye un acto de complicidad, sometimiento semicolonial y alineamiento automático con la agenda del imperialismo yanqui encabezado por Donald Trump.

El recorrido de la impunidad dejó al descubierto los hilos de la complicidad del gobierno de Milei. El recientemente derrotado candidato presidencial de la ultraderecha ingresó a territorio argentino en una comitiva blindada sin que la Dirección Nacional de Migraciones ni la Gendarmería Nacional activaran alerta alguna. En cuestión de minutos, la pista del Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú sirvió de plataforma de despegue para un jet privado contratado a la empresa Baires Fly.

Las miradas apuntan al rol central de Santiago Caputo, asesor presidencial y articulador de la estructura de inteligencia oficial (SIDE), señalado como el ejecutor político que garantizó la vista gorda institucional, los salvoconductos y la cobertura de seguridad necesarios para consumar la evasión con destino final a Miami, con la complicidad de la Gendarmería Nacional, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y los funcionarios de la Aduana. 

Un auténtico escándalo

Resulta indignante la doble vara del gobierno de Milei. Mientras la doctrina de la ex ministra Patricia Bullrich manda a perseguir, encarcelar y reprimir a las y los trabajadores que salen a luchar contra el hambre y criminaliza la migración popular, usando cínicamente la frase “el que las hace, las paga”, ponen el aparato represivo y los recursos de inteligencia al servicio de garantizar la fuga y el resguardo de los personeros de la ultraderecha continental.

Por eso resulta fundamental, tal como lo exigimos desde el Frente de Izquierda Unidad, reclamar la apertura inmediata de los registros de aviación civil de la ANAC, el detalle de las órdenes operativas emitidas a las fuerzas federales en Misiones y la rendición de cuentas de cada funcionario involucrado, empezando por el asesor presidencial “todoterreno” Santiago Caputo.

Este episodio no puede analizarse por fuera del rol de servilismo colonial que La Libertad Avanza le ha asignado a la Argentina. El gobierno de Milei opera como el peón más rastrero del tablero político de Donald Trump en la región, transformando las fronteras nacionales en una aduana porosa para los ultraderechistas del Cono Sur. Recordemos que cientos de involucrados en el intento de golpe de Estado de Jair Bolsonaro en enero de 2023 terminaron “refugiados” en nuestro país. Al mismo tiempo, militariza el territorio para ahogar la protesta social y reprimir a las y los luchadores.

Mientras descargan un plan de miseria planificada, destruyen los salarios, desmantelan la salud pública y saquean a las y los jubilados, destinan el propio aparato de seguridad del Estado a salvarles el pellejo a las bandas golpistas de la ultraderecha internacional.

No podemos naturalizar estos hechos. Frente a la alianza reaccionaria y de sometimiento de Milei, Caputo, Trump y el clan Bolsonaro, tenemos que oponer el más absoluto repudio, que solo sirve si somos capaces de materializarlo en las calles, como lo hicimos el 6 de agosto, en la Marcha de la Bronca en septiembre, en las movilizaciones de octubre o en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias de Córdoba.

¡Ninguna cobertura a los golpistas, reaccionarios y delincuentes de la ultraderecha continental! ¡Basta de ser peones de Trump y sus políticas de sometimiento semicolonial!

Agustín Blanco

Las cárceles de El Salvador de Nayib Bukele se transformaron en centros de tortura y exterminio desde que llegó al poder en 2019 e impuso su modelo represivo, que tanto elogiaron algunas figuras de la Argentina, como la exministra de Seguridad Patricia Bullrich. Una reciente denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expuso que hasta el momento hubo 454 muertes dentro de las prisiones, entre las que se destacan 33 mujeres, tres niñas y un niño.

“De El Salvador se escuchaba nada más que muerte y destrucción, el problema de Las Maras y su dominio territorial. Desde que Nayib Bukele es presidente esto ha cambiado de una manera impresionante”, celebró Bullrich, en la última visita que hizo a ese país en 2024, cuando todavía no era senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA).

Lo cierto es que, de acuerdo con el informe que presentaron, el 78% de quienes murieron no tenían ningún tipo de vínculo con las pandillas que asegura enfrentar Bukele. A su vez, las dudas acerca de una complicidad por parte del Instituto de Medicina Legal son inevitables, ya que muchas de las causas de muerte son por “edemas pulmonares o cerebrales”, mientras que los cuerpos exponen la presencia real de flagelos físicos, previos y posteriores a su muerte.

La denuncia señaló la existencia de todo tipo de torturas, desde la famosa picana eléctrica hasta el submarino seco, además de los registros de fuertes golpizas y hasta de colgar los cuerpos horas y dejarlos sostenidos de alguna de sus extremidades. ¿Esta es la seguridad que banca Bullrich y el modelo libertario?

La crueldad es brutal e innegable, al igual que la persecución a quienes denuncian las “bondades” del régimen de excepción que se instaló en 2022 y que ya logró el récord de 93 mil detenciones arbitrarias. La ONG Cristosal, que se encuentra a la cabeza de las denuncias, debió cerrar sus oficinas en El Salvador por los hostigamientos que recibía por parte del Gobierno local.

“De ser uno de los países más inseguros, pasó a ser uno de los más seguros del mundo”, había asegurado Bullrich, en defensa de la tortura y los asesinos de 454 personas.