May 25, 2022 Last Updated 7:06 PM, May 24, 2022

Si escuchamos al presidente Alberto Fernández, o a sus principales funcionarios, hay un discurso que se repite: “estábamos muy mal, culpa de Macri, luego nos agarró la pandemia del Covid, pero ahora sí, la economía está creciendo, se crean millones de puestos de trabajo, y si no se ve más es por la guerra”.

Salgamos del discurso hacia la realidad. Los nuevos puestos de trabajo son en su inmensa mayoría precarizados, en negro, con salarios que orillan la indigencia. Los trabajadores en blanco, por su parte, siguen perdiendo frente a la inflación. Al 25% acumulado de retroceso del poder adquisitivo en los últimos cuatro años hay que sumarle la inflación desbocada de 2022. No hay acuerdo paritario que logre cubrir un índice anual que va camino a estar cerca del 70%, mientras los convenios se firman por debajo de 60% y en cómodas cuotas.

La guerra contra la inflación, que el gobierno del Frente de Todos había “declarado” en marzo, la ganaron los empresarios por abandono. No hubo una sola medida del gobierno que se haya intentado seriamente que fuera cumplida por las patronales. Ni aumentar las retenciones al trigo y al maíz, ni, mucho menos, controlar las cada día mayores violaciones a los “precios cuidados”. Más aún, por exigencia del acuerdo con el FMI, el propio gobierno se apresta a echar más leña al fuego, con los aumentos de tarifas en ciernes. Por supuesto, bien vale una pregunta: ¿el gobierno perdió esa guerra, o en realidad nunca quiso ganarla, ya que la inflación era el mecanismo más fácil para hacer pasar el ajuste exigido por el Fondo? Estamos convencidos que se trata de esto último.

Cristina desde hace varios meses despotrica contra la política económica, mientras por el otro lado la dejan correr y no plantea nada alternativo. Pasó con el acuerdo con el FMI. Ahora insiste con su proyecto para que los evasores que fugaron divisas las traigan, para con ellas pagarles al Fondo. Un proyecto “para la tribuna”, que incluso si llegara a aprobarse el único beneficiado sería el propio FMI. También son puro discurso las críticas kirchneristas a la ausencia de medidas contra la inflación. El último capítulo se dio este martes con la renuncia del secretario de Comercio Roberto Feletti, máximo responsable de controlar la suba de precios, que se fue por “diferencias con la política económica”, según dejó expresado. Aclaremos que se trata del mismo funcionario que, a lo largo de sus casi ocho meses de gestión, jamás sancionó a ninguna empresa de las tantas que violaron todas y cada una de sus disposiciones.

En conclusión, los únicos beneficiados siguen siendo las grandes patronales, que engrosaron sus bolsillos con superganancias, mientras el pueblo trabajador está cada vez peor.

En el peronismo gobernante hay cada vez más sectores que tratan de despegarse de este desastre económico y de las consecuencias sociales del ajuste, que lo están llevando a un fracaso político. Cada uno trata de salvarse de cara al 2023. Por eso llueven las reuniones, todas ellas convocadas como “grandes cumbres”, y que después terminan en pifies totales. Así, la semana pasada tuvimos a Alberto Fernández con la Uocra, en un encuentro donde, pese a los ruegos del jefe de gabinete Juan Manzur, pesaron más las ausencias que las presencias. Y que terminó con la patética escena del burócrata Gerardo Martínez regalándole una lapicera (como símbolo del poder) al presidente Fernández. Como contrapartida, el peronismo kirchnerista lanzó su propia convocatoria, en Mendoza, a “el peronismo futuro”, obteniendo una desteñida escena donde el problema no solo fueron las ausencias, sino incluso las presencias: uno de los oradores fue uno de los gobernadores más conservadores y reaccionarios, Juan Manuel Urtubey. Es que el kirchnerismo, que se sigue postulando para contener “por izquierda” la cada vez mayor bronca popular contra el gobierno. No puede evitar su propio desgaste, como lo marcan todas las encuestas, con un descenso pronunciado de la imágen de la propia Cristina Fernández.

La oposición patronal de Juntos por el Cambio, por su parte, sigue enroscada en sus propias peleas por los cargos, cada día más feroces. Pero absolutamente todos los sectores, sean de PRO, del radicalismo, del peronismo de Pichetto o de la Coalición Cívica, plantean un programa de mayor ajuste, que incluye las reformas estructurales (laboral y jubilatoria) que no llegaron a hacer cuando gobernaron entre 2015 y 2019. Por si quedaba alguna duda, esta semana lo reafirmó Horacio Rodríguez Larreta, al pronunciarse claramente por la flexibilización laboral. El ultraderechista Milei, por su parte, le agregó una anécdota más a su ya larga lista reaccionaria, anunciando su acuerdo con el partido de Bussi (hijo del genocida y él mismo reivindicador de la dictadura) en su armado nacional.

En medio de todo esto, se realizó el Censo de Población. Buen momento para recordar que, censo tras censo, la foto nos da cada vez peor, con más pobres, más miseria, más estancamiento. Cuestión que se viene repitiendo, corregido y aumentado, desde hace cuarenta años. ¿Por qué estamos cada vez peor? La respuesta es simple: la ilegítima, inmoral e ilegal deuda externa, contraída por la dictadura y luego pagada e incrementada por absolutamente todos los gobiernos desde 1983 a la fecha, nos hundió y nos sigue hundiendo. Los acuerdos con el FMI, con sus recetas de ajuste para cumplir con los acreedores, fue y es el mecanismo privilegiado del saqueo y la entrega.

Por eso en esta semana, en que se festeja otro 25 de mayo, primer paso en 1810 de esa epopeya que nos llevó a la independencia de la corona española seis años más adelante, no solo debemos denunciar que cada día somos más dependientes y semicolonizados. Sino también plantearnos la necesidad de luchar por la segunda y definitiva independencia. Esta se logrará rompiendo los lazos políticos y económicos que nos atan al FMI, dejando de pagar la deuda externa y poniendo en marcha, a partir de ahí, otro programa económico, obrero y popular, que privilegie las necesidades de las mayorías populares. Como planteamos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, solo un gobierno de las y los trabajadores puede llevar adelante esta tarea.


Escribe José Castillo

La inflación sigue por las nubes. Los precios de la canasta familiar crecen a una velocidad muy superior a la de los salarios. El gobierno de Alberto Fernández convalida nuevos aumentos este mes y proyecta otros, como los tarifazos, para el que viene.

La carestía de precios no para. Los billetes cada vez valen menos. Para el conjunto del pueblo trabajador llenar un chango del supermercado se va transformando en una utopía. Ni que hablar de llegar a fin de mes.
Marzo había marcado un récord: 6,8% de inflación, con valores muy superiores en los productos de la canasta familiar. En abril se “clavó” en un 6%, otro número extremadamente alto. El acumulado del primer cuatrimestre, de ese modo, suma 23,1%.

Pero el drama no terminó acá. La inflación en mayo seguirá por arriba de 5%. De acuerdo a diversos relevamientos, la canasta de alimentos y bebidas ya acumula en las tres primeras semanas del mes una suba de 4,1%, con algunos productos muy por encima, como los aceites (7,6%), las carnes (7,4%) y los productos que utilizan harina (panificados, cereales y pastas, 6,8%). Para junio ya están programados, además, los aumentos de tarifas de luz y gas, de al menos otro 20%. Y se vienen los de agua, además de que ya está lanzada con todo la discusión por nuevas subas del precio del transporte en el área del AMBA, mientras los precios de colectivos en el interior ya hace tiempo que están por las nubes, y se programan nuevos incrementos.

La guerra contra la inflación que nunca se vio

Hace ya dos meses, en marzo, el presidente Alberto Fernández anunció con toda pompa el lanzamiento de una “guerra contra la inflación”. Digámoslo con todas las letras: no se hizo absolutamente nada, ni siquiera las tibias medidas que se plantearon en ese momento.

Los “precios cuidados”, ese ya viejo programa por medio del cual voluntariamente las grandes empresas de consumo masivo aceptan poner algunos productos en las cadenas de super e hipermercados a un precio fijo (supuestamente menor) cada vez se cumple menos. El propio gobierno lo reconoció: si siempre el porcentaje de acatamiento era de 75%, ahora bajó a 65. Léase: de cada tres productos cuidados, uno directamente no está en la góndola. El porqué es obvio: jamás se sancionó a nadie por violar este acuerdo. Peor aún, ahora se premia a las mismas empresas que incumplieron estos meses, negociando que, para que vuelvan a poner los productos, se les permitirá aumentar los precios de los mismos.

Ni que hablar de otros programas en su momento también anunciados como grandes soluciones, como el “super-cerca”, que crearía un sistema de precios cuidados en los negocios de cercanía (como los supermercados chinos) nunca se puso en práctica. El motivo es simple: las grandes empresas están desviando el abastecimiento hacia estos negocios, donde pueden poner precios más altos, vaciando las góndolas de precios cuidados. El gobierno conoce todo esto, pero, obviamente, no hace nada.

Hace dos meses también se anunció la creación de un fideicomiso para la harina. Era una medida absolutamente insuficiente: consistía en que el gobierno financiaría a los molinos para que estos subsidien el precio en que la bolsa de harina se vendería a las panaderías. Pasaron dos meses y no se puso en práctica. ¿Porqué los molinos harineros no lo aceptaron, si para ellos era un subsidio? Muy simple, la mayoría compra y vende en negro, e incluso no puede garantizar la “trazabilidad” (o sea de donde viene el trigo y hacia donde va la harina). Todo un ejemplo de cómo funcionan las patronales monopólicas de la alimentación. Mientras tanto, el pan, las facturas, los fideos, la pizza y todo otro producto que dependa de la harina sigue subiendo y transformándose en prohibitivo para el bolsillo popular.

Entre tanto, sigue el sainete en el gobierno, donde los discursos van y vienen, para finalmente decir que, bajo ningún punto de vista se le aumentarán los impuestos (retenciones) a los monopolios exportadores, que siguen embolsando super-ganancias por la suba de los precios del trigo a nivel mundial.

Ahora Martín Guzmán ha anunciado su “nueva” medida. La concentración de la política de precios en el ministerio de Economía, por el pase de la secretaría de Comercio Interior, a la órbita de su ministerio. Ya podemos anticipar el resultado de este pase burocrático: un total fracaso.

La trampa de los acuerdos paritarios

Mientras tanto, el gobierno y la burocracia sindical de la CGT y las CTA nos quieren hacer creer que, con los nuevos acuerdos paritarios, los salarios van a empatarle a la inflación. ¡Mentira! Veamos.

Primero y principal, se están cerrando acuerdos entre el 50 y el 60% anual, cuando todos los estudios hablan de que la inflación de este año va a terminar en el orden del 65-70% como mínimo.

Segundo, los acuerdos, en cómodas cuotas, hacen que los trabajadores vean como los aumentos de precios se van comiendo, mes a mes, el poder adquisitivo de su salario, que luego, “al final”, después de que los salarios se fueron pulverizando durante todo el período, recuperan algo con el aumento. Mientras tanto, las patronales se ahorraron el aumento durante uno, dos o tres meses.

Tercero, ya nadie habla de recuperar los perdido en los años anteriores. Todas los cálculos coinciden en que los trabajadores en blanco, contando desde el 2017 para acá, ya perdieron el 25% de su poder de compra.

Cuarto, hay una enorme dispersión en los salarios. Decenas de miles de trabajadores cobran salarios por debajo de la línea de pobreza. Los que están tercerizados o en las categorías más bajas del monotributo peor aún. Ni que hablar de los millones de contratados en negro. Sobran ejemplos de puestos de trabajo ofrecidos que pagan entre 30.000 y 40.000 pesos. Una enorme masa está en un promedio de 50.000. Pese a esto, la CGT se niega a reclamar una suma fija que recomponga de conjunto los ingresos y evitar la condena al hambre a todos los que están en estas condiciones. Ni que hablar que el salario mínimo, vital y móvil está constantemente orillando en el límite de la canasta de indigencia.

La pérdida del poder adquisitivo de los salarios no se arregla con discursos, ni con acuerdos que nadie cumple. Mucho menos con aumentos salariales en cuentagotas que ni siquiera recuperan lo perdido. Hay que implementar un programa de emergencia, como el que explicamos más abajo, que ponga como prioridad la recuperación de la capacidad de compra del pueblo trabajador.


Escribe José Castillo

Está culminando la primera misión de inspección del Fondo Monetario Internacional para verificar el cumplimiento del plan de ajuste firmado. Para disimular un poco y evitar el repudio popular, la auditoría se hizo virtualmente. No por eso resultó menos exhaustiva y exigente. Decenas de funcionarios del ministerio de Economía, del Banco Central, del Ministerio de Trabajo y de Desarrollo Social, debieron pasar bajo las cámaras del Zoom del FMI, para rendir exámen de cómo están ajustando.

Desde medios afines al gobierno se festejó que esta vez los objetivos a cumplir, que cubrían el trimestre enero-marzo de este año, se alcanzaron con relativa facilidad. Veamos: primero y principal, como explicaron los propios funcionarios ante sus examinadores, se cumplió con el ajuste exigido. Se desmorona todo el doble discurso de que “no hay ajuste”. ¡Sí lo hay, y lo dice ante el FMI el propio ministro! Esto tuvo sus consecuencias, lo vemos en las jubilaciones que se siguen desmoronando, en los salarios del sector público, con acuerdos paritarios a la baja y en el congelamiento de nuevos planes sociales.

Pero lo que se esconde es que lo más difícil y duro de las metas a cumplir es lo que viene por delante: son las metas de los próximos meses. Ahí se verá más crudamente el ajuste. Un punto importante será el reajuste de tarifas, pero no es el único. El gobierno ya se gastó el 70% del “permiso” de emisión que le daba el Fondo para todo 2022. A partir de ahora deberá financiarse con nueva deuda (léase aumentar la deuda interna en leliqs, una bicicleta financiera impresionante para los bancos) o achicar todo. Esa es la realidad de los próximos meses. Tampoco luce sencilla la meta de acumular 5.000 millones de dólares en reservas, reaseguro que exige el FMI de que el país está “juntando” la plata para pagarle la deuda. Para llevarla a cabo habrá que “ajustarse el cinturón”. Otra vez podemos imaginarnos que ese ajuste recaerá sobre el pueblo trabajador.

El gobierno de Alberto Fernández había hecho correr el rumor de que, producto de la guerra de Ucrania, el Fondo podría rever las metas con Argentina, “perdonando” o “ablandando” algunas de las exigencias. Los funcionarios del FMI afirmaron tras la misión: “las metas no se tocan, siguen siendo las mismas”. Traducido: “no importa el contexto mundial, cumpla y ajuste según lo acordado en marzo”.

No tenemos salida si seguimos esclavizados por el FMI. Es un futuro de más ajuste para los próximos trimestres, y de exigencias de reformas estructurales (fiscal, previsional, laboral) a partir de fines de 2023, con el único y exclusivo objetivo de que se cumpla con los plazos imposibles de los vencimientos de deuda. Una deuda absolutamente ilegal e inmoral, tomada por el gobierno de Macri, que no es otra cosa que un nuevo capítulo de otra, más inmoral e ilegal aún, que es la que venimos pagando desde la dictadura.

Tenemos que pelear por una salida distinta, por un plan económico obrero y popular, que comienza justamente rompiendo con el FMI, dejando de pagar inmediatamente la deuda externa y poniendo todos esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares de trabajo, salario, educación, salud y vivienda.               

El jueves 19 nos movilizamos al Ministerio de Economía para repudiar la reunión del FMI con el ministro Martín Guzman, donde revisaron el plan de ajuste que está implementando el gobierno nacional. Participaron los cuatro partidos del FIT Unidad, tomando la palabra Juan Carlos Giordano y Myriam Bregman entre otros, la “Autoconvocatoria por la suspensión del pago y la investigación de la deuda”, sectores sociales y sindicales, por ATE Mecon habló Pablo Almeida, entre otros dirigentes.

Escribe Guido Poletti

Los datos son aterradores a fines del año pasado, casi un tercio, exactamente el 31,5% de los trabajadores, cobraban salarios por debajo de la línea de pobreza (informe de del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales -Cedlas- de la Universidad Nacional de La Plata). Estos números sin duda han empeorado a causa de la inflación por las nubes de este primer cuatrimestre de 2022.

Según los números oficiales del Indec, el piso para no ser pobre es poder adquirir lo que se denomina la “canasta básica total”. Esta ascendía a fines de abril a 95.260,37 para una familia tipo. Dicha canasta no tiene en cuenta ciertos gastos fundamentales de todo núcleo familiar, como el de los propios gastos para tener un hogar, tal el caso del pago del alquiler o las expensas. Incorporando todo esto, los trabajadores de ATE Indec elaboran otra canasta mucho más realista, que establece que el límite para no ser pobre en tener un ingreso de 154.134 pesos.

La media que gana hoy un trabajador o trabajadora está en 50.000 pesos. Eso quiere decir que dos personas que habitan bajo un mismo techo con ese ingreso están muy lejos de alcanzar dicha canasta. Es urgente aumentar los salarios para recuperar el poder adquisitivo.

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