El presidente Javier Milei, de la mano de su nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, busca recuperar la iniciativa. Tal como lo dijo explícitamente la “hermanísima” Karina Milei, el objetivo al que se subordina todo es la reelección de Milei. El gobierno se envalentona a partir de una serie de encuestas que colocan esa eventualidad como “posible”.

¿Para qué quiere reelegirse? La respuesta simple y directa es para profundizar la entrega y el superajuste. Muchas compañeras y compañeros se preguntarán si es posible ir más allá. El propio Milei en el aniversario de los 250 años de la independencia yanqui. Se sometió a la humillación de ser “desinvitado” de Estados Unidos. Su intención inicial era estar presente junto a Donald Trump en los festejos oficiales, pero le dijeron que su presencia no estaba prevista. Luego, en la embajada yanqui, debió resignarse a escuchar humildemente lo que tenía para decir el embajador Peter Lamelas, que se comportó prácticamente como si fuera un virrey. A esto hay que sumarle la humillación de que la bandera yanqui flameara en el Monumento a la Bandera de Rosario o que el Obelisco de Buenos Aires apareciera con un juego de luces que emulaba los colores estadounidenses.
El gobierno va por el Super RIGI, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La entrega de toda nuestra capacidad científica y tecnológica nuclear, del gas, el petróleo y el litio. También va por la semicolonización más absoluta, con la entrega o el alquiler de bases militares a los yanquis y sus socios, y la extranjerización sin límites de las tierras de frontera.

Al mismo tiempo, necesita la reelección para profundizar el ajuste y la motosierra, y garantizarles a las grandes patronales, fundamentalmente extranjeras, sus superganancias. Primero y principal, al capital financiero, a los buitres de la deuda y a su gendarme, el FMI. Pero también al resto, garantizando la efectiva puesta en marcha de la reforma laboral, reventando convenios y liquidando conquistas de décadas, mientras intenta avanzar con otras reformas todavía pendientes, como la jubilatoria.

Por supuesto, la enorme bronca popular todavía pone un gigantesco signo de interrogación sobre si La Libertad Avanza logrará coronar su sueño reeleccionista. Falta muchísimo. Pero es cierto que el gobierno trata de construir el escenario electoral más amigable posible para ese objetivo. Por eso lanza diversos globos de ensayo sobre reformas electorales.

Y acá entra la oposición patronal. Ya no sorprende que, más allá de sus idas y vueltas, el PRO o la UCR estén abiertos a apoyar al gobierno si se tienen en cuenta sus propios negocios. Pero, evidentemente, lo más importante es lo que pasa con el peronismo.

Un sector, encarnado en gobernadores como el catamarqueño Raúl Jalil, el santiagueño Gerardo Zamora, el riojano Ricardo Quintela y el tucumano Osvaldo Jaldo, ya está directamente en el “toma y daca” con el gobierno. Otro, representado los sectores de Cristina Fernández y La Cámpora, por un lado, y Axel Kicillof, por el otro, están sumidos en una feroz interna por los cargos, mientras también ajustan donde gobiernan.

Esto nos demuestra que el peronismo no es una salida para el pueblo trabajador. No sirve para luchar contra Milei y su motosierra. La burocracia sindical de la CGT sigue metida en su ya más que vergonzoso pacto con el gobierno, poniendo mil y una excusas para no salir a pelear. Los bloques peronistas en el Congreso ni siquiera garantizan que no votarán los proyectos del gobierno a cambio de alguna migaja. Por si todo esto fuera poco, quienes aspiran a presentarse como alternativa electoral para capitalizar la bronca contra Milei se la pasan dando “señales a los mercados” (léase a las patronales y al imperialismo) de que cumplirán con los pagos de la deuda y no tocarán los privilegios que les otorgó.

Por eso no debe llamar la atención que un sector cada vez más importante del pueblo trabajador repudie al gobierno, no quiera saber nada más con el peronismo y, en ese marco, crezcan la imagen positiva y la intención electoral de Myriam Bregman y el Frente de Izquierda.

El FIT Unidad se va consolidando como una auténtica alternativa porque garantiza su presencia y apoyo en todas las luchas. También porque es el único bloque que, de manera contundente y unánime, se opone a todas y cada una de las políticas de ajuste y saqueo.

Pero, además, ofrece una salida. La izquierda, junto al pueblo trabajador, puede y debe gobernar. Con un programa obrero y popular, que es el que venimos postulando desde siempre, dejar de pagar la deuda, romper con el FMI, recuperar los resortes de nuestra economía (nacionalizar la banca y el comercio exterior, y reestatizar las privatizadas) y cobrarles impuestos a las grandes empresas. Todo con el objetivo de poner esos recursos al servicio de resolver las necesidades populares más urgentes.

Para que esto sea posible, hoy la tarea es fortalecer al Frente de Izquierda, llenarlo de militancia y darles espacio a los miles de independientes que quieren sumarse. Al servicio de esa tarea, desde Izquierda Socialista te invitamos a acercarte, participar y ayudar a desarrollar los comités unitarios que se están conformando. Tu presencia es necesaria.

Foto de portada: El ministro Caputo anunciando el programa financiero al servicio de garantizar los pagos de deuda externa

Escribe José Castillo

El gobierno de La Libertad Avanza presentó un “programa financiero” que cubre lo que resta del 2026 y todo el 2027. Explícitamente, su único objetivo es garantizar a los pulpos acreedores y al FMI que van a cobrar puntualmente. Obviamente, todo a costa de más hambre, miseria y marginación para el pueblo trabajador. La única propuesta alternativa, que comienza por no pagar la deuda, es la que plantea el Frente de Izquierda Unidad.

Sin disimulo, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el pasado lunes 6 su programa financiero bajo el manto de un “blindaje electoral” para el año que viene. No hubo una sola palabra sobre mejorar los salarios y las jubilaciones, o al menos aliviar la dramática situación de los millones de endeudados de los sectores populares. Por el contrario, el ministro se explayó dando todo tipo de garantías a los pulpos acreedores y a los especuladores internacionales de que la Argentina “cumplirá” todos sus compromisos de deuda.

El programa financiero anunciado por el gobierno contempla líneas de financiamiento de organismos multilaterales (FMI, Banco Mundial y BID), el lanzamiento de bonos locales y la compra de dólares al Banco Central. Se espera que un pool de bancos internacionales aporte 4 mil millones de dólares, que recuperarán con jugosos intereses incluidos, y se lanzarán nuevos bonos de deuda en el mercado local. Con esto se quiere esconder que se trata de un mayor endeudamiento. A eso se suma el ingreso de alrededor de 2.300 millones de dólares en concepto de privatizaciones. En síntesis, pagar deuda con nueva deuda y vendiendo empresas públicas.

Con esto, el gobierno busca cubrirse de una eventual corrida cambiaria cercana a las elecciones. Incluso abre el paraguas ante la posibilidad de que una derrota de Trump en las elecciones estadounidenses de noviembre le cierre la posibilidad de un nuevo “salvataje” yanqui, como el que sucedió en octubre pasado.

Para “bendecir” esta ingeniería financiera, la directora general del FMI, Kristalina Georgieva, visitará la Argentina en los próximos días.

¿Qué hay detrás de este plan?

El gobierno se jacta de que este año se batirán récords de exportaciones, superando los 100 mil millones de dólares. También agita que ya existe un monto similar de proyectos comprometidos por el RIGI, más allá de que los dólares reales en proyectos de esa naturaleza, todos vinculados al saqueo mediante el gas, el petróleo y la megaminería, no llegan ni al 10% de ese monto. Además, anunció que desde enero viene recomponiendo las reservas del Banco Central.

Pero nada de eso puede ocultar que las divisas, así como entran, se van. Más aún, no alcanzan cuando sumamos los infinitos pagos de deuda externa, que superarán los 15 mil millones este año y se acercan a los 30 mil millones al agregar todo lo pendiente hasta fines de 2027. Mucho menos si a eso le sumamos la fuga de divisas, que avanza a un ritmo de más de 2 mil millones de dólares por mes.

También está la fiesta de importaciones, producto de la apertura indiscriminada de la economía, que está reventando la industria local y generando el cierre de miles de empresas, con su tendal de desocupados.

¿Cuál es la salida?

La deuda externa es ilegal, inmoral, ilegítima, fraudulenta y, además, impagable. Miles y miles de millones de dólares se van por un barril sin fondo, acumulando pagos de intereses, mientras el capital de la deuda se sigue incrementando como una bola de nieve.

El peronismo, en todas sus vertientes, garantiza que, de la forma que sea, cumplirá con los pagos de esa deuda. Su “programa alternativo”, si es que puede llamarse así, es desconocido en su contenido y contendrá, como mucho, una nueva “renegociación”, como la que ya vimos durante el gobierno de Alberto Fernández.

Un dato no menor es que, justamente en estas semanas, estamos pagando cuotas de esa refinanciación por un monto de nada menos que 4.300 millones de dólares. Recordemos que fue producto de la refinanciación de la deuda realizada por el entonces ministro Martín Guzmán, que la presentó como exitosa, más el nuevo acuerdo de Alberto, Cristina y Massa con el FMI en marzo de 2022. Esto terminó sometiendo al pueblo trabajador a un feroz ajuste y fue uno de los motivos por los que hoy tenemos en el gobierno a la ultraderecha de Milei.

Por eso insistimos en que el único programa alternativo que existe es el que postulamos desde el Frente de Izquierda Unidad. Un programa que comienza por suspender inmediatamente los pagos de la deuda externa y romper con el FMI, como primer paso para recuperar nuestra independencia.

Continúa con la nacionalización de la banca para poner todo el ahorro nacional al servicio de las necesidades populares. Exactamente al revés de lo que plantea el gobierno, que ahora dice que reformará la Carta Orgánica del Banco Central para hacerlo aún más funcional a los grandes negociados financieros y al ajuste.

El programa sigue con la nacionalización del comercio exterior, incluidos los puertos y la Hidrovía del Paraná, mientras Milei profundiza la entrega a las transnacionales de la agroexportación.

El Frente de Izquierda también plantea la reestatización de las privatizadas bajo control de trabajadores y usuarios, mientras el gobierno de La Libertad Avanza avanza en el sentido contrario y vende las empresas públicas que quedan para utilizar esos dólares al servicio del pago de los vencimientos de deuda. Nosotros, en cambio, decimos que el gas, el petróleo y toda la riqueza del subsuelo deben ser reestatizados y puestos al servicio del desarrollo de nuestro país.

El programa del FITU también plantea cobrarles fuertes impuestos a las grandes fortunas y a las superganancias, en las antípodas del RIGI y el Super RIGI, que deben ser derogados.

La izquierda y el pueblo trabajador pueden y deben gobernar. Porque comenzarían tomando todos esos recursos para destinarlos a resolver las necesidades populares más urgentes, como salarios y jubilaciones dignos, empleo genuino para todas y todos, salud, educación y vivienda.

Foto de portada: Lago escondido, la escandalosa “propiedad privada” de Joe Lewis 

Escribe Guido Poletti

Bajo el título de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, asistimos a uno de los saqueos más importantes de las últimas décadas. El proyecto modifica el régimen de expropiaciones, agiliza los desalojos ante usurpaciones y flexibiliza las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de particulares extranjeros. Al avanzar de la mano con la derogación y reforma de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737), opera como un andamiaje legal para profundizar y acelerar la extranjerización del territorio nacional. Se trata de una entrega planificada de la soberanía territorial y de los recursos naturales del país a los pulpos transnacionales.

El núcleo duro radica en el desmantelamiento de la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011. Aquella norma establece un tope del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Además, prohíbe expresamente que un mismo propietario de otra nacionalidad posea más de mil hectáreas en la codiciada “zona núcleo” pampeana o sus equivalentes en otras regiones. También incluye una restricción absoluta sobre tierras con cuerpos de agua de gran envergadura o ubicadas en las denominadas Zonas de Seguridad de Frontera. Al eliminar estas barreras mediante la nueva legislación desreguladora, el Estado renunciará a su capacidad de control sobre áreas sensibles para la defensa nacional y el abastecimiento hídrico.

Esta desprotección adquiere ribetes dramáticos cuando se analiza el mapa de las fronteras argentinas, donde la presencia de terratenientes extranjeros ya es un hecho consumado. El ejemplo más emblemático en la Patagonia es el del magnate británico Joe Lewis, cuya propiedad en la provincia de Río Negro rodea por completo el Lago Escondido e impide el libre acceso a un bien público. Este enclave, situado a escasos kilómetros de la frontera con Chile, constituye de hecho un “Estado dentro de otro Estado”, con una pista de aterrizaje privada de proporciones militares y una nula sujeción al control federal.

No es un caso aislado. El grupo italiano Benetton, a través de la Compañía de Tierras Sud Argentino, es el mayor terrateniente del país y acumula cerca de un millón de hectáreas distribuidas en Chubut, Santa Cruz y Neuquén. Muchas de estas estancias colindan directamente con la Cordillera de los Andes y la frontera internacional. Estas tierras, ricas en recursos minerales, fuentes de agua dulce y con un incalculable valor ambiental, han sido escenario de violentos ataques contra las comunidades originarias, como el que derivó en el asesinato de Santiago Maldonado en 2017.

Hay casos menos conocidos. Escondido detrás de testaferros argentinos, el Estado de Qatar ya adquirió 14 mil hectáreas en áreas fronterizas de Río Negro. Emiratos Árabes Unidos, por su parte, acumula más de 50 mil hectáreas en tres zonas estratégicas entre la cordillera y la costa. También crecen las denuncias de apropiación de tierras por parte de capitales israelíes.

La nueva ley viene a legalizar y multiplicar estas situaciones. Ahora, cualquier corporación multinacional o fondo de inversión podrá adquirir miles de hectáreas en la sensible línea de frontera sin necesidad de someterse a dictámenes de seguridad nacional, defensa o derechos preexistentes de los pueblos originarios.

El saqueo ambiental

Pero el engranaje de esta reforma no se limita al “libre mercado” inmobiliario rural. Para que el negocio de la extranjerización sea completo, se necesita allanar los obstáculos que la legislación ambiental impone a la especulación. Es aquí donde la ley de “fortalecimiento” introduce su modificación más perversa, la reforma de la Ley de Manejo del Fuego (Ley 26.815).

La normativa vigente hasta ahora, reformada en 2020 para combatir la ola de incendios intencionales provocados con fines especulativos, prohibía durante 30 años en zonas productivas y de pastizales, y durante 60 años en bosques nativos, la modificación del uso de las tierras que hubieran sufrido incendios. De este modo, impedía que un terreno quemado fuera rápidamente loteado para desarrollos inmobiliarios o reconvertido de forma exprés a la agricultura intensiva.

El nuevo proyecto de ley viene a eliminar de cuajo esta prohibición. Esto habilita y crea un fenomenal incentivo al fuego intencional. Se abre la puerta para que grandes grupos económicos y desarrolladores inmobiliarios, muchos de ellos extranjeros interesados en expandir la frontera agrícola o crear barrios privados exclusivos, utilicen el fuego como una herramienta rápida y barata de “limpieza” del suelo.

Un bosque degradado o un pastizal sensible que antes requería décadas de recuperación ecológica ahora podrá ser rápidamente reconvertido en un lucrativo negocio sojero o ganadero apenas se apaguen las brasas.

De este modo, se consolida un círculo vicioso perfecto para el capital transnacional. Por un lado, se quitan los límites para que los extranjeros compren la Patagonia, el norte productivo y las zonas de frontera. Por el otro, se les otorga la impunidad de modificar el uso del suelo tras un incendio forestal o de pastizales, eliminando cualquier costo de oportunidad ambiental o social derivado de la destrucción del ecosistema.

En conclusión, la Ley de “Fortalecimiento de la Propiedad Privada” está redactada a la medida de los grandes fondos de inversión, las corporaciones de agronegocios y los magnates globales que ven en la Argentina un inmenso reservorio de recursos naturales baratos, libres de regulación estatal y control democrático.

De implementarse plenamente, la geografía argentina pasará a ser un mosaico fragmentado de propiedades extranjeras inaccesibles, donde la soberanía nacional será apenas una ficción en un mapa escolar, escrita sobre un suelo devastado por el fuego y la especulación.

Escribe José Castillo

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) resolvió, mediante la resolución 101/2026, desafectar como “innecesario” y por lo tanto colocarlo a la venta un predio de 2.939 metros cuadrados pertenecientes a la Base Naval Ushuaia. En su interior, actualmente están el Museo Marítimo y del Presidio, uno de los sitios turísticos más visitados de la ciudad.

El sitio es estratégico, se encuentra  a metros de la Terminal Orión de YPF y de la Base Naval. Es una de las áreas más sensibles desde el punto de vista geoestratégico. En las mismas narices de la puerta de acceso al Atlántico Sur, a la Antártida y al pasaje bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico. La base naval, que es el sitio donde suele amarrar el rompehielos Irizar, único buque antártico, se ha visto envuelta en rumores de uso común con la Armada yanqui en los últimos tiempos. A apenas 700 kilómetros de las Islas Malvinas. 

Es un hecho más en el marco de la extranjerización de tierras de frontera y estratégicas, pieza fundamental de la entrega que lleva adelante el gobierno de Milei. Hay que movilizarse para detenerlo.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Este lunes 13 de julio, en la contratapa de Página/12, apareció una nota firmada por Gustavo Campana que recordaba que se cumplían 26 años del fallo emitido por el juez Jorge Ballestero, que determinó que el endeudamiento de la última dictadura militar, entre 1976 y 1982, fue “ilegal, ilegítimo y fraudulento”. El juez encontró 477 ilícitos que documentaron que los préstamos que comprometieron a todo el pueblo sirvieron para solventar “negocios privados” de grandes grupos económicos.

La causa había sido iniciada por una denuncia de Alejandro Olmos en 1982 y dio fruto 18 años después. Olmos denunció esa deuda “fabricada” por la dictadura genocida.

La investigación determinó que endeudaron a la Argentina a través de las empresas estatales. Los organismos conseguían dólares que no utilizaban y el Banco Central se encargaba de hacer llegar esos billetes a las empresas privadas. La nota destaca que “Los grandes beneficiarios fueron los 70 grupos económicos que fueron rescatados por la estatización de la deuda externa privada: Fortabat, Bunge & Born, Bridas, Bulgheroni, Pérez Companc, Techint, Soldati, Alpargatas, Grupo Macri y Pescarmona. Contrajeron deuda privada, que más tarde fue estatizada con seguros de cambio del Banco Central que presidía Cavallo”.

“La deuda externa ha resultado groseramente incrementada a partir de 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante, que puso de rodillas al país, sin que hubiera registros contables”, decía Ballestero en su dictamen. Mientras tanto, el paso del tiempo se encargó de indultar a los responsables y los delitos prescribieron. Ballestero envió entonces las actuaciones al Congreso Nacional y pidió que se constituyera en tribunal para determinar la responsabilidad política. Algo que nunca ocurrió.

La nota termina diciendo: “Olmos, periodista y militante peronista, murió el 24 de abril de 2000, tres meses antes de la sentencia tardía. Las condenas prescribieron, pero la deuda, que hoy supera los 450 mil millones de dólares, la sigue pagando el pueblo argentino”. Agregamos nosotros que esto ocurre por culpa de todos los gobiernos capitalistas, radicales, peronistas de distintos colores, macristas y ultraderechistas. Solo la izquierda lucha por desconocerla.