Escribe José Castillo

El acuerdo firmado en marzo con el FMI obligó al gobierno peronista del Frente de Todos a realizar un gran ajuste en este 2022 que está culminando. En concreto, se achicaron todas las partidas (en la inmensa mayoría de los casos por el simple expediente de no indexarlas por la inflación correspondiente) para alcanzar un déficit fiscal de 2,5% del PBI. Lo vienen sufriendo en estos meses todos los trabajadores del estado (sean administrativos, docentes o trabajadores de la salud), así como los que perciben planes sociales y el conjunto del pueblo trabajador que vive cotidianamente el deterioro de los servicios de educación, salud, vivienda, etcétera.

La contrapartida de este ajuste fue que el Fondo envió dinero para cubrir los vencimientos con el propio organismo. El año próximo esto no sucederá: será mucho más lo que hay que pagarle a este organismo que los desembolsos que llegarán. En concreto, tendremos que pagarle en efectivo al FMI 3.500 millones de dólares, que deberán salir de nuestras propias reservas. Al mismo tiempo, el ajuste que se debe realizar, según lo acordado en la firma del acuerdo, será mucho mayor: tendrá que llegar a un déficit fiscal de 1,9% del PBI. En síntesis, más hambre y más entrega. Esa es la perspectiva del acuerdo con el Fondo para el 2023. Motivos más que de sobra para plantear romper con el FMI y dejar de pagar la deuda externa.