* Foto de portada: en el auditorio "Hugo del Carril" de José León Suárez, Mónica Schlotthauer y Rubén "Pollo" Sobrero acompañando a compañeros ferroviarios y familiares que reclaman que la Justicia declare a los fusilamientos como delitos de lesa humanidad.

Escribe Camila Mitre

A 70 años de los fusilamientos de José León Suárez, la Justicia Federal de San Martín declaró que los crímenes cometidos por la dictadura encabezada por Pedro Eugenio Aramburu fueron delitos de lesa humanidad. La sentencia del juicio por la verdad responsabilizó al Estado argentino por la planificación, ejecución y encubrimiento de la masacre ocurrida en la madrugada del 10 de junio de 1956, cuando cinco hombres fueron asesinados y otros siete lograron sobrevivir.

El juicio fue impulsado por familiares de las víctimas, que durante décadas reclamaron verdad, reparación y reconocimiento. En la audiencia estuvieron presentes Mónica Schlotthauer, diputada bonaerense de Izquierda Socialista en el FIT Unidad y delegada ferroviaria, y Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste, quienes acompañaron el reclamo de los familiares y sobrevivientes.

La jueza Alicia Vence, titular del Juzgado Federal en lo Criminal N° 2 de San Martín, dio por probado que en la noche del 9 de junio de 1956 un grupo de personas fue secuestrado en una casa de Florida, en el partido de Vicente López. Algunos esperaban noticias del levantamiento encabezado por el general Juan José Valle contra el régimen militar que había derrocado a Juan Domingo Perón en 1955. Sin embargo, la represión ya estaba en marcha.

Horas después, los detenidos fueron trasladados en un colectivo de línea hasta los basurales de José León Suárez. Allí, bajo las órdenes del inspector Rodolfo Rodríguez Moreno y siguiendo las directivas del jefe de Policía bonaerense, Desiderio Fernández Suárez, fueron fusilados. La sentencia estableció la responsabilidad penal de Pedro Eugenio Aramburu, Isaac Francisco Rojas, Juan Constantino Quaranta, Fernández Suárez, Rodríguez Moreno y el personal a su cargo.

Los asesinados fueron Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso y Mario Brión. Otros siete sobrevivieron: Juan Carlos Livraga, Miguel Ángel Giunta, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino, Julio Troxler, Reinaldo Benavídez y Rogelio Díaz. Algunos escaparon en medio de la oscuridad; otros fueron heridos y dados por muertos. El caso de Livraga fue clave: fue “el fusilado que vive”, cuya historia llegó a Rodolfo Walsh y a Enriqueta Muñíz dio origen a Operación Masacre, una obra central del periodismo de investigación y de la literatura de no ficción.

Uno de los puntos centrales de la sentencia fue la reconstrucción de la ilegalidad del operativo. La dictadura intentó justificar los crímenes bajo la ley marcial, anunciada por Radio Nacional a las 0.32 del 10 de junio. Pero los secuestros habían ocurrido antes y el decreto recién fue publicado en el Boletín Oficial cuatro días después. Para el tribunal, no hubo legalidad posible. La jueza declaró la responsabilidad del Estado por hechos que calificó como “allanamiento ilegal de domicilio”, “privación ilegal de la libertad agravada”, “homicidio agravado” y “tentativa de homicidio”.

Aunque los responsables ya murieron y no pueden recibir condena penal efectiva, la jueza dejó asentado que, de haber sido juzgados en vida, les habría correspondido la pena de prisión perpetua. Además, dispuso la “reivindicación del buen nombre y honor” de las víctimas y estableció que la sentencia constituye en sí misma una forma de reparación.

Entre las medidas ordenadas, la Justicia dispuso la publicación de la sentencia en organismos oficiales, la incorporación del caso en los contenidos educativos, la instalación de placas conmemorativas en los lugares donde ocurrieron los allanamientos y fusilamientos, y la creación de un sitio de memoria en el predio de los históricos basurales de José León Suárez.

La sentencia llega tarde, pero confirma una verdad histórica. Los fusilamientos fueron parte de la represión desatada por el golpe gorila de 1955, una ofensiva patronal, clerical y proimperialista contra la clase trabajadora y sus conquistas. Nahuel Moreno, dirigente de nuestra corriente trotskista, denunció desde aquellos años el carácter reaccionario de ese golpe y señaló que la resistencia contra la dictadura debía apoyarse en la organización independiente y la movilización de las y los trabajadores.

Setenta años después, la lucha de los familiares, sobrevivientes y organismos logró arrancarle al Estado un reconocimiento judicial. Pero la memoria no se agota en una sentencia. Frente a quienes reivindican la represión, niegan los crímenes del Estado o vuelven a atacar los derechos de las y los trabajadores, seguimos levantando las banderas de memoria, verdad y justicia. Por los fusilados de José León Suárez, por Walsh, por cada compañero perseguido y asesinado, la pelea sigue en las calles.