Escriben Agustín Gigli (Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha) y Nicolás Núñez (por la Dirección Nacional de Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha)

Lamentablemente, referentes del PO de Santa Cruz presentaron un proyecto de ley provincial de “Aporte extraordinario de la minería metalífera” que va en contra de las conclusiones que viene forjando el movimiento socioambiental, y a su vez, el propio programa del Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad (FITU).

A través de sus referentes locales, el Partido Obrero salió a anunciar en los medios provinciales un proyecto de ley que perfectamente podría haber sido presentado por partidarios del peronismo o de Juan Grabois. Basta leer las dos carillas y medias del proyecto para ver que, como mínimo, las consideraciones del proyecto no articulan con los debates que se realizan en las distintas asambleas del movimiento ambiental que recorre el país y sus instancias de coordinación. 

Tampoco han tomado en cuenta el debate que ya habíamos mantenido en 2023 cuando equivocadamente la propuesta de PO (y PTS) era mantener la explotación megaminera de litio en los salares del norte argentino para apropiarse su renta como forma de solucionar la crisis económica y habitacional de Jujuy. Recomendamos leer los artículos Litio: un debate en la izquierda (https://www.ael.ar/debates/litio-un-debate-en-la-izquierda/) y Debates: el Litio, el PO y el acto divisionista del 17 de junio (https://www.ael.ar/debates/debates-el-po-el-litio-y-el-acto-divisionista-del-17-de-junio/). Y en general, recomendamos basarse en las opiniones por escrito de las corrientes y no presumir posiciones partidarias cómo ha hecho el PTS ante este nuevo debate a partir del proyecto santacruceño.

¿Un proyecto para el gobernador Vidal?

Es muy llamativo ver que la fundamentación del proyecto presentado se basa en el proyecto de Presupuesto 2026 del gobernador Claudio Vidal. No se hace eje en denunciar que se trata de rechazar de conjunto un presupuesto que es de ajuste, que es solidario con la motosierra de Milei, sino que se señala su inaplicabilidad por falta de ingresos al decaer la actividad petrolífera y la suspensión de la construcción de las represas hidroeléctricas, esas represas que afectarán, entre otras cosas al glaciar Perito Moreno. El proyecto no denuncia el presupuesto, sino que busca la forma de que sea viable. Un error colosal. Nos preguntamos ¿si se aprobara este proyecto, habría que manifestarse de acuerdo con el presupuesto 2026 de Vidal? Para que se entienda más claramente aún, ¿acaso Néstor Pitrola presentaría por el PO un proyecto en el Congreso de la Nación para pagar con regalías de megaminería las leyes de discapacidad y Financiamiento Universitario? Entendemos, por la declaración que han terminado por escribir lxs compañerxs del PO a través de Juan García, que la respuesta a esta pregunta es negativa.

Desde la izquierda y las asambleas ambientales denunciamos al código minero vigente desde el menemismo y las demás leyes que configuran el saqueo megaminero, entre otros aspectos, por el bajo porcentaje de regalías que deja la actividad. Pero no lo hacemos para luchar por un aumento de esas regalías, sino como parte de la denuncia global al saqueo. No hay controles estatales, no hay estudios de impacto ambiental científicos, no hay debates democráticos con poder resolutivo (audiencias públicas reales, libres y democráticas), no hay consulta a los pueblos originarios ni a las comunidades con poder de veto. Tampoco hay aportes a las economías regionales o nacional tanto por generación de trabajo, adquisición de insumos ni pagos de regalías, es más, hay competencia (eliminación) con otras actividades económicas. 

Una desviación parlamentarista

Otro error de este proyecto está vinculado al rol que debemos cumplir lxs militantes revolucionarios del FITU en los distintos cargos parlamentarios que con tanto esfuerzo militante logramos conquistar. Desde Izquierda Socialista creemos que no accedemos a estos cargos para proponerle a los diputados patronales como hacer “viables” sus planes de ajuste, ni tras el posibilismo de rebajar nuestro programa en pos de proyectos que sean “votables” por los partidos burgueses (mayoritarios en los parlamentos).

Como lo hacen nuestros compañeros Juan Carlos Giordano, Mónica Schlotthauer, Mercedes de Mendieta y tantos más ocupando bancas nacionales, provinciales o municipales, tomamos el compromiso de luchar junto a los trabajadores contra el ajuste capitalista, denunciando que la única salida es la construcción colectiva de la movilización y de una herramienta política con independencia de clase. Esto lo hacemos desde las bancas. Pero acá los referentes del PO presentan su proyecto de ley sin tener ningún diputado en la provincia. No lo tiene PO ni lo tiene ninguno de los integrantes del FITU. Es decir, que PO presenta el proyecto de ley para que, en el mejor de los casos, lo discutan los partidarios de Vidal, Milei y lxs Kirchner, sin tener ni un sólo diputado que pueda defender en la cámara el proyecto. Es una desviación parlamentarista grande, que lleva a los trabajadores a confiar no solo en la legislatura, sino en los bloques patronales. Lo que hay que hacer es enfrentar en las calles, exigiendo a la CGT y a las CTA que implementen un plan de lucha para derrotar a la motosierra de Milei y Vidal, no buscar fondos para que el gobernador pueda garantizar la aplicación de su presupuesto.

La “crisis” provincial

Los fundamentos del proyecto plantean que existe una “crisis” en la provincia y por eso se comenzó a pagar en forma escalonada los salarios, hay desocupación y los salarios no alcanzan para la canasta básica. Lo dice claro: “la crisis del estado provincial se debe a un recorte en los ingresos que el estado provincial percibía en cuanto a coparticipación federal de impuestos, a lo que se agrega la crisis planteada con la caída de la producción petrolera y la consiguiente merma de los ingresos por regalías hidrocarburíferas”. Nada del pago de la fraudulenta, ilegítima, ilegal e impagable deuda externa. Nada de la motosierra del propio Vidal. La crisis no es solo por políticas nacionales y por la caída de la producción petrolera, sino también por la propia política de ajuste de Vidal: las motosierras provinciales también son responsables de empujar a las economías locales al estancamiento, el desempleo, la caída del consumo y de los ingresos populares.

¿Qué debemos hacer con la megaminería?

Frenarla. La pregunta es cuál es la política correcta, ubicada en cada situación concreta, para avanzar en ese camino.

En Santa Cruz la megaminería está instalada a diferencia de otras provincias como Chubut que se la viene bloqueando desde 2002/2003, y en Mendoza con el gobernador Alfredo Cornejo (UCR), donde la pelea está ahora mismo en curso y con pronóstico abierto. Pulseadas que se enmarcan hoy en el orden nacional con el proyecto de Milei de modificar la Ley de Glaciares. El proyecto en cuestión nada dice contra la modificación de la Ley de Glaciares ni de la avanzada extractivista extrema que comenzó el gobierno peronista y profundizó Milei. Ni que hablar que omite el contexto de criminalización de la lucha contra la megaminería con un tendal de procesadxs, cárcel de activistas como Naum y Damián en Chubut, y recurrentes allanamientos y desalojos de comunidades. 

En primer lugar, el proyecto pero también el debate posterior que suscitó, adolecen de no diferenciar entre minería y megaminería, ni entre los proyectos en curso y los que podrían desplegarse si se modifican la Ley de Glaciares y/o aprovechando el RIGI. Sumado a un revoleo de chicanas inconducentes, han dificultado que del error -para nada minimizable- de la presentación de este proyecto en Santa Cruz el FITU pueda aprender y corregir hacia adelante. Es necesario clarificar, ante lxs miles que en el país ven a nuestro frente como una alternativa política, cuál es el programa de transición hacia dejar atrás y para siempre no solo al extractivismo como forma de depredación inseparable del capitalismo, sino también a las distintas técnicas que como la megaminería y el fracking son en sí intrínsecamente insostenibles, por ser destructivas de los territorios.

Tenemos que partir de que la izquierda socialista y revolucionaria no puede tributar a la ideología profundamente capitalista de que el antagonismo de clase resulta morigerable por la vía de una mayor destrucción de la naturaleza. No podemos sostener como una salida ante la crisis pagar salarios contaminando ríos. Nuestra perspectiva socialista implica pelear por un desarrollo armónico entre los polos que mediados por la técnica componen las fuerzas productivas: la naturaleza y la humanidad. De allí que buscamos que la reorganización de la sociedad que impulse un gobierno de lxs trabajadorxs y el pueblo abandone completamente técnicas que representan lo que el propio Marx dejó pistas para pensar como “fuerzas destructivas”. 

En ese camino, el conjunto de las propuestas y consignas que levantemos son tácticas y dependerán de su potencial para desarrollar la movilización y clarificar sobre la necesidad de esa salida de fondo. Por eso, resulta sumamente correcto que basado en un sinfín de luchas y asambleas territoriales -y por más que ahora el PO pareciera renegar de eso- el programa de constitución del Frente de Izquierda sostenga desde el 2011 el rechazo a la megaminería, el fracking y la prohibición de distintas prácticas contaminantes. 

El PO hoy rechaza estos planteos porque “la prohibición no es una salida en sí misma” si no está llevada adelante por un gobierno revolucionario. Como señalamos ya en el debate en torno al litio, este criterio es profundamente equivocado: niega la posibilidad de que aún bajo gobiernos capitalistas lxs trabajadorxs, asambleas y comunidades locales puedan obtener triunfos por la vía de la movilización. Los 22 años de freno a la megaminería en Chubut no son una “salida en sí misma” pero sí un triunfo popular enorme, y de ahí los recurrentes intentos de distintos gobiernos patronales por enterrar el triunfo del 2003. Lo propio podemos decir de la Ley 7.722 en Mendoza. Estos logros han protegido por décadas al agua de las comunidades locales de la depredación extractivista y mostraron el camino para derrotar a las multinacionales. 

Citamos lo que ya señalamos en el debate del 2023:
“Nunca va a dejar de ser cierto que aisladamente, la estatización de los minerales estratégicos bajo control de sus trabajadores y las comunidades, no resulta en sí una salida definitiva, ni ante el problema económico, ni ante la transición energética.  Ahora, lo propio podríamos plantear ante cualquier problemática (ambiental, económica, salarial, de derechos democráticos, etcétera, todas), que nunca va a poder resolverse en sí misma y definitivamente mientras no terminemos con el poder político de la burguesía. Y por eso, siempre nuestros programas y campañas electorales deben tener la consigna del gobierno de lxs trabajadores y la izquierda. Ahora bien, si fuéramos hasta el final con el planteo de PO, no habría ninguna consigna intermedia, ninguna consigna transicional, en vez de buscar puntos de movilización junto a la clase trabajadora, los movimientos de lucha, las asambleas territoriales, y las comunidades, deberíamos únicamente hacer agitación del gobierno de trabajadores, porque ninguna otra consigna en sí misma resulta una ‘salida”.” 

¿Qué hacer?

Ante lo que plantea Juan García por parte del PO nacional, frente al hecho de que en Santa Cruz “no ha habido grandes movilizaciones contra sus consecuencias ambientales y en general existe una adaptación de un gran sector de la población a este tipo de explotación”, creemos que hay que ratificar el camino de haber buscado en los últimos meses llevar al seno del movimiento obrero y sus organizaciones las problemáticas ambientales, en particular, impulsando las campañas contra el RIGI y ahora contra la modificación de la Ley de Glaciares tal como se ha impulsado desde la nueva conducción combativa de Adosac (Asociación de Docentes de Santa Cruz). De la mano de eso, tenemos que explicar pacientemente porqué estamos por el fin de la megaminería, y que incluso ante conflictos salariales muy duros, criminalizados, reprimidos y extendidos por meses sin respuesta de los gobiernos, hay que rechazar el “atajo” de buscar sacar una tajada de la destrucción de los territorios, lo cual no representa ni siquiera pan para hoy y si es falta de agua para mañana. Para todo eso, entendemos desde Izquierda Socialista, que sería pedagógico que sea retirado el proyecto de regalías presentado en la legislatura provincial.

Hacer confluir a las organizaciones de la clase trabajadora con los espacios de defensa territorial socioambiental, más allá de los episodios puntuales de estallidos populares  como el “Chubutazo” del 2021, se ha demostrado una tarea compleja, trabajosa y lenta, pero que resulta hoy más necesaria que nunca. Tener enfrente un proyecto de ultraderecha de motosierra y extractivismo extremo que a todas luces tiene en su ADN al mismo tiempo reventar los territorios y reventar los derechos laborales nos tiene que, al menos, ayudar a que cada vez más sectores saquen la conclusión de que la lucha anti-extractivista y la lucha de la clase trabajadora son una sola. Que, como se ha dicho del otro lado del Atlántico: “el fin del mundo y el fin de mes son la misma pelea”. Hoy son una y la misma lucha la pelea contra la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares y todos los esfuerzos del FITU deben estar al servicio de ganar esa batalla.

Escriben UIT-CI, LIT-CI y RCTI

28/12/2025. El gobierno de Estados Unidos que preside el ultraderechista Donald Trump, avanza en su ofensiva belicista e injerencista en el Caribe, y en particular contra Venezuela.

En diciembre ha declarado un bloqueo absoluto a los petroleros que entren o salgan del país, después de haber secuestrado arbitrariamente varios buques provenientes de este país, apropiándose de toneladas de petróleo venezolano. Eso después de haber perpetrado casi tres decenas de ataques contra embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico, dejando un saldo de una centena de muertos, con el falso argumento del “combate al narcotráfico”.

Esto representa algo extremadamente grave para un país sumamente dependiente de los ingresos por exportaciones petroleras.

Junto con eso Trump está preparando una intervención militar de Venezuela para sacar a Maduro e imponer un gobierno de ultraderecha. Para eso ha estacionado una gigantesca flota naval de guerra en el Caribe. Sea por vía de la invasión, un ataque aéreo o por la asfixia económica, el objetivo es el mismo: imponer un gobierno títere en el país.

Los argumentos de la “guerra contra las drogas” son sólo un pretexto para la maniobra imperialista. El historial de las intervenciones yanquis muestra que su política no tiene la menor intención de combatir el narcotráfico. Por el contrario, las agencias federales de EE. UU. han colaborado con los carteles narcotraficantes en México y Colombia, y sus intervenciones no han servido para parar el tráfico, sino para reorganizarlo bajo control yanqui. El indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras que cumplía una pena de 45 años de prisión en EUA por narcotráfico, muestra la farsa.

El recién publicado documento sobre Estrategia de Seguridad Nacional del gobierno Trump explicita su objetivo de tener gobiernos títeres en Latinamérica. Ya no bastan gobiernos pró imperialistas, que apliquen planes neoliberales y abran la economía a las multinacionales. Quieren gobiernos de ultraderecha, completamente sometidos a Trump. Para eso, hacen inclusive presiones económicas y políticas para influenciar en las elecciones. Están avanzando con Milei, Kast, Bukele, Asfura y quieren más con el uribismo en Colombia.

Como parte de eso, Trump ha rechazado la propuesta de Maduro de entregar todo el petróleo y los minerales del país a cambio de quedarse en el poder, como ha reseñado el New York Times. Trump quiere imponer, de la forma que sea, a María Corina Machado, como un gobierno títere. Sin embargo, Trump no tiene todo a favor. Más del 70 por ciento de las y los estadounidenses se oponen al plan de invasión y agresión a Venezuela.

Esa postura del gobierno de EUA tiene enorme gravedad ya que afectará a los trabajadores en Venezuela; a los venezolanos residentes en otros países y los pueblos de Latinoamérica como un todo. Hace décadas que no se produce una agresión militar o una invasión directa de EUA en el continente.

Por eso llamamos a una amplia campaña unitaria con todos aquellos que están contra la imposición del imperialismo sobre Venezuela y Latinoamérica. Hasta este momento no hay aún una movilización antiimperialista contra la intervención de Trump a la altura de la magnitud de la amenaza existente. Es muy importante y urgente revertir eso y avanzar en la unidad de acción ante la gravedad de los hechos.

Ninguna confianza en Maduro

Pelear contra Trump y su intervencionismo no significa, bajo ningún concepto, dar algún tipo de apoyo político a Maduro. Su gobierno no tiene nada de antiimperialista y menos aún de socialista. De hecho, hasta el día de hoy la transnacional estadounidense Chevron sigue operando en Venezuela y es la principal explotadora y exportadora de petróleo venezolano. Es una dictadura capitalista que gobierna aplicando un ajuste contra el pueblo trabajador, un gobierno de doble discurso y falso socialismo.

El salario de los trabajadores venezolanos ha sido pulverizado por la inflación. Hoy el sueldo mínimo equivale a menos de un dólar por mes. Los derechos laborales y sindicales han sido conculcados como parte de la política ajustadora pro patronal y antiobrera de Maduro. Los servicios básicos se encuentran en el más completo deterioro como consecuencia de todo esto.

Las sanciones imperialistas y ahora está ofensiva belicista e injerencista no hacen más que agravar está situación, deteriorándose aún más las ya dramáticas condiciones de vida del pueblo trabajador.

Por eso, estaremos en la primera fila del combate contra la intervención de Trump en Venezuela, pero sin dar apoyo político, ni depositar confianza en Maduro.

Hagamos una fuerte y unitaria campaña antiimperialista

Rechazamos las declaraciones de Donald Trump, reclamando «le sean devueltos a los Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y demás activos que les robaron”, como sí estos recursos alguna vez hubiesen sido suyos. Lo cierto es que quién históricamente ha venido saqueando los recursos energéticos, petroliferos, minerales, tierras y demás ha sido el imperialismo norteamericano, en connivencia con los gobiernos de turno venezolanos, tanto los del puntofijismo, como los chavistas y más aún el actual de Maduro. Lo que Trump pretende, en su disputa interimperialista en el continente, es reforzar y reasegurar este saqueo, con un gobierno títere, como el de María Corina Machado y el sector burgués que esta representa.

El gobierno de Maduro, por su parte con su política ajustadora y represiva no hace más que facilitar una eventual intervención al aumentar el repudio hacia su régimen dentro de la población trabajadora.

En tal sentido, consideramos que el enfrentamiento consecuente al imperialismo pasa por unificar a los trabajadores y al pueblo venezolano para exigir al gobierno de Maduro un programa que parta de exigir la defensa de las libertades democráticas, la liberación de los presos políticos que repudien la agresión imperialista; exigir que se aumente el salario mínimo mensual y las pensiones al nivel de la canasta básica; se restituyan los derechos laborales, contractuales y sindicales cercenados, se pare la represión a las organizaciones de los trabajadores; se otorguen derechos políticos a los partidos de izquierda como el PCV, PPT, Marea Socialista, el PSL, entre otros; cese de la entrega de los recursos del Arco Minero del Orinoco (AMO) y la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), y el rechazo a la injerencia imperialista y sus amenazas de intervención.

Es preciso que desde las organizaciones del movimiento obrero y de masas impulsemos la más amplia unidad de acción para rechazar y enfrentar las agresiones militares, los bombardeos criminales en el mar Caribe y el Pacifico, el bloqueo petrolero, todas estas acciones de guerra, así como una eventual intervención militar. En cualquier enfrentamiento entre las fuerzas armadas de EE. UU. y Venezuela, los trabajadores y las organizaciones populares deben abogar por la victoria militar de esta última y la derrota del imperialismo yanqui.

En los Estados Unidos identificamos como estos ataques imperialistas están directamente ligados a los ataques del gobierno de Trump contra la clase trabajadora norteamericana, e igualmente con el largo historial de intervenciones de EE. UU. contra América Latina y la clase trabajadora en general, y alentamos la movilización de masas para frenarlo totalmente, incluyendo la anulación sin pago de todas las deudas neocoloniales que controla EE. UU.

Los gobiernos latinoamericanos que dicen oponerse a la intervención de Trump deben convocar a movilizar, cosa que hasta ahora no hacen. ¡Que Lula, Petro, Sheinbaum -que dicen rechazar la intervención de Trump- convoquen a jornadas de movilización y ayuden directamente Venezuela a evadir las sanciones, ayudando a exportar e importar bienes y brindándole apoyo militar contra la agresión yanqui.

El llamado es a los trabajadores y los pueblos de Estados Unidos y Latinoamérica a unificarnos y movilizarnos contra las acciones que viene llevando a cabo el imperialismo norteamericano en el continente, las cuales deben ser denunciadas como lo que son, acciones de guerra, contra todos los pueblos de este continente en general y contra el venezolano en particular

¡Total y categórico rechazo al bloqueo naval contra Venezuela y su petróleo venezolano!
¡No al robo del petróleo venezolano y el secuestro de buques de transporte del mismo!
¡Abajo las sanciones imperialistas contra Venezuela!
¡Basta de bombardeos y asesinatos en el Caribe y el Pacífico!
¡No a la invasión de Venezuela!
¡Ninguna confianza en Maduro!
¡Armas para los trabajadores! ¡Amplias libertades para movilizar contra el imperialismo! ¡Suspensión del pago de deudas, de contratos entreguistas de los recursos del Orinoco!
¡Todo el rechazo a las acciones de guerra de Donald Trump en el Continente!
¡Que Lula, Petro, Sheinbaum -que dicen rechazar la intervención de Trump- ayuden directamente a Venezuela a repeler militarmente estas acciones!
¡Fuera Trump y el imperialismo norteamericano de América Latina y el Caribe!

Liga Internacional de los Trabajadores – Cuarta Internacional (LIT-CI, www.litci.org)

Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI, www.uit-ci.org)

Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (CCRI, www.thecommunists.net)

28 de diciembre de 2025

Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

Finalmente, el gobierno ultraderechista de Milei logró hacer aprobar la ley de presupuesto para el año 2026. Se trata de toda una hoja de ruta de super-ajuste, que le da continuidad a la motosierra de los dos años anteriores. La aprobación de esta ley, exigencia del FMI, fue posible gracias al apoyo que obtuvo el gobierno de La Libertad Avanza por parte de PRO, radicales, partidos provinciales y también de los votos aportados antes por diputados, y ahora senadores, vinculados a gobernadores peronistas.

Luego de la victoria en las elecciones de octubre, y del acelerado proceso de “transfuguismo” (diputados y senadores votados por otras fuerzas políticas, sea el peronismo, el radicalismo o el PRO) que “se pasaron” directamente a La Libertad Avanza, Milei y su mesa chica creía que iba a lograr con trámite exprés aprobar todo el paquete de ajuste y reformas estructurales, incluyendo, nada más y nada menos, la reforma previsional. 

Sin embargo, tuvo un traspié en la votación del presupuesto en Diputados que los obligó a recalcular. No lograron en la votación en particular en dicha Cámara hacer pasar la anulación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. Una mezcla de miedo al repudio de los legisladores al volver a sus provincias, y compromisos no cumplidos del toma y daca de compra de votos, hizo que ese capítulo de la ley fuera rechazado. A esto tenemos que sumarle que en ese momento se realizaba la marcha contra la reforma laboral de la CGT y las CTA a Plaza de Mayo (en las que también participó el sindicalismo combativo y la izquierda con una columna independiente), que se replicó masivamente en todas las provincias. 

Todo esto generó un pequeño triunfo para el pueblo trabajador, “Luchar sirve” fue el mensaje. El gobierno “que se llevaba todo por delante” tuvo que poner el pie en el freno y anunciar que trasladaba a febrero el tratamiento de la reforma laboral. Con respecto al presupuesto, tras el amague de Milei de “vetar todo”, volvieron sobre sus pasos y prefirieron aprobarlo tal como salió aprobado de Diputados (o sea sin las derogaciones de la ley universitaria y de discapacidad). 

¿Qué es y porqué se aprobó este presupuesto? 

Seamos claros. Por más que se haya sacado ese capítulo, sigue tratándose de un proyecto de super-ajuste, un salto en calidad en relación a la motosierra, un presupuesto que sólo trae más hambre, miseria y marginación social con el único y explícito objetivo de cumplir con los compromisos con el FMI y los pulpos acreedores. Un presupuesto que, además, autoriza al gobierno a seguir aumentando el endeudamiento en 20.000 millones de dólares. 

El gobierno se decidió por hacerlo aprobar, tras sus dudas acerca si convenía directamente vetar y estar otro año más actuando discrecionalmente (sin presupuesto), porque así se lo exigieron explícitamente el FMI, el gobierno de los Estados Unidos y los mismos pulpos acreedores (hubo una explícita declaración al respecto del J.P. Morgan). Era la hoja de ruta que materializaba que se iba a cumplir, en base al hambre de los argentinos, con todos y cada una de las exigencias del imperialismo yanqui y los acreedores externos. 

Mucho se habló previamente de que la versión aprobada en Diputados (y que se votaba en el Senado) tenía ciertos artículos “invotables” incluso para aquellos partidos patronales que acompañaban “en general” la aprobación exigida por La Libertad Avanza. En particular, se hablaba del artículo 30, por el que se derogaba partes de la leyes de Financiamiento Educativo, de Educación Nacional, de financiamiento del sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación Técnica Profesional y del artículo 12, que atentaba contra el financiamiento universitario. Un ataque en toda la línea a la educación pública y al sistema de ciencia y técnica. Pero funcionó la compra de votos, una vez más, más escandalosamente que nunca. La Libertad Avanza tiene en Senadores 20 bancas (21 si sumamos al tránsfuga de Luis Juez, con quien integran un interbloque). Sin embargo, se pudo ver, tanto en la votación en general como en particular, que el cartel marcaba repetidamente “45” o “46”. Los senadores de los gobernadores peronistas como el catamarqueño Jalil o el tucumano Jaldo, o Sáenz, el antiguo amigo de Massa, gobernador de Salta, más algunos de otras provincias (Jujuy), se sumaron a radicales, el PRO y legisladores de partidos provinciales. Todos revolcados en el mismo lodo, dándole el presupuesto de ajuste y la gobernabilidad que requería el ultraderechista Milei. La sonrisa de oreja a oreja de la impresentable nueva senadora (y ex ministra represora Patricia Bullrich), lo decía todo. 

Fue el último hecho político del año. El pueblo trabajador asistió con indiferencia a esta votación vergonzosa. Algunos llegaron a escuchar preocupados la amenaza navideña del presidente Milei: “ajustense los cinturones”, prometiendo más ajuste, despidos y recortes. La inmensa mayoría estuvo ocupada tratando de poder comprar, con salarios y jubilaciones pulverizadas, algo para la mesa de las fiestas. Miles ya no saben lo que es el aguinaldo, otros tanto, que sí lo cobran, lo tuvieron que usar íntegramente para pagar deudas. Están los que no saben si van a tener trabajo el año que viene. Los que se tienen que pasar las fiestas trabajando para alguna plataforma y así conseguir alguna moneda. 

El 2026 será, sin dudas, un año de luchas. Por el salario, contra los despidos, enfrentando los nuevos ajustes. Dando una fortísima pelea contra lo que se viene, la reforma laboral en primer lugar. Por eso, sigue siendo fundamental exigir a la CGT y las CTA que rompan con el inmovilismo o las declaraciones testimoniales, llamando a un paro general y un plan de lucha contra la motosierra de Milei, el FMI, el imperialismo yanqui y los gobernadores cómplices. Es lo que venimos sosteniendo tanto desde el sindicalismo combativo como desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad.

Escribe Trabalhadores Unidos, sección de la UIT-CI en Portugal

22/12/2025. Como ocurre con prácticamente todas las grandes luchas sociales, la Huelga General fue seguida inmediatamente por una guerra de cifras. Por un lado, el gobierno y los representantes de la patronal se apresuraron a minimizar el impacto de la huelga, con el ministro Leitão Amaro sugiriendo que la huelga podría haber tenido un 0% de participación; por otro, las federaciones sindicales decidieron inflar la magnitud de la huelga, afirmando que había 3 millones de huelguistas. Las cifras no cuadran para ninguno de los dos bandos, y no es casualidad. Las cifras aquí son menos un reflejo fiel de la realidad y más un arma política en una disputa sobre el significado de la huelga.

Pero incluso descartando exageraciones y manipulaciones, hay un hecho innegable: la Huelga General tuvo un impacto real y significativo. Afectó a sectores estratégicos de la economía, causó pérdidas sustanciales y visibilizó, aunque de forma desigual, la fuerza social de la clase trabajadora. Esto cobra mayor relevancia al ocurrir en un contexto caracterizado por una débil organización de base, la ausencia de asambleas masivas en los centros de trabajo y una preparación muy limitada para la movilización activa.

Ante el anuncio de la huelga, el gobierno intentó intervenir políticamente para desmovilizarla y fragmentarla. Lo hizo mediante maniobras de última hora, como la vaga promesa de un salario mínimo de 1600 euros con vigencia indefinida, o la afirmación de que la anunciada reforma laboral no tendría efecto en el sector público, en un claro intento de apartar de la lucha a uno de los batallones más numerosos y combativos de la clase trabajadora. Estas operaciones no pretendían atender las reivindicaciones, sino reducir el alcance político de la huelga y debilitar su legitimidad social.

Es en este contexto —en medio del choque de narrativas, el impacto objetivo de la huelga y las maniobras del gobierno— que se hace necesaria una evaluación política seria de la Huelga General. No para ajustar cuentas estadísticas, sino para comprender lo que esta lucha reveló sobre el equilibrio de poder, las limitaciones existentes y, sobre todo, los desafíos que se plantean para la continuación de la lucha.

La huelga general se hizo sentir, tanto en el sector público como en el privado

Contrariamente a lo que el gobierno intentó imponer en la narrativa pública, la Huelga General estuvo lejos de ser insignificante. A pesar de las declaraciones que buscaban reducir la huelga a una acción residual, hablando de una minoría aislada en un país que supuestamente funcionaba con normalidad, la realidad del 11 de diciembre fue muy distinta: servicios interrumpidos, sectores paralizados y pérdidas económicas significativas demuestran que la huelga tuvo una expresión social concreta y un alcance innegable.

Como era de esperar, el impacto fue especialmente visible en el sector público, donde la influencia de la organización sindical es mayor y el temor a represalias por parte de los superiores es generalmente menor. Trenes cancelados, cientos de vuelos cancelados, hospitales operando con servicios mínimos y escuelas cerradas de norte a sur del país dejaron claro que una parte significativa de los trabajadores respondió a la convocatoria de huelga. Estas cifras por sí solas desmantelan el intento del gobierno de presentar la jornada como una jornada de normalidad sin incidentes.

Pero el elemento políticamente más relevante de esta Huelga General fue el nivel de participación en el sector privado, superior al habitual en movilizaciones de este tipo. En un contexto marcado por la precariedad, la fragmentación y la fuerte presión patronal, muchos trabajadores decidieron paralizar sus labores. La explicación es sencilla: el paquete de cambios a la legislación laboral, presentado como una reforma «técnica», se percibe cada vez más como lo que realmente es: un ataque directo a los derechos, los salarios y las condiciones laborales, con consecuencias especialmente duras para quienes trabajan en el sector privado.

Esta percepción se tradujo en una participación significativa no solo en los sectores más organizados de la industria, sino también en áreas marcadas por la precariedad y la alta rotación de personal, como los centros de llamadas o la distribución. El hecho de que la huelga se sintiera en estos sectores revela un descontento acumulado , a menudo vinculado a problemas muy específicos en el ámbito laboral: horarios irregulares, bajos salarios, empleo inestable, acoso laboral y ritmos de trabajo insostenibles.

Según el indicador diario de actividad económica del Banco de Portugal, la actividad económica en Portugal cayó un 8% el día de la Huelga General, convirtiendo el 11 de diciembre en la segunda mayor caída económica de todo el año. Solo el día del apagón registró un impacto mayor, con una caída del 14,7%. Estas cifras refutan directamente las declaraciones del ministro Leitão Amaro, quien calificó la huelga de «insignificante». La economía no se detuvo por casualidad: se detuvo porque miles de trabajadores se declararon en huelga.

Estos datos son fundamentales para cualquier evaluación seria de la Huelga General. Incluso con una preparación limitada, sin una fuerte dinámica de organización de base y bajo la intensa presión política del gobierno para desmovilizarse, la huelga logró expresar una verdadera reserva de lucha entre los trabajadores. Una reserva que no desaparece al día siguiente del paro y que demuestra, en la base del movimiento sindical, la capacidad de continuar la lucha contra la ofensiva gubernamental.

Las artimañas del Gobierno y la derecha para desactivar la lucha

Tras esta reacción inicial, marcada por un intento de minimizar el impacto de la Huelga General, el gobierno ajustó rápidamente su discurso. A la negación le siguió una apertura controlada a la «negociación», designando inmediatamente a la UGT ( Unión General de Trabajadores) como interlocutor privilegiado. Este cambio no es una señal de retroceso político, sino parte integral de la estrategia del ejecutivo para aprobar la reforma laboral y neutralizar la protesta social.

Como han destacado varios comentaristas, incluido Marques Mendes , en el contexto de su candidatura presidencial, la UGT ha funcionado históricamente como el principal interlocutor del gobierno en el diálogo social, a pesar de presentarse como representante de los intereses de los trabajadores. Controlada por figuras vinculadas a los partidos PS y PSD , la UGT desempeña un papel central en la legitimación de acuerdos que permiten ataques a los derechos laborales, a la vez que contribuye a desmovilizar la lucha.

Desde el principio, el gobierno y la patronal supieron que una reforma laboral de esta magnitud no quedaría sin respuesta. El cálculo es simple: presentar un paquete profundo e integral, admitir que algunas medidas deberán eliminarse y asegurar que las esenciales —la desregulación laboral, el debilitamiento de la negociación colectiva y el aumento de la precariedad laboral— sigan adelante. No es casualidad que, en la fase inicial, las críticas se centraran casi exclusivamente en los cambios en los derechos parentales, preparando el terreno para una posible concesión drástica que permitiera salvar el resto del paquete.

En este momento, el gobierno evalúa exactamente cuánto debe ceder para que la UGT (Unión General de Trabajadores) pueda firmar un acuerdo y cumplir su función política: presentar el resultado como un «posible equilibrio» y ayudar a frenar la continuación de la lucha. La inclusión de algunas medidas específicas que pueden presentarse como favorables a los trabajadores, en medio de un mar de ataques, encaja en la misma lógica de legitimación y confusión.

A la derecha del gobierno, el papel es complementario. André Ventura y Cotrim de Figueiredo afirman repetidamente que el paquete también tiene aspectos «positivos», apoyando la lógica de que no debe rechazarse en su totalidad y que simplemente limar algunas asperezas bastará para su aprobación. Esta narrativa no es casual: sirve para convertir el debate en una discusión técnica, fragmentando a la oposición y creando las condiciones para que la reforma avance con pequeños ajustes.

Pero este es precisamente el punto central. Este paquete laboral no se trata de una corrección ni de una negociación parcial. Es un ataque integral a los derechos de la clase trabajadora y, como tal, debe ser derrotado en su totalidad. La postura del gobierno, la derecha parlamentaria y sus aliados en el diálogo social confirma que la ofensiva continúa y que solo la continuación de la lucha puede detenerla.

Debemos seguir luchando para derrotar el paquete laboral

La Huelga General demuestra la voluntad de lucha , incluso en el sector privado, donde la movilización suele ser más difícil. Al mismo tiempo, ha quedado igualmente claro que el gobierno y la derecha no han cedido en su ofensiva: simplemente intentan reorganizar su estrategia para salir adelante, combinando negociaciones controladas, concesiones quirúrgicas y maniobras de desmovilización. De esta confluencia de factores, surge una conclusión inevitable: es necesario seguir luchando y empezar a prepararse para la próxima jornada de acción ya.

Esta continuidad no puede basarse en la repetición mecánica de formas vacías de lucha. Requiere, ante todo, un esfuerzo consciente para mejorar la organización de base. Sesiones informativas en los centros de trabajo, asambleas democráticas que involucren a los trabajadores en la discusión del paquete laboral y las respuestas, y la coordinación entre sectores y empresas: todo esto es esencial para transformar el descontento existente en una fuerza organizada capaz de enfrentarse al gobierno y a la patronal.

Es en este contexto que resulta necesario criticar la convocatoria de la CGTP a una manifestación para el 13 de enero. El problema no reside en la idea de continuar la lucha —que no solo es correcta sino necesaria—, sino en el método elegido. Convocar una manifestación un martes a las dos de la tarde, sin una huelga asociada, garantiza desde el principio una protesta reducida, con media docena de dirigentes sindicales y poca o nula participación real de los trabajadores. Este tipo de iniciativa no fortalece la lucha; al contrario, la conduce a un callejón sin salida , transmitiendo una imagen de aislamiento y agotamiento en un momento en que es necesario ganar confianza y ampliar la movilización.

No es necesario esperar a la reunión entre el gobierno y la UGT, prevista para el 7 de enero, para comprender lo que está en juego. Independientemente del resultado de estas negociaciones, el objetivo del ejecutivo sigue siendo el mismo: aprobar los puntos esenciales del paquete laboral. La respuesta de la clase trabajadora no puede depender de este calendario ni de las maniobras del diálogo social. El reto es otro: preparar luchas a la altura del ataque, con métodos que fortalezcan la participación, la unidad y la confianza de los trabajadores. Solo así será posible detener la ofensiva en curso y avanzar hacia la derrota total del paquete laboral. Los Trabajadores Unidos reafirman su compromiso con este camino para transformar la voluntad de lucha en una fuerza organizada, consciente y capaz de vencer. Es en este esfuerzo colectivo en el que seguiremos comprometidos. 

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Escribe Noelia Agüero, legisladora de Córdoba por Izquierda Socialista FITU

Demostrando, una vez más, que es cómplice de Milei y que también aplica la motosierra en la provincia, Llaryora declaró la emergencia previsional por cinco años, prorrogable por otros cinco más para poder disponer discrecionalmente de los fondos de la Caja de Jubilaciones  Provincial. Volvió a meterles la mano en el bolsillo a los trabajadores activos y  pasivos. En medio de una maraña de números y porcentajes que nadie logra entender aún, impone descuentos diferenciados, que más altos o más bajos, son descuentos al fin, o sea, son rebaja salarial.

Lo concreto es que quieren hacerle pagar a los trabajadores el déficit de la Caja de Jubilaciones que por más de 30 años han mantenido intervenida los radicales y los peronistas, -que ya llevan 27 años en el poder- sin jamás dar explicaciones ni publicar balances.

Una Caja a cuyos fondos le han metido mano cada vez que necesitaron tapar los agujeros negros de la economía, fundamentalmente los pagos de la enorme deuda externa provincial. Las y los trabajadores no deben perderse detrás del farrago de mentiras con que tratan de hacerles creer que son los responsables del déficit porque tienen jubilaciones demasiado altas o porque no han aportado lo suficiente.

El déficit de la Caja tiene causas absolutamente claras: La utilización discrecional y fraudulenta de los fondos por parte de los sucesivos gobiernos, que por algo la mantienen intervenida. La rebaja de los aportes patronales y la enorme cantidad de trabajadores monotributistas y precarizados que tiene el estado provincial, y que por lo tanto no aportan a la Caja. Y también la millonaria deuda de la nación. Además incorporaron decena de miles de jubilaciones que deberían ser pagadas por Rentas Generales y no por la Caja, como por ejemplo la policía provincial.

Durante décadas, los gobiernos radicales y peronistas, con la Caja intervenida y mediante leyes o decretos han ido rebajando salarios y jubilaciones. Ellos son los únicos responsables del déficit actual.

Ahora, ante esta realidad, cabe preguntarse: ¿Que han hecho los dirigentes sindicales de los gremios afectados? Y la respuesta es: aunque con tácticas diferentes, lo concreto es que: ¡Dejaron pasar todas las rebajas jubilatorias! ¿Por qué? Porque nunca enfrentaron consecuentemente al gobierno, con paros y planes de lucha verdaderos y discutidos con la base, que siempre estuvo dispuesta a pelear. Se dedicaron a hacer que luchaban pero todos divididos, o a juntar firmas o confiaron en la justicia corrupta de Córdoba. Y ahora están repitiendo la historia, con la misma política. Algunos, no todos, hacen discursos encendidos contra Llaryora o contra Milei, pero tienen terror de llamar asambleas para que sea la base la que decida que hacer y entonces mienten diciendo que “la gente” no quiere pelear.

Solo el Plenario del Sindicalismo Combativo de Córdoba ha venido llamando a ganar las calles hasta derrotar este verdadero robo. El ataque de Llaryora es parte del plan motosierra de Milei, de la reforma laboral, previsional y penal que se vienen. Es una declaración de guerra contra las y los trabajadores y solo la podremos frenar, contraponiéndole nuestro poder, con la huelga general y planes de lucha consecuentes discutidos por la base. Para ganar hay que seguir el ejemplo del Hospital Garrahan que aplicando el método de discutir y resolver todo en asambleas democráticas y tras un plan de lucha con paros y movilizaciones de más de dos meses, consiguió un triunfo contundente

Por la derogación del robo jubilatorio de Llaryora exijámosles a las CGT y las CTAs paro provincial y plan de lucha. Por aumento de salarios y jubilaciones ya! y el pase a planta permanente de todos los estatales precarizados. Basta  de intervención a la Caja, que la administren y gestionen los trabajadores pasivos y activos!