Escribe Claudio Funes

Los movimientos sociales combativos salieron a luchar, retomando las calles. Mantuvieron desde el miércoles 30 de marzo hasta el viernes 1° de abril un acampe sobre la avenida 9 de Julio, frente al ministerio de Desarrollo Social. Miles de desocupados reclamaron trabajo genuino, más planes sociales, aumento de las asignaciones y asistencia alimentaria.

Durante 48 horas, la afluencia al acampe no sólo no disminuyó; por el contrario, creció. Miles de manifestantes mantuvieron cortadas once cuadras de la 9 de Julio, la principal avenida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida se replicó en Córdoba, Mendoza, Jujuy y Santa Fe, entre otras provincias.

Las organizaciones de desocupados combativas reclaman más planes por una muy justa razón: en el registro nacional de trabajadores de la economía popular hay casi tres millones de inscriptos. Casi dos millones más que los 1.200.000 que actualmente acceden a los planes sociales.

Esto es un reflejo de lo que indican los datos de Orlando Ferreres. La pobreza, que en 1970 era del 4,6%, llega a un piso estructural de 25% que aumenta en momentos de crisis, como en la situación actual que se va agudizando al ritmo de las exigencias del FMI.

Los ajustes que los gobiernos patronales pactan con el Fondo son una fábrica de caos y crisis social. Por eso ningún país en el mundo resolvió sus problemas con las recetas del FMI. Por el contrario, los profundizó.

Como ocurre con el gobierno de Alberto Fernández, que utiliza el doble discurso, emite un comunicado donde asegura que todo está resuelto, pero se mantiene inflexible a los verdaderos reclamos. No otorgará más altas en el programa Potenciar Trabajo. “No habrá nuevos ingresos (para los planes sociales)”, aseveró la portavoz presidencial Gabriela Cerruti.

Para muestra vale un botón, Zabaleta se negó a recibir a las organizaciones de desocupados, con la excusa de estar cortando las calles, y redobló la apuesta refiriéndose cínicamente a la movilización dijo que “dejen de apretar a los argentinos”.
En el comunicado del gobierno se habla de un acuerdo con los desocupados que no existe. Se dice que “Al igual que en otras reuniones se ofreció fortalecer el financiamiento de cooperativas y asistencia con maquinarias, herramientas e insumos para la producción”, algo que los mismos desocupados denuncian como acordado hace meses y que nunca se cumplió.

El supuesto “acuerdo” no menciona el pedido presentado hace seis meses por los movimientos sociales para la creación de un millón de puestos de trabajo, ni hace referencia a la apertura de los programas sociales.

El gobierno peronista ni siquiera contempla un aumento para los inscriptos en el programa de empleo, que hoy cobran 16.500 pesos. Esto es la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil, un ingreso de indigencia. Y, quiere hacernos creer que, con un bono de apenas seis mil pesos en abril, los desocupados resolverán sus problemas.

La bronca en los sectores de desocupados se extiende y se profundiza. A tal punto, que el dirigente kirchnerista Juan Grabois, cercano al Papa, concurrió al acampe para apoyar el reclamo, criticó a Matías Kulfas, ministro de Producción, y pidió salario universal y tierras, pero insistiendo en que él es parte del Frente de Todos.

Ante esta situación, los movimientos sociales trabajan en la elaboración de un plan de lucha que incluye una movilización para el 13 de abril, y probablemente, una marcha federal.

Desde Izquierda Socialista nos solidarizamos con la lucha del movimiento de desocupados combativo. Planteamos que la salida está en la generación de trabajo genuino, a partir de un plan de construcción de viviendas populares, financiado con el no pago de la deuda externa.