Escribe Adolfo Santos
Las sufridas familias de la toma de tierras en Guernica continúan soportando mucha tensión. Fue un fin de semana difícil, con fuertes lluvias y en condiciones precarias. Protegidas apenas por improvisadas coberturas de plástico y madera, con sus pertenencias mojadas y horas sin dormir. Pero no solo el tiempo es inclemente. El gobierno peronista continúa sin proponer una solución definitiva. El propio presidente, Alberto Fernández, demostrando una gran desconsideración, declaró a FM Metro: “Guernica fue tomada por unos pícaros y por otros sin tierras que no saben dónde vivir, y ahí hay un problema muy serio que tenemos que resolver”.
El censo realizado en el lugar desmiente la tentativa de desmoralizar a esas familias provenientes de sectores populares. No se trata de un grupo de pícaros o de gente que no sabe dónde vivir. Son las víctimas de años de gobiernos incapaces para resolver el problema de la vivienda y evitar estas tragedias sociales. Son familias arrojadas a la marginalidad por una brutal crisis económica que no generaron y de la cual son responsables los partidos patronales, entre ellos el peronismo, que ha gobernado durante años la provincia de Buenos Aires.
Y que desconocen derechos elementales. No es casual que mientras las autoridades querían resolver el problema con represión policial, hayan tenido que intervenir organismos de derechos humanos como el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y el CELS. Se trata de un conflicto social. Estas organizaciones están actuando a pedido de los delegados de la toma y de las organizaciones sociales que los acompañan. Participan como veedores y elaboraron un informe del censo realizado el 19 y el 21 de octubre para revelar la verdad sobre los grupos familiares que integran la toma.
Son 1.400 familias humildes, no un grupo de pícaros
El minucioso informe del Serpaj y el CELS demuestra de qué se trata: “El relevamiento comprendió a los cuatro barrios de la toma, San Martín, 20 de Junio, La Lucha y La Unión. [...] Tanto el gobierno de la provincia como les representantes de las organizaciones y delegades referentes de la toma, identificaron a sus censistas para realizar el relevamiento…” Después de varias consideraciones, el informe concluye: “Según lo recolectado en el marco del censo mencionado, les vecines y delegades han informado que las cifras registradas son: 1.400 familias, compuestas por un total de 4.417 personas […] vemos que las cifras informadas son consistentes con la cantidad de personas visualizadas durante los dos días de actividades […] es imprescindible destacar la necesidad de una respuesta habitacional, social, integral, concreta y urgente”.
El informe no deja dudas y el gobierno tiene que resolver este grave problema. La lucha consecuente por una vivienda digna comienza a dar algunos frutos y el gobierno provincial de Axel Kicillof se vio obligado a negociar. El “acta/acuerdo” presentada el martes 27 es un reconocimiento del gobierno de una realidad que antes negaba, pero que el censo se la impuso. Por eso ofrece ubicar a 650 familias en terrenos a escriturar y abre un abanico de propuestas para los restantes vecinos, que van desde albergues provisorios hasta futuros asentamientos. Son propuestas insuficientes que no resuelven el problema de todos y no incluye la necesidad de expropiación de esos terrenos y su urbanización, como pide el conjunto de la toma. Por otra parte, continúa latente la amenaza de desalojo por la fuerza, algo que nos debe mantener alertas.
Al cierre de esta edición, avanzada la noche, los vecinos continúan reunidos en asamblea para decidir. Hay muchas dudas en aceptar una propuesta que no contempla una solución global y además, por la profunda desconfianza en las promesas del gobierno. La fuerte lucha, ha obligado al gobierno a ofrecer respuestas y, por ahora, a frenar el desalojo, pero insistimos, no es la solución final. Por eso la lucha debe continuar hasta que se conquiste la ubicación definitiva para todos los vecinos. Desde Izquierda Socialista en el FIT-Unidad continuaremos apoyando esta justa lucha por el derecho inalienable a una vivienda digna. Como hemos hecho hasta ahora, vamos a continuar apoyando lo que los vecinos decidan.