Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad
El acuerdo con el FMI es malo, muy malo para el pueblo trabajador. Significará un mayor ajuste ya desde este año y en los siguientes. Y se sumará un monitoreo trimestral permanente del Fondo, que exigirá el cumplimiento de las exigencias, aprobará o no cada una de las políticas económicas y amenazará constantemente con que “si no se cumple lo acordado” se cae el acuerdo.
Finalmente se terminaron los “jueguitos” retóricos donde algunos sectores del gobierno hablaban de una posible “ruptura” con el FMI. Tal como era de esperar, el gobierno llegó a un acuerdo con el FMI. Muy lejos, lejísimo, de cualquier idea de que fuera un plan con “inclusión social” o que “garantizara el crecimiento económico”. A pesar de lo que dijo el presidente Alberto Fernández en su breve mensaje, este acuerdo con el Fondo es leonino, como todos los que el organismo les ha impuesto a los diversos países a lo largo de su historia. Como cada uno de los 22 acuerdos anteriores con la Argentina. Esto se desprende tanto de la información que dio el propio ministro Martín Guzmán en su conferencia de prensa, como del comunicado de prensa dado a conocer por el propio FMI.
Los términos del ajuste
Recordemos que, tiempo atrás, desde el gobierno, y en particular desde el kirchnerismo, se hablaba de un acuerdo con el Fondo para pagar la deuda de los 45.000 millones de dólares tomados por Macri “a 20 años”, empezando recién a abonar el capital al cabo de 10 años. Eran puras fantasías. No existe tales plazos en los diversos programas del FMI.
Luego se dijo que, al menos, a la Argentina se la liberara de pagar la sobretasa de 4,5% anual en los intereses generada por la excepcionalidad en el monto del préstamo otorgado en 2018. Se decía que así, por lo menos, el país se ahorraría 1.000 millones de dólares por año de intereses. Tampoco esto llegó nunca siquiera a la mesa de negociación entre el gobierno y el Fondo.
En los últimos días trascendió que el FMI exigía un ajuste durísimo, que llevara a nuestro país a un déficit cero en 2024. Desde el gobierno se decía que eso era “inaceptable”, y que sólo se firmaría si el Fondo se avenía a que dicho déficit se alcanzara recién en 2027. Visto los datos dados a conocer, la trayectoria del ajuste (aunque el gobierno se niegue a usar esta palabra) está mucho más cerca de lo que exigía el Fondo de lo que aceptaba a priori el gobierno en sus dichos.
Según el acuerdo, habrá que llegar al déficit cero en 2025. Para ver lo durísimo que será alcanzar este valor, miremos la trayectoria de lo acordado. El gobierno argentino se compromete a alcanzar un déficit de 2,5% del PBI este año. Para entenderlo: el año pasado se terminó con un déficit de 3%, alcanzado en condiciones excepcionales (récord de exportaciones tanto por las toneladas cosechadas como por el valor de la soja y el maíz, y por lo tanto un monto excepcional de ingresos por retenciones; cobro del impuesto a las grandes fortunas “por única vez”). Es un hecho de que ese número (3% de déficit) era irrepetible para este año. Sin ajustar partidas, ya se arrancaba de una proyección de déficit de 4%. El gobierno aceptaba avanzar a un mayor ajuste, así estaba en el presupuesto y luego fue dado a conocer a los gobernadores en la reunión de enero: 3,3% del PBI). ¡Pero ahora se aviene a ajustar mucho más, hasta un 2,5%! Es imposible sin achicar partidas, con sus consecuencias sociales. El propio ministro no se atuvo a la verdad cuando dijo que este año “no subirán las tarifas” cuando el propio comunicado del Fondo dice lo contrario, al enunciar que en el acuerdo está la reducción de los subsidios a las privatizadas.
Pero lo peor es que, luego del muy fuerte ajuste que se exige para este año, luego se plantea profundizarlo en 2023, llevando el déficit fiscal a 1,9% del PBI; y después al 0,9% en 2024; para arribar al famoso “déficit cero” en 2025.
Para peor, el gobierno se compromete a alcanzar dicho sendero de ajuste con límites muy estrictos de emisión monetaria. Así se compromete a no emitir más allá de 1% del PBI este año (para comparar, la financiación del tesoro nacional con emisión de 2021 fue de 3,7% de PBI). ¿Cómo va a cubrir el resto? La exigencia del Fondo es clara: con mayor endeudamiento en pesos, para lo que requiere además una suba de la tasa de interés hasta llevarla a términos positivos (por arriba de la inflación). Con lo que se encarecerá a niveles astronómicos el crédito popular.
Nuevamente, la exigencia de achicar el financiamiento con emisión continúa y se profundiza en 2023 (apenas se permitirá un 0,6% del PBI), para llegar a directamente la prohibición de financiarse con emisión para 2024.
Como se ve, alcanzar estos resultados sólo es posible por medio de un muy fuerte y, sobre todo, persistente ajuste que empieza ya y continúa los próximos años.
El gobierno plantea que podrá llevar adelante todo esto “creciendo”. No es viable. El programa del FMI es fuertemente recesivo, dadas semejantes limitaciones fiscales (déficit a alcanzar) pero también monetarias (suba de tasa de interés y reducción de la capacidad soberana de emitir moneda).
El monitoreo permanente
El acuerdo consiste en que, ante cada vencimiento a pagar, el FMI contablemente “desembolsa” el monto, en vez de hacerlo la Argentina. O sea, no entra un centavo de plata fresca. Solo el Fondo se paga a sí mismo y le endosa una nueva deuda por ese mismo monto a nuestro país. Así se irían “pagando” los vencimientos de los 45.000 millones de dólares de capital que se adeudan hasta cumplir la totalidad del cronograma en 2024. Claro que, esos “desembolsos” y esa trayectoria estaría atada a revisiones trimestrales que haría el propio Fondo. O sea, a misiones que vendrían al país cada tres meses a inspeccionar si se está cumpliendo con el acuerdo. Por lo que, trimestralmente, estaríamos bajo la espada de Damocles de que al Fondo “no le guste” alguna medida de política económica y entonces amenace con que se cae todo el acuerdo. Así se hará durante dos años y medio, por un total de 10 revisiones (misiones) del FMI. Una virtual intervención sobre la política económica de nuestro país, ya que pasaríamos a tener un “virrey” que definiría que se puede hacer y que no.
¿Y después? El debate sobre las reformas “estructurales”
El gobierno se jacta de que el acuerdo no exige las llamadas reformas estructurales, tales como la flexibilización laboral o modificaciones en el sistema jubilatorio. Todo eso está por verse. Porque al tratarse un programa conocido como “de facilidades extendidas”, la pregunta es que pasa luego de estos dos años y medio que se acaban de anunciar. Al cabo de los cuales, la Argentina sigue debiéndole al FMI los mismos 45.000 millones de dólares que les debe hoy, y, ahora sí, debe comenzar a desembolsar el capital, a razón de casi 10.000 millones de dólares por año (entre 2026 y 2031, porque, como hemos dicho, lo máximo que se estiran los acuerdos del FMI es a 10 años). ¿Cómo se harán esos pagos? ¿Se refinanciarán? ¿Qué pasa con los intereses? ¿Se seguirán pagando o también se refinancian? Todas dudas que se irán despejando en las próximas semanas, cuando se conozca la “letra chica” del acuerdo (en particular la Carta de Intención que debe firmar nuestro país). Pero, como vemos, todas dudas que ”empeoran” la situación de ajuste en curso. Y donde, una de las formas de resolverlas será que aparezcan, más o menos escondidas, las famosas demandas de “reformas estructurales”.
En síntesis, este acuerdo nos hipoteca el presente y el futuro. Y no resuelve para nada el problema ya histórico del endeudamiento externo de la Argentina, que seguirá creciendo cual bola de nieve. Y que enfrentará, ya en 2025, al final de este sendero de ajuste, la imposibilidad de cumplir con los millonarios vencimientos a los acreedores privados y junto a ello, la de las devoluciones de capital al propio FMI. Es un camino de hambre, decadencia nacional, sometimiento, semicolonización y saqueo de nuestras riquezas. Que terminará en una nueva crisis.
Por eso volvemos a insistir en lo que venimos planteando desde el Frente de Izquierda: la única salida es romper con el FMI, con este siniestro acuerdo que llega después que ya le pagamos 6.500 millones de dólares durante el gobierno del Frente de Todos. Al mismo tiempo hay que suspender todos los pagos en concepto de deuda externa y volcar todos esos recursos a resolver las más urgentes necesidades populares.
