Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT-Unidad
Envalentonado por su triunfo electoral, Milei, el establishment económico y el FMI se juegan a tratar de imponer la reforma laboral. Un ataque total contra los derechos de la clase trabajadora. Los gobernadores, reunidos con Milei, dan el visto bueno.
El presidente ultraderechista Javier Milei se reunió con 20 de los 24 gobernadores. Ahí había peronistas, radicales, del PRO y de fuerzas puramente provinciales. A la salida, fue el propio presidente el que destacó la sintonía: “todos acordaron con el déficit cero”. Y, lo más importante: “hubo un consenso absoluto para la reforma laboral”. Alguien podría cuestionar que esas son las interpretaciones del propio Milei, pero la realidad es que ningún gobernador salió a negar esta afirmación.
Así podemos sacar nuestra primera conclusión, que no es nueva: el super-ajuste que se está llevando a cabo, y las nuevas medidas para profundizarlo, no son sólo producto de La Libertad Avanza. Por eso nos reafirmamos en denunciar que es el programa de Milei, el FMI, Trump y también los gobernadores.
La reforma laboral
El FMI, Trump, el establishment financiero internacional y también las patronales locales, ya hace tiempo que vienen bregando por lo que llaman “las reformas estructurales”. Milei las llama “de segunda generación”. Más allá del nombre se sabe de qué se trata: reforma fiscal (bajar impuestos a las grandes empresas y los ricos, en particular en las provincias, y con eso, junto con la exigencia de déficit cero, obligar a reducir el gasto social, especialmente salud y educación); reforma previsional (aumentar la edad de retiro, bajar los montos de las jubilaciones, eliminar los regímenes especiales como el docente y, finalmente, restaurar las jubilaciones privadas al estilo AFJP); y la reforma laboral.
Vamos a detenernos en esta última, que es por donde, al parecer, el gobierno decidió avanzar primero. El proyecto en danza no es nuevo. Se trata prácticamente de un calco del DNU 70/23, que no está vigente porque fue declarado en su momento como inconstitucional por la Corte Suprema. Hay que definirlo como una auténtica declaración de guerra contra todos los derechos conquistados por la clase trabajadora en décadas de lucha. De imponerse, implicaría que el o la trabajadora argentina quedaría en un estado de desprotección total y a merced de las patronales, retrocediendo más de 80 años. Se pasaría a situaciones de superexplotación como las que se ven actualmente en el sudeste de Asia.
Una obsesión: poder despedir más fácil y más barato
Actualmente, por la vigente ley 20.744, si un trabajador es despedido sin justa causa, le corresponde un sueldo por cada año trabajado. Con la nueva flexibilización, esto se reduce: el máximo que se pagará serán 10 sueldos, no tomándose en cuenta para el cálculo ningún adicional o beneficio, ni el aguinaldo. Encima, el empleador podrá pagar esa indemnización hasta en 12 cuotas. En concreto, a un trabajador o trabajadora con décadas en una empresa se lo podrá echar a la calle pagándoles durante un año un pequeño monto, muy inferior a su salario, y ni un peso más. Un paraíso para las patronales.
Vía libre a la superexplotación
Se elimina el límite de horas de trabajo. Actualmente si se superan las 8 horas, el resto debe pagarse como horas extras (con un adicional del 50%) y si es en día feriado con un 100% más. Eso se reemplaza por el llamado “banco de horas”. La empresa decide cuánto se trabaja y las horas se acumulan mensualmente. Es decirle adiós para siempre a las horas extras. Pero, peor aún, habilita a la patronal a tener a toda hora del día “a su disposición” al trabajador o trabajadora, que siempre puede ser convocado. Así se desorganiza absolutamente la vida de la persona, que ya no podrá organizarse para estudiar, hacer deportes u otra actividad, o algo tan simple como ir a buscar a sus hijos del colegio. También desaparece el descanso semanal tal como se lo conoce, pasándose a un sistema donde habrá un descanso “rotativo”, que puede caer en cualquier día y en el márgen horario que establezca arbitrariamente la patronal.
Como si todo esto fuera poco, se habilita también el fraccionamiento de las vacaciones y que estas puedan ser otorgadas en cualquier momento del año, a discreción de la patronal. De nuevo, implica irse despidiendo de poder planificar vacaciones de verano donde coincidan la pareja y los recesos escolares de los hijos. Todo esto mientras, obscenamente, observamos cómo los ricos y sus hijos llenan en cualquier momento del año los aviones a Disney o a eventos deportivos o artísticos internacionales.
Trabajadoras y trabajadores “más baratos”
Esta es la otra obsesión de las patronales. Se llenan la boca de palabras como “productividad” o “competitividad”, pero lo único que les interesa es poder pagar cada vez menos. Así se habla, cínicamente, de “salario dinámico”. Supuestamente habilita a pagar más por productividad, pero como ninguna empresa piensa abrir sus libros para que los representantes de las y los trabajadores puedan discutir de qué se trata eso, lo concreto es que se aprovechará para fijar un mínimo de ingreso fijo y el resto quedará a arbitrariedad de la patronal. Por si todo eso fuera poco, se habilita a que vuelvan los inconstitucionales “tickets canasta”, de nefasta historia en la década del 90. Para el que no los recuerda: se pagaba una parte del sueldo en “luncheon tickets”, que luego sólo podían ser utilizados en determinados establecimientos, con los que, previamente, las empresas habían firmado convenios, donde se repartían esas ganancias, todo a costa del salario obrero. Para peor, estos tickets canastas no eran considerados parte del sueldo, por lo que no sumaban ni para la jubilación, ni para el aguinaldo ni, obviamente, para el cálculo de una indemnización por despidos.
Un proyecto de ley antisindical y que restringe el derecho a huelga
Se busca reducir al mínimo el poder de autodefensa de la clase trabajadora. Se podrán firmar convenios por empresa, por provincia o por región. Estos tendrán más valor que los convenios nacionales. Obviamente, cuanto más lejano al nacional, más desprotegido estará el trabajador, y por lo tanto, peor resultará. Junto a esto se elimina la “ultraactividad” por la cual un convenio sigue vigente hasta que se firme otro (manera con la que actualmente se defienden ciertos derechos ante el ataque de las patronales).
Finalmente, el nuevo proyecto prácticamente elimina el derecho a huelga, estableciendo un montón de actividades como “esenciales” (salud, educación, transporte, servicios públicos en general) donde se exigirá garantizarse al 75% durante un conflicto. Pero, además, se crea una nueva categoría de “actividades trascendentales” donde se incluye casi toda la industria y otras como la gastronomía, donde se debe garantizar el 50% del servicio. En síntesis, un certificado de defunción para el derecho a huelga.
Una declaración de guerra en toda la línea contra la clase trabajadora. Y la CGT?
Es urgente organizarse y salir a responder. Debe darse a conocer en todos los lugares de trabajo lo que se viene, discutiendo en asambleas, cuerpos de delegados y reuniones de activistas, sacando declaraciones de repudio y preparándonos para enfrentarla.
En ese marco, es más repudiable que nunca que la burocracia de la CGT, más allá de algunas tibias declaraciones de circunstancia “oponiéndose” al proyecto, siga sin mover un dedo, manteniendo su pacto con el gobierno. Y sólo preocupada por el próximo recambio de la cúpula de la Central.
Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, y también desde el sindicalismo combativo, insistimos en que, hoy, más que nunca, se impone la necesidad de romper el pacto CGT-Gobierno y organizarnos con un plan de lucha para enfrentar la motosierra, que incluye estas nuevas medidas, de Milei, el FMI, Trump y los gobernadores.
