Escribe Mercedes de Mendieta
Diputada nacional electa por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad

La Cámara de Diputados dio media sanción el pasado jueves 12 de febrero al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de punibilidad de 16 a 14 años. Esto representa un avance en la política de criminalización contra las pibas y pibes.

Milei y Bullrich contaron con la complicidad del PRO, la UCR, el MID, Encuentro Federal de Pichetto, la Coalición Cívica, Provincias Unidas -que dio 17 votos incluido el diputado Lousteau- y los bloques provinciales ligados a los gobernadores peronistas, como el de Tucumán, logrando 149 votos a favor y 100 en contra, entre estos últimos los votos del cien por ciento de las bancas del Frente de Izquierda Unidad. La nota de color en la complicidad la dio el diputado que responde a Sergio Massa, Ramiro Gutiérrez, aportando su presencia para que se llegue al quórum que habilitó la sesión. Es decir, esta media sanción la logró Milei con sus cómplices, entre ellos sectores del peronismo.

Bajar la edad o la mano dura no reduce el delito

Bajo el argumento “delito de adulto, pena de adulto”, se presenta a las infancias y adolescencias como responsables de la inseguridad que crece de la mano de la motosierra de Milei y el FMI. Con este régimen penal, adolescentes de 14 y 15 años que cometan delitos podrán ser juzgados penalmente y recibir penas como si fueran adultos que, en casos de delitos graves, llegan a 15 años de prisión,

Las experiencias internacionales son claras. Estudios de UNICEF, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU muestran que reducir la edad de imputabilidad no baja el delito, sino que lo aumenta. En Ecuador, donde la edad de punibilidad es de 12 años, el índice de delitos pasó de 6 a 46 cada 100.000 habitantes. En países como Brasil y Uruguay, donde la punibilidad comienza a los 12 y 13 años respectivamente, los niveles de violencia no disminuyeron. Dinamarca y Georgia, incluso, dieron marcha atrás luego de comprobar los efectos regresivos de estas políticas. En los países que tienen 12 años de edad de punibilidad las tasas de criminalidad van de 23 a 45 puntos, mostrando que la incidencia es inversa: a mayor criminalidad más delito.

Hay otro dato revelador: de los diez Estados con mayor tasa de crímenes violentos en Estados Unidos, seis tienen pena de muerte. Son los más duros, pero no los más seguros. (Clarín, 12/2). Además, desde 2004, cuando el Congreso votó 26 reformas al Código Penal impulsadas por el peronismo kirchnerista endureciendo las penas, el delio no bajó. Ahora se sigue por el mismo camino, agravando aún más el problema.

Los organismos de las niñeces recomiendan otra cosa

Está claro. Bajar la edad de punibilidad no reducirá el delito, sino que criminaliza aún más a la juventud pobre. Además, se hace esta campaña contra las y los adolescentes, cuando la tasa de criminalidad en el país bajó de 4,2 en 2024 a 3,7 en 2025. Y según UNICEF, sólo el 0,45 de las chicas y chicos de 12 a 17 años ha cometido un delito. Está claro que esconden esta realidad, para poner el foco en las y los adolescentes, donde no hay que ponerlo.

Organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y expertos en justicia penal han señalado que no hay evidencia de que bajar la edad de punibilidad reduzca la criminalidad y que, por el contrario, lo que se necesita son políticas profundas de inclusión, educación, salud mental y trabajo.

Estas medidas punitivistas como la que se acaba de aprobar con esta media sanción desconocen el principio básico de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que consideran correctamente a esos sectores como sujetos vulnerables que necesitan una protección especial. En un marco donde en Argentina, los 3,6 millones de pibas y pibes entre 13 a 17 años a los que se quiere criminalizar, son ya víctimas de este sistema: el 47% vive en la pobreza y el 15% directamente bajo la línea de indigencia. Y donde en 2022, por ejemplo, fallecieron 15.144 por muertes evitables, de ellos el 31% fue por suicidio.

La salida para por otro lado

El encarcelamiento temprano no reinsertó nunca a nadie. En nuestro país, hoy en día un juez puede establecer la internación de menores de 16 años que sean alojados en institutos, a pesar de no haber sido condenados. Los institutos para infancias y adolescencias son en muchos casos como cárceles encubiertas, con malas condiciones de detención, violencia institucional y vulneración sistemática de derechos. Lejos de reducir la violencia, la multiplican. Es echar nafta al fuego.

Para combatir la inseguridad, que afecta particularmente a las y los trabajadores y demás sectores populares, no vas las respuestas represivas. Esto es solo más criminalización. Se necesita desmantelar las mafias que las organizan al amparo del poder político, judicial y policial; terminar con el plan motosierra de Milei y el FMI y destinar más presupuesto para políticas integrales para fortalecer el sistema de protección integral de niñez y adolescencia.