Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista / FIT Unidad

“Alta coimera” se transformó en el “hit de la temporada”. El gobierno, desesperado, recurre a cualquier herramienta para parar el escándalo. Llegando a atacar la libertad de prensa y buscando que no se conozcan más videos.

Desde la semana pasada, el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a partir de los audios de su titular, Diego Spagnuolo, viene haciendo crecer la bronca popular. Con música de Guantanamera, se escucha por todas partes: “alta coimera, Karina es alta coimera”. Suena hasta en las discotecas y en las canchas de fútbol. El “3%” se transformó en símbolo de los millones que viene recaudando la hermana del presidente. No hay dudas: para el gobierno ultraderechista de Milei no hay plata para los discapacitados, pero sí para usar su presupuesto en coimas que terminan en manos de la mismísima hermana del presidente o su círculo de confianza, que incluye a Lule y Martín Menem.

Es que los audios, que salieron del entonces titular del Andis, que también era abogado personal de Milei y uno de los que más llegada tenía al presidente, son super-claros: se habla montones de veces de coimas, del famoso 3%, y se menciona con claridad a Karina y a Lule Menem. Por si todo eso fuera poco, cuando el juez interviniente, Sebastián Casanello, mandó ir a buscar a los dueños de la droguería Suizo Argentina, contraparte de las coimas, los hermanos Kovalivker trataron de escaparse, con miles de dólares en efectivo. Luego tanto ellos, como la misma Droguería, que fue allanada, se negaron a aportar las claves de sus celulares y computadoras, donde, seguramente, aparecerán más pruebas del escandaloso caso de corrupción.

La respuesta del gobierno: censura al periodismo para que no se conozca la verdad

El gobierno sintió el impacto y quedó groggy. Durante varios días hizo silencio. Luego salió a decir que se trataba de una operación electoral. Cuando se conocieron nuevos audios, al parecer grabados en Casa de Gobierno y donde se escucha la voz de Karina Milei, directamente entraron en pánico. Y salieron a buscar prohibir que se difundan, en particular porque temen que aparezcan más, que empeoren aún más la situación del gobierno.

El ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich, y Karina Milei, como “particular”, salieron a plantear que había que prohibir la emisión de los videos grabados a la propia hermana del presidente en Casa de Gobierno.
La propia ministra, increíblemente, lo justificó hablando de una operación de inteligencia ilegal contra la seguridad del Estado en la que estarían involucrados Rusia, Venezuela y hasta la AFA a través de su tesorero Pablo Toviggiano. Sí, así de ridículo como se lo lee. Del mismo modo que, en una entrevista de televisión en vivo por A24 negó que hubiera mandado realizar allanamientos a los domicilios de periodistas y empresas de medios para que no se den a conocer más audios, mientras el conductor del programa le leía la misma orden de la ministra que desmentía lo que estaba diciendo.

Como si el escándalo ya no fuera poco, el gobierno consiguió un juez amigo que decretó una cautelar que impide difundir los audios. Se trata del juez federal en lo Civil y Comercial (o sea nada que ver con el fuero penal) Alejandro Maraniello, que tiene 9 denuncias en su contra, cinco de ellas por acoso sexual, y las restantes por abuso de poderes, acoso laboral y malversación de fondos públicos. Como ya fue notificado por el Consejo de la Magistratura, evidentemente busca esconderse bajo el ala del gobierno para que lo defienda.

Seamos claros: estamos frente a una gravísima violación a la libertad de expresión, un caso de censura previa, una prohibición que busca silenciar y evitar que el pueblo trabajador se entere de lo que está pasando. Viola las más elementales libertades democráticas, incluyendo la más básica legalidad burguesa: la Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica. Incluso va en contra de la jurisprudencia internacional en la materia. Hay un fallo testigo en los mismísimos Estados Unidos, donde el New York Times en 1974 ganó el derecho a publicar información reservada del Pentágono que mostraba las mentiras que se habían dicho sobre la guerra de Vietnam. El gobierno yanqui quiso prohibirlo aduciendo que se violaban secretos de seguridad nacional (lo mismo que aduce ahora Patricia Bullrich), y la Corte Suprema yanqui le dio la razón al New York Times, que publicó la información.

¡Toda nuestra solidaridad con los periodistas a los que se quiere amordazar!

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad repudiamos la censura. Defendemos la libertad de prensa como una parte esencial de las libertades democráticas. Nos solidarizamos con los periodistas afectados, Jorge Rial, Mauro Federico y el canal de streaming Carnaval, tal como ya lo hicieron público nuestra diputada nacional Mercedes de Mendieta y nuestra legisladora porteña Mercedes Trimarchi.
Al mismo tiempo decimos, como lo hicimos siempre, frente a todos los gobiernos, que los culpables de corrupción deben ir presos y devolver lo robado. Esto vale para Karina Milei, Lule y Martín Menem, Diego Spagnuolo, los empresarios Kovalivker y todos los implicados en este caso.