El año arrancó con la intervención imperialista de Donald Trump contra Venezuela. Javier Milei dijo que se trataba de “un día histórico en defensa de la democracia, la vida, la libertad y la propiedad privada”. No se sabe para quién, porque para las y los venezolanos seguro que no. Y vino el derrape. Milei pidió que asumiera Edmundo González Urrutia, pero tuvo que llamarse a silencio cuando su “padre” Trump descartó esa variante. Luego ambos volvieron a derrapar cuando la justicia norteamericana hizo caer la acusación contra Nicolás Maduro como líder del llamado Cártel de los Soles, que no existe.

Otro pifie internacionalista del gobierno argentino, además del que se espera con su discurso en Davos, fue el siguiente. Después de denostar el tratado de libre comercio Mercosur-Unión Europea, quiso anotarse un poroto diciendo que fue obra suya. Se trata de un pacto cuyo eje es engordar las ganancias de las multinacionales: automotrices, laboratorios, tecnológicas, logística, transporte, energía, agronegocio y las dedicadas al saqueo del litio, el cobre y los minerales críticos, entre otras (Clarín, 18/01). La coronación del dislate entre ultraderechistas fue la invitación de Trump para que Milei sea parte de una Junta de Paz en Gaza. Ambos son defensores y sostenedores del genocidio y la limpieza étnica perpetrados por el Estado sionista de Israel.

En estos veinte días del “año nuevo”, el mandatario siguió desplegando su motosierra salvaje. Con el pago que se apresta a hacer el 1° de febrero al FMI, la suma que se va del país en concepto de deuda externa llegará a 7.545 millones de dólares. La inflación subió al 2,8% en diciembre y, a pesar de la recesión, sigue carcomiendo los ingresos populares. Es la misma inflación que Milei decía que iba a pulverizar.

Los despidos hacen estragos. Se confirmaron casi 300 mil desde que asumió. Entre los más recientes se cuentan los de Mercado Libre, Lustramax, Lácteos Verónica, Georgalos y Farmacias Dr. Ahorro. Los incendios en la Patagonia volvieron a encontrar a pobladores y brigadistas poniendo el cuerpo para frenarlos. Mientras tanto, el gobierno, por DNU, le dio facultades especiales al espionaje de la SIDE, a la que además le aumentó las partidas en el Presupuesto 2026, para que detenga impunemente a quien se le ocurra cuestionar a los personajes de la Casa Rosada.

También está en carpeta, para las sesiones extraordinarias de febrero, la modificación de la Ley de Glaciares, hecha a medida de la multinacional suiza Glencore. La empresa busca saquear cobre en San Juan y Catamarca, en el proyecto Agua Rica, y fue denunciada por ser cómplice del genocidio en Palestina al venderle carbón a Israel desde Colombia. A esto se suma el avance de la reforma laboral antiobrera y esclavista.

El despliegue de la motosierra no implica, sin embargo, un camino de rosas para Milei. Envalentonado por el triunfo electoral, intentó avanzar a fin de año con la eliminación del presupuesto de las leyes de emergencia para personas con discapacidad y universidades. Ese capítulo terminó cayéndose y el gobierno sufrió un duro revés. El efecto dominó alcanzó a la reforma laboral, que quería aprobar durante las fiestas y no pudo.

El 18 de diciembre, día de la marcha de la CGT, la senadora Patricia Bullrich postergó su tratamiento para este año. Ahora vuelve a la carga. La fecha tentativa para intentar aprobarla en el Senado sería el 11 de febrero. El gobierno acelera las negociaciones con los gobernadores, preocupados únicamente por que se les compense la baja de recaudación que implicaría la rebaja del impuesto a las Ganancias en beneficio de las empresas. Son los mismos gobernadores que votaron el Presupuesto del FMI y vienen siendo cómplices de los ataques al pueblo trabajador, aplicando el ajuste en las provincias. A esto se suma la complicidad de la CGT, que viene pactando con el gobierno a pesar de los salarios miserables, los despidos y la recesión.

“El proyecto no se toca”, dice el gobierno. La CGT espera que se eliminen algunos artículos más burdos, pero la ley es esclavista y antiobrera en su conjunto. Los dirigentes burocráticos deben dejar los cabildeos con los gobernadores y en el Congreso, y convocar al conjunto de la clase trabajadora y al pueblo a salir a enfrentarla para derrotarla. A este reclamo hay que unir el de un aumento inmediato de salarios, jubilaciones y el freno a los despidos.

El sábado 17 hubo un caravanazo a Uspallata, Mendoza, con la consigna “no hay licencia social para la megaminería” del gobernador Alfredo Cornejo, y se prepara un festival del 14 al 17 de febrero. El próximo sábado 7 de febrero, a un año del multitudinario 1F antifascista y antirracista en respuesta al mensaje de odio de Milei en Davos 2024, el movimiento de mujeres y disidencias convocó a una marcha de Congreso a Plaza de Mayo.

La UOM convocó a una reunión este miércoles para debatir una posible movilización cuando se trate la reforma laboral en el Senado. La CGT debe convocar a un paro general y a un plan de lucha nacional para derrotarla. Es la exigencia que venimos sosteniendo desde el sindicalismo combativo y la izquierda, sectores que ya convocaron a marchar ese día con ese planteo. Es una medida que hay que preparar desde ahora, desde cada lucha y cada lugar de trabajo. ¡Llamamos a la más amplia unidad para derrotar la reforma laboral esclavista!