Escribe Mariano Barba

El presidente Javier Milei ratificó que la reforma se tratará en las sesiones extraordinarias de febrero, y la senadora Patricia Bullrich quiere que sea el 11. La llaman “modernización” para crear puestos de trabajo, pero, en realidad, es una guerra contra la clase trabajadora, ocupados y desocupados, para quitar conquistas de hace muchos años, conseguidas con luchas históricas.

La reforma esclavista se da en el marco de una situación económica muy difícil para las y los trabajadores y el pueblo, con el cierre de 19 mil pymes, la pérdida de 270 mil puestos de trabajo en los últimos dos años y salarios que son de pobreza para más del 70% de la clase trabajadora.

Incluso el economista Damián Di Pace, que promueve la reforma, declaró en LN+: “la reforma no generará nuevos empleos ya, porque tienen que darse muchas otras condiciones económicas que no están”. Todos recordamos que la flexibilización laboral menemista en los años ‘90 generó un salto en la desocupación del 6% al 18%.

Aprovechando su triunfo electoral, el gobierno apura la negociación con los gobernadores. Busca los votos de senadores y diputados. Persisten diferencias porque los gobernadores no quieren que se bajen impuestos coparticipables, como el impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, que se reducen para los grandes empresarios, el agro y la minería, ni el impuesto a los combustibles ni las retenciones al campo y a las petroleras. Según el periodista Ignacio Zuleta (Clarín, 18/01/26), un informe calcula la caída de la coparticipación a las provincias en 4,6 billones de pesos. Esta situación genera roces con algunos gobernadores, ya que Diego Santilli, el ministro negociador, solo les ofrece “garantías del Estado nacional para que las provincias se endeuden”. De esa forma empuja cada vez más al ajuste en las provincias.

¿Qué significa la reforma del gobierno?

• Es más barato despedir
Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con el 3% del sueldo, que va a una cuenta del trabajador en un banco. Ese 3% se quita de la contribución patronal que hoy va a la Anses. Por lo tanto, se la desfinancia en un monto enorme que alcanza al 0,5% del PBI. Además, para el cálculo de la indemnización se quitan el aguinaldo, las vacaciones, los premios y todo lo no remunerativo. El monto ya no se calculará por el mejor sueldo sino por el promedio y se pagará en doce cuotas. Incluso quieren aplicar un tope máximo.
Con ese 3% que va a la cuenta bancaria del trabajador nace otro gran negocio financiero para los bancos y las entidades financieras, como las billeteras habilitadas. ¿Se acuerdan de las AFJP, que terminaron en una estafa?

• Crecerá la precarización laboral y bajarán las jubilaciones
Millones de argentinos ya trabajan en un régimen muy precario, con derechos limitados. No mejorarán su situación si se aprueba la reforma, porque lo que ocurrirá es que las patronales, al tomar nuevas personas, dejarán de pagar contribuciones por varios años. Esto desfinancia el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que cubre jubilaciones y pensiones, afecta el pago de asignaciones familiares y, además, abarata el despido.

• Salarios más bajos, con menos descanso y vacaciones
Se promueve la negociación por empresa y no por actividad. Se habilitan jornadas flexibles con banco de horas compensatorio, lo que permite extender hasta 12 horas la jornada si el patrón lo decide, sin considerarlo como horas extras, porque otro día “se las devuelve” cuando no lo necesita. Las vacaciones también pueden ser fraccionadas a criterio del empleador.

• Convenios colectivos
Cesan sus cláusulas si no hay acuerdo en las paritarias. De ese modo, el trabajador queda a voluntad del empleador.

• Desfinancia las obras sociales
Al bajar la contribución patronal del 6% al 5%, se genera una caída de 1 billón de pesos en los ingresos de las obras sociales, deteriorando aún más una prestación que ya es deficiente.

• Ataca las organizaciones sindicales y las asambleas
Limita el derecho de huelga, ya que deben ser autorizadas por la patronal y el Ministerio de Trabajo. También será más difícil hacer huelgas por gremio, porque obliga a guardias mínimas en la mayoría de los rubros laborales, como salud, educación, energía, telecomunicaciones, transporte y aduanas, donde pueden imponer que trabaje hasta el 75% de la planta.

¿Qué hace la CGT?

El dirigente sindical combativo Rubén “Pollo” Sobrero, en un debate por el canal TN, exigió a los defensores de la reforma: “Muestren un artículo favorable al trabajador. No lo hay”.

La CGT, que responde políticamente al peronismo, no opina lo mismo que nuestro compañero de Izquierda Socialista Sobrero. Por distintas vías negocia con el gobierno y apuesta a que los gobernadores frenen algunos puntos de la reforma. Hasta ahora viene amenazando con una movilización y quizá un paro para febrero, pero sin confirmarlo. La mayoría de los burócratas no están dispuestos a enfrentar globalmente la reforma. Apuntan a morigerar algunos artículos, como el cese de los convenios, la esencialidad, el FAL y la cuota solidaria.

Desde el Plenario del Sindicalismo Combativo, el Movimiento Piquetero Independiente y las Jubiladas y Jubilados en Lucha, junto a la izquierda y a miles de activistas y delegados de todo el país, impulsaremos asambleas en los lugares de trabajo para rechazar la reforma. Exigimos que la CGT, junto a las CTA, convoque a un paro con movilización el día que se trate la ley en el Senado y que sea parte de un plan de lucha nacional para derrotar el proyecto de reforma laboral esclavista.