PROYECTO DE LEY
EL SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE L E Y
ARTÍCULO 1º: Prohíbanse los despidos y suspensiones contra cualquier trabajador de la provincia en relación de dependencia -tanto en el ámbito público como privado-, sean registrados, no registrados o registrados irregularmente, contratados, becarios, monotributistas o bajo cualquiera otra forma contractual. Caso contrario, el despido o suspensión será declarado nulo de nulidad absoluta, debiendo el empleador proceder a la reincorporación inmediata del trabajador en su puesto normal y habitual bajo la fuerza pública.
ARTÍCULO 2º: Toda empresa o establecimiento que cierre o despida pasará a la órbita del estado provincial, con los fondos estatales necesarios y bajo control de sus trabajadores. Su continuidad se dará nuevamente con la producción o actividad, poniendo la misma al servicio de satisfacer las urgentes necesidades populares.
ARTÍCULO 3º: Procédase al reparto equitativo de las horas de trabajo entre toda la demanda de mano de obra disponible, estableciéndose la reducción de la jornada laboral con igual salario, hasta alcanzar el valor de la canasta familiar.
ARTÍCULO 4º: Preséntese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Durante el gobierno de Javier Milei hemos estado atravesando una crisis económica, social y política aguda, como parte de su plan motosierra y de ajuste. En 2 años de gobierno, cerraron casi 22.000 empresas y más de 61 mil trabajadores/as del sector público fueron despedidos/as. En este contexto es que se suma, una inflación del 31,5% anual en 2025, un índice de pobreza situado en 31,6% y un 6,9% de indigencia, siendo así el dato más preocupante una tasa de pobreza infantil del 45,4%. Esto quiere decir, que casi la mitad de los menores de 14 años en el país se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad.
Estos datos, sin embargo, no son ajenos a la situación de la provincia de Buenos Aires donde la desocupación es del 7,7%, siendo de las más altas del país. En los últimos 2 años han cerrado 5.800 empresas en territorio bonaerense; como SFK en Tortuguitas, FATE en San Fernando, Whirlpool en Fátima, entre otras; y se estima un total 62 mil despidos. Estos datos nos resultan preocupantes, ya que se encuentran estrictamente relacionados con el hecho de que en la actualidad se estima que el 33% de los hogares se encuentran bajo la línea de pobreza y en algunos municipios la pobreza infantil ha llegado a alcanzar índices del 70%, hechos que llevan a una caída del consumo del 1,1% interanual y una fuerte retracción en el mes de enero ya con una caída del 7%. Estos números reflejan una enorme disminución en el poder de compra de los/as trabajadores/as.
Además, debemos mencionar, la creciente cantidad de conflictos obreros que hay en la provincia por cierres, despidos, suspensiones y/o atrasos salariales, como también en Tres Arroyos, Lustramax, Dr. Ahorro, línea 148, Morvillo, Sealed Air, Ilva, Acerías Berisso y la empresa láctea Verónica.
Estos hechos y conflictos no harán más que agravarse con la nueva reforma laboral, que les otorga a las empresas mayores facilidades para despedir a sus empleados, como por ejemplo la indemnización en cuota (recurso que también se está sufriendo en FATE), ante la apertura indiscriminada de las importaciones. Esta política de apertura está provocando una aceleración en la destrucción de la industria nacional.
Por todo esto Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad presenta este proyecto que ataca de raíz el flagelo de la desocupación y frena las arbitrariedades de las patronales que siguen haciendo fabulosas ganancias a costa de los despidos y suspensiones. Todo con la complicidad del gobierno y del Ministerio de Trabajo, los dirigentes sindicales vendidos y los políticos de la oposición patronal que dejan correr estas políticas anti obreras.
Esta ley, en primer lugar, tiende a tomar medidas urgentes y de emergencia para frenar la ola de despidos y suspensiones. No puede ser que las mismas empresas que hicieron ganancias en todos estos años, ahora, ante la no reactivación de la economía y alegando “una crisis”, usen de variable de ajuste a los trabajadores. Prohibir por ley los despidos y suspensiones es una medida ultra necesaria para evitar que se siga adelante con la desocupación.
Ante la insuficiencia del Ministerio de Trabajo que en los conflictos en curso no encuentra una solución real para los trabajadores, decretando únicamente conciliaciones obligatorias que los empresarios no acatan, esta ley resuelve el problema de despidos que están sucediendo en la provincia.
En segundo lugar, la presente ley dispone que toda fábrica que cierre o despida masivamente debe pasar a manos del Estado, para seguir manteniendo las fuentes de trabajo y la producción.
En tercer lugar, para dar empleo a toda la mano de obra disponible, se hace necesario repartir las horas de trabajo entre todos los trabajadores en condiciones de prestar servicios. Terminando con la paradoja de que hay trabajadores con jornadas agotadoras y extenuantes y miles de trabajadores que están desocupados. Esta medida permitiría combatir inmediatamente el problema del empleo. Y llevaría necesariamente a la reducción de la jornada laboral, con igual salario.
Las medidas que proponemos en el presente proyecto evitarían estos casos aberrantes como tantos otros que se dan bajo este plan motosierra de ajuste capitalista que aplica el presidente Milei y que aplica en la provincia el gobernador Kicillof de la mano de las patronales y de la burocracia sindical. Consideramos este proyecto, parte de un plan alternativo obrero y popular para combatir a las patronales capitalistas y sus planes de explotación de la mano de los gobiernos de turno y de la burocracia sindical. Y una contribución al apoyo a las luchas en curso contra los despidos y suspensiones y los atropellos patronales.
Por todas estas consideraciones, solicitamos a las diputadas y diputados que acompañen este proyecto de ley.
