Escribe Camila Urquiza
Nuestra compañera, delegada ferroviaria y diputada bonaerense por Izquierda Socialista en el FIT Unidad, Mónica Schlotthauer, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia educativa en la provincia de Buenos Aires por dos años, con posibilidad de prorrogarla por otros dos. La iniciativa busca dar una respuesta urgente al deterioro de la educación pública, los bajos salarios, los problemas de infraestructura y la crisis de los comedores escolares.
El proyecto exige que se ejecuten las partidas destinadas a la Dirección General de Cultura y Educación en el presupuesto 2026 y plantea reasignar recursos mediante la suspensión de pagos de compromisos financieros en moneda extranjera. El texto recuerda que la educación es una responsabilidad indelegable de la Provincia y que cerca de 3 millones de niños y jóvenes estudian en el sistema estatal bonaerense, sostenido por aproximadamente 482 mil docentes.
La situación salarial es uno de los puntos centrales. Según los fundamentos, un docente de primaria cobra alrededor de 850 mil pesos, mientras la pérdida salarial acumulada desde el inicio de la gestión provincial alcanza el 34%. A esto se suman escuelas con grietas, humedad, problemas eléctricos y de gas, sanitarios deteriorados, falta de aulas y obras paralizadas. También se denuncia que las partidas destinadas al Servicio Alimentario Escolar resultan insuficientes frente a la inflación.
El proyecto cuestiona el ajuste del gobierno nacional de Javier Milei, en particular el recorte del Fonid, pero también marca la responsabilidad del gobierno de Axel Kicillof, que debe garantizar salarios, infraestructura y alimentación escolar. Frente al ajuste de ambos gobiernos, planteamos que la plata tiene que ir a la educación pública y no al pago de la deuda.










