Con Mónica Schlotthauer, diputada nacional de Izquierda Socialista-Frente de Izquierda Unidad
Viernes 1° de noviembre a las 19.00
Güemes 760 Sur Capital

El bloque del Frente de Izquierda Unidad en el Congreso Nacional presentó un proyecto de resolución para repudiar la judicialización de la protesta en Jujuy contra activistas que fueron parte de las movilizaciones contra la reforma constitucional provincial.

La diputada de Izquierda Socialista, Mónica Schlotthauer (foto de portada) fue una de las firmantes.

6324-D-2024 -  23 de octubre de 2024
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La H. Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE

Repudio a la judicialización de la protesta en Jujuy
Manifestar nuestro profundo repudio a la decisión de la justicia jujeña, de elevar a juicio la causa del “20 Junio” donde se acusa arbitrariamente a distintos dirigentes sociales y políticos de la provincia por el hecho de ejercer el legítimo derecho a la libertad de expresión y a la protesta social, en este caso en rechazo a la Reforma Constitucional del gobierno provincial encabezado en su momento por el ex gobernador Gerardo Morales, en una clara persecución política, reclamando la anulación de dicha causa.

Fundamentos
En junio del año 2023, con un masivo rechazo callejero y popular, el gobierno radical de Jujuy y sus bloques aliados del PJ aprobaron a espaldas de pueblo una Reforma de la Constitución provincial en medio de una sesión repleta de irregularidades y ataques contra los derechos más elementales de las trabajadoras y trabajadores de la provincia, las mujeres y diversidades y los pueblos originarios, que salieron a ejercer su derecho a la protesta. La respuesta al rechazo de esa reaccionaria medida fue una brutal represión, condenada por organismos de derechos humanos y referentes de todas las latitudes, con detenciones ilegales por orden del entonces Gobernador Gerardo Morales (UCR). A posteriori la Justicia, en connivencia con el poder político y económico tejióla judicialización de dirigentes sociales y políticos con el fin de aleccionar al pueblo trabajador y pobre de la provincia.
En una quirúrgica selección imputaron a Miguel Ángel Ramos, Santiago Zamora, Leonardo Alejandro Rosales, Walter Armando Puca, Gabriel Taboada, Martin Antonio Abad, Francisco Emilio Lyonnet, Luis Santiago Zalazar, José Ivan Blacutt (dirigente de Izquierda Socialista en el FIT Unidad), Gabino Cruz, José Darío Donaire, José Luis Leopoldo Vilca, Nelson Javier Mamani, Mayuk Nasib Mamani, Héctor Luis Gerónimo, Walter Damián Brizuela, Dan Leonel Liborio, Gonzalo José Marino Diaz, Nahuel Tomás Herrera, Rivero Lautaro Joaquín, todos ellos dirigentes políticos y sociales.
Ahora, más de un año después de los hechos represivos, se reaviva esta causa escandalosa que sin pruebas ni argumentos en un claro hecho de criminalización y judicialización del derecho a la libertad de expresión y la protesta social-, pretende hacer escarmentar a quienes salieron a reclamar junto a la docencia, las comunidades originarias, los municipales y todo un pueblo contra la reforma de la UCR y el PJ provincial.
Según sus dichos, el Juez Rodolfo Fernández los eleva a juicio porque entiende formalmente que la causa “es correcta” aunque en realidad se trate de una acusación que en cualquier otra circunstancia sería inadmisible por no describir los hechos ni las conductas atribuidas a los imputados, entre otras cosas.
De ninguna manera se puede permitir este tipo de retroceso en materia de derechos. Las acciones del ex gobernador Morales y el ahora titular del ejecutivo Carlos Sadir van en consonancia con la política represiva del presidente Javier Milei y la ministra Patricia Bullrich, que de la mano de protocolos represivos, nos quiere hacer vivir como si estuviéramos en dictadura.
Rechazamos todo intento por criminalizar el derecho a la libertad de expresión y a la protesta social y llamamos a impulsar una gran campaña por la absolución de los compañeros. Decimos que lo que se judicializa no son solo veinte luchadores y luchadoras sino también
las acciones legítimas y constitucionales que impulsaron y siguen impulsando, como los cortes de rutas, marchas y paros, que enfrentó a una reforma constitucional que intentaba dejar a la provincia de Jujuy indefensa ante el saqueo.
Desde el Frente de Izquierda-Unidad exigimos el cese de la persecución a quienes hoy son judicializados injustamente, que se anulen todas las causas y que, por el contrario, se juzgue a Gerardo Morales y a sus cómplices en el gobierno, por la ola persecutoria y represiva que se desató, en un intento desesperado e infructuoso de silenciar la lucha contra la reforma constitucional reaccionaria que dejó herido al régimen jujeño y permitió volver a ejercer el derecho a la protesta en calles y rutas de toda la provincia.
Por todo lo expuesto pedimos la aprobación de este proyecto de resolución.

Escribe Agustín Blanco

La diputada nacional de Izquierda Socialista/FIT Unidad Mónica Schlotthauer fustigó con dureza a quienes apoyaron el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, durante su intervención en el Congreso Nacional. “Estamos en una situación grave si nuestros docentes universitarios nos dicen que no pueden seguir trabajando porque sus salarios bajaron entre el 60 y el 85%. Porque sin docentes no tenemos universidades”, lamentó la también trabajadora ferroviaria.

“Cuando el gobierno dice que quiere arancelar, que quiere vetar, no estamos hablando solamente de un problema de financiamiento. Lo que están discutiendo es que quieren dejar a la mayoría fuera de la posibilidad de crecer. Que sólo tengan estudios quienes pueden pagar”, explicó Schlothauer.

“Además estamos discutiendo que se subordinen nuestras universidades al mandato del Banco Mundial, que significa tener universidades solamente para técnicos. Solamente para las carreras que les interesen a las multinacionales y terminar con la soberanía sobre nuestro conocimiento y nuestro pensamiento como única herramienta de poder”, añadió.

“Un país está diciendo ‘No al veto’. Y eso tiene que pensarlo cada uno de las y los diputados que por un lado le ponen la billetera, pero por el otro tienen que volver a sus provincias a explicarle a esa juventud que hoy está tomando las universidades por qué no acompañan el justo reclamo”, lanzó la diputada como un cuestionamiento a sus pares.

Al mismo tiempo, Schlotthauer no sólo denunció al gobierno de ultraderecha, sino que también sumó a “los cómplices del PRO”, y “a todos los gobernadores peronistas, que hacen campaña diciendo que quieren defender la salud y la educación pública, pero que después cuando gobernaron jamás respetaron la Ley de Financiamiento Educativo”.

“¡Hay plata! Pero van a seguir recortando todos nuestros derechos si no dejamos de pagarle al FMI la estafa de la deuda externa. Defendamos las universidades, defendamos también a todos esos profesionales que hoy son ejemplo en la defensa de la salud pública del Bonaparte, del Garrahan, del Posadas, y a todos los hospitales que luchan. Esos profesionales que defienden el derecho a la salud de la clase trabajadora y sectores populares y su salario, son los que salieron de nuestra educación pública. Viva la lucha de las universidades”, concluyó la diputada socialista.

Escribe Agustín Blanco

La diputada nacional de Izquierda Socialista/FIT Unidad, Mónica Schlotthauer rechazó de lleno el presupuesto que discutieron en la comisión correspondiente, defendió a las empresas estatales y apuntó contra el objetivo real del gobierno de Javier Milei: seguir pagando la deuda externa al pie de la letra, mientras el pueblo sufre hambre y pobreza.

“Lo que nos preocupa desde Izquierda Socialista es que el eje de este presupuesto sea la sostenibilidad de la deuda, cuando en realidad la preocupación que debiera ordenar como eje este presupuesto es ver cómo resolvemos esa problemática”, analizó la legisladora tras exponer que el gobierno de Milei ya acumula 5.400.000 nuevos indigentes. “De verdad, resultaría siniestro tener que votar esto. Cualquiera que quiera decir que quiere representar al pueblo trabajador y sectores populares tiene que rechazarlo furibundamente”, insistió.

La también delegada ferroviaria del Sarmiento argumentó que el rechazo es inevitable porque “hay un artículo que dice que van a poder recortar todas las partidas que acá se proponen si los resultados macro no dan”. Es decir que el Poder Ejecutivo podrá quitarle más dinero a los sectores populares si no se alcanzan las metas de déficit fiscal.

“Esto de tener que recortar 20 mil millones de dólares a los presupuestos provinciales de la coparticipación, cuando acá están diciendo que veinte de las provincias del país tienen más de los 50% de sus ingresos coparticipables, es condenar casi a la disolución del país. Podrán tener el apoyo de todos los gobernadores ajustadores porque viven bien, pero la situación va a resultar ingobernable”, pronosticó la diputada.

“Esto se lo voy a decir como trabajadora de los ferrocarriles y orgullosa de ser ferroviaria, que nos molesta muchísimo que nos digan que el agujero negro de este país son las empresas estatales, cuando acá dice que a la empresa eléctrica de este país, a la que le vamos a tener que pagar del bolsillo de cada uno de nosotros el 84% de las tarifas, se le va a dar en caracter de beneficios promocionales, 122.783.770.918 pesos. A una empresa que no ha puesto un peso legítimo sobre la red de distribución y generación”, denunció Schlotthauer.

“Contra este presupuesto sí vamos a levantar y presentar un plan de emergencia que empiece por decir que hay que desconocer la estafa de la deuda externa. Una deuda que viene de la dictadura militar pero que la han agrandado todos los gobiernos que siguieron. Una deuda ilegítima y usurera. Esta película la vimos y ya sabemos cómo termina”, aseguró.

Escribe Mónica Schlotthauer, delegada ferroviaria del Sarmiento y diputada nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

Las organizaciones sindicales que representan a las y los trabajadores aeronáuticos, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), Asociación del Personal Aeronáutico (APA), se vienen movilizando por aumento salarial y contra la privatización de Aerolíneas Argentinas (AA). Lejos de responder a las demandas del conflicto, el gobierno amenaza con la privatización y el desguace de la empresa.

Desde Izquierda Socialista repudiamos esta política del ultraderechista Javier Milei y manifestamos nuestra solidaridad con las y los trabajadores del sector. Consecuente con esto, nuestra bancada acompañó a los aeronáuticos en la concentración de Plaza del Congreso; posteriormente, fuimos testigos en una reunión de una Comisión de Diputados y funcionarios del Ministerio, ambos defensores de los proyectos del Pro y la Coalición Cívica para privatizar la línea de bandera.

Como en una reedición del menemismo noventista de “ramal que para, ramal que cierra”, el gobierno, lejos de buscar soluciones, ha lanzado una campaña reaccionaria cuyo centro es: “contra los aeronáuticos que reclaman, la aerolínea se cierra”. Con una paritaria atrasada, la pérdida salarial que denuncian las organizaciones gremiales es del 80%; por eso los tres gremios han rechazado el 11% ofrecido y solo APTA (personal técnico) y Upsa (personal superior) han aceptado esta propuesta indecente. Ante la negativa del gobierno ultraderechista a continuar negociando, reclamamos que se convoque una mesa salarial paritaria donde se establezca un plan de recomposición salarial por el poder adquisitivo perdido.

La privatización de AA ya fue un fraude y un fracaso

Del fracaso de la privatización de Carlos Menem en 1990 se niegan a hablar. Aerolíneas Argentinas era una empresa rentable y prestigiosa, con una flota de aviones de carga y pasajeros que garantizaba conectividad y rutas federales e internacionales. Sin embargo, fue destruida por buitres privatistas como Iberia, American Airlines y el Grupo Marsan, un desfile de piratas aéreos vaciadores que se llevaron hasta los repuestos y dejaron una deuda millonaria y fraudulenta. Iberia, una empresa deficitaria, en un año vendió aviones, las propiedades de AA en las principales ciudades del mundo y las rutas internacionales. Con lo recaudado, salvó a la propia Iberia y encima nunca pagó el préstamo de 260 millones de dólares con los que compró AA, a precio vil, un pasivo que quedó en las cuentas de la empresa.

Después, American Airlines, y el Grupo Marsan hicieron lo suyo profundizando el desmantelamiento y endeudamiento fraudulento de la empresa, que hasta hoy constituye parte importante del déficit de AA. En 2008 el gobierno peronista kirchnerista “rescató” la empresa con una reestatización engañosa. En vez de desconocer las deudas y crear una empresa sociedad 100% estatal, el gobierno kirchnerista transformó Aerolíneas como una sociedad anónima (S.A) y se hizo cargo de todo el desfalco financiero. Peor aún, entregó la administración a funcionarios de La Cámpora, lo que fue un desastre.

Aerolíneas 100% estatal

Queda claro que el déficit de AA es producto de negociados entre empresarios y gobiernos corruptos. Por eso rechazamos el proyecto de privatización o descuartización propuesto por el gobierno ultraderechista para desviar el foco del justo reclamo salarial. Ahora trascendió que el gobierno de Milei estaría en negociaciones con empresas que repiten la historia de Iberia: Avianca, Azul, y Gol. Las tres, están en procesos de quiebra y con deudas millonarias.

Aerolíneas debe recuperar el servicio comercial de bodegas y cargas que el gobierno de Macri se negó a reflotar. Ni la provincialización, ni la desarticulación de las líneas en rutas que se lleven las low cost son una salida. En primer lugar, las empresas privadas solo están interesadas en los servicios rentables, sean rutas turísticas y/o del petróleo. Así fue en los ‘90. Solo diez ciudades quedaron con servicios aéreos. Actualmente hay treinta y nueve. Pero además, todos los servicios privados reciben subsidios y beneficios de las provincias, lo que demuestra que no es el libre mercado el que resuelve la conectividad.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad y nuestra bancada rechazamos estas nuevas maniobras para beneficiar a grandes grupos económicos y cumplir con el FMI. Junto a las y los diputados del Frente de Izquierda, estamos elaborando un proyecto para sumarnos a la lucha en defensa de Aerolíneas Argentinas. Proponemos que sea 100% estatal y puesta a funcionar bajo gestión y administración democrática de sus trabajadoras y trabajadores. Como parte de un sistema de transporte único e integrado en manos del Estado, a fin de brindar un servicio eficiente, seguro y accesible para millones, que no se guíe por el lucro privado ni la ganancia capitalista, sino en función del desarrollo del país y en beneficio del pueblo trabajador.