Nuestra diputada de Izquierda Socialista Mónica Schlotthauer presentó un proyecto de ley bajo el título “No al pago de la deuda - Ruptura con el FMI - Nulidad al DNU de Milei” (ver texto completo en izquierdasocialista.org.ar). Lo hizo con el acompañamiento de todas las bancas del Frente de Izquierda Unidad, Vanina Biasi, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y Christian Castillo.

En su articulado señala: “A partir de la vigencia de la presente ley se suspende todo pago de deuda, tanto en concepto de capital como de intereses, así sea con usureros internacionales privados o con el FMI (…) una deuda ilegítima, ilegal, usuraria y fraudulenta, es decir odiosa, contraída en perjuicio del pueblo trabajador. Y se dispone “destinar ese dinero a aumentar inmediatamente los salarios del sector público y las jubilaciones al valor de la canasta familiar, las partidas para generar trabajo genuino, en salud, educación y vivienda y demás necesidades populares, combatiendo los graves males sociales”.

A su vez desconoce “todos los acuerdos firmados con anterioridad con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en especial el del mes de mayo de 2018 por parte del entonces gobierno presidido por el ex presidente Mauricio Macri, como así también el del mes de marzo de 2022 firmado por el ex ministro Martín Guzmán en nombre del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner”. Y la nulidad “del DNU-Decreto 179/2025 por el cual el gobierno de Milei se auto aprueba el nuevo acuerdo que va a firmar con el FMI”.

Los fundamentos son contundentes. Rechazan la mentira oficial de que el nuevo acuerdo con el FMI “será beneficioso porque implicará una reducción del total de la deuda pública y servirá para combatir la inflación”. No es cierto. Por eso se señala claramente: “El nuevo pacto con el FMI traerá más endeudamiento, devaluación, tarifazos, techos salariales, reforma laboral y jubilatoria antiobreras y antipopulares, más saqueo, entrega y sometimiento. Es decir, se contraerá más deuda externa que terminará pagando el pueblo trabajador. En momentos que la deuda pública total es cercana a los 500.000 millones de dólares”.

Luego agrega: “Este nuevo pacto de Milei con el FMI vuelve a redoblar las mismas recetas que ya se aplicaron de distintas maneras con la hiperinflación de Alfonsín en los años  ́80; el 1a1 de Menem-Cavallo en los años 90 (donde se remataron todas las empresas del Estado para pagar “en especie”); los ajustes de De la Rúa-Chacho Alvarez de 1999/2001; los gobiernos peronistas kirchneristas de 2003/2015 donde la relación con el FMI incluyó pagar en efectivo y por adelantado 10.000 millones de dólares en consonancia con lo que pedía dicho organismo a países como Argentina y Brasil”.

Finalmente señala: “El endeudamiento argentino es fraudulento a tal punto que en el año 2000 el juez Ballesteros emitió un fallo y catalogó a la deuda como ilegítima, enviando al Congreso un pedido de resolución política sobre el tema, la cual nunca se llevó a cabo. El Congreso con mayoría de partidos patronales siguió haciendo oídos sordos a pesar de las enormes pruebas constatadas de que se trata de una deuda completamente usurera, ilegal y fraudulenta cuyo origen se remonta al genocidio de 1976”. Y remata diciendo: “Somos conscientes que el no pago debe ir acompañado de otras medidas, como la nacionalización de la banca y el comercio exterior, un fuerte impuesto a los grandes empresarios y multinacionales, la estatización de las empresas estratégicas privatizadas bajo control y gestión de trabajadores y organizaciones de usuarios, como parte de un plan económico de emergencia, obrero y popular, para afianzar las transformaciones necesarias y empezar a combatir de raíz los males capitalistas, convencidos que lo lograremos con una economía planificada por parte de un gobierno de la clase trabajadora y de la izquierda, en una Argentina Socialista con plena democracia para el pueblo trabajador”.

Atilio Salusso

PROYECTO DE LEY
La H. Cámara de Diputados de la Nación sanciona con fuerza de ley
NO AL PAGO DE LA DEUDA
RUPTURA CON EL FMI
NULIDAD DEL DNU DE MILEI

Artículo 1: A partir de la vigencia de la presente ley se suspende todo pago de deuda,
tanto en concepto de capital como de intereses, así sea con usureros internacionales privados o
con el FMI, como con tenedores locales de bonos u otros instrumentos financieros contraídos
por el gobierno nacional. Sólo quedarán exceptuadas de esta disposición las deudas
previsionales y laborales. Se dispone el desconocimiento soberano de una deuda ilegítima,
ilegal, usuraria y fraudulenta, es decir odiosa, contraída en perjuicio del pueblo trabajador.
Artículo 2: Procédase a destinar ese dinero a aumentar inmediatamente los salarios del
sector público y las jubilaciones al valor de la canasta familiar, las partidas para generar trabajo
genuino, en salud, educación y vivienda y demás necesidades populares, combatiendo los graves
males sociales.
Artículo 3: A partir de la presente ley la República Argentina desconoce todos los
acuerdos firmados con anterioridad con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en especial el
del mes de mayo de 2018 por parte del entonces gobierno presidido por el ex presidente
Mauricio Macri, como así también el del mes de marzo de 2022 firmado por el ex ministro
Martín Guzmán en nombre del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
Los mismos pasan a ser declarados nulos de nulidad absoluta, como así también todos los actos,
condicionamientos y disposiciones que se desprendan de los mismos.
Artículo 4: El Estado Argentino deja de ser miembro del Fondo Monetario Internacional
(FMI) exigiendo la inmediata devolución de la cuota parte depositada en dicho organismo.
Artículo 5: Anulese el DNU-Decreto 179/2025 por el cual el gobierno de Milei se auto
aprueba el nuevo acuerdo que va a firmar con el FMI.
Artículo 6: De forma.

Mónica Schlotthauer
Vanina Biasi
Nicolás del Caño
Alejandro Vilca
Christian Castillo

FUNDAMENTOS

Milei prepara una nueva estafa con el FMI. El gobierno dictó el DNU 179-2025 para auto
avalarse el pacto que va a firmar con el Fondo Monetario. Dispuso que de esto va “a dar cuenta”
al Congreso. Pero el DNU ya entró en vigencia. Ahora pasó para que lo apruebe la comisión
correspondiente. Luego irá a la Cámara de Diputados que, si lo vota a favor quedará firme,
distinto a una ley que necesita la aprobación de ambas. Además, se necesitarían dos tercios de
las dos cámaras para rechazar un DNU, cosa que no se va a lograr por la complicidad de los
bloques patronales del PRO, la UCR, Pichetto y sectores del peronismo que incluye al
kirchnerismo, que ni siquiera modificaron la reglamentación de los DNU para que éste no
hubiera pasado. Estamos ante una clara maniobra autoritaria, reaccionaria y antidemocrática por
parte del gobierno de Milei para avalar un pacto mafioso con el FMI.
Adelantamos que ningún apoyo va a tener por parte de las diputadas y diputados del
Frente de Izquierda-Unidad, que vamos a rechazar este nuevo pacto de entrega y sometimiento,
como lo hicimos con todos los gobiernos anteriores.
El gobierno dice que el acuerdo será beneficioso porque “implicará una reducción del
total de la deuda pública” y que servirá “para combatir la inflación”. Además de estafador, Milei
es claramente un vil mentiroso. El nuevo pacto con el FMI traerá más endeudamiento,
devaluación, tarifazos, techos salariales, reforma laboral y jubilatoria antiobreras y
antipopulares, más saqueo, entrega y sometimiento. Es decir, se contraerá más deuda externa que
terminará pagando el pueblo trabajador. En momentos que la deuda pública total es cercana a los
500.000 millones de dólares.
Este gobierno ultraderechista que viene aplicando un brutal ajuste (“mayor al que
pretende el FMI” como señaló Milei varias veces), después de decir que con su plan motosierra
la economía tiene enormes “logros”, ahora dice que es de “necesidad y urgencia” pactar con el
FMI para lograr miles de millones de dólares que irán nuevamente para la bicicleta financiera y a
pagar nuevos intereses y capital como resultado de un nuevo ciclo de endeudamiento.
No solo no hay que acordar nada con el FMI, sino que desde el Frente de
Izquierda-Unidad postulamos la ruptura total con ese organismo imperialista comandado por el
ultraderechista Donald Trump. Y bregamos para que se deje de pagar esa deuda usuraria y
fraudulenta, destinando de manera urgente esos montos para aumentar los salarios públicos y las
jubilaciones, las partidas para salud, educación, vivienda y dar trabajo genuino, entre otras
necesidades populares, ya que se trata de una deuda odiosa según los términos del derecho
internacional, dando derecho a que los gobiernos la desconozcan.
Este nuevo pacto de Milei con el FMI vuelve a redoblar las mismas recetas que ya se
aplicaron de distintas maneras con la hiperinflación de Alfonsín en los años  ́80; el 1a1 de
Menem-Cavallo en los años 90 (donde se remataron todas las empresas del Estado para pagar
“en especie”); los ajustes de De la Rúa-Chacho Alvarez de 1999/2001; luego vinieron los
gobiernos peronistas kirchneristas de 2003/2015 donde la relación con el FMI incluyó pagar en
efectivo y por adelantado 10.000 millones de dólares en consonancia con lo que pedía dicho
organismo a países como Argentina y Brasil. Sin embargo, el país no dejó de ser sometido al
saqueo de la deuda por parte de los fondos buitres, que tuvieron ganancias de hasta 300%, aún
con la quita de la reestructuración de Roberto Lavagna-Néstor Kirchner. La mejor demostración
de todo esto fue la famosa frase de Cristina Fernández “somos pagadores seriales”; luego vino el
pacto Macri- Caputo-FMI de 2018 el que fue refrendado posteriormente por el gobierno de

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en su gobierno de 2019/2023, dejándonos
un 42% de pobreza.
Detengámonos en el acuerdo anterior de Macri-Caputo, quienes nos endeudaron por
45.000 millones de dólares con el FMI en 2018, dinero que fue para financiar la fuga de
capitales y a la bicicleta financiera, no a reactivar la economía. Con la llegada del gobierno
peronista del Frente de Todos, Alberto Fernández dijo que dicho acuerdo había violado el propio
reglamento del FMI y fue el sostén de la campaña por la reelección de Macri. También denunció
penalmente a los funcionarios anteriores, pero inmediatamente volvió a elogiar al FMI y a cifrar
esperanzas en que una “buena negociación” salvaría al país. “Vamos a tener que hacernos cargo
de este muerto que nos dejaron”, dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El
diputado Máximo Kirchner, en ese momento presidente del bloque del Frente de Todos en
Diputados, agregó: “El gobierno se hará cargo de la herencia macrista porque el pueblo
argentino siempre se ha hecho cargo de sus deudas” (Página12, 13/2018). Una clara revelación
de que el gobierno peronista del Frente de Todos (denominado “nacional y popular”) iba a
reconocer el pacto Macri-FMI, y no solo eso, se lo hizo pagar al pueblo trabajador.
Con el argumento de que el peronismo “salva al país” y por eso paga las deudas de los
gobiernos anteriores (incluida la que viene de la dictadura militar), Néstor Kirchner reinició los
pagos, le pagó de contado toda la deuda al FMI y desembolsó 200.000 millones de dólares en los
doce años de gobierno peronista kirchnerista para pagar deuda.
La historia se volvió a repetir, Macri nos endeudó y el peronismo lo reconoció y pagó,
mientras había pedido el voto “para combatir a la derecha”. El acuerdo gobierno-FMI
reconociendo los 45.000 millones que dejó Macri se terminó de sellar en el Congreso en el año
2022 con los votos del peronismo y Juntos por el Cambio, el apoyo de los gobernadores y el
beneplácito de los grandes empresarios y la burocracia sindical. Pacto que extendió esa deuda
hasta 2034.
Desde la Casa Rosada decían en ese momento que había que pactar sí o sí antes de “caer
en el abismo”. El gobernador Kicillof señalaba que “el acuerdo con el FMI frenó una catástrofe
inminente”. Máximo Kirchner hizo la voltereta de renunciar a la presidencia del bloque por “no
acordar en cómo se llevó adelante la negociación con el FMI”, no porque repudiara el pacto con
el FMI. Máximo Kirchner votó en contra, pero en un comunicado señaló que su postura “no
implica el desconocimiento de la deuda”, sino que había que acordar “en otras condiciones”. El
mismo Máximo Kirchner dijo que había votado favorablemente la renegociación con los fondos
buitres privados. El actual presidente de bloque de UxP, Germán Martínez, quien había
reemplazado a Kirchner, dijo en esa oportunidad: “voy a trabajar para que se apruebe el acuerdo
con el FMI”.
Desde que se aprobó el último acuerdo con el FMI bajo el gobierno de Alberto y Cristina
y en lo que va de Milei, se pagaron 12.500 millones de dólares solo de intereses. Este año se
tienen que pagar 20.000 millones de dólares a usureros privados y el FMI. En enero y febrero se
pagaron 5.000 millones de dólares, quinientas veces más de lo que el gobierno está destinando
para hacer frente al temporal en Bahía Blanca.
Cuando se acude al FMI se está perdiendo soberanía económica y política. Nuestro país
tiene una larga y triste historia de sometimiento al Fondo Monetario. Desde su creación al final
de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno del primer peronismo se negó a ingresar a este
organismo. El primer préstamo se haría después de la afiliación de la Argentina al FMI bajo la
dictadura de la “revolución fusiladora” de 1956. Desde entonces nuestro país pidió infinidad de
préstamos y tuvo que someterse a feroces planes de ajuste.

La sola pertenencia al FMI, además, nos obliga a estar monitoreados por lo que se conoce
como "el Artículo IV" del mismo, lo cual significa un flagrante ataque contra nuestra soberanía
nacional. Por eso planteamos la ruptura con el FMI y la salida de Argentina de dicho organismo.
El endeudamiento argentino es fraudulento a tal punto que en el año 2000 el juez
Ballesteros emitió un fallo y catalogó a la deuda como ilegítima, enviando al Congreso un
pedido de resolución política sobre el tema, la cual nunca se llevó a cabo. El Congreso con
mayoría de partidos patronales siguió haciendo oídos sordos a pesar de las enormes pruebas
constatadas de que se trata de una deuda completamente usurera, ilegal y fraudulenta cuyo
origen se remonta al genocidio de 1976.
No hay futuro para el pueblo trabajador y la juventud por este camino. La solución es
exactamente la opuesta a la que nos han llevado los distintos gobiernos capitalistas: dejar de
pagar la deuda externa, poniendo todos esos recursos al servicio de atacar los graves problemas
sociales, sacando al país de la postración como semicolonia del imperialismo, a la vez que
apelamos a la solidaridad internacional, en especial a la movilización de las y los trabajadores y
pueblos latinoamericanos para que juntos dejemos de pagar, lo que llevaría a que entren en crisis
los banqueros y multinacionales y se salven nuestros pueblos.
Somos conscientes que el no pago debe ir acompañado de otras medidas, como la
nacionalización de la banca y el comercio exterior, un fuerte impuesto a los grandes empresarios
y multinacionales, la estatización de las empresas estratégicas privatizadas bajo control y gestión
de trabajadores y organizaciones de usuarios, como parte de un plan económico de emergencia,
obrero y popular, para afianzar las transformaciones necesarias y empezar a combatir de raíz los
males capitalistas, convencidos que lo lograremos con una economía planificada por parte de un
gobierno de la clase trabajadora y de la izquierda, en una Argentina Socialista con plena
democracia para el pueblo trabajador.
En función de todo eso es que presentamos el presente proyecto de ley, una reedición
actualizada de los ya presentados en esta Cámara de Diputados bajo los mismos términos por la
diputada Mónica Schlotthauer en 2019 y la mencionada junto al diputado Juan Carlos Giordano
en 2021,siendo conscientes que lo vamos a imponer con lucha y movilización, como la que se
está librando contra el robo a las y los jubilados, entra tantas otras expresiones de lucha, en pos
de derrotar los planes de este gobierno ultraderechista y poder conquistar la soberanía del país.

Mónica Schlotthauer
Vanina Biasi
Nicolás del Caño
Alejandro Vilca
Christian Castillo

Reproducimos parte del discurso de la diputada nacional de Izquierda Socialista/FIT Unidad en el Congreso Nacional.

“El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) -usted ya sabe- desde el bloque del Frente de Izquierda lo rechazamos al cien por ciento. Y no solo lo rechazamos, sino que también presentamos un proyecto que está en las antípodas de este acuerdo y de estas políticas de Virreinato [...]
Rechazamos que se firme un cheque en blanco, un DNU para gente de este gobierno con denuncias por utilizar sus puestos en beneficio de la banca privada, empleados de la Banca Morgan, del Deutsche Bank, como el señor Luis Caputo, el presidente del Banco Central, o el señor Pablo Quirno, todos los que estuvieron ayer dándonos informes de que querían pedir un préstamo -que no se sabía de cuánto era- y también pagarlo -y no se sabía ni cómo lo iban a pagar ni cuántos intereses ni nada-.

Este parlamento ha sistemáticamente avalado esta deuda externa, que es una estafa. A pocos días del 24 de Marzo hay que decir que fue la dictadura militar de Videla y Martínez de Hoz, la que permitió bajo los fusiles que el empresariado se endeude; el empresariado nacional al que le estamos pagando esa deuda que es privada, deuda de los Macri, de los Anchorena, de los Roca, de los Bunge Born. Es la deuda de toda la gran oligarquía argentina y también de las multinacionales que tenían sucursales y le pedían plata a los bancos; y que fue Cavallo el que la estatizó.

Después vinieron los radicales, peronistas y todos los que estaban -incluidos los liberales-, quienes reconocieron esa deuda ilegal. Y fue este Congreso y los partidos presentes quienes votaron sistemáticamente que pagáramos, avalando que sea el pueblo trabajador el perjudicado, perdiendo las leyes de educación, de salud; perdiendo soberanía sobre nuestros puertos, mares y tierras, y nuevamente, también bajo el gobierno de Alberto Fernández, el último gobierno peronista, se avaló que pagáramos el curro de Caputo y los que hoy nos piden un cheque en blanco para negociar.

La deuda no es un problema del Estado nacional, es un problema de los capitalistas privados que los políticos patronales que representan sus bolsillos nos hacen pagar a nosotros. Por eso estamos en contra, no solo por una cuestión de forma, sino de fondo. La deuda es ilegal, es ilegítima, una deuda odiosa porque ningún dólar vino para hacer una escuela, autopistas, ni vino para hacer hospitales […]

Cada gobierno se endeudó más y nos dejó más miseria. No tenemos soberanía, porque los políticos que nos gobiernan desde hace 40 años, gobiernan como un Virreinato, al servicio de los capitalistas y subordinados al FMI y a todos los imperialistas del mundo”.
 

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada en CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Las elecciones porteñas serán el próximo 18 de mayo. El PRO lleva 18 años en el gobierno y condena a vivir en la pobreza a cada vez más familias trabajadoras. El peronismo lo ayuda a cogobernar. La única alternativa para las y los trabajadores es el FIT-Unidad. Votá diputadas y diputados del Frente de Izquierda.

La coalición de gobierno se presenta fragmentada. Por un lado, el ala del PRO que lidera Jorge Macri y por el otro, Horacio Rodríguez Larreta con su sello propio. El radicalismo y la Coalición Cívica, que fueron los aliados históricos del oficialismo en la Ciudad, van en dos listas separadas: UCR-Evolución de Martín Lousteau y la CC-ARI de Lilita Carrió. También se presenta La Libertad Avanza, que viene de echar a Ramiro Marra y de sumar tres bancas de Patricia Bullrich a su bloque parlamentario en la Legislatura. El peronismo, por el momento, tiene tres candidatos: Leandro Santoro, Juan Abal Medina y el que designe Guillermo Moreno.

En este escenario, daremos pelea con el FITU: la única alternativa política para las y los trabajadores, una herramienta electoral que venimos construyendo en unidad desde hace doce años. En mi caso, asumiré el desafío de ser candidata por Izquierda Socialista junto con Vanina Biasi (PO), Lucas Bonfante (PTS) y Celeste Fierro (MST), además de mis compañeras y compañeros de Izquierda Socialista Pablo Almeida (Junta Interna ATE Mecon), Pili Barbas (Secretaría FUA y dirigenta de la JIS), Diego Saavedra (Junta Interna ATE Hospital Garrahan), Ana Valverde (jubilada y referenta Utjel), José Castillo (docente universitario de AGD-UBA) y decenas de luchadores que defienden el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, a salarios y jubilaciones dignas.

Orgullosamente podemos decir que en nuestras listas están quienes la pelean todos los días y nuestras bancas están al servicio de las luchas dentro y fuera de la legislatura.

CABA: la ciudad de las casas sin gente y gente sin casas

En los últimos años se profundizó la crisis habitacional.  Durante la gestión oficialista, se pasó  de un 20% a un 45% de personas que alquilan y con condiciones irrisorias. Con la aprobación del último Código Urbanístico (CUR), la Ciudad quedó rehén de los grandes especuladores inmobiliarios, dejando cada vez más relegada la posibilidad de acceder a una vivienda digna.

A su vez, aumentó la población que sobrevive en las villas: pasó de 90.000 a 400.000 personas que viven en condiciones miserables. Cada vez más se ven obligadas a vivir en la calle o alquilar (cuando se puede) una habitación de hotel a precios desorbitantes.

Desde el FIT Unidad no sólo nos opusimos al CUR de los especuladores inmobiliarios, sino que tenemos propuestas para resolver la problemática habitacional. Impulsamos un impuesto progresivo a las más de 250.000 viviendas ociosas para bajar los precios de los alquileres y fomentar que esos hogares no queden vacíos. Exigimos créditos a tasa cero para la vivienda única y la construcción de viviendas populares para resolver la crisis habitacional y la desocupación.

Nuestras propuestas están al servicio de resolver las necesidades más urgentes de las familias trabajadoras como el derecho a tener un techo, al salario, a la salud y a la educación. Acompañamos todos los reclamos justos como el aumento de salarios y jubilaciones. Sumate vos también a ser parte de la campaña del Frente de Izquierda Unidad en CABA junto a Izquierda Socialista.

PROYECTO DE LEY
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de Ley:
EMERGENCIA AMBIENTAL, HÍDRICA, SOCIAL, SANITARIA, ECONÓMICA, TERRITORIAL Y HABITACIONAL EN ZONAS AFECTADAS POR EL TEMPORAL EN BAHÍA BLANCA Y LA REGIÓN

Artículo 1°.- Declárase la emergencia social, ambiental, hídrica, económica, territorial y habitacional, desde el mes de marzo de 2025, en la Ciudad de Bahía Blanca, y en todos los municipios afectados de la Provincia de Buenos Aires, por las consecuencias del temporal que comenzó el día 7 de marzo del mismo mes y año.
Artículo 2°.- La emergencia declarada en el artículo precedente tiene como objeto garantizar todas las medidas necesarias para paliar las consecuencias del temporal sobre todas las familias, territorios y economías afectadas, priorizando a los sectores más vulnerados, y adoptar las acciones pertinentes para la prevención, atención y reparación de las consecuencias materiales, sociales, sanitarias, ambientales, hídricas, económicas y habitacionales causadas por la inundación.
Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo Nacional destinará la totalidad del presupuesto necesario para:
a) afrontar todos los recursos y acciones pertinentes para garantizar agua potable, alimentos, vestimenta, abrigo, alojamiento, atención médica, psicológica, sanitaria y todo aquello que se requiera en función de las necesidades inmediatas de las familias damnificadas;
b) garantizar la asistencia de todo el personal que sea necesario a los fines de cumplimentar con las tareas que emanan de la Emergencia declarada en esta ley, con garantías salariales, estabilidad laboral, ropa de trabajo de calidad, recursos y herramientas afines a las condiciones que exija la labor asignada;
c) la reconstrucción de los hogares, bienes e infraestructura pública o personal afectada, sin exigir retribución alguna por parte de los damnificados hacia el Estado;
d) el restablecimiento de todas las redes de servicios públicos;
e) la recuperación inmediata de las actividades sanitarias, educativas, económicas y sociales y toda otra acción que resultare necesaria, priorizando a los sectores más vulnerables, en el marco de la emergencia dispuesta en esta
Ley como de las definiciones que al respecto realice el Comité de Emergencia para la prevención, atención y reparación de las consecuencias materiales, sociales, sanitarias, ambientales, hídricas, económicas y habitacionales causadas por la inundación del 7 de abril y toda otra acción climática a ella vinculada, que crea el artículo 4° de la presente norma.
Artículo 4°.- Créase el Comité de Emergencia para la prevención, atención y reparación de las consecuencias materiales, sociales, sanitarias, ambientales, hídricas, económicas y habitacionales causadas por la inundación del 7 de abril y toda otra acción climática a ella vinculada, el que tendrá como tarea inmediata el relevamiento y control de la zona afectada por el temporal.
Dicho comité estará conformado por vecinos, trabajadores afectados a las tareas que surgen de la presente, equipos técnicos conformados a los fines de dar cumplimiento a la misma, profesionales y personal especializado de las Universidades Públicas Nacionales, del Conicet, del Servicio Meteorológico Nacional, agentes estatales de áreas complementarias y la comunidad organizada, quienes definirán las prioridades y metodologías de distribución de los recursos.
Artículo 5°.- Prohíbase la venta, comercialización, loteo, subdivisión y cualquier tipo de cambio en el uso del territorio afectado por las consecuencias del temporal, con la sola excepción de viviendas familiares o minifundios.
Artículo 6°.- Las partidas presupuestarias establecidas en la presente deberán emerger del Fondo para la Gestión Integral del Riesgo creado por la Ley N° 27287 y, de no ser suficientes de un impuesto especial a las grandes fortunas y ganancias de los grandes empresarios y multinacionales y de la suspensión inmediata de los pagos de la fraudulenta deuda externa.
Artículo 7°.- A sola comprobación del domicilio afectado, las personas damnificadas, ya sea que se desempeñen en ámbitos estatales, públicos y/o privados, bajo el régimen de contratos, en calidad de planta permanente, autónoma o de cualquier otra forma de empleo registrado o no registrado, tendrán derecho a licencias laborales con goce de haberes desde el momento en que se produce la inundación y hasta tanto se normalice la situación de anomalía provocada por la misma. Estas licencias laborales garantizan a las personas damnificadas la percepción de la totalidad de su salario así como todos los derechos sociales que de su condición laboral se desprenden.
Artículo 8°.- Prohibición de despidos. A sola comprobación del domicilio afectado, queda prohibido el despido por ausencia laboral de las personas damnificadas.
Artículo 9°.- Créase el subsidio a los damnificados por el temporal, el que será equivalente al monto de los daños y/o pérdidas ocasionadas y tendrá como fin asistir a todas aquellas personas, asociaciones sin fines de lucro,
organizaciones sociales, consorcios de edificios, clubes y comercios que sufrieron las consecuencias de la misma.
El acceso a este beneficio deberá solicitarse dentro de los sesenta (60) días hábiles de aprobada la presente ley. A tal fin, la autoridad de aplicación habilitará una línea telefónica gratuita y/o página web para que los damnificados puedan iniciar su reclamo.
Los requerimientos, el control y seguimiento del otorgamiento de los subsidios estará a cargo del Comité de Emergencia que crea el artículo 4° de esta ley.
Artículo 10°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Christian Castillo, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Mónica Schlotthauer, Vanina Biasi

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Traemos a consideración un proyecto de Ley que tiene por objeto declarar la emergencia social, ambiental, hídrica, económica, territorial y habitacional, desde el mes de marzo de 2025, en la Ciudad de Bahía Blanca y en todos los municipios afectados de la Provincia de Buenos Aires por las consecuencias del temporal que comenzó el día 7 del corriente mes y año y dejó como saldo, hasta el momento, más de 16 víctimas fatales, miles de evacuados, cientos de familias que aún permanecen aisladas porque el agua no bajó lo suficiente como para que puedan salir, y mucha gente desaparecida, entre ellas una beba de un año y su hermana de 5 años. Además, generó anegamientos en diversas zonas urbanas y periurbanas, afectando la circulación, el acceso a viviendas y comercios, el colapso del sistema de desagüe y drenaje y destrozos en infraestructura pública y personal. Tal es el caso, de público conocimiento, del Hospital Penna.
A poco de cumplirse un año del temporal del 16 de diciembre del 2023, que se llevó 13 vidas y dejó destrozada la ciudad, asistimos a un nuevo crimen social ante un fenómeno completamente previsible, contemplado en las predicciones del Panel de expertos en Cambio Climático de la ONU y estudiado por
trabajadores de la ciencia nacional, del Conicet, que ya desde el 2012 anunciaban el peligro. No se puede decir que es una tragedia “de la naturaleza”. Son las consecuencias del calentamiento global y la destrucción ambiental capitalista que el gobierno de Milei niega.
Los gobiernos nacional, provincial y municipal no accionaron pese al “alerta naranja” que regía desde la medianoche del viernes 7, con anuncios de que “la región se verá afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas, que se desplazarán progresivamente de sudoeste a noreste. Las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional granizo, y ráfagas que pueden superar los 90km/h”, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. Tampoco accionaron debidamente ante la alerta roja, anunciada a las 7.15 horas del 7 de marzo, con la ciudad ya inundada. Desde las 4 am habían caído por lo menos 200 mm y se estimaba que en las siguientes 2 horas caerían entre 50 y 100 mm más. Ya había 40 familias evacuadas y estaban a punto de saturarse las líneas de asistencia.
Los gobiernos nacional, provincial y municipal actuaron tarde, cuando el desastre ya era un hecho consumado. Lo hicieron decretando que se trataba de “una situación excepcional”, cuando como es de público conocimiento, la “situación excepcional” anterior ocurrió hace tan solo 1 año y 2 meses. Luego del temporal de 2023, además de los destrozos de viviendas, escuelas y caminos, la población bahiense sufrió cortes de agua y de luz por entre 25 y 40 días. La situación crítica llevó a que se organizaran desde los barrios y desde las escuelas con la docencia al frente de juntar donaciones.
En tanto la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich se dedica a atacar con fake news en los medios al Servicio Meteorológico Nacional, afirmando que no existió el mencionado alerta, el freno a la obra pública, otra de las causales de este desastre, sigue siendo una de las “prioridades” del gobierno de Javier Milei. Mientras el ministro Luis Caputo anuncia que se destinarán $10 mil millones de pesos para las reparaciones, sólo en enero de 2023 el gasto en obra pública fue de $157.000 millones, ajustado por inflación. La cifra, además, contrasta con 5.000 millones de dólares que se pagaron sólo en el último año al FMI por la usurera deuda externa: quinientas veces más que lo que quieren destinar ahora.
Hoy es nuevamente la solidaridad que brota desde abajo, con vecinos que se organizan para ayudarse, edificios que se convierten en pequeñas comunidades de unidad para conseguir agua, asistir a los adultos mayores, subir víveres por las escaleras, la que surge desde abajo para dar respuesta a la emergencia.
Es urgente un plan de emergencia integral, que garantice que la población afectada podrá reparar los daños del temporal a costo cero. Por eso este
proyecto que traemos a consideración se propone declarar la Emergencia con el objeto garantizar todas las medidas necesarias para paliar las consecuencias de este verdadero crimen social y adoptar las acciones pertinentes para la prevención, atención y reparación de las consecuencias materiales, sociales, sanitarias, ambientales, hídricas, económicas y habitacionales causadas por el mismo, destinando a tal fin todo el presupuesto que sea necesario.
Para ello, proponemos que las partidas necesarias para el cumplimiento de la presente emerjan de un impuesto especial a las grandes fortunas y ganancias de los grandes empresarios y multinacionales, mientras seguimos reclamando la inmediata suspensión de todo pago de la deuda externa.
Finalmente, la ley que proponemos crea un Comité de Emergencia orientado a la prevención, atención y reparación de las consecuencias materiales, sociales, sanitarias, ambientales, hídricas, económicas y habitacionales causadas por la inundación, el que tendrá como tarea inmediata el relevamiento y control de la zona afectada por el temporal.
El mismo estará conformado por vecinos, trabajadores afectados a las tareas que surgen de la presente, equipos técnicos conformados a los fines de dar cumplimiento a la misma, profesionales y personal especializado de las Universidades Públicas Nacionales, del Conicet, del Servicio Meteorológico Nacional, agentes estatales de áreas complementarias y la comunidad organizada, quienes definirán las prioridades y metodologías de distribución de los recursos.