Escribe Mercedes Trimarchi, diputada Izquierda Socialista/FIT Unidad CABA

Durante el quinto Encuentro Internacional de Mujer y Salud, realizado en San José de Costa Rica en mayo de 1987, se resolvió establecer una fecha para visibilizar las problemáticas específicas de salud de las mujeres. Desde entonces, el 28 de mayo forma parte del calendario feminista. Cada año, denunciamos a los gobiernos del mundo por la falta de políticas públicas que garanticen el acceso a una salud integral, digna y con perspectiva de género. Tres años antes, en 1984, activistas latinoamericanas y caribeñas se habían reunido en Colombia para participar de la primera reunión regional sobre mujer y salud. Allí nació la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, que puso por primera vez esta temática en el centro del debate político y feminista.

De acuerdo al informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado hace dos años “una mujer o bebé mueren cada siete segundos en el mundo por causas prevenibles o tratables con la atención sanitaria adecuada”. Esta cifra, que suma 4.5 millones anuales, se mantiene estable desde hace años. En el mismo informe señala que “la mayor parte de estas muertes de mujeres embarazadas, madres y bebés recién nacidos responde a la falta de inversiones suficientes dedicadas al cuidado materno infantil, un rubro en el que no sólo no han aumentado los recursos, sino que han disminuido”. Esto afecta principalmente a las mujeres de la clase trabajadora y de los sectores populares.

Las causas más frecuentes de mortalidad en mujeres gestantes son las hemorragias graves, las enfermedades preexistentes que pueden agravarse durante el embarazo como la hipertensión, las afecciones cardiovasculares (incluida la cardiopatía reumática) y otras enfermedades no transmisibles, las infecciones vinculadas al embarazo y las complicaciones derivadas de abortos inseguros. Por eso, el 28 de mayo, Día de Acción Global por la Salud de las Mujeres, es una fecha clave para defender el derecho al aborto. Un derecho conquistado gracias a la movilización feminista en todo el mundo y que hoy enfrenta el ataque de sectores conservadores y de ultraderecha que intentan arrebatarlo.

En nuestro país, gracias a la movilización y la lucha feminista, conquistamos leyes fundamentales que reconocen la especificidad de la salud de las mujeres y disidencias. Entre ellas se destacan: la Ley de Salud Sexual y Reproductiva (25.673), la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (26.485), la Ley de Identidad de Género (26.743), la Ley de Parto Humanizado (25.929), la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (27.610) y la Ley de Educación Sexual Integral (26.150).

Sin embargo, el brutal ajuste que impulsa Javier Milei pone en riesgo estos derechos, afectando de manera directa la salud de las mujeres y disidencias, en particular en los sectores populares. Por eso, este 28 de mayo, denunciamos su misoginia y la de su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien celebró el cierre de programas destinados a la prevención y atención de la salud sexual y reproductiva.
 

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada Izquierda Socialista/FIT Unidad CABA

Con el argumento del recorte del gasto público y como parte de su embestida contra el “Wokismo” el gobierno cerró trece programas que habían sido creados por el ex Ministerio de las mujeres, géneros y diversidad. Entre ellos el plan MenstruAR que repartía copas menstruales e insumos para reducir las desigualdades entre las personas que menstrúan y quienes no; el programa de fortalecimiento del acceso a derechos para personas travestis, transexuales y transgénero; el programa de fortalecimiento para dispositivos territoriales de protección integral de personas en contexto de violencia por motivos de género; entre otros.

La medida fue anunciada por las redes sociales del ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, quien dijo que se trataba de programas “ideológicos” y de “despilfarros absurdos” argumentando que se ahorrarían 6.000 millones de pesos anuales. Con esta decisión, el gobierno ataca una vez más a las mujeres y disidencias de los sectores populares que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.
                

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada Izquierda Socialista/FIT Unidad CABA

El tribunal correccional de París condenó a 18 meses de prisión (en suspenso) al reconocido actor de 76 años Gérard Depardieu por agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de la película “Les Volets Verts” en 2021. Esta es la primera condena que recibe el actor junto a dos años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y la inscripción de su nombre en el registro de delincuentes sexuales. Más allá de este juicio, hay una veintena de mujeres que denunciaron al actor por comportamientos similares y que lamentablemente la Justicia hizo oídos sordos argumentando que los hechos prescribieron.

Esta condena es un paso adelante contra la impunidad de quienes ejercen violencia sexual aprovechándose de su posición de poder como en el caso Depardieu, el intérprete de más de 200 películas y series. El abogado defensor pidió la absolución de su cliente y pretendió descalificar la palabra de las víctimas alegando que formaban parte de una organización de “feministas rabiosas”. Típico argumento de los defensores de violentos y abusadores que se oponen a la organización de las mujeres que pese a las trabas de la justicia patriarcal rompemos el silencio contra la impunidad.          

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada en CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
Dos buenas noticias en un mismo día. El 21 de marzo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) falló a favor de la niña Arcoíris, revocando las decisiones previas adoptadas por la Justicia riojana que obligaba a la revinculación forzada con su  progenitor. Este caso trata de una niña que manifestó haber sufrido abusos sexuales intrafamiliares, señalando a su abuelo paterno y a su progenitor. A pesar de las denuncias, la Justicia había determinado la revinculación con el agresor. Ese mismo viernes también conocimos el fallo de la Justicia Federal brasilera que reconfirmó la culpabilidad de Juan Darthés en el juicio por violación contra Thelma Fardin. Ambos casos se transformaron en emblemas de la lucha contra los abusos y la justicia patriarcal revictimizante.

Recordemos que el actor fue condenado el año pasado a seis años de prisión con un régimen abierto, puede ir a trabajar pero debe dormir en la cárcel cada noche. En ese momento, sus abogados pidieron revisar la condena y finalmente, la semana pasada, cinco de los seis jueces del Tribunal Regional Federal votaron a favor del fallo que reconoce la violación ocurrida en 2009 en Nicaragua, cuando ella tenía 16 años y él, 45.

Thelma lo contó el pasado viernes, en sus redes sociales: “Es un día muy movilizante. La Justicia me escuchó, y luego de tanta lucha, reconoce los hechos, eso es innegable y no hay vuelta atrás. Esta decisión es un paso firme en la construcción de una justicia que condena la violencia sexual hacia las infancias y la violencia de género, y, con ello, envía una potente señal para las niñas y mujeres de Latinoamérica. Incluso a muchos varones que se conmovieron con mi historia. Hoy hay esperanzas: hemos dado un gran paso en ese camino para que las víctimas sientan la confianza a la hora de denunciar”.

La lucha contra la justicia patriarcal

Thelma, al igual que tantas otras mujeres, siempre denunció la revictimización que sufrió durante todo el proceso judicial. Darthés fue denunciado en diciembre de 2018 y el juicio comenzó recién en noviembre de 2021. Dos años después, la Justicia lo absuelve en primera instancia y en la segunda, en 2024, lo condena por violación. Ahora, el Tribunal ratifica esa condena: se reconocen los hechos y ya no podrán discutirse.

Estas idas y vueltas es lo que hace que muchas mujeres desistan de denunciar las violencias sufridas. Por su carácter patriarcal, la propia justicia no escucha a las víctimas o las obliga a narrar una y otra vez los abusos sufridos poniendo en duda sus palabras. La cuarta ola de luchas feministas impuso un cambio de paradigma frente a las denuncias por violencia sexual que busca romper con este criterio patriarcal por el que se culpabiliza a las víctimas.

Hoy somos miles las que nos organizamos junto a las víctimas al grito de #YoTeCreoHermana. Este poderoso abrazo colectivo y feminista es uno de los mayores temores de la ultraderecha en el gobierno. Por eso, Javier Milei y su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, pretenden arrasar con derechos ganados con la movilización, como la figura de femicidio en el Código Penal, o aumentar las penas (solo para las mujeres) cuando se trate de falsas denuncias. Para frenar esta avanzada reaccionaria de la llamada “batalla cultural”, debemos potenciar nuestra organización feminista y, tal como lo aprendimos con la #MareaVerde, debemos defender cada uno de nuestros derechos como los conquistamos: en las calles.

El 8M comenzó con otra provocación de Javier Milei estafador: en las cuentas oficiales de la Casa Rosada subieron un video institucional cargado de mentiras y falsedades, que van desde negar los femicidios hasta ir contra nuestro derecho a decidir, ganado con la histórica marea verde. Pasando por la ridícula idea de sostener que ahora las mujeres estábamos más cuidadas gracias a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y, su par en Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Una jugada del gobierno ultraderechista que, lejos de amedrentar, sirvió para que más mujeres y disidencias sexuales se sumen a la convocatoria a la Plaza de Mayo y en todo el país.
Los medios televisivos no cubrieron la marcha que reunió a cientos de miles de manifestantes que salieron a la calle no solo por los derechos de las mujeres y disidencias sexuales, sino también por otros reclamos. Estudiantes en defensa de la Educación Sexual Integral (ESI) y la educación pública, docentes por aumento de salarios, trabajadoras estatales contra los despidos, madres e hijas y grupos de amigas que se organizaron para estar presentes con sus carteles  pintados a mano. Muchas abuelas con sus nietas de la mano, levantaron el reclamo de aumento de jubilaciones y pensiones, como cada miércoles frente al Congreso, y contra el fin de la moratoria previsional, que dejará sin el derecho a jubilarse a nueve de cada diez mujeres.
Es que nosotras y las disidencias sexuales somos las más afectadas por la motosierra de Milei, que no para de atacarnos. Según el informe del Centro de Economía Política (CEPA), con datos del tercer trimestre de 2024, en un año se perdieron 15.748 puestos de trabajo en casas particulares, donde el 95% son mujeres. En otro sector feminizado como el docente, donde un 77% son maestras, sufrieron un recorte de salarios en términos nominales con la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que representaba en promedio el 12% del sueldo. El programa Acompañar, de ayuda económica para víctimas de violencia de género, perdió 29,8% de su poder adquisitivo, a la par que se detuvieron las altas y se redujo de seis a tres meses el periodo de ayuda.
Todas estos reclamos estuvieron presentes en la marcha por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en nuestro país. Desde Isadora y Disidencias en lucha, además homenajeamos a las mujeres y al pueblo de Gaza que resiste el genocidio perpetuado por el Estado de Israel. Tal como lo recordó nuestra diputada nacional de Izquierda Socialista/FIT Unidad Mónica Schlotthauer, en el acto de cierre en Buenos Aires, nuestra lucha como feministas socialistas es hasta lograr un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Te invitamos a que te sumes con nosotras y nosotres a dar esta pelea.

Isadora - Mujeres en Lucha y Disidencias en lucha