Escribe Malena Zetnik

El pasado martes comenzó en el plenario de comisiones del Senado el debate sobre el proyecto de ley de interrupción legal del embarazo. Frente a las maniobras dilatorias del macrismo, la Iglesia y sus aliados, mantengamos la movilización en las calles para que en la sesión fijada para el 8 de agosto en el Senado se apruebe el aborto legal.

Con un pañuelazo federal realizado en más de ochenta ciudades del país se inició el debate sobre el aborto en el Senado y logró una primera medida importante: se derrotó la maniobra encabezada por la vicepresidenta Michetti y quedó por fuera del plenario de comisiones al que fue girado el proyecto, la de Presupuesto, que es presidida por el antiderechos Bullrich.

Esta semana, el movimiento de mujeres volvió a mostrar su fuerza en las calles dando inicio a un nuevo ciclo de los martes verdes que acompañará con festivales, pañuelazos, charlas debates y otras acciones al debate en la Cámara. Es que la vigilia del 13 de junio le dejó un importante aprendizaje al movimiento de mujeres: solo la presión de la movilización podrá inclinar la balanza y arrancar el aborto legal porque es a lo que le temen el gobierno y todos los partidos políticos patronales. Por eso, la senadora K Cristina Fernández, y el senador Pichetto del PJ, no tardaron ni un día en darse vuelta y salir a apoyar el proyecto de ley olvidándose de los doce años en los que fueron mayoría en ambas Cámaras y se opusieron sistemáticamente a garantizar los derechos de las mujeres, en especial el aborto. Y ni qué hablar del propio gobierno macrista que, en medio de una brutal crisis económica y política, vacila entre darle lugar a los sectores más liberales que aggiornan sus discursos a favor del aborto para morigerar el repudio social y los sectores más clericales como Bullrich, Carrió, Pinedo y la propia Michetti que hasta se atrevió a declarar públicamente que está en contra de la legislación actual que permite el aborto en caso de violación. Ante la pregunta de una periodista de La Nación afirmó “Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con psicólogo, no sé” (sic).

Qué se discute en el Senado
Además del proyecto de ley con media sanción de Diputados, en el Senado se presentaron otros proyectos. Uno es el de Federico Pinedo (Cambiemos) que se limita a modificar el Código Penal incluyendo atenuantes de las penas. Otro proyecto, también de Pinedo y de la senadora Miriam Boyadjian (Movimiento Popular Fueguino) propone la creación del programa “El Estado se hace cargo y te acompaña” y presenta coincidencias con el de Guillermo Pereyra (Movimiento Popular Neuquino) de “Protección de la mujer con embarazo no deseado”. Ambos proponen que las mujeres sigan adelante con los embarazos aunque no sean buscados.
Otra cuestión que se propone en la discusión es modificar el proyecto girado por la Cámara baja en relación con el punto de objeción de conciencia. Tras el dictamen de Diputados, un grupo de clínicas y hospitales privados vinculados a la iglesia exigieron en un documento que se elimine la prohibición de la objeción institucional para ser exceptuadas de la práctica y negarle el derecho a las mujeres. También se discute el alcance del causal salud, la edad para el acceso de las personas gestantes a solicitar la interrupción y la cantidad de semanas de la interrupción voluntaria. Sin embargo, es importante no ser ingenuas en este momento. Después de años de lucha del movimiento de mujeres y luego de 734 especialistas que se pronunciaron en Diputados, cualquier modificación del proyecto en el Senado es solo una maniobra dilatoria de los antiderechos de todos los partidos patronales para que el proyecto vuelva a discutirse en la Cámara baja y no se resuelva. Pero en la calle ya dejamos bien claro que no vamos a aceptarlo. Por eso, desde Isadora-Mujeres en Lucha e Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, impulsamos la movilización de las mujeres en todo el país porque no confiamos nuestros derechos a los mismos diputados y senadores que votan los ajustes y tarifazos. Solo confiamos en nuestra fuerza en la calle para lograr que el aborto legal, por fin, sea ley.

Macri, a favor del aborto clandestino

Escribe Mercedes Trimarchi

Una vez que se aprobó la media sanción del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, Macri se reunió con los diputados que votaron en contra para ratificar su posición a favor de “las dos vidas”, o sea a favor del aborto clandestino. El objetivo de la reunión fue claramente el de no dejar ninguna duda sobre cuál es la posición del gobierno: siempre estuvo en contra del derecho al aborto. 
Recordemos algunos hechos: siendo jefe de Gobierno Macri vetó una ley de aborto no punible en 2012, una vez que había sido aprobada en la Legislatura porteña. Cuando en febrero de este año “habilita” el debate en Diputados, lo hizo dejando en claro que estaba en contra. En la mañana del 14 de junio más del 61% del bloque de Cambiemos votó en contra. Y ahora, con la media sanción de ley, ratifica su posición a favor del aborto clandestino. Por si a alguien le queda alguna duda, el gobierno opera para que las mujeres no tengamos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. 
Estos dichos son el respaldo para que Federico Pinedo, Esteban Bullrich y Gabriela Michetti operen dentro del Senado para que no salga el derecho al aborto. Por eso, insistimos en que debemos redoblar nuestros esfuerzos y seguir en las calles para derrotar nuevamente las maniobras del gobierno.

Escribe Mariana Morena

La agencia estatal de noticias dejó 357 trabajadores en la calle con el falso pretexto de una “reestructuración”. Convocamos el más amplio apoyo a la lucha por la reincorporación y para derrotar el ajuste de Macri y el FMI.

El martes 26 de junio Télam notificó el despido a 357 periodistas, camarógrafos y administrativos distribuidos entre las dos sedes centrales, 23 corresponsalías provinciales y una decena de corresponsales extranjeros. La medida dejó al descubierto otra de las tantas mentiras del gobierno de la “pobreza cero”: al asumir, el nuevo directorio prometió convertirla en una empresa competitiva a nivel mundial, “una BBC News de la República Argentina”. Ahora, mientras el servicio público de radio y televisión británico cuenta con 2000 mil trabajadores, Télam quedó reducida a unos quinientos.

Haciendo gala del mayor cinismo, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos HernánLombardi, publicó en una red social: “Hoy ganó el periodismo y ganaron los ciudadanos”. Más tarde explicó que la medida obedecía a una reestructuración necesaria de la empresa que, durante doce años de kirchnerismo, “se transformó en una usina de propaganda partidaria”, ampliando su planta en alrededor de 60% entre 2003 y 2015. Pero, contrariando las explicaciones del ministro, los despidos también incluyeron a trabajadores de entre 20 y 30 años de antigüedad, que denuncian una clara persecución ideológica contra aquellos que no muestran afinidad con el gobierno de Cambiemos.
En realidad, el recorte de 40% de la planta de Télam es parte del pacto de Macri con el FMI para profundizar el ajuste en el Estado en beneficio de los grandes grupos empresarios. A principios de junio, el ministro de Hacienda Dujovne anunció que el presupuesto de las empresas estatales pasaría de $12.000 millones este año, a $6.000 millones en 2019. El vaciamiento de los medios de comunicación estatales incluyó el cierre de la agencia DyN hace siete meses, con un centenar de despedidos, y el recorte de $1.000 millones en Radio y Televisión Argentina (RTA), con suspensión de paritarias y fin de horas extras, que se extenderán a la TV Pública. 
Por otra parte, el viernes 29 se confirmaron 54 despidos en Radio del Plata, lo que da cuenta de la situación de precariedad de los trabajadores de prensa, con contratos en negro, sobrecarga horaria y malas condiciones laborales. Según Sipreba, desde que asumió Macri echaron a más de 3.000 trabajadores en los medios -entre despidos directos, “retiros voluntarios” y jubilaciones anticipadas- y las empresas que más ajustaron fueron La Nación, Clarín y Perfil. El Grupo Clarín, gran socio de Cambiemos, es el más beneficiado por la pauta oficial y los meganegocios, como la reciente fusión de Cablevisión-Telecom.
La reacción de los trabajadores de Télam no se hizo esperar. El mismo martes, una asamblea masiva votó parar por tiempo indeterminado y ocupar pacíficamente las sedes de Bolívar y Belgrano. El miércoles,marcharon hasta las oficinas de Lombardi en el CCK junto con 2.000 trabajadores de prensa, dirigentes políticos y sindicales. Continúan las asambleas para decidir otras acciones buscando sumar apoyos a la lucha.
Desde Izquierda Socialista repudiamos los despidos de Télam y Radio del Plata y llamamos a rodear de solidaridad la pelea por la reincorporación inmediata de todos los compañeros. Nuestros legisladores Laura Marrone y Juan Carlos Giordano se acercaron a la asamblea a solidarizarse con los trabajadores despedidos, así como Pablo Almeida, delegado general de ATE Mecon.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

La Ctera convocó a un nuevo paro nacional el martes 3 de julio con movilización al Ministerio de Educación. Aunque tardío, el paro fue total, en repudio a la represión a los docentes de Chubut y Corrientes. Además, en la docencia hay indignación por los magros salarios y las medidas de ajuste permanentes que Macri y los gobernadores toman contra la educación pública.

La mayoría de las provincias aún no cerraron las paritarias de 2018. Donde lo hicieron, hay reclamos de reapertura, porque 15% en cuotas, o menos de ese porcentaje, quedaron muy abajo de la inflación anual y del aumento de precios y tarifas. Sólo la huelga de Neuquén, encabezada por la directiva combativa de ATEN Capital, logró quebrar el techo y una cláusula gatillo de actualización trimestral.
En Buenos Aires solo hubo adelantos de 5% en negro e importantes ataques como las jubilaciones compulsivas, el cese a docentes, el cierre de las escuelas isleñas, que pudieron ser derrotados por la lucha de docentes y comunidades. Sin embargo, otras medidas como el cierre de bachilleratos de adultos y escuelas especiales, la tentativa de liquidar la matrícula de los CENS por medio de aulas virtuales, la suba del límite de alumnos para las salas de educación inicial de 25 a 28, o el cierre de gabinetes psicopedagógicos vienen implementándose con la complicidad de la burocracia. En las escuelas técnicas se cambiaron contenidos para reducir materias y se agregaron pasantías obligatorias gratuitas en fábricas. También pretenden que los profesores de educación física y otras materias especiales sean “monotributistas” contratados por el Estado, perdiendo los derechos laborales. Se abrieron listados de “retiros voluntarios” sin definir el reemplazo de los cargos y hay miles de trabajadores de la educación sin cobrar en tiempo y forma. La situación se extiende a las provincias. La pasividad de la conducción de Suteba y FUD y las luchas aisladas permiten que el gobierno avance.
Todo es parte del “Plan Maestro” de Macri, el FMI, el Banco Mundial y los gobernadores. ¡Es fundamental un plan de lucha unificado para derrotarlo! La Ctera debe convocar al “no inicio nacional”. En Buenos Aires al Suteba y al Frente de Unidad Docente (FUD) les tenemos que exigir el no inicio de las clases con paros con continuidad, con asambleas y plenarios de delegados como hicieron en Neuquén, que voten las medidas de fuerza y convocando a la comunidad educativa.  
Los Suteba multicolores deben apostar a la autoorganización democrática para la lucha, que el Suteba kirchnerista de Baradel y el FUD niegan. La Multicolor debe llamar al plenario provincial de delegados para organizar y exigir estas medidas de lucha y, si la burocracia Celeste no convoca, impulsarlas sin ellos. Este es el gran desafío que llamamos a asumir desde Docentes en Marcha para derrotar el ajuste sobre la educación pública. 

Escribe Ezequiel Peressini-Legislador de Izquierda Socialista/FIT

Desde hace casi dos meses el gobierno peronista de Schiaretti viene atacando a los trabajadores de la empresa provincial de energía (EPEC) con la intención de liquidar el convenio colectivo de trabajo e impulsar el vaciamiento de la empresa para posibilitar la privatización que desde 2000 a la fecha es impedida por la lucha de los trabajadores de Luz y Fuerza y de todo el pueblo de Córdoba.

El conflicto se endurece al ritmo de la profundización de las políticas de ajuste y los acuerdos políticos de Macri y Schiaretti.Con las nuevas leyes nacionales y el mercado nacional de energía el gobierno busca adecuar la empresa a las expectativas del mercado y hacerla más “rentable y sustentable”, con ese objetivo buscan liquidar el convenio colectivo de trabajo y bajar el costo laboral. 
En la Legislatura de Córdoba ya se aprobaron varias leyes que atacan a los trabajadores, modificaciones inconstitucionales del convenio colectivo de trabajo, la quita de los aportes patronales e inclusive la declaración de la energía como servicio esencial con el único objetivo de declarar ilegal la huelga del sindicato de Luz y Fuerza. Estos ataques son insuficientes para las necesidades del gobierno, y con la pronta presentación del nuevo marco regulatorio de la energía se prepara para dar el golpe final en la liquidación de la empresa para fragmentarla y privatizarla.
Los lugares de trabajo se encuentran militarizados, con un control policial que busca intimidar y provocar a los trabajadores en sus tareas cotidianas. El directorio de la empresa, puesto a dedo por Schiaretti, ya dispuso la cesantía de varios trabajadores y el encarcelamiento de otros con falsas acusaciones sin pruebas buscando debilitar la lucha, mostrando una vez más que la Justicia y la policía son herramientas al servicio de las patronales y los grandes empresarios, como los reunidos en la Fundación Mediterránea de la que forma parte el actual gobernador Schiaretti. 
Llamamos al pueblo trabajador a rechazar esta persecución política, la judicialización y los ataques que hoy sufren los trabajadores de luz y fuerza que luego serán aplicados a todos los trabajadores. El próximo 12 de julio como parte de la jornada de lucha convocada por el Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo en Córdoba estaremos a disposición de los lucifuercistas para realizar acciones conjuntas y conquistar el paro provincial de la CGT que permita unificar las luchas en curso y recuperar la unidad del movimiento obrero para enfrentar el ajuste.

Luego del segundo paro por 48 horas realizado por los más de 1.200 trabajadores de Aluar Puerto Madryn, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria el pasado 21 de junio. La medida de fuerza se realiza en reclamo de un aumento salarial de 25 % con actualización por inflación.

El 14 de junio una masiva asamblea resolvió un plan de lucha por tiempo indeterminado como respuesta a la oferta patronal, que luego de cinco reuniones paritarias insiste con su propuesta de 18,5% de incremento en el básico, en consonancia con lo firmado por la burocracia de la UOM con las cámaras patronales.
La empresa que preside el multimillonario Javier Madanes Quintanilla, presentó sus nuevos resultados económicos por un período de nueve meses cerrados al 31 de marzo. Sus ingresos crecieron 60% y sus ganancias treparon 106%. Esto prueba que Aluar, la única empresa nacional dedicada a la producción de aluminio, puede pagar el incremento que exigen los trabajadores. La negativa solo se explica por la voracidad del capitalista.