El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se aprestan a aprobar en el Congreso Nacional una reforma previsional que implicará un nuevo golpe para millones de jubilados.

El eje de la reforma previsional consiste en eliminar la indexación por inflación de las jubilaciones. La modificación se debe a que  asistimos a un nuevo salto de los precios en el país. Según la encuesta del Banco Central, la inflación del 2021 alcanzaría el 51.8%.  El propósito es que los aumentos que reciban los jubilados estén por debajo del costo de vida.

La nueva fórmula establecerá un índice de actualización que contempla la recaudación impositiva de la ANSES y el aumento de los salarios. En momentos de crisis como el actual, cuando cae la recaudación y por responsabilidad del gobierno y las patronales las paritarias quedan por debajo de la inflación, ese índice de movilidad traerá aparejado una nueva rebaja de las jubilaciones.

Además, la recaudación de la ANSES crece menos que la recaudación impositiva general, porque de modo sistemático el gobierno, las empresas y la burocracia sindical firman acuerdos que reducen significativamente el pago de los aportes a la seguridad social. Invocando la pandemia, el gobierno estableció que esa reducción puede llegar hasta el 95% de los aportes patronales.

Si hubiese un ciclo de crecimiento económico (hoy estamos en una profunda recesión), el gobierno puso un techo al crecimiento de las jubilaciones, que no podrán crecer por encima del 3% de la recaudación de la ANSES. Pero mientras puso un techo al crecimiento de las jubilaciones eludió poner un piso a su reducción.

Otro agravante de la nueva fórmula es que los aumentos pasarán a ser semestrales en vez de trimestrales. Así, las jubilaciones van perdiendo frente a la inflación mes a mes, sin recuperar esa pérdida en el nuevo aumento semestral.

Esta reforma previsional va en la línea de la primera medida tomada por el gobierno de Alberto Fernández en el mes de diciembre del 2019. Allí decidió suspender la vigencia de la movilidad que había aprobado Macri y pasar a aumentos por decreto, ya que de lo contrario todas y todos los jubilados hubieran recibido en 2020 un 42% de aumento basado en la inflación del año anterior. Fernández lo hizo no para aumentar las jubilaciones sino para reducirlas. Los números son elocuentes: con la suspensión de la movilidad a los jubilados le robaron entre 7 y 18% de sus haberes.

En la ofensiva contra los jubilados no hay ninguna “grieta”, es una verdadera cuestión de Estado para todos los gobiernos y partidos patronales. Si la fórmula vigente permitiese que los jubilados recuperen algo frente a la inflación, se encargan de cambiarla por otra que haga que sigan perdiendo. Pronosticando que la inflación iba a caer, en 2017 Macri también modificó el índice de movilidad para reducir las jubilaciones, además dejando fuera del cálculo un trimestre entero. En oposición a esa reforma previsional y al intento de aprobar también la reforma laboral se produjo una verdadera rebelión que se plasmó en las jornadas del 14 y 18 de diciembre con el apoyo del sindicalismo combativo y la izquierda. En los cuatro años del macrismo los jubilados perdieron alrededor del 20 por ciento de sus haberes en términos reales.

En la actualidad la reforma previsional es uno de los principales reclamos del FMI para suscribir un acuerdo con el gobierno para refinanciar la deuda tomada por Macri. Ya Alberto Fernández y el ministro Guzmán anunciaron que buscan un acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI, que requiere aplicar “reformas estructurales”, como la ya citadas previsional y la laboral, que ya las patronales están imponiendo de hecho en acuerdo con la burocracia sindical.

El ataque a las jubilaciones es el programa de todos los gobiernos a nivel mundial a través del cual aplican un fuerte ajuste a los jubilados de hoy y a los que vendrán en adelante, por lo tanto es un ataque al conjunto de la clase obrera. En Francia han habido grandes huelgas contra la reforma previsional y laboral. En Chile la rebelión tiene como uno de sus puntos principales terminar con el negociado de la jubilación privada. En Brasil Bolsonaro aprobó una reforma previsional en el Congreso, siguiendo también los lineamientos del FMI.

El gobierno nacional del Frente de Todos, al igual que los Bolsonaro y los Macrón,  justifica el ataque a los jubilados en nombre de que el “sistema previsional no es viable”. Sin embargo oculta la permanente reducción de aportes patronales y el trabajo en negro que alcanza a casi el 40% de la fuerza laboral, ambas cuestiones que afectan la recaudación de la ANSES.

Contrariamente a lo que afirma el gobierno, no son los jubilados los que viven del Estado, sino que es el Estado conducido por todos los gobiernos patronales hasta ahora (sean peronistas, la UCR o el PRO) el que ha vaciado una y otra vez las cajas jubilatorias para usarlas para pagar la deuda externa o subsidiar a los capitalistas. Es lo que sucede ahora mismo con la venta a precio de remate de bonos de la ANSES para permitirle a los especuladores dolarizar sus deudas en pesos o acceder al dólar para fugar dinero.

Aunque el macrismo anunció que rechazará la reforma previsional, lo hace desde la defensa de la fórmula aprobada en el 2017 que también llevó a un fuerte ajuste y a la reducción de las jubilaciones. Lo cierto es que tanto con la fórmula del peronismo-kirchnerismo como con la del macrismo los jubilados vieron y verán una y otra vez retroceder su nivel de vida. La realidad es que tanto en el gobierno del Frente de Todos como antes en el de Juntos Por el Cambio se siguen los dictados del FMI y se ajustan las jubilaciones.  Ahora, con el aumento anunciado para diciembre la jubilación mínima que cobran más de 5,5 millones de personas será de $ 19.035, cuando la canasta básica del jubilado que mide la Defensoría de la Tercera Edad la calcula en $ 50.000.

El Frente de Izquierda-Unidad rechaza la reforma previsional y llama a rechazarla en las calles y en el Congreso. Nuestro planteo es recuperar en lo inmediato lo perdido en los últimos cinco años, y establecer el 82% móvil del salario en actividad financiado sobre la base del aumento de los aportes patronales, el salario mínimo igual a la canasta familiar, el combate al trabajo en negro, el reparto de las horas de trabajo para terminar con la desocupación y con un plan de viviendas populares y obras públicas basado en el no pago de la deuda, la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Ninguna movilidad tiene que dar como resultado un ingreso inferior a la índice de precios. ¡No al nuevo robo jubilatorio! ¡Plata para las jubiladas y jubilados, no para la deuda usurera y el FMI!

El Frente de Izquierda-Unidad plantea que todos los sindicatos y la CGT tienen la obligación de rechazar este engendro reaccionario pactado con el FMI y convocar un paro nacional y el inicio de un plan de lucha para que no se apruebe la reforma previsional y por todos los reclamos de los trabajadores, como ser las paritarias que como mínimo compensen la inflación, contra los despidos, el impuesto al salario y contra todo tipo de reforma laboral sea en el Congreso o mediante la flexibilización de los convenios colectivos de trabajo.

El Frente de Izquierda-Unidad convoca a todas las organizaciones populares a realizar una gran movilización frente al Congreso para defender a los jubilados y rechazar la reforma previsional del FMI.

Frente de Izquierda-Unidad
(PTS-PO-Izquierda Socialista-MST)

Los abajo firmantes repudiamos el nuevo ajuste que prepara el gobierno con el cambio de la movilidad jubilatoria. Nos pronunciamos para que toda/o jubilada/o gane como mínimo el valor de la canasta básica para el sector valuada en $49.000; que se restituyan los aportes patronales y el 82% móvil. Plata para los jubilados, no para la deuda externa y el FMI.

Llamó la atención la carta al FMI enviada el fin de semana por el bloque de senadores del Frente de Todos, con el evidente aval de Cristina Fernández. En el escrito le dicen al organismo que “se abstenga de exigir o condicionar las políticas económicas para los próximos años”, además de acusar al Fondo de “irresponsable” por el préstamo que le otorgó a Macri, cuyo gobierno lo utilizó para financiar la fuga de capitales.

Al día siguiente, lunes, el presidente Alberto Fernández elogió la carta reconociendo que el acuerdo con el Fondo significa un ajuste, minimizando su alcance al decir que “no lo van a pagar los más necesitados”. 

Con todo este palabrerío podrá haber compañeros de trabajo, de estudio o vecinos que se crean que, “ahora sí”, el gobierno hará realidad lo que decía en la campaña cuando declamaba que “no vuelve el FMI” y “con los jubilados no”. 

Lamentablemente, nada de esto sucederá. Toda esta ida y venida de declaraciones y discursos no son más que maniobras para tratar de esconder la única realidad, que el centro de la política del gobierno peronista de los Fernández pasa por aplicar un ajuste para alcanzar, lo antes posible, un acuerdo con el FMI. En esto hay pleno y total acuerdo entre Alberto y Cristina. Se vienen realizando innumerables reuniones, prácticamente cotidianas, con la misión del Fondo instalada en Buenos Aires. El ajuste reclamado por el FMI, el revés de cómo dice el presidente, ya tiene “quién lo paga” en concreto, ¿o qué es sino la nueva fórmula previsional, donde los jubilados no solo no recuperan todo lo que les robaron sino que perderán el año próximo una vez más contra la inflación? ¿Y las paritarias a la baja? ¿Y el anuncio de que incluso el miserable monto del IFE ya no se pagará más? ¿Y el lanzamiento de los aumentos de tarifas de servicios públicos? Si esto no es ajuste contra los trabajadores y los más necesitados, ¿qué es?

El Fondo Monetario ordena. El gobierno cumple. Vamos a un nuevo ajuste, mayor aún que el de este año, donde mientras crecen la pobreza, el desempleo, la inflación y la desigualdad social no se aumentan las partidas para salud, se sigue beneficiando a los grandes empresarios, a la UIA, al agronegocio, a las petroleras y a los banqueros. 

No hay ninguna política independiente del Fondo, ni nada parecido, por más que se gasten con palabras y corran ríos de tinta en las cartas. Si Cristina y el peronismo kirchnerista quisieran realmente “diferenciarse” y plantear una política alternativa, en vez de votar el presupuesto exigido por el FMI tendrían que plantear romper con el Fondo, dejar de pagar la deuda y priorizar las necesidades de los más postergados, como decimos desde el Frente de Izquierda Unidad.

El ajuste que se viene es tan brutal que hasta la CGT tuvo que mostrar “preocupación”, amagando con tomar alguna acción o medida de protesta. Por supuesto, todo esto no es más que para negociar sus propios intereses burocráticos, como la plata de las obras sociales, aunque no deja de reflejar la presión de la bronca por abajo. Por eso le tenemos que tomar la palabra, exigiendo a la CGT que rompa su actual pacto con el gobierno, por el que está dejando pasar todas y cada una de las medidas de ajuste contra el pueblo trabajador.

Por nuestra parte, decimos que tenemos que salir unidos a luchar para enfrentar todas y cada una de las medidas de ajuste. Peleando por un aumento de salarios de emergencia, haciendo una gran campaña contra el robo jubilatorio. Acompañando y fortaleciendo todas las luchas en curso, como la de los trabajadores de la salud, que otra vez salen en caravana. Como la de los ferroviarios del Sarmiento, que marcharán el viernes desde Once reclamando por los aumentos miserables de su paritaria, o tantas otras. Todas peleas que acompañamos y daremos en conjunto junto con el sindicalismo combativo, reclamando a la vez un paro nacional y un plan de lucha a la CGT y las CTA.

Mientras damos estas luchas y seguimos exigiendo medidas urgentes contra una pandemia que no ha concluido, también tenemos que plantear, como lo venimos haciendo desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, la necesidad de un plan económico alternativo, obrero y popular. Que, como dijimos, arranque con la suspensión de los pagos de la deuda externa y rompa los pactos políticos y económicos con el FMI, que imponga un impuesto a las grandes riquezas de verdad, como el que proponemos desde el FIT Unidad, y que nacionalice la banca y el comercio exterior para así obtener los recursos que permitan resolver las más urgentes necesidades populares.

Escribe Guido Poletti

El gobierno convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para este martes 17 de noviembre a fin de tratar su proyecto de “impuesto a la riqueza”. Una iniciativa presentada siete meses después de haber sido anunciada, completamente insuficiente y a la que hasta le cambiaron el nombre por el de “aporte extraordinario por única vez” que ayudará, según dicen, “a morigerar los efectos de la pandemia”. Pero sus propios voceros dicen que “no le hace mal a nadie” y que “los ricos no van a dejar de serlo” por ello. Sin embargo, hacen campaña de que con esto se van a combatir los males sociales, tratando de confundir a los trabajadores mientras, como contraparte, el gobierno acaba de sacar el IFE y prepara un robo jubilatorio más.

¿De verdad es un proyecto para tocar a los de arriba? Lo que proyecta recaudar, ¿va a alcanzar para “combatir la pandemia”? ¿Esa plata va a ir centralmente a los hospitales o a aumentar los salarios y las jubilaciones? ¿Representará, aunque sea en parte, un alivio para el pueblo trabajador? Respondemos que no. Veamos.

El proyecto propone recaudar 300.000 millones de pesos, alrededor de 2.000 millones de dólares, un monto claramente insuficiente, menos de la mitad de lo que ya se pagó este año en concepto de deuda externa. Precisamente porque no grava las ganancias de los grandes empresarios, los bancos y las multinacionales, sino a una parte ínfima de “personas físicas”, dejando afuera a grandes empresarios, petroleras o aceiteras que tienen domicilio en el exterior, como Mercado Libre, de Galperin, que tiene valuada su empresa en 60.000 millones de dólares y quedará exenta, entre tantas otras.

A su vez, la mitad de lo recaudado va a ir a subsidiar a las empresas que bajo el nombre de pymes encubren en muchos casos a las grandes, y a los pulpos petroleros que nos roban el gas. Solo 20% va a ir a salud, lo cual es un verdadero saludo a la bandera.

Es un gran doble discurso que el gobierno quiera hacer creer que de esta forma va a atacar a los de arriba, cuando precisamente Alberto Fernández le viene reduciendo impuestos a las mineras, las petroleras y les bajó las retenciones a los exportadores y el agronegocio.

El Frente de Izquierda hizo valer su propio proyecto

El Frente de Izquierda Unidad presentó su proyecto en marzo de este año (que hace suyo Izquierda Socialista), el primero y único durante meses. 

¿Qué dice el proyecto del Frente de Izquierda Unidad? Propone recaudar 20.000 millones de dólares, diez veces más que el oficial, gravando progresivamente a las grandes empresas, bancos, multinacionales, especuladores inmobiliarios y terratenientes. Ese dinero permitiría dar respuesta, por ejemplo, a todas las demandas del personal de salud e invertir prioritariamente en los hospitales; otorgar 40.000 pesos de emergencia como salario social para quienes lo necesitan (o como seguro al desocupado) e implementar un plan de viviendas populares para reactivar la economía y dar trabajo genuino. Con esta recaudación y la suspensión inmediata de todos los pagos de la deuda externa, habría fondos suficientes para empezar a combatir de verdad la pandemia del coronavirus y la pandemia del hambre y la pobreza. 

Por todo esto, el Frente de Izquierda hizo valer su propio proyecto en la sesión del martes. Y denunció al proyecto oficial por insuficiente y como parte del doble discurso del gobierno, absteniéndose de votarlo, con el compromiso de seguir luchando por una salida de fondo mediante otro plan económico, obrero y popular, opuesto a lo que hace el gobierno peronista de Alberto Fernández y el Frente de Todos.

Desde cuentas de redes sociales vinculadas al Frente de Todos, se ha lanzado una furiosa campaña sosteniendo que el FIT Unidad “le hace el juego a la derecha” por no votar el proyecto del Frente de Todos. Ya explicamos más arriba las mentiras y limitaciones del mismo. Pero también debemos insistir en la maniobra mediática. Porque con esta sesión el gobierno de Fernández quiere “compensar” en parte el malhumor creciente por el ajuste que está aplicando con la complicidad de la CGT y las CTA, o la terrible represión en Guernica. El mismo Frente de Todos que no tuvo vergüenza en votar conjuntamente con Juntos por el Cambio la negociación con los bonistas privados de la deuda, donde el FIT Unidad quedó solo oponiéndose, mientras todos aplaudían lo que terminó siendo un gran negocio para los pulpos acreedores. O, cuando en medio del agravamiento de la pandemia, en una sesión que se hizo en mayo, los diputados del FIT pidieron que se trate su proyecto de impuesto a las grandes riquezas, pero el peronismo, en acuerdo con Juntos por el Cambio, lo impidieron votando en contra. Por eso, no nos confundimos: el “juego a la derecha se lo hacen quienes negocian con el FMI, votan un presupuesto de ajuste, le roban otra vez a los jubilados o reprimen a los que no tienen donde vivir. Nosotros, desde el Frente de Izquierda Unidad, somos coherentes: votamos por un auténtico impuesto a las grandes riquezas, así como nos opusimos y seguimos oponiendo a ajustar al pueblo trabajador con el sometimiento al FMI.