Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el FIT Unidad, señaló al respecto: “Un fallo declaró culpable a Cristina Kirchner por administración fraudulenta con seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. La sentencia para que quede firme demorará años hasta que decida finalmente la Corte Suprema. Si bien desde Izquierda Socialista denunciamos a esta justicia patronal, elitista y patriarcal al servicio de los ricos y sostenemos que los jueces deben ser elegidos por el voto popular, decimos que las y los responsables de casos de corrupción deben ser condenados, sean del color que sean, y tienen que devolver lo que le robaron al pueblo trabajador”.

Giordano finalizó: “Comprendemos que quienes siguen a Cristina defiendan a su máxima dirigenta considerando el accionar de una justicia corrupta. Pero desde Izquierda Socialista sostenemos que hay que batallar para que todos los políticos patronales, grandes empresarios y jueces paguen por sus actos corruptos. Tienen que demostrar su inocencia, deben ir presos si no lo hacen y tienen que devolver lo que robaron, sean del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio. Lo mismo dijimos en los cuatro años macristas pidiendo cárcel para la familia Macri ante el escándalo del Correo Argentino o ahora denunciando los negocios inmobiliarios de Larreta en beneficio de constructoras que ponen para su campaña electoral”.

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Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El diario Tiempo Argentino dio a conocer una filtración de chats entre jueces, políticos ligados al PRO, ex servicios de inteligencia y empresarios del grupo Clarín, quienes compartieron un viaje a la mansión del magnate británico Joe Lewis, a orillas del Lago Escondido, para irse desde allí a esquiar en helicóptero.

Según trascendió, estos personajes chatearon sobre cómo iban a justificar el viaje, además de intercambiar opiniones sobre el manejo de causas judiciales.

El hecho no hace más que mostrar la podredumbre de este sistema capitalista y el entramado mafioso e impune entre los distintos actores de esta “democracia para ricos”. Un capítulo más de cómo viene funcionando esta “justicia independiente” y su entramado entre espías y el poder político y económico de turno.

El presidente Alberto Fernández por cadena nacional ordenó que se haga una denuncia penal, se inicien sumarios y juicios políticos. Quiere mostrarse como “paladín de la democracia”.

Nada más alejado de la realidad. ¿O acaso este repudiable entramado no existió en los 27 años en que vino gobernando el peronismo desde 1983 a esta parte?
Un episodio de la pelea que existe por la designación de los jueces entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se vio la semana pasada con la bochornosa sesión en Diputados. Todo en vistas a posicionarse para las elecciones del año que viene, mientras votaron unidos el presupuesto 2023 al servicio del FMI.

Repudiamos estos hechos aberrantes, pero al mismo tiempo alertamos sobre el uso que el gobierno le quiere dar a un día en que se va a dar a conocer una posible condena contra la vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner por los tremendos casos de corrupción que hubo en su gobierno.

Intenta salvarla bajo la campaña de que habría una “persecución política” en su contra. Claro que rechazamos a esta justicia patronal y acomodaticia, pero decimos categóricamente que todos los políticos patronales deben responder por los negociados capitalistas corruptos (sean del color que sean), tienen que ir presos y devolver lo que le robaron al pueblo trabajador.

Esto viene ocurriendo bajo todos los gobiernos capitalistas, sean peronistas o de Juntos, radicales, de centroderecha o de los llamados “nacionales y populares”.

Es por eso que desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad venimos diciendo que a los jueces se los tiene que elegir por el voto popular y deben ganar como una maestra. Estamos por la disolución de los servicios de inteligencia y que se abran sus archivos secretos, como parte de una pelea para terminar con esta corrupción e impunidad del sistema de capitalista y con esta justicia burguesa que defiende a los ricos contra el pueblo trabajador.

05/12/2022

* Foto de portada: Julián Ercolini, Juez Federal sala 10; Jorge Rendo, CEO del multimedios Clarín; Carlos Mahiques, Juez sala II de Casación Penal; Marcelo D'Alessandro ministro de Seguridad y Justicia porteño.

Escribe Ivan Blacutt, Izquierda Socialista/FIT-U Jujuy

La policía de Gerardo Morales reprimió violentamente a miembros de la Comunidad de Caspalá que defendían su espacio recreativo, la única cancha que posee la comunidad. La represión con gases lacrimógenos y balas de goma, alcanzó a ancianos, mujeres y niños del pueblo y terminó con 4 detenidos (que fueron dejados en libertad rápidamente).

La cancha de la Comunidad Aborigen Pueblo Kolla Caspalá, que fue limpiada y nivelada por sus pobladores, es un lugar que tiene un importante significado en la vida comunitaria de este pueblo, ubicado en departamento de Valle Grande, provincia de Jujuy. La comunidad reclama que el gobierno expropio el lugar sin que mediara consulta, y piden que escuela sea construida en un terreno ya destinado a tales efectos. Pese a esto, el Gobernador Gerardo Morales, y el comisionado municipal Natividad Apaza continúan con la iniciativa, ya han colocado el obrador.

Caspalá fue elegido este año por la Organización Mundial del Turismo como uno de los diez mejores pueblos del mundo, el único de Argentina. Con menos de 500 habitantes, fue elegido por su gran belleza paisajística, cultural milenaria e histórica, es también reconocido por ser  parte del sitio sagrado por donde pasaron los incas con el camino Qapaqñam. Por este motivo sus habitantes denuncian que detrás de este conflicto hay intereses inmobiliarios.

Esta semana destituyeron a una vocal de Caspalá, Rosa Apaza, que se oponía a la polémica obra del gobierno, bajo la acusación "de liderar los reclamos y manifestaciones de los vecinos".

Estos hechos recuerdan la violenta represión en Campo Verde donde los vecinos defendían también su cancha en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Morales en esa oportunidad también recurrió a las fuerzas represivas para desalojar a las familias que cuidaban el lugar y en el acto de inauguración de las obras, se había referido justamente al pueblo de Caspalá como un ejemplo en aceptar la construcción de su escuela, sin embargo tal acuerdo no era cierto.

El Gobernador Gerardo Morales, junto a sus secuaces, usurpa espacios, y se maneja como el dueño de la provincia, donde empieza obras públicas pero difícilmente las termina. Para lograr estos caprichos recurre a la represión, las amenazas y finalmente las sanciones para quienes piensan distinto.

El caso de Caspalá se encuentran enmarcado en un contexto de agravamiento y vulneración de derechos democráticos en toda la provincia. Esta situación se expresa a través de la criminalización de la pobreza, la represión a la protesta social, el uso del Código contravencional, las detenciones arbitrarias, las causas armadas y la proscripción a luchadores sociales, entre tantas otras prácticas represivas. Continúan también las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.

Estos graves hechos, donde no se hizo ninguna consulta o se buscó consentimiento previo e informado, violan el Convenio 169 de la OIT, y no respetan el artículo 75 de la Constitución Nacional a favor de los pueblos indígenas de Argentina. Lamentablemente las respuestas represivas del Gobierno no son una novedad para quienes integran la izquierda, el campo popular y de lucha en Jujuy, y para todos aquellos que de alguna manera se oponen a los designios del Gobernador.  Nos solidarizamos con los vecinos de Caspalá y repudiamos la persecución que están viviendo.

Escribe Fernanda Giribone, Izquierda Socialista/FIT-U Jujuy

El Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó este viernes a 19 ex militares, ex policías, gendarmes y miembros del Servicio Penitenciario provincial por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. La "Megacausa Jujuy" abarcó 16 causas por crímenes de privaciones ilegales de la libertad, homicidios, tormentos y violación sexual agravada. La sentencia dictó 4 penas a prisión perpetua y otras condenas que fueron desde los 5 a 25 años.

El juicio oral, el sexto que se realiza por crímenes de lesa humanidad en jujuy, había iniciado a mediados de 2018 con 23 imputados, y pedía justicia para 120 víctimas (44 desaparecidas). Durante el proceso de cuatro años de audiencias, en el que declararon unos 200 testigos, tres imputados fallecieron: el policía provincial Juan Carlos Vaca, Ramón Herrera y Carlos Alberto Ortiz, del Servicio Penitenciario provincial. Todos con condenas previas por otras causas.

Entre otros delitos, se consideraron acreditados 17 homicidios, seis violaciones sexuales, 169 hechos de privación de la libertad y 126 casos de aplicación de tormentos. Hay que destacar que por primera vez en la provincia, los delitos sexuales y la violencia de género aparecieron diferenciados con el objetivo de que puedan ser considerados y juzgados como tales.

Fueron condenados a prisión perpetua Juan Carlos Jones Tamayo, jefe de la Central de Inteligencia "Área 323" del Ejército; el ex comisario José Américo Lescano y dos ex jefes de seguridad del penal de Villa Gorriti, Ceferino Narváez y Juan Carlos Lucero. Recibieron penas de entre 25 y 20 años de prisión los ex policías provinciales Bernardo Salinas (25 años), Armando Claros (20 años) y Hugo Ruíz (20 años); el ex militar Mariano Braga (24 años), el gendarme Raúl Do Canto (24 años) y los ex agentes penitenciarios de Jujuy Mario Gutiérrez (22 años); Herminio Zárate (21 años) y Orlando Ricardo Ortiz (22 años).

También fueron condenados a 15 años el ex gendarme Carlos Raúl Pérez y Rodolfo Oscar López, de la Policía Federal; a 11 años el ex policía provincial Carlos Cachambe y a penas de entre 8 y 5 años los miembros de la policía provincial Juan de la Cruz Kairuz (5 años), Virgilio Choffi (8 años), Pedro Ríos (6 años) y Roque Inés Cari (6 años). Por su parte Osvaldo Héctor Caraballo, quien fuera guardia de Seguridad Interna del penal de Villa Gorriti, resultó como el único absuelto.

Por tratarse de causas que investigaban la desaparición de trabajadores del Ingenio Ledesma y la Mina El Aguilar, este juicio podría haber avanzado en demostrar la responsabilidad civil-empresarial del genocidio de Estado, sin embargo Carlos Pedro Blaquier fue sobreseído por falta de mérito en 2015. Blaquier, ex dueño del Ingenio Ledesma SAAI, y su ex administrador, Alberto Lemos, fueron sobreseídos en un fallo irregular de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, por una causa que intentaba comprobar su participación -logística y material- en el secuestros de los obreros azucareros y vecinos de la ciudad de Libertador en los sucesos conocidos como "La noche del Apagón". Si bien en el 2021 la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo absolutorio del 2015, el hecho de que injustificadamente se tardaran en resolver el tema más de 6 años, permitió la exclusión de Blaquier de este juicio comenzado en 2018, garantizando una vez más la impunidad del empresario multimillonario.

Sin embargo de las pruebas y testimonios del juicio surge la complicidad civil de directivos de empresas como Mina El Aguilar y el carácter de autor intelectual del Ingenio Ledesma, que se confirmó en el conocido hecho de que la empresa digito los secuestros, puso a disposición del Terrorismo de Estado sus camionetas así como las instalaciones edilicias, que funcionaron como centro de operaciones para el secuestro y desaparición de obreros y militantes.

Como última maniobra dilatoria la defensa de Blaquier apuntó a eximirlo por su edad, y el tribunal de primera instancia aceptó el pedido de insanía en abril de este año por lo que automáticamente Blaquier fue desvinculado de la causa, justo cuando tenía que declarar.

Organizaciones sociales y de derechos humanos se mantuvieron firmes e hicieron dar vuelta la resolución del Tribunal Oral Federal de suspender el proceso al empresario por la supuesta “incapacidad mental” y así Blaquier volvió a estar en estas causas que se dilantan desde el 2013 (La Noche de los Apagones y Causa Aredez).

Hoy, este fallo, aunque no contó con condenas ejemplares, es un logro histórico, que conllevó el esfuerzo de 4 años, en el que las víctimas pudieron dar testimonio y relatar sus historias que dieron cuenta de los asesinatos, privaciones ilegitimas de la libertad, tormentos, violaciones y torturas que se perpetraron en Jujuy en el contexto del plan sistemático de aniquilación que aplicó la última dictadura.

Pero esta pelea continúa. Carlos Pedro Blaquier tiene 95 años de edad, por lo que cada día que pasa se corre el riesgo de que sus crímenes queden impunes. Hoy más que nunca es necesario acelerar el juicio oral, para romper con la impunidad del poder económico, que aun hoy domina la región al mejor estilo feudal.

Con la fuerza de estas condenas, para obtener justicia por los que ya no están, y para todos los sobrevivientes, que siguen luchando.

A donde vayan los iremos a buscar.

Escribe Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional

El alzamiento, que comenzó luego del asesinato de la joven kurda Mahsa Amini es masivo, liderado por las mujeres y tiene ahora demandas que apuntan directamente contra diversas instituciones del régimen dictatorial del ayatollah Jaimini y los mullah tales como la policía de la moral, el Ministerio de Cultura y Orientación Islámica y la Guardia Islámica Revolucionaria (Basij).

Las demandas de las masas van más allá aún y alcanzaron el punto en que ya se plantean el derrocamiento de una dictadura que lleva 43 años. Cada vez más amplios sectores de la sociedad iraní han comenzado a participar de las movilizaciones, en respuesta a la represión del régimen de la República Islámica, que se ha propuesto aplastar la movilización violentamente, con el ejército, la Guardia Revolucionaria y fuerzas paramilitares civiles.

Los reclamos se multiplican. Están las demandas de las mujeres iraníes en contra de la opresión de la sharia, la violencia patriarcal y la explotación capitalista: las demandas democráticas y económicas de la clase obrera iraní; las demandas democráticas, económicas y sociales de las minorías étnicas y religiosas del país, como los kurdos, los baluchis y los azeríes, oprimidos y superexplotados por el régimen a través de los años; la demanda de libertad de la juventud, que representan el 60 por ciento de la población.

En los últimos dos meses, todo esto se transformó en un levantamiento popular revolucionario, que se unifica con consignas como: “el pueblo quiere derribar al régimen” o “¡Muerte al tirano, sea el líder supremo o el sha!”

La movilización de las mujeres y los pueblos de Irán no se han detenido

Aunque la represión ya ha causado la muerte de alrededor de 500 personas (algunas dicen que este número se acerca a 1.000) y el arresto de más de 15 mil, los trabajadores de Irán no retroceden en su lucha contra el régimen. El gobierno de la República Islámica, que ha perdido legitimidad a los ojos de las masas, está consciente de que no será capaz de mantener su poder si abandona la violencia. Por esta razón la intensifica. Así, 227 de los 290 diputados del parlamento iraní instaron a la justicia a condenar a muerte a las 14.800 personas arrestadas durante las movilizaciones bajo cargos de “manifestaciones contra la seguridad nacional”, “conflicto con la República Islámica” y “corrupción”. Al mismo tiempo, el gobierno dictatorial está tratando de dividir la unidad lograda en la lucha usando las tensiones étnicas y religiosas presentes en la historia iraní, reprimiendo más intensamente a las movilizaciones en el Kurdistán y en Baluchistán y buscando empujar a las organizaciones de esas regiones a posiciones más radicalizadas. Así, se registraron masacres contra civiles en muchas ciudades del Kurdistán y de Baluchistán.

Sin embargo, todas estas maniobras e intentos del régimen de intimidar a las masas no han logrado hacer retroceder la lucha

El ejemplo más cercano fueron las movilizaciones programadas para el 15, 16 y 17 de noviembre. Esta protesta de tres días se realizó para conmemorar el aniversario de la revuelta que comenzó después del aumento de los precios del combustible en Irán en 2019, y en memoria de los casi 4.000 asesinados por el régimen en ese levantamiento.

Actualmente, la juventud continúa organizando boicots a muchas universidades y escuelas secundarias. Mujeres, kurdos, baluchis y trabajadores iraníes continúan sus protestas en ciudades y pueblos. La clase obrera iraní está organizando huelgas en diversos sectores, como el petróleo, gas natural, metalmecánica, hierro y acero, vidrio, alimentación, educación y transporte. Al mismo tiempo, los comerciantes y trabajadores especializados, que ideológica, económica y políticamente siempre fueron los más cercanos al régimen de la República Islámica, también han cerrado sus negocios y participado de las movilizaciones.

¡Abajo el régimen dictatorial! ¡Por una coordinadora nacional de los comités obreros y de lucha!

Mientras cada sector expresa sus propias demandas, todas se combinan con la consigna de echar a la dictadura. El levantamiento revolucionario contra el régimen dictatorial, que comenzó espontáneamente, también de hecho hace foco en todos los representantes del sistema de explotación capitalista. Así, las masas movilizadas apuntan a todos los representantes del orden burgués, tales como el ala reformista o shaísta, los sectores pro monárquicos y proyanquis de Irán. La consciencia de romper con el régimen dictatorial y el sistema de explotación capitalista, que la clase obrera de Irán alcanzó en sus movilizaciones, está concentrado en el eslogan “¡Muerte al tirano, sea éste el líder supremo o el shah!”

Como Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI) saludamos el levantamiento revolucionario popular contra el régimen dictatorial, capitalista y contrarrevolucionario de la República Islámica y les brindamos nuestra plena solidaridad internacionalista.

Creemos que uno de los elementos más fundamentales que da el carácter revolucionario al levantamiento de los trabajadores en Irán es que las masas movilizadas han comenzado a construir organizaciones propias, consejos de trabajadores y locales en la acción. La experiencia de los shoras (comités o consejos obreros) durante el proceso de 1979; y los consejos durante las huelgas obreras que marcaron los años 2017-2020, está presente nuevamente al crear sus organismos de lucha y de poder dual contra el régimen dictatorial usando estos ejemplos.

Pensamos que el desarrollo y extensión de estas organizaciones es de vital importancia para asegurar la continuidad de la lucha de las mujeres, la juventud, la clase trabajadora, los kurdos, los baluchis, los azeríes, los árabes y todos los sectores oprimidos. El proceso revolucionario en curso también necesita el desarrollo y expansión de estos instrumentos de autoorganización para la autodefensa de la clase obrera movilizada, frente a la inmensa presión y violencia aplicada por la dictadura de los mullah. Hay que unir a estas organizaciones alrededor de una coordinación nacional, para desde ahí organizar la huelga general, elemento decisivo para derrocar al régimen de la República Islámica.

En la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI), precisamente por estos motivos, creemos que hay que dotar a esta coordinación de un programa de acción destinado a que las masas terminen con la dictadura y el orden de explotación capitalista. Y en ese camino luchar por construir una dirección socialista revolucionaria para lograr una salida obrera y popular a la situación.

Es necesario luchar por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que ponga a la constitución de la República Islámica en el tacho de la historia, y creará una nueva constitución al servicio de las necesidades de las mujeres, la clase obrera y los pueblos de Irán.

Y en ese camino, llevar la lucha a la construcción de un gobierno obrero-popular que lleve a la ruptura definitiva con el régimen, el sistema capitalista de explotación y el imperialismo, y que garantice las conquistas de la clase obrera y todos los oprimidos.

Como UIT-CI, continuaremos apoyando incondicionalmente la lucha de las mujeres, de la clase trabajadora, la juventud, los kurdos, los baluchis, los azeríes, los árabes y todos los sectores oprimidos, para terminar con la dictadura y toda forma de opresión.

Para que triunfe el levantamiento revolucionario desde la UIT-CI llamamos a solidaridad internacional de las organizaciones sindicales, de las mujeres, de la juventud, de los partidos políticos que se reclamen democráticos y de la izquierda mundial. Llamamos a realizar acciones unitarias en cada país frente a las embajadas y consulados y en las calles.

¡Por el fin de la criminalización de la protesta y la ejecución de la pena de muerte! ¡Libertad inmediata a todos las y los presos políticos!

¡Por el fin de la opresión de la sharia, la violencia patriarcal y la explotación capitalista de mujeres y LGBTQI+!

¡Por la abolición de la ley que obliga al uso del hijab (velo)!

¡Por todos los derechos democráticos de las naciones oprimidas, incluyendo la autodeterminación!

¡Abajo la dictadura del régimen de los Mullah!

Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI)

29 de noviembre de 2022