En el mundo, el 60% de la población vive en países donde el aborto voluntario es legal, como por ejemplo en Uruguay, Inglaterra, Estados Unidos o Cuba, entre tantos otros. Allí las muertes por abortos son igual a cero. Es más, está probado que la cantidad de abortos se reduce cuando se incrementan las políticas de prevención mediante la prescripción de métodos anticonceptivos, lo que demuestra la eficacia de la legalización.

En la Argentina, desde el año 1921, el aborto no está penalizado cuando se dan ciertas causales según el artículo 86 del Código Penal (violación, peligro de la vida o salud de las mujeres e incapacidad mental de la mujer). Sin embargo, desde siempre se han puesto trabas para acceder a ese derecho. Gracias a la lucha del movimiento de mujeres y de la campaña, en 2012 la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo para interpretar este artículo y facilitar el acceso al aborto por esas causales, sin la judicialización a la que sistemáticamente se nos sometía por influencia de la Iglesia Católica. Sin embargo, ese gran avance tuvo detractores en los gobiernos kirchneristas y macristas. Votaron protocolos restrictivos y retacean insumos para la anticoncepción y la garantía del aborto no punible, y tampoco implementan la educación sexual con perspectiva de género en las escuelas por las presiones de la Iglesia.

Para terminar con la discrecionalidad de las políticas y los dobles discursos es que necesitamos que el derecho al aborto voluntario sea legal, seguro y gratuito en todas las instituciones de salud, de manera inmediata. El proyecto no obliga a nadie a abortar ni a cambiar sus creencias personales, sino que garantiza el derecho de las mujeres a decidir.

Somos parte de la Campaña Nacional

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, creada en 2005, está conformada por más de 300 organizaciones de las más diversas extracciones, además de miles de activistas independientes de todo el país. El punto que nos convoca es lograr la legalidad del aborto en la Argentina. Desde Isadora e Izquierda Socialista en el FIT somos parte de la campaña en las calles, pero también apoyando el proyecto sistemáticamente en el Congreso de la Nación, con la firma de nuestro diputado Juan Carlos Giordano, que junto con los demás diputados del FIT conforman el único bloque que apoya el proyecto sin fisuras ni dobles discursos.

Escribe Claudio Funes

El 28 de febrero comenzará el juicio a Facundo Jones Huala. El proceso que se llevará adelante en Bariloche podría concluir con su expulsión y entrega a las autoridades chilenas, en caso de que el juez dictamine su extradición por los delitos que se le imputan en ese país. Huala fue detenido el 26 de junio de 2017 durante un operativo especial de la Gendarmería Nacional Argentina. Este arresto fue parte de los acuerdos alcanzados entre Mauricio Macri y la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en ocasión de la visita oficial que el presidente realizó al país trasandino. El pedido de extradición ya había sido desestimado en septiembre de ese mismo año por el juez federal Guido Otranto y apelado por la Procuración.

Huala ya lleva un año preso a la espera de este juicio. Se trata de una causa tan trucha que, en el caso de ser juzgado en Chile, lo más probable es que Jones Huala deba ser dejado rápidamente en libertad. Es que los otros miembros del grupo del que supuestamente habría formado parte el lonko, acusados por el incendio de una propiedad en Pisu Pisué, cerca de Valdivia, en el año 2013, quedaron libres por falta de pruebas en noviembre de 2014. Se desmienten así los dichos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que se la pasó afirmando que “Huala y los mapuches son terroristas, gente peligrosa a la que hay que combatir”. El único objetivo del gobierno es justificar así la persecución al pueblo mapuche que reclama por sus tierras y favorecer a los grandes terratenientes como Benetton, que se las han apropiado.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, continúa agitando la campaña de difamación contra los mapuches. Recientemente manifestó con respecto al día del juicio que “a la luz de todos los hechos violentos que se han vivido a partir de estas organizaciones, estamos realmente preocupados por lo que pueda llegar a suceder”. Buscan así provocar y generar un clima represivo que apuntale la condena a Jones Huala.

El 28 de febrero Izquierda Socialista junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y organizaciones de los pueblos originarios exigiremos la no extradición y la libertad de Jones Huala.

El diputado Peressini viajó al juicio

El diputado de Izquierda Socialista y presidente del bloque del Frente de Izquierda de Córdoba, Ezequiel Peressini, viajará a Bariloche para estar presente en el juicio a Jones Huala y en las movilizaciones exigiendo su libertad.

Escribe Angélica Lagunas, Diputada Izquierda Socialista/FIT

La denuncia publicada en el diario español El País sobre depósitos en el Banco de Andorra, que implica al ex gobernador del MPN Jorge Sapag en actos de soborno, no es más que la confirmación de una sospecha que recorre la provincia. En estos días el comentario es que al fin saltó la corrupción petrolera y empezó por lo más alto del poder político. Los funcionarios son socios en la corrupción, por eso este acto está vinculado con el ex subsecretario general de la Presidencia macrista, Valentín Díaz Gilligan.

Además de la investigación que corresponda para aclarar la magnitud del robo y la sanción penal, desde nuestra banca le exigimos al ex gobernador que devuelva inmediatamente los 5 millones de dólares, porque si no los colocó en ese banco bien debe saber dónde los tiene guardados. Que los devuelva para que vayan, por ejemplo, a los servicios de pediatría en los hospitales públicos que están en estado de coma por responsabilidad de su gestión.

Durante décadas de gobierno del MPN se han regalado los recursos hidrocarburíferos, por eso el caso de Sapag es una muestra de lo que reciben a cambio los políticos patronales por hacer favores a las empresas nacionales y extranjeras que sacan las riquezas del suelo y fugan la plata del país.

En esa oportunidad se trata de las empresas que participaron de licitaciones a medida desde el año 2008 usando a GyP S.A., firma creada por el gobierno para otorgar en nombre del Estado las concesiones de las áreas más jugosas. Fue la antesala para que luego se impusiera el conocido pacto YPF-Chevron que se votó en la Legislatura a libro cerrado, con cláusulas secretas y balazos de goma en las calles. No por nada también está involucrado en esta denuncia el ex ministro de Energía de Neuquén, Guillermo Coco.

Escribe José Castillo

Apareció un nuevo funcionario con cuentas en el exterior. Es otra muestra de la composición de este gobierno de CEOs. La bronca creciente hizo que esta vez Macri tuviera que soltarle la mano.

No se trata del primer caso y, muy probablemente, tampoco del último. El diario español El País reveló que el subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, poseía una cuenta en Andorra por la suma de 1,2 millones de dólares. Su defensa fue antológica, dijo que figuraba ahí sólo porque se lo pidió su amigo Francisco “Paco” Casal, empresario uruguayo dedicado a la compraventa de jugadores y uno de los que manejan la siempre abierta pelea global por los derechos de la televisación del fútbol. En síntesis, se defendió diciendo que era sólo “un testaferro”.

Lo “nuevo” que aportó el caso Gilligan fue que esta vez Macri estuvo obligado a soltarle la mano y el funcionario offshore tuvo que renunciar. Que el gobierno haya tenido que desprenderse de Gilligan es una demostración de cómo está pegando la bronca que viene incrementándose desde las multitudinarias movilizaciones de diciembre contra la reforma jubilatoria. Las encuestas muestran cómo cae la imagen presidencial y esto se refleja, más popularmente, en los masivos insultos a Macri en las canchas de fútbol.

Gilligan integra la ya larga lista de funcionarios del gobierno con negocios de este tipo en el exterior. Repasemos: la encabeza el propio presidente Mauricio Macri, que apareció en los famosos Panama Papers figurando como director de dos empresas en paraísos fiscales, Fleg Trading Ltd y Kagemusha SA. También tenemos al ministro de Finanzas Luis Caputo, que manejó el fondo de inversión Alto Global Fund en islas Caimán y administró Noctua Partners LLC, gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware (Paradise Papers), además de ocultar en su declaración jurada haber sido el principal accionista de sociedades offshore entre agosto de 2009 y julio de 2015, entre las cuales figura Princess International Group (islas Caimán). Le sigue el ministro de Energía Juan José Aranguren, director de al menos dos empresas offshore vinculadas a Shell, mientras se desempeñaba como CEO de esa compañía. También podemos mencionar al intendente de Lanús Néstor Grindetti, apoderado de la offshore Mercier Internacional entre 2010 y 2013, mientras era ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires; al secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, que aparece integrando el directorio de Kalushy de Panamá; al intendente de Vicente López Jorge Macri, secretario de Latium Investment de Panamá, y al secretario legal y técnico de la Presidencia Pablo Clusellas, que figura como intermediario en el montaje de sociedades en paraísos fiscales, entre tantos otros.

Parecería que tener algún tipo de participación en una empresa offshore o cuentas de millones de dólares en paraísos fiscales formara parte del “currículum” necesario para ser funcionario macrista.

Sumémosle a esto los otros casos de corrupción, como el que trascendió hace poco tiempo del ministro de Trabajo Jorge Triaca, que maltrató a una empleada que tenía en negro y encima la había designado en la intervención del SOMU mientras cumplía tareas de “servicio doméstico”. O las vinculaciones entre Nicolás Caputo, el “amigo del alma” de Macri, con Angelo Calcaterra, primo del presidente, y de ambos con la transnacional Odebrecht en operaciones corruptas como el soterramiento del Sarmiento.

Con la sola renuncia de Gilligan no alcanza: tienen que irse todos los involucrados en estos casos de corrupción. Como dice el proyecto de ley anticorrupción que presentó nuestro compañero Juan Carlos Giordano, diputado del Frente de Izquierda, hay que invertir la carga de la prueba y que todos los funcionarios involucrados en denuncias de este tipo tengan que demostrar ellos mismos su inocencia, que vayan presos y que sean obligados a devolver lo robado o fugado al exterior.

Escribe Claudio Funes

Esteban Castro, secretario general de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), habló en la marcha del 21 en nombre de los movimientos sociales, arengando “Viva el Papa”. Según este dirigente “el Papa está con los pobres”. ¿Francisco está contra el ajuste de Macri? Nosotros respondemos categóricamente que no.

El kirchnerismo dice que el Papa no viene a la Argentina porque estaría contra “el neoliberalismo” de PRO. Lo hace para enarbolar otra mentira: decir que Francisco es “nacional y popular”.

El Papa y la jerarquía de la Iglesia Católica argentina siempre llamaron al “diálogo”, es decir, a frenar las luchas. Fue a su pedido que en 2016 el triunvirato de la CGT levantó un paro general para ir a una “mesa de diálogo” que terminó en la nada.

El papa Francisco apoya a los burócratas sindicales que son cómplices del ajuste de Cambiemos. La relación entre la Iglesia y la dirigencia sindical peronista es histórica. El Papa, cuando era Jorge Bergoglio, perteneció a la derecha peronista, el sector en el que se formaron muchos de los actuales burócratas traidores.
Francisco usa los movimientos sociales para mostrarse preocupado por la pobreza. En 2016 convocó al Tercer Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Concurrió una numerosa delegación argentina, compuesta por el Movimiento Evita, la CTEP, Barrios de Pie y la CCC. Ellos mismos insistieron en que el evento no era “contra Macri ni ningún gobierno en particular”.

Francisco asumió el papado en medio de una profunda crisis de la Iglesia Católica, que lo obligó a un cambio de discurso y a dar una imagen “más cercana a los pueblos”. Pero no hay que dejarse engañar, sigue siendo la misma institución retrógrada que está llena de curas pedófilos y siempre estuvo en contra del derecho al aborto. Siempre va a estar con los poderosos.