Muchos dicen que el golpe en Bolivia fue porque Evo Morales “redistribuyó la riqueza” o porque la derecha no aguantó más a un indígena en el poder. ¿Pero qué pasó en catorce años de gobierno para que Evo fuera obligado a renunciar y a dejarle el poder a la derecha?

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

Evo Morales asumió el gobierno en 2005 con el 54% de los votos. Lo hizo luego de un proceso revolucionario que tiró abajo a Sánchez de Lozada en 2003 y a Carlos Mesa en 2005, dos gobiernos antiobreros.

Evo asumió con enormes expectativas populares. Por primera vez en 500 años un indígena llegaba a la presidencia. “Vamos a acabar con el estado colonial y el modelo neoliberal” y a “seguir el legado del Che”, dijo. Pero apenas asumió sorprendió con la designación en el gabinete de un millonario de Santa Cruz (el departamento dominado por la derecha) como ministro en Obras Públicas, un ministro en Minas cuestionado por ser parte del desmantelamiento de la minera estatal en los años ´90 y en Hacienda con un tal Arce vinculado a organizaciones financieras imperialistas.

La Agenda de Octubre y la falsa “nacionalización” de los hidrocarburos

Se denominó Agenda de Octubre al reclamo para que se nacionalizara el petróleo y el gas, se impusiera la reforma agraria y refundara Bolivia con una Constituyente. Esta agenda surgió después de la Guerra del Agua en 2000 en Cochabamba, que expulsó a la multinacional Bechtel; del levantamiento aymara de ese mismo año por la reforma agraria, donde participaron medio millón de indígenas y esencialmente de la Guerra del Gas de 2003, con epicentro en El Alto, que logró la renuncia de Sánchez de Lozada. Evo no la llevó adelante.

Antes de que asuma el MAS ya existía una ley disponiendo el 50% del ingreso petrolero para el Estado, y el 1 de enero de 2006 Evo firmó un decreto anunciando la mal llamada “nacionalización”. Fue una medida parcial que el gobierno la vendió como estatización, pero que no significó recuperar el petróleo 100% para el Estado, sino que les aumentaron los impuestos a las multinacionales del sector. Incluso a fines de 2016 esos impuestos se les bajaron con la firma de 44 nuevos contratos petroleros. De esa forma el 80% de la producción y exploración siguió en manos de Petrobras, Repsol, Total y Gazprom, con el esquema de “empresas mixtas”, como existe en Venezuela. Hoy YPF Boliviana es una simple administradora de contratos para fomentar las ganancias privadas. Antonio Brufau, de Repsol, dijo en 2015 que Bolivia es un país “magnífico para invertir”.

Algo similar ocurre con la minería, donde el Estado solo controla el 5%. Entre 2006/2008 los consorcios mineros exportaron 4.500 millones de dólares dejando solo tributos por 200 millones. Participan del negocio la yanqui Coeur d Alene Mines Corporation (explotando uno de los reservorios más ricos del planeta, San Bartolomé), la japonesa Sumitomo -que controla un mega yacimiento de plata, plomo y estaño en San Cristóbal (mina a cielo abierto)- y “cooperativas” privadas, las cuales casi no pagan impuestos, no cumplen con las leyes laborales y sus obreros no pueden tener sindicatos.

¿Y la reforma agraria?

Al día de hoy sigue en Bolivia el mismo latifundio de siempre. La oligarquía es la dueña de las mejores tierras. El 67% está en manos del agro negocio. Media Bolivia es regada con glifosato, el gobierno subsidia a los terratenientes con combustible barato y casi no pagan impuestos, mientras el campesinado tiene solo el 13% de la tierra cultivable y el 87% está en manos de los oligarcas. ¿Qué ocurrió?

La Constituyente de Oruro de 2007 -con mayoría del MAS- limitó a 5.000 hectáreas el máximo de tierra que puede acceder cada latifundio. La derecha se opuso e intentó dar un golpe, amenazando con la división de Bolivia para quedarse con la rica Media Luna de Oriente. Una inmensa movilización popular cercó a los fascistas. Evo llamó a frenarla y firmó en 2008 un pacto con la derecha que cambió 144 artículos de la Constitución, legalizando el latifundio, ya que su límite de 5000 hectáreas solo quedó para “futuros” latifundios, no para los que ya estaban.
Además, la política agraria oficial de dar concesiones al latifundio y permitirles “ampliar la frontera agrícola” a costa de zonas boscosas, incluso quemando bosques, llevó a un gigantesco desastre, el incendio de 5 millones de hectáreas de bosques y vegetación en Chiquitanía, en Santa Cruz y en Beni.

El fracaso del “capitalismo andino”
No es cierto que en Bolivia hay un modelo económico exitoso y lo que habría fallado solo serían las ansias reeleccionistas de Evo Morales. “El verdadero fraude comenzó mucho antes”, dicen nuestros compañeros de ARPT (Alternativa Revolucionaria del Pueblo Trabajador en el Partido de los Trabajadores).

El crecimiento económico fue para beneficiar a los de arriba. Después de 14 años de gobierno los trabajadores informales llegan al 80% y los asalariados apenas son la quinta parte de la población económica activa. El salario es el menor de Sudamérica (excepto Venezuela), los hospitales son un desastre y se han reducido los presupuestos educativos, mientras continúa la desocupación y la miseria en el campo obliga a migraciones masivas.

Hubo mejoras parciales cuando el petróleo estaba a 100 dólares el barril, permitiendo otorgar bonos a mayores de 60 años, niños en edad escolar y mujeres embarazadas, pero al bajar el precio del barril y el precio de las materias primas, empezó el ajuste.
Evo, a su vez, reprimió las luchas, como la de los indígenas del Tipnis cuando se opusieron a que se construya una carretera que les cortaba en dos su territorio para que Petrobrás, Total y Repsol saqueen el petróleo. Evo declaró ilegales las huelgas, tildó de “privilegiados” a los maestros y de hacerle el juego a la derecha a quienes reclamaban.

El MAS fue un gobierno de conciliación de clases que nunca rompió con las multinacionales, la derecha oligárquica y la estructura capitalista semicolonial. Todo esto generó un gran descontento y ruptura de grandes franjas obreras y campesinas con su gobierno, en el cual se montó la derecha para imponer una salida reaccionaria.

Solo expropiando a las multinacionales, nacionalizando los recursos naturales, la banca y el comercio exterior, haciendo la reforma agraria y rompiendo los lazos con el imperialismo, el FMI y las grandes potencias imponiendo un gobierno de los trabajadores, se podrá combatir de raíz a la derecha y a sus políticos nefastos. Mientras llamamos a derrotar al gobierno derechista boliviano, llamamos a los luchadores a reflexionar sobre las enseñanzas que dejan los hechos que están ocurriendo.

En 2010 cayó el “gasolinazo” de Evo

En medio de las fiestas de 2010 Evo aumentó el precio del litro de la gasolina a casi un dólar en un país donde el sueldo mínimo estaba en 97 dólares. Una gigantesca rebelión popular lo obligó a retroceder.
El decreto 748 del “gasolinazo” fue anunciado el 26 de diciembre, en plenas fiestas, para dificultar la reacción popular. Al día siguiente aumentaron 100% el transporte y un 20 a 40% los alimentos.

El 30 de diciembre hubo una huelga general de hecho con la vanguardia en El Alto. El gasolinazo fue una exigencia pública de las transnacionales. “O anulan el gasolinazo o se van”, se reclamó. En cadena nacional el 31 de diciembre Evo derogó el decreto, mostrando que el MAS no era un gobierno “de los movimientos sociales” sino un gobierno capitalista subordinado a las multinacionales.

El domingo por la tarde la derecha política encabezada por Luis Camacho, representante de la oligarquía de la región de Santa Cruz, y el ex-candidato Carlos Mesa, junto al comando del ejército boliviano más sectores de la policía (que estaba auto cuartelada), obligaron al presidente Evo Morales y su vicepresidente a renunciar, haciéndose cargo del gobierno en forma ilegítima.

Estos sectores de la derecha y la oligarquía en Bolivia aprovecharon el descontento popular con el gobierno del MAS, que había incrementado con las denuncias de fraude en las recientes elecciones y provocado aún más rechazo con Morales.

Desde Izquierda Socialista siempre hemos denunciado que el gobierno de Evo Morales, tras un discurso de falso socialismo, en realidad benefició principalmente a las grandes multinacionales y los empresarios bolivianos. Esto es lo que generó el gran descontento del pueblo boliviano y lo que facilitó el golpe de la derecha y los militares.

Pese a las diferencias que tenemos con Morales y su gobierno, no avalamos el golpe y llamamos a los trabajadores y la juventud de Argentina y Latinoamérica a repudiar el accionar de la derecha y los militares sumándonos a todas las acciones en solidaridad con el pueblo boliviano.

Declaración de Izquierda Socialista, 10/11/2019

La senadora derechista Jeanine Añez se autoproclamó “presidente provisional”, con el apoyo del principal referente “cívico”, el empresario ultra reaccionario Luis F. Camacho, la Iglesia, los militares y la policía. Luego salió, biblia en mano, a hablar en un balcón de la casa de gobierno, rodeada de un puñado de derechistas. Estamos ante un intento reaccionario de salir de la profunda crisis política en la que está sumida Bolivia, fruto del golpe cívico-militar que forzó la renuncia de Evo Morales. Llamamos a repudiar a este gobierno de facto y a apoyar a los sectores obreros, campesinos y populares que seguirán luchando por sus derechos.

Escribe Simón Rodríguez

El martes 12, en una maniobra fraudulenta y ante un recinto del Senado semivacío, por la ausencia de los parlamentarios del MAS, se autoproclamó presidenta Jeanine Añez, el mismo día que Evo Morales llegó a México, donde pidió asilo. Patéticamente citó el artículo 169 de la Constitución boliviana para intentar dar un viso de legalidad a las consecuencias de un golpe cívico-militar, en el que el general Williams Kaliman y el estado mayor de las Fuerzas Armadas “sugirieron” la renuncia de Morales y su gobierno. Donald Trump definió la actuación militar como un ejemplo de “defensa constitucional”, del mismo modo la justificaron Bolsonaro y Macri, negándose a calificar el hecho como golpe de Estado.
Acompañada por el líder del Comité Cívico Cruceño, el derechista y racista Luis F. Camacho, Añez afirmó en su discurso que las “nuevas elecciones” en Bolivia tendrán lugar después del nombramiento del nuevo Tribunal Electoral. Agradeció a la Policía, las Fuerzas Armadas y la Iglesia. Con una biblia en la mano, dijo “nuestra fuerza es Dios” y cantó con sus reaccionarios aliados: “Sí se pudo”.

El fraude de Evo Morales desembocó en un golpe cívico-militar

El fraude electoral generó importantes protestas populares. Los intentos de aplastarlas con grupos de choque fracasaron y agravaron la crisis, aprovechada por las agrupaciones paramilitares “cívicas” de la extrema derecha para asumir la ofensiva. La huelga policial y la declaración de neutralidad del Ejército llevaron al colapso del gobierno, con la deserción de ministros, parlamentarios y burócratas sindicales. Los generales concretan el golpe exigiendo la renuncia de Morales y dando paso a la autoproclamación de Añez.

Morales pasó de declararse ganador de la elección presidencial a salir del poder en menos de tres semanas; sobreestimando sus propias fuerzas al intentar imponer un fraude, fue cavando su propia tumba. Pero las razones de fondo de su debacle vienen de mucho antes.

En sus 14 años de gobierno, Morales frustró las expectativas de los grandes movimientos sociales que lo llevaron al poder. Luego de la guerra del agua y la guerra del gas, el primer presidente indígena se hizo elegir prometiendo hacer cumplir la Agenda de Octubre: poner fin al latifundio y nacionalizar los hidrocarburos. Morales traicionó ese programa. Pese a contar con un enorme apoyo popular en sus primeros años, y que las movilizaciones obreras y campesinas derrotaron a la derecha “cívica” en el año 2008, el gobierno del MAS tomó el camino de pactar con la burguesía y el imperialismo.

El control del Estado se usó para garantizar los grandes contratos para Repsol y otras grandes transnacionales del petróleo y el gas, así como la ampliación voraz de la frontera agrícola al servicio de los grandes capitales. Para imponer la construcción de una carretera en un territorio indígena protegido, el TIPNIS, empleó una despiadada represión. Atacó a los cocaleros de Yungas. Cooptó a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana. Usó una mezcla de corrupción y represión para imponer a sus dirigentes en las organizaciones indígenas y campesinas.

El arrasamiento de 5,3 millones de hectáreas en la Chiquitanía este año por incendios fue la consecuencia directa de su furia depredadora al servicio de los grandes capitales. El intento de entregar concesiones para la explotación del litio, en el Salar de Uyuní, por varias décadas a una empresa alemana, generó protestas que lo obligaron a anularlas hace apenas una semana.

El agotamiento de su proyecto era claro con su derrota en el referendum de 2016, con el que pretendía habilitar su postulación a un tercer período consecutivo. Al perder, maniobró con el Tribunal Constitucional bajo su control para que declarara que la reelección ilimitada era un “derecho humano”. Bolivia siguió siendo un país capitalista con terribles desigualdades y una mayoría empobrecida y precarizada.

El creciente rechazo popular a Morales fue utilizado por la derecha reaccionaria

El malestar popular acumulado con el gobierno se desbordó con la maniobra fraudulenta en la elección del 20 de octubre. Al no alcanzarle los votos a Morales para ganar en primera vuelta, las autoridades electorales suspendieron por veinte horas el conteo de los votos. Cuando se reanudó, el escrutinio le daba el margen que necesitaba para no ir al ballotage. Se iniciaron protestas populares, muchas de ellas con la consigna “Ni Evo ni Mesa”. Estas genuinas movilizaciones populares fueron aprovechadas por la derecha oligárquica, envalentonada por la debacle del gobierno. Este desenlace, precipitado por la indignación ante el fraude, es la consecuencia de años de políticas entreguistas y represivas, que amplios sectores de trabajadores, campesinos y jóvenes repudiaron. Cuando Morales acepta el dictamen de la OEA sobre las irregularidades electorales y llama a nuevas elecciones con nuevas autoridades electorales, ya los generales están decididos a dar el golpe para retomar el control del país. En definitiva, fue por las políticas del falso “progresismo” que se encumbró nuevamente la derecha racista en Bolivia.

Luchar contra el gobierno reaccionario de Añez-Camacho

Se abre un nuevo capítulo para la clase obrera, la juventud y los sectores populares de Bolivia, el de la lucha contra el nuevo gobierno capitalista, proimperialista, de Añez-Camacho y la derecha oligárquica, que asume el poder en medio de una grave crisis política. Mientras que Añez prometió nuevas elecciones, los sectores más reaccionarios, como Camacho, querrán imponer un régimen dictatorial. Pero la situación está abierta, la clase trabajadora, la juventud, los campesinos y los sectores populares no han sido derrotados. Tienen en su contra a las direcciones burocráticas de la COB y muchos sindicatos dirigidos o influenciados por el MAS, cuya orientación es conciliar a nombre de la “paz”. Pero hay sectores que han planteado una política independiente, que se manifestó en las consignas “Ni Evo ni Mesa”. Hubo pronunciamientos como, por ejemplo, el de los mineros de Potosí y de San Cristóbal en ese sentido y exigiendo a la COB convocar un congreso. En esa perspectiva independiente desde ARPT, sección de la UIT-CI, se planteó luchar contra “todo intento de imponer un gobierno reaccionario de derecha”, proponiendo conformar una Asamblea Popular a partir “de los obreros, campesinos y jóvenes movilizados para asumir un gobierno provisional” (ver declaración de ARPT). En esa perspectiva ahora están planteadas las tareas de organizar e impulsar la lucha obrera y popular contra el gobierno de Añez-Camacho para derrotar su proyecto reaccionario.

Siguiendo a sus amos oligárquicos y por temor a la movilización, la policía se amotinó y las FFAA declararon su “neutralidad” y luego “sugerir” la renuncia del presidente […] No podemos permitir que la derecha fascista empresarial cruceña, apoyada por los militares y el imperialismo decida el gobierno y el futuro del país. Ya sea mediante un gobierno “transitorio” u otras variantes, como que una Asamblea Legislativa enemiga del pueblo, compuesta de masistas y derechistas que acompañaron la política del MAS, dé curso a la sucesión constitucional; o de una junta militar, serían todas antipopulares. Rechazamos los intentos de imponer un gobierno reaccionario por cualquiera de estas vías.

Nos sumamos al reclamo de fabriles de Cochabamba, mineros de Potosí y la CSUTCB Genaro Flores, de que se realice un urgente Congreso Extraordinario de la COB, invitando especialmente a las organizaciones campesinas e indígenas, y juveniles, para formar gobierno Transitorio.
Imponer una agenda de los trabajadores, entre otros puntos una verdadera nacionalización de San Cristóbal empresa japonesa mimada del Evo Morales, desconocer la deuda externa acumulada en estos años que se usó para corrupción y obras inútiles, librar la lucha contra la oligarquía (CAO, CAINCO, Camacho, etcétera) que fue aliada del MAS durante los últimos días 10 años.

Convocar desde el Congreso abierto de la COB reorganizada a formar una Asamblea Popular con representantes de organizaciones de base de los trabajadores de la ciudad y el campo, de jóvenes e indígenas, para resolver futuro del país y garantizar elecciones realmente limpias y libres sin restricciones para ningún candidato de los sectores populares.

Contra la oligarquía (CAO, CAINCO, Camacho, etc.) aliada durante más de 10 años a Evo Morales y socia en el incendio de la Chiquitanía.
Por el no pago de la fraudulenta deuda externa contraída por el MAS.
Por la nacionalización de la transnacional San Cristóbal mimada de Evo.
Por desenmascarar y combatir al fascismo de Camacho disfrazado de democracia.

* Ver versión completa www.uit-ci

La juventud y el pueblo trabajador chileno no dejan de sorprendernos. Después de más de un mes de lucha, esta semana las protestas y movilizaciones ganaron una fuerza impresionante contra el régimen, exigiendo la salida del presidente Sebastián Piñera.

Escribe Adolfo Santos

El lunes 11, los docentes secundarios y universitarios hicieron un fuerte paro nacional. El martes 12 fue convocada una huelga general que tuvo un alto índice de acatamiento, fortalecida por las barricadas y cortes realizados por los piquetes de la protesta. Camioneros, docentes, servidores públicos, trabajadores de Coca Cola, de limpieza urbana y obreros de diferentes sectores de la producción, se sumaron al paro y a las masivas concentraciones en las principales ciudades del país. El climax fue la inmensa manifestación en Santiago en horas de la tarde, que no pudo ser dispersada a pesar de la represión policial.

La lucha continúa con fuerza y Piñera, desbordado, apela a todo lo que tiene a su alcance para mantenerse en pié. Fue lo que hizo en la noche del martes en su discurso en cadena nacional, proponiendo acuerdos ridículos y amenazando querellar a los que promueven las protestas. Si el odio contra este gobierno ya era grande, la pérdida de la visión del estudiante universitario Gustavo Gatica después de ser baleado impunemente en la cara durante la feroz represión de los carabineros, ha servido para multiplicar esa bronca.

Debilitado y con la popularidad en caída libre, el gobierno, sustentado por los partidos de un régimen desprestigiado, trata de superar la crisis combinando la represión con tibias promesas y concesiones que no consiguen desviar la marcha de los acontecimientos. Respondiendo al clamor contra la constitución pinochetista, propone un “acuerdo” por un Congreso Constituyente, lo cual fue rechazado por la oposición patronal y el pueblo en las calles. Ningún manifestante considera que esa propuesta, de la mano del represor Piñera, pueda ser de utilidad.

Cada vez más, Chile se divide en dos. De un lado el gobierno, los grandes empresarios y los partidos del régimen que lo sustentan y apenas proponen cambios para que nada cambie, como demuestran los anuncios del presidente en su discurso del martes. Del otro la movilización de las calles que exige: Fuera Piñera. Al calor de esas movilizaciones están surgiendo las asambleas barriales, organismos alrededor de los cuales los vecinos comienzan a organizarse y a discutir las propuestas para enfrentar al gobierno y la represión y a buscar una salida.

En este escenario, la MUS (Mesa de Unidad Sindical), dirigida por el Frente Amplio, el Partido Comunista y dirigentes del movimiento contra las jubilación privada (No + AFP), ha estado a contramano de los acontecimientos. En primer lugar no levanta Fuera Piñera, exigido por las movilizaciones en todo el país,  pero también por los métodos burocráticos con que tratan de controlar ese espacio. No es casual que la ACES (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios) y el importante movimiento de mujeres “8 de Marzo”, le hayan hecho duras críticas. Justamente, la ACES acaba de romper con la Mesa.

Se impone la necesidad de fortalecer las asambleas de barrio y la incipiente coordinación que comienza a surgir entre ellas, para mantener la movilización. El desafío será impedir que primen las políticas que, como las impulsadas desde la MUS, insisten en una salida negociada con el régimen heredado del pinochetismo, que nada tiene para ofrecer. En ese sentido es muy importante el carácter “independiente, autónomo y por Fuera Piñera” que los activistas surgidos de este proceso le imprimen a las asambleas barriales. Hay una pelea abierta en Chile. De nuestra parte, apoyamos a las asambleas y su coordinación para que desde esa posición autónoma e independiente puedan conquistar los objetivos que se propone esta importante lucha.

Un programa por una salida obrera y popular

Nuestra organización hermana, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, sección chilena de la UIT-CI, continúa en la primera fila de la lucha para derrotar a Piñera. Participan activamente en las asambleas barriales, donde proponen mantener la movilización en las calles, con una organización desde abajo, en las asambleas barriales o en los lugares de estudio y trabajo. Y en ese proceso, presionar a las direcciones para combinar la protesta callejera con paros activos hasta conquistar el objetivo de Fuera Piñera y derrotar a las fuerzas represivas.

Por eso es necesario un programa que oriente nuestras tareas. De nuestra parte, apoyamos las propuestas de los compañeros del MST: ¡Fuera Piñera! ¡Basta de represión! ¡Juicio y castigo a los milicos represores! ¡Por un plan económico de emergencia al servicio de los trabajadores y el pueblo! ¡Abajo la constitución pinochetista del ‘80! ¡Por una Asamblea Constituyente libre y soberana! ¡Por un gobierno de los trabajadores y sectores populares! ¡Por la continuidad de la lucha hasta conquistar nuestros objetivos!