Escribe Guido Poletti

Con la excusa de la crisis del coronavirus, cada vez son más las empresas que empiezan a plantear rebajas salariales. Lo hacen con distintos mecanismos, que van desde pagar “ahora” el 50% del salario y el resto más adelante, suspender personal pagando una sola parte del sueldo, no cumplir con los adicionales o bonificaciones, o directamente “rebanar” un porcentaje del salario. 

Es el caso de las automotrices, que se amparan en planes de suspensiones. O Latam, que informó que parte de sus trabajadores cobrarán apenas el 50% de su salario. Las empresas de medios audiovisuales Polka y América también anunciaron que van a pagar el sueldo en dos cuotas. La situación empieza a generalizarse. Incluso entre los estatales se empieza a hablar de recortes salariales: La Voz del Interior anunció que en Córdoba se estudian bajas de hasta 30%. En la provincia de Buenos Aires, municipios como Ituzaingó y Exaltación de la Cruz ya “picaron en punta” anunciando que no pueden pagar los sueldos. 

Se está lanzando una auténtica campaña desde las patronales para que se bajen los salarios con la vergonzosa complicidad de la burocracia sindical (el propio Daer llegó a aceptar que el tema “está en estudio”, aunque  después debió desdecirse por el repudio que ello ocasionó). 

Cacerolazo para que los políticos se bajen los sueldos

En ese marco, el pasado lunes 30 de marzo se produjo un cacerolazo en varios barrios de la ciudad de Buenos Aires pidiendo que los políticos se bajen los sueldos. También se sintió en algunos lugares del interior, como en Córdoba. El cacerolazo se monta en la bronca popular contra los altos salarios de los políticos frente al robo a los jubilados y la miseria creciente. Todo esto agudizado por la pandemia del coronavirus. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad venimos planteando desde siempre que todos los legisladores y demás funcionarios del gobierno deben cobrar el salario de un docente.  En eso no hay debate con nosotros. Pero debemos advertir que el cacerolazo fue organizado por sectores reaccionarios que responden a los intereses de las grandes empresas y multinacionales. Y que forma parte de toda esa campaña lanzada con el objetivo de que se plantee un recorte generalizado de los salarios, con la excusa que de otra forma lo que seguirá serán despidos en masa.  

Nueva ola de despidos

El caso de los 1.450 trabajadores que intentó despedir la multinacional Techint puso sobre la mesa una cuestión que venía sobrevolando desde días anteriores: empresas que aprovechan la crisis para despedir personal (en algunos casos, la mayoría de su plantel). Amparándose en la excusa legal de una situación de “fuerza mayor”.

No se trató nada más de Techint. La semana pasada la cadena Cinemark Hoyts (empresa que el año pasado reconoció ganancias por 3.300 millones de dólares) avisó por teléfono el despido a sesenta de sus trabajadores. También se verificaron despidos masivos en Norcenter y GPS, empresa tercerizada de Aerolíneas Argentinas que llegó a echar a trabajadores que hasta el día anterior estaban en la primera línea de la exposición al coronavirus. A esto hay que sumarle otros en el personal de seguridad del Ferrocarril San Martín, en el transporte de pasajeros en la provincia de Corrientes, en la cadena de quioscos Mc Kio, en diferentes empresas del rubro gastronómico, en YPF, en el frigorífico Agroservice y en Gate Gourmet del aeropuerto de Ezeiza. 

¡Ninguna rebaja salarial! ¡Que se pague el 100% de los salarios! ¡Prohibir suspensiones y despidos!

Las empresas ganan millones a costa del sacrificio de sus trabajadores. Ahora el gobierno llama a “su buena voluntad” para que “colaboren”. Pero deja correr que se empiecen a rebajar los salarios o a pagarlos en cuotas. Las crisis deben ser pagadas por las patronales, que acumulan millonadas, y no por los trabajadores. No hay que aceptar ninguna rebaja salarial. Se le debe garantizar a cada trabajador el 100% de sus salarios de bolsillo, ya de por sí más degradados que nunca por el aumento de los precios de las últimas semanas. La presión popular obligó al gobierno de Fernández a decretar la prohibición de suspensiones y despidos por 60 días. ¡Todos los trabajadores despedidos en estos días deben ser reincorporados! La crisis no deben pagarla los trabajadores, sino los capitalistas, por medio de impuestos a sus super-ganancias y el no pago de la deuda externa.

Es un hecho recurrente en estos días. Se suman las denuncias de empresas que obligan a sus trabajadores a concurrir a sus lugares de trabajo aunque no cumplan tareas definidas como “esenciales”. Y otros a los que no se les entregan los elementos mínimos para preservar su salud ante la pandemia.

Escribe Claudio Funes

La escena del miércoles pasado, primer día “hábil” de la cuarentena, lo dice todo: kilómetros y kilómetros de cola en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. ¿Se trataba acaso de “veraneantes” que volvían tras haber violado la cuarentena? Seguro que había alguno, pero la inmensa mayoría estaba concurriendo a sus lugares de trabajo. Lo mismo podía observarse en las estaciones de trenes del conurbano con miles de usuarios esperando para abordarlos. Esta escena, que por la cantidad de gente se visibilizaba más en la Capital y el conurbano bonaerense, también se repitió en el resto del país.

¿Qué estaba sucediendo? Muy simple, mientras la inmensa mayoría de los trabajadores cumple consciente y disciplinadamente la cuarentena, las patronales tratan de violarla por todos los medios posibles. Hay todo tipo de trampas que se sintetizan en considerar como actividad esencial cualquier cosa, obligar todos a concurrir y entregarles a cada uno el “papelito” para transitar. Los trabajadores de Bimbo llegaron a denunciar que los hacen concurrir para elaborar productos congelados de exportación. Incluso se da el caso de empresas como Ledesma, que se niegan a licenciar a los mayores de 60 años

El otro gran incumplimiento, esta vez criminal, por parte de las empresas, consiste en no entregar a sus trabajadores los elementos mínimos para evitar que se contagien, desde barbijos hasta alcohol en gel o lavandina. Esto se verificó hasta en los lugares críticos: clínicas y sanatorios donde los propios trabajadores de la salud tuvieron que reunirse y exigir la entrega de esos insumos. Los ferroviarios del Sarmiento tuvieron que llevar adelante toda una pelea para que esto primero se visibilizara y luego se resolviera.

Las patronales abusan con la complicidad de la burocracia sindical, que deja correr todo esto. Desde el sindicalismo combativo decimos que no hay que dejarlo pasar, hay que hacer asambleas, ruidazos o lo que sea necesario para que todo trabajador no efectivamente esencial permanezca en su casa, con su salario y su puesto de trabajo garantizado. Y que todo aquel que cumple una tarea efectivamente esencial lo haga con absolutamente todos los elementos y garantías de seguridad e higiene que la emergencia amerita.

Escribe Mónica Schlotthauer, cuerpo de delegados ferroviarios del Sarmiento y diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

No es la primera vez que la empresa Trenes Argentinos a cargo de la línea Sarmiento muestra una total negligencia ante la seguridad y la salud de trabajadores del ferrocarril y de los mismos usuarios.

Ahora, ante la aparición del coronavirus y el lanzamiento de la cuarentena, esto se multiplicó. Por un lado, se exigió a los trabajadores de todas las especialidades que asistan a sus puestos, amparándose en que eran tareas “esenciales”. Y, a la vez, no se entregaban los elementos mínimos de higiene y seguridad para protegerse de la pandemia.

Frente a esto, el cuerpo de delegados, encabezado por Rubén “Pollo” Sobrero y los compañeros de la Bordó, en constante consulta con la base (y realizando asambleas en aquellos lugares donde fue posible, como en el sector limpieza) definió dos exigencias básicas a la patronal: que en todos los sectores estuvieran los insumos básicos para garantizar la seguridad sanitaria de todos los compañeros y que se organizara la dotación de personal de tal forma de que, garantizando el servicio a los usuarios, la asistencia a los puestos de trabajo fuera la mínima posible, con el resto de los compañeros cumpliendo la cuarentena en sus domicilios. Esto implicaba que no concurrieran todos los que trabajaban en especialidades no directamente vinculadas con lo operativo.

Todo esto, con la fuerza y unidad de los compañeros de base y la orientación del cuerpo de delegados, se le fue imponiendo a la empresa. Primero, ya a partir del día 20, se definió que los compañeros de evasión, boletería y CAP (centro de atención al pasajero) permanecieran en sus casas, al igual que los de los talleres Liniers y Villa Luro, que estaban abocados a tareas de mantenimiento que pueden diferirse. En tanto que en Vías y Obras y Señalamiento se formaron guardias mínimas para emergencias.

Inmediatamente, el eje del conflicto se trasladó a la virtual ausencia de los insumos básicos de protección para aquellos trabajadores que, perteneciendo a otras especialidades, debían concurrir a sus puestos. Esto fue particularmente grave en el sector de banderilleros y banderilleras. Allí se denunció la no entrega de los elementos de limpieza y protección personal, ya que solo se había repartido jabón líquido totalmente diluido y lavandina de dudosa procedencia en recipientes no aptos, como botellas de gaseosas o envases de mermelada sin rotulación. Las garitas, por su parte, no contaban con ningún tipo de desinfección. A esto se agrega que las compañeras y compañeros de esta especialidad estaban siendo obligados a concurrir a trabajar cuando la realidad mostraba la nula presencia de vehículos y peatones, cuando todas las barreras entre Once y Moreno, con una única excepción, son automáticas. Es por eso que, ante la falta de respuesta de la empresa frente a estos reclamos, se planteó que toda la especialidad permaneciera en sus casas a partir del día 23 hasta que la empresa solucione el problema.  

Al mismo tiempo surgieron reclamos en el taller de Castelar, los compañeros no eran provistos del total de los elementos requeridos, en particular de mamelucos descartables para la limpieza y desinfección de las unidades. Tampoco se les garantizó la asistencia médica necesaria. El conflicto escaló porque los delegados de las diferentes especialidades, en constante consulta con la base, se fueron negando a realizar determinadas tareas cuando no se cumplían las medidas de higiene y protección que los protocolos indican.

Mientras tanto, la empresa “contraatacó”. Por un lado, mostró una total falta de responsabilidad ante los usuarios, llegando a sacar formaciones sin ningún tipo de desinfección. Al mismo tiempo hizo “propaganda” como si ellos estuvieran defendiendo el servicio ferroviario, sacando un comunicado donde se apelaba a la “mística ferroviaria” y hasta llamando al “voluntariado”. 

Pero los trabajadores del Sarmiento, con su cuerpo de delegados a la cabeza, se mantuvieron firmes, impusieron sus demandas y obligaron a la empresa a ceder. Los elementos de seguridad e higiene tuvieron que aparecer en la forma en que se exigía. La empresa se comprometió a entregar lavandina, jabón líquido, alcohol en gel y un kit de emergencia compuesto por barbijos y guantes que se utilizará si ocurre algún accidente. Todo en envases debidamente rotulados. Se definió que solo se dividirá a los banderilleros en tres grupos, donde se trabaja un día y luego se quedan dos en casa, cubriendo las doce barreras más importantes de las cincuenta y dos existentes. En la unidad de limpieza y material rodante del taller Castelar, donde se limpian y desinfectan los trenes, la empresa terminó entregando los insumos de seguridad especiales requeridos por los compañeros. Los días de las medidas de fuerza no se descontarán y el sueldo se abonará normalmente, acuerdo que el cuerpo de delegados verificará y estará atento a que se cumpla. Se está avanzado con las gestiones en boletería y evasión y en tráfico para garantizar la actividad con el servicio mínimo de compañeros. 

Se ha dado un gran paso al imponer un criterio racional y una planificación del servicio con los trabajadores de cada sector. Máxime si se tiene en cuenta que la situación será cada día más crítica y que las jefaturas han demostrado desidia e inoperancia. Todo en el marco de una pelea que sigue día a día. Una vez más, la Bordó en el Sarmiento deja una enseñanza a los trabajadores, para qué sirve una conducción distinta, la del sindicalismo combativo. Todo un contraste con la política de la burocracia de la Verde, que en los otros ramales expone a los compañeros, siempre en un acuerdo total con la patronal. La Bordó, por el contrario, protege a cada compañero siendo, a la vez, la única que se preocupa de verdad por el usuario y por la defensa de un ferrocarril estatal al servicio del pueblo trabajador.

Salud en Tucumán

Con asambleas en los hospitales, el Centro de Salud y de Niños, a los que se sumará el Rivadavia, los enfermeros y personal de salud y limpieza buscan organizarse para exigir los insumos de trabajo y bioseguridad faltantes.

En una pelea desigual contra el gobierno que miente sobre la provisión de estos insumos y la existencia de personal suficiente y camas, los trabajadores de la salud discuten la forma de enfrentar al gobierno para trabajar con seguridad. El primer triunfo parcial de las asambleas se logró con la reasignación de funciones a las enfermeras en riesgo. El próximo paso será la licencia sanitaria.

ATSA, ATE Salud y SITAS boicotean las asambleas. El SITE (Sindicato Tucumano de Enfermer@s) y su secretario general, nuestro compañero Cristian Luna, están junto a los compañeros de la salud mostrando que la lucha es el camino.

Hospital Ramos Mejía

Los trabajadores de la salud de ese hospital se reunieron en asamblea para plantear sus demandas al gobierno, ya que no está respondiendo a sus necesidades. Exigen que se los provea de elementos de protección, independientemente de la función que desempeñan, ya que todos, de una u otra forma, están en contacto con pacientes que pueden ser asintomáticos, pero portadores del coronavirus. Destacaron que el primer derecho es proteger sus vidas y que por lo tanto no era posible atender a los enfermos sin una debida protección, que debe ser renovada diariamente. En la asamblea quedó clara la necesidad de mantener unidos a los trabajadores de la salud alrededor de estas demandas para cuidar sus vidas ya que, destacaron, al gobierno parece no importarle.

Hospital Córdoba

 El personal de la salud del Hospital Córdoba viene desarrollando asambleas autoconvocadas en el marco de la pandemia. Se exige una recomposición salarial de emergencia y elementos de bioseguridad, material imprescindible para protegerse. En ese marco, denuncian la falta de insumos necesarios. Lo que pasa en el Córdoba es un reflejo del conjunto de los hospitales de la provincia. Pihen, secretario general de los empleados públicos, aprovechó la cuarentena para cerrar un acuerdo salarial de miseria, incrementando la bronca del sector. En una primera instancia resolvieron elevar una nota al Ministerio de Salud provincial. En el caso de que no sean atendidas las exigencias, el camino será profundizar las medidas de fuerza.

Ingenio Ledesma

El sindicato de obreros y empleados del Ingenio Ledesma denuncia que la patronal no cumple con los protocolos establecidos por el gobierno nacional que liberan a los trabajadores mayores de 60 años. Con la excusa de que cumplen tareas esenciales, obliga a trabajar a compañeros que están en sectores vulnerables. También denuncia que no se cumplen las normas de protección en el traslado de los obreros, que viajan en condiciones inapropiadas porque no se respetan las medidas preventivas. Apoyamos las demandas de los compañeros del Ingenio Ledesma y repudiamos el papel histórico nefasto de esa patronal encabezada por la familia Blaquier, cuya complicidad con la dictadura militar llevó a la cárcel, a la tortura y a la muerte a muchos trabajadores.    

Bimbo se queda en casa

En una asamblea general realizada en la planta Bimbo San Fernando, los trabajadores decidieron por unanimidad suspender las tareas y quedarse en sus casas, como es recomendable para proteger su vida y la de sus familiares. “Es absurdo venir a trabajar para fabricar facturas y medialunas congeladas que, ahora sabemos, son para exportacion”, dijeron los operarios indignados por la evidente codicia de la patronal, que además planea despedir personal en estos días. La asamblea, que criticó la actitud pasiva de la burocracia sindical del gremio de pasteleros, decidió la paralización de las actividades mientras dure la cuarentena y la defensa de los puestos de trabajo exigiendo que no haya un solo despido.

Arcor

Los trabajadores de expedición de Arcor Arroyito bloquearon los portones para impedir que ingresen los camiones que vienen a cargar mercadería. La planta produce golosinas,  productos que no son esenciales para la población y funciona como centro de distribución de toda la empresa. Si a esto se suma que la producción que se está realizando es para exportar, queda claro que estamos ante otra patronal que en plena pandemia, lejos producir productos esenciales e imprescindibles, expone a los trabajadores para continuar con sus ganancias.

Felfort

La empresa sigue trabajando normalmente, amparada en el decreto presidencial que permite a las “alimenticias” a seguir con su producción. La Delicia, de Felipe Fort está produciendo golosinas y huevos de pascua obligando a los trabajadores a exponerse sin ninguna protección. La burocracia de la alimentación, nuevamente ausente con aviso, ante el reclamo que hacen los trabajadores de restringirse a guardias mínimas y evitar exponerse día a día, mientras la patronal sigue aumentando sus ganancias.

Neuquén: despidos en hospital

En plena pandemia desalojan a los auxiliares de higiene despedidos del hospital Plottier. Fue por orden de la subsecretaría de Salud de la provincia y el director de dicho hospital, Francisco Facci, quien solicitó a la policía provincial el desalojo del tráiler que los trabajadores ocupaban a la espera de su reincorporación luego de un largo conflicto. Llamarán a un paro en diversas áreas.

Salta: 800 despidos en minera

La empresa Livent Minera del Altiplano despidió a 800 trabajadores. Fue la gota que rebalsó el vaso, dicen sus trabajadores, entre tantos atropellos de la patronal. La multinacional, Livent, extrae litio en dos minas ubicadas en la zona limítrofe con Catamarca. Además de echar a trabajadores, la empresa tiene una deuda millonaria con la provincia por regalías. Una patronal que solo le interesa incrementar su lucro.

Hace tiempo que la situación en los barrios más empobrecidos de todo el país es angustiante. Esta situación no mejoró sustancialmente con la llegada del gobierno de Alberto Fernández. La desocupación , la precarización laboral y la inflación ya venían haciendo estragos. Todo esto se profundizó con la aparición de la pandemia del coronavirus.

Escribe Graciela Calderón, secretaria adjunta de Suteba La Matanza

La situación en los barrios llegó a un punto alarmante, particularmente en el Gran Buenos Aires, donde viven más de doce millones de personas, de las cuales 2.100.000 tienen déficit sanitario y 2.600.000 habitan en viviendas precarias próximas a basurales (datos del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, diciembre de 2019).

Para cuidarnos de la pandemia debemos lavarnos las manos con agua y jabón, pero hay 2.800.000 habitantes del conurbano que no tienen conexión de red de agua corriente y casi seis millones no tienen cloacas.

Vivimos hacinados. En cuatro de cada diez hogares pobres del conurbano viven  tres personas o más por habitación, lo que facilita la transmisión del virus en el grupo familiar.

Los hospitales y las salitas de emergencia están colapsadas desde hace años.

La situación económica

La crisis económica del coronavirus afecta particularmente a millones de trabajadores informales que viven en los barrios, muchos de ellos nunca cobraron planes sociales ni reciben asistencia social de parte del gobierno nacional o los municipios. Son trabajadores de oficios, peones de taxi, albañiles, vendedores ambulantes, que viven al día sin un ingreso fijo. Trabajadores que no llegan a pagar el alquiler, los servicios y en muchos casos ni siquiera la comida para su familia. Ante la desesperación muchas de estas personas salen a la calle a tratar de buscar algún tipo de ingreso y son reprimidas por la policía.

En el Gran Buenos Aires unas tres millones de personas reciben comida diariamente en comedores (datos Clarín, 28/3/2020), muchos de los cuales están cerrados por la pandemia. Además, el gobierno resolvió que los comedores escolares sigan abiertos, pero la cantidad de viandas que llegan a las escuelas es mucho menor que la cantidad de alumnos. El gobierno nacional anunció un plan de asistencia alimentaria, que por el momento solo se puso en práctica en Quilmes, y comenzaría a implementarse en La Matanza esta semana. Pero, su alcance será de solamente 24 mil personas en un distrito donde viven dos millones, la mayoría sumidos en la pobreza. Es una medida totalmente insuficiente.

Las medidas del gobierno son insuficientes ¡Exigimos medidas de fondo!

Ante la crisis social que se vive en los sectores más pobres el gobierno anunció una serie de medidas sociales: un bono de 3.000 pesos para los jubilados que cobran la mínima, un refuerzo de 3.100 pesos para la asignación universal por hijo y el seguro de desempleo y 10.000 pesos para monotributistas y trabajadores informales. Son medidas totalmente insuficientes. Una familia no puede subsistir con 10.000 pesos. Esa cifra debería triplicarse y cobrarse de forma permanente. Además, el gobierno debe garantizar los elementos de higiene (lavandina, alcohol en gel, jabón para toda  la población) y brindar asistencia alimentaria para todo el que la necesite. Esto favorecería que en los sectores más pobres puedan realizar la cuarentena como corresponde. La plata hay que sacársela a los que ganaron millonadas de la mano de todos los gobiernos a costa del hambre del pueblo. ¡Impuesto progresivo a las grandes fortunas y no al pago de la deuda externa!