Dec 04, 2020 Last Updated 12:28 AM, Dec 4, 2020

Escribe Agxs Mermet y Juani Campillo, miembros de Diversidad Izquierda Socialista

Desde los ’80 se habla de aquella famosa “peste rosa” asociada a gays, travestis y trans, acrecentando la discriminación, violencias y estigmas. Luego de muchísimas investigaciones e informes, se han mejorado los tratamientos para establecer una calidad de vida sobrellevando el virus como cualquier otra cuestión de salud. Esto fue acompañado por una gran pelea contra la exclusión y la marginalidad a las que somos expuestes, entre el prejuicio sociocultural y los grandes negocios capitalistas. Si bien son las personas heterosexuales quienes encabezan el ranking de seropositives, somos nosotres les que cargamos con el estigma de ser portadores de VIH y protagonizamos la lucha diaria por mejores condiciones.

Los gobiernos no han tomado como prioridad el tratamiento integral desde la salud pública; son las diferentes ONG y fundaciones las que se han encargado de suplir esta responsabilidad. Las empresas privadas todavía operan exigiendo el test preocupacional para excluir a les seropositives por el costo que podría implicar en cargas de salud. La degradación del Ministerio de Salud en el gobierno de Macri representó un ajuste a los tratamientos retrovirales y reactivos para test en todo el sistema público, dejándonos a merced de los negocios de las prepagas y el sistema privado de salud, poniendo en riesgo nuestra calidad de vida. Con el gobierno de Alberto Fernández y el retorno del Ministerio de Salud esto no cambió, los faltantes en los hospitales siguen, sobre todo en el interior del país, y la Dirección Nacional de Respuesta al VIH, dependiente del ministerio, no da a conocer las cifras de las personas seropositivas de este año.

Gracias a nuestras luchas se han conquistado derechos, pero seguimos denunciando que los gobiernos son responsables y cómplices de los grandes laboratorios, las obras sociales y las privatizadas. Desde Diversidad Izquierda Socialista denunciamos los faltantes en los hospitales para poder tratar la enfermedad y hacer los testeos serológicos. Exigimos presupuesto urgente para el sistema de salud. Hay que dejar de pagar la deuda externa y que se aplique un real impuesto a la grandes fortunas para financiar la salud pública. Exigimos también la efectiva aplicación de la ESI con perspectiva de género, diversidad, laica y científica, donde se hable abiertamente de quienes vivimos con VIH para erradicar los estigmas.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada provincial (m.c.) Buenos Aires, Izquierda Socialista/FIT Unidad

Las noticias en varios medios pregonan que empezarán a reunirse las comisiones en la Cámara de Diputados para comenzar a tratar el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Sin dudas, estar más cerca del tratamiento y aprobación del aborto legal es producto de nuestra movilización. Es por la #mareaverde que nunca bajó el reclamo del aborto legal, seguro y gratuito. No es como sostienen las organizaciones de mujeres del Frente de Todos que dicen que el inminente tratamiento es gracias a Alberto, o como él mismo dice ser “el abanderado de este reclamo” (Clarín, 19/11/2020). Este planteo ningunea la lucha que venimos dando hace décadas los feminismos por conquistar el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y, con mayor intensidad, desde hace dos años.

En 2018, a pesar de que no salió la ley por los votos de los senadores radicales, peronistas, kirchneristas y de Cambiemos, no fuimos derrotadas. Ganamos las calles, el debate y la despenalización social. Allí fue que logramos instalar que quienes se oponen a nuestro derecho a decidir no salvan ninguna vida, sino que nos condenan al aborto clandestino. Y quienes más pagan las consecuencias de un aborto inseguro son las mujeres de los sectores más humildes. Incluso tan alto como el costo de su vida. 

Estamos más cerca de conquistar el derecho al aborto. De un momento a otro empezará el debate. El famoso “poroteo” en ambas Cámaras estaría, según sostienen algunos medios, levemente a nuestro favor. Pero aún no tenemos la ley aprobada y ya empezamos a ver cómo los antiderechos amedrentan, extorsionan y empiezan a presionar para que no salga. Estamos cerca, sí, pero aún no se votó. Por eso, debemos redoblar nuestros esfuerzos y seguir movilizadas hasta que en nuestro país tengamos el aborto legal, seguro y gratuito. No nos podemos relajar, nuestro único camino es el de la movilización.

El debate de la objeción de conciencia

Durante esta semana circularon varios cuadros comparativos entre el proyecto de la Campaña y el del Poder Ejecutivo. Si bien ambos sostienen la legalización del aborto hasta la semana catorce, hay importantes diferencias que tenemos que señalar. Una de ellas es que el proyecto del Ejecutivo mantiene la criminalización de las personas que aborten luego de la semana catorce y cuando no medien las causales. En cambio, en el de la Campaña no se criminaliza bajo ninguna circunstancia a la persona que decide interrumpir un embarazo no deseado. Otra diferencia es que el plazo para acceder al derecho de cinco días que plantea el proyecto de la Campaña, se extiende a diez días en el del Poder Ejecutivo. 

Sin embargo, la diferencia más importante se da con la incorporación de la objeción de conciencia (OC) en el proyecto del gobierno. En el comunicado de la Campaña en el que se comparan ambos proyectos, se señala que “nuestro proyecto no contempla la OC por el uso violatorio a los derechos de las mujeres y personas gestantes del que ha hecho abuso el personal médico antiderechos. La experiencia indica que es la puerta de entrada del incumplimiento de la ley y la obstrucción del acceso, como ocurre actualmente con la provisión de las ILE en nuestro país y de las IVE en los países en donde está permitida en su legislación, generando demoras, malos tratos, morbilidad, mortalidad materna y trasladando la carga de trabajo a quienes sí garantizan el derecho trabajando a conciencia”. Sin dudas, la OC se vuelve el principal obstáculo que en el mundo tienen las personas que deciden abortar. Así sucede, por ejemplo, en Barcelona. Según la Associació Drets Sexuals i Reproductius (DSIR), “la objeción de conciencia de algunos médicos y enfermeras está vulnerando el derecho de las mujeres a abortar en centros sanitarios públicos de España, incluida Catalunya” (El periódico, 12/1/20). Así son las motivaciones ideológicas de algunos profesionales las que terminan siendo en los hechos obstaculizadoras de la práctica. 

Es por ahí que viene la trampa del proyecto del gobierno y esa es la prenda de negociación con los antiderechos. Por eso insistimos en que nuestro proyecto es el de la Campaña. Son semanas decisivas, hagamos historia. Salgamos a las calles a conquistar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

Escribe Mercedes De Mendieta, legisladora electa por la Ciudad de Buenos Aires, Izquierda Socialista/FIT Unidad   

Este 25N se cumplen 60 años del femicidio de las hermanas Mirabal. Patricia, Minerva y María Teresa fueron secuestradas, torturadas y asesinadas por rebelarse contra la dictadura de Trujillo en República Dominicana. En su memoria, el 25 de noviembre se instaló como un día internacional de lucha contra las violencias hacia las mujeres. A 60 años de aquel triple femicidio el mundo entero grita:  Patricia, Minerva y María Teresa ¡presentes! 

En nuestro país, al igual que en varias ciudades del mundo, salimos a las calles por #NiUNaMenos y para que paren de matarnos. En lo que va del año hubo 265 femicidios y transtravesticidios, según el observatorio Ahora que Sí Nos Ven, desde el 1° de enero hasta el 20 de noviembre. Es decir que, a pesar de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, las cifras siguen siendo escalofriantes. Lamentablemente, cambian los presidentes pero los crímenes de odio siguen en el país del #NiUnaMenos. Por eso insistimos en que los gobiernos son responsables de las violencias que sufrimos las mujeres y diversidades sexogenéricas.

La combinación de la pandemia del Covid-19 junto con la crisis económica capitalista en curso profundizó todas las violencias hacia nosotras. Por eso, en estos meses de encierro crecieron no solo los femicidios y transtravesticidios, sino también los abusos sexuales y las violaciones. Es que para muchas quedarse en casa junto al agresor no fue la mejor opción. Un informe de ONU Mujeres (2020) muestra que hasta abril de este año 243 millones de mujeres y niñas de entre 15 y 49 años habían sufrido violencia sexual o física en todo el mundo por parte de sus parejas o ex parejas. Y una estimación del mismo organismo estableció que, por cada tres meses de pandemia, habría unos quince millones de casos adicionales de violencia de género en el mundo.

Razones nos sobran para salir a luchar y organizarnos contra la violencia machista. Exigimos que se declare la emergencia nacional en violencia de género con presupuesto para combatirla y erradicarla sobre la base del no pago de la deuda externa. La deuda es con nosotres, no con el FMI.                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada provincia Buenos Aires (m.c.) por Izquierda Socialista/FIT-Unidad

Finalmente se conoció el proyecto de ley denominado “Regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención posaborto” que propone el gobierno y que venía siendo retrasado desde el 1° de marzo. El anuncio lo hace el mismo día en que se votó en la Cámara de Diputados el presupuesto 2021 al servicio de los planes de ajuste del FMI, y el aporte solidario que pagarán por única vez los empresarios más ricos del país y que nada tiene que ver con un verdadero impuesto a las grandes fortunas como propone el FIT-Unidad. 

Más allá de la fecha elegida por el presidente, lo cierto es que el anuncio venía siendo muy esperado, sobre todo porque el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto estaba al borde de caer por octava vez. Pero ahora se tratarían ambas iniciativas en las sesiones extraordinarias y tenemos que imponer con la movilización callejera que el proyecto que finalmente “gane” y se apruebe sea el de la Campaña, el que construimos con las más de setecientas organizaciones feministas y que tiene el aval de la #mareaverde. 

Son dos proyectos distintos. Estamos con el de la Campaña

Si bien el proyecto de Alberto Fernández sostiene en su artículo 4° el acceso a la IVE hasta la semana catorce (14) inclusive del proceso gestacional, sigue criminalizando a quienes luego de ese período aborten por fuera de las tres causales ya establecidas en el Código Penal. Primera e importante diferencia con el proyecto de la Campaña que justamente deja explícitamente aclarado que en ningún caso se castiga o penaliza a quienes decidan interrumpir un embarazo. 

Por otro lado, en el artículo 5° del proyecto del gobierno se establece un plazo de hasta diez (10) días corridos para que se realice el aborto desde su solicitud. En cambio, en el proyecto de la Campaña el plazo máximo establecido es de cinco (5) días corridos. Esta diferencia de días no es menor ya que nuestro planteo radica en los posibles condicionantes que podría tener una persona gestante para que no ejerza su derecho. 

En el artículo 10 del proyecto del gobierno se incorpora la objeción de conciencia individual que, sin dudas, es una concesión a las iglesias que buscan obstruir nuestro derecho a decidir. Pero además, en ese artículo (ni en ningún otro) no aclara si la institución de los objetores estará obligada o no a garantizar la práctica. Alertamos que esto puede ser muy grave a la hora de la reglamentación de la ley, tal como lo vimos en protocolo ILE de la ciudad de Buenos Aires, donde Larreta acordó con los antiderechos para poner más restricciones en el acceso. 

Este acuerdo con las iglesias se refleja también en que, junto con su proyecto, el gobierno presentó el proyecto de ley de “atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia” conocida como el plan de los 1.000 días, en el que entre otras cosas se amplían la asignación universal por hijo/a (AUH) y la asignación por embarazo. ¿Pero qué tendrán que ver las asignaciones con una decisión autónoma y el derecho a decidir interrumpir un embarazo no deseado?

No es un presidente, es la #mareaverde que no abandonó las calles

Las organizaciones de mujeres del Frente de Todos festejan y aclaman la presentación del proyecto de ley de IVE del gobierno como si fuera un gran triunfo de él mismo y esgrimen argumentos como que “Alberto nos da el aborto”, pero eso sería ningunear la lucha que dimos durante décadas y que seguimos dando las mujeres y todas las personas con posibilidad de gestar para conquistar este y cada uno de los derechos que nos faltan. Nadie puede dudar de ese potencial que tenemos cuando salimos a las calles, porque fue así como ganamos el debate y la despenalización social hace dos años. Ese es el camino que hoy tenemos que seguir y profundizar porque solo con la movilización ganaremos nuestras demandas. Desde Isadora te invitamos a que participes con nosotras este miércoles del pañuelazo frente al Congreso y que te sumes a todas las actividades que hay en el país para exigir el aborto legal, seguro y gratuito ya. Seamos miles, hagamos historia y que esta vez sí #QueSeaLey.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (mc) por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad.

En autos, bicicletas, motos y a pie salimos desde Plaza de Mayo hacia el Congreso. Fuimos miles las que participamos de la caravana verde el miércoles pasado en la ciudad de Buenos Aires y en las distintas actividades que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó en todo el país. Fue un evento muy importante no solo por la masividad sino porque se puso en evidencia que nuestro reclamo es urgente y prioritario.

Al día siguiente de la caravana verde, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, tuvo que recibir a la Campaña pese a que en dos oportunidades anteriores había cancelado la reunión. Este lunes la secretaria legal y técnica de la nación, Vilma Ibarra, anunció que el ejecutivo mandaría durante noviembre su proyecto para que sea tratado durante las sesiones extraordinarias dejando en claro que el gobierno no está con el proyecto de la Campaña. Lo mismo había dicho antes la asesora  presidencial, Dora Barrancos, pero no cumplió. Barrancos había confirmado en los medios que el proyecto del gobierno se presentaba antes de que terminara octubre. Sin embargo, ese proyecto secreto, que lo vienen anunciando desde marzo, sigue sin aparecer.

Hasta el momento, más allá del amague, lo que explican las funcionarias es que la iniciativa vendría también con la ley de los 1.000 días, que consiste en el acompañamiento de la maternidad y de los primeros años de vida de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Pero ¿Qué tiene que ver esto con la decisión de las mujeres que quieren interrumpir un embarazo? Para nosotras, nada. Evidentemente lo que hace el gobierno es jugar a dos puntas y negociar nuestros derechos con las iglesias. Por eso, el mismo día que Massa recibió a la Campaña, también se reunió horas más tarde con los antiderechos, ubicándolos en el mismo lugar que a la Campaña, como si fueran interlocutores válidos.

¡Basta de concesiones a los antiderechos, no queremos más maniobras ni dilaciones! Exigimos que se apruebe el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto que es el único que tiene estado parlamentario y que si hubiera voluntad política se podría aprobar ahora mismo. Lamentablemente las organizaciones de mujeres del Frente de Todos que están dentro de la Campaña impusieron su política de esperar y no movilizarse durante todo el año. Ahora, estamos al límite de que nuestro proyecto caiga por octava vez. No debemos permitirlo.

A las calles nuevamente hasta que sea ley

El impulso que nos dio la caravana verde debe ser el motor para convocar a una nueva movilización aún más masiva para conquistar nuestro derecho a decidir. Según las cifras oficiales, cada día hay un promedio de 106 internaciones en hospitales públicos por abortos inseguros en Argentina y siete niñas de entre 10 y 14 años violadas son obligadas a parir. Estas cifras demuestran que es urgente legalizar el aborto.

Las integrantes de Isadora no bajamos nuestro pañuelo verde y seguimos peleando por el aborto legal, seguro y gratuito. Por eso denunciamos al gobierno que desde que asumió en diciembre del año pasado, puso toda su militancia al servicio de obturar el debate, el tratamiento y aprobación de la ley, generando expectativas en un proyecto que nadie conoce, pero que viene negociado con los antiderechos. Invitamos a todas las mujeres que luchan consecuentemente por el aborto legal a que se sumen a Isadora para dar juntas esta pelea. Vamos por el aborto legal 2020 con el proyecto de la Campaña.

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