Escribe Cristian Duarte, comisión de reclamos cuerpo de delegados del Sarmiento

El martes 30 de septiembre se dieron las elecciones de comisión ejecutiva y nacionales en la Unión Ferroviaria. La Bordó encabezada por Rubén “Pollo” Sobrero obtuvo un resonante triunfo en la seccional Oeste, donde se impuso por 833 votos a 438 a la lista Verde de Sasia (65 a 35%) e incluso ganó el Centro de Jubilados. Esto se logró después de superar las trabas estatutarias tanto para presentar lista como las clásicas maniobras de la burocracia de no entregar el padrón de afiliados o cambiar los lugares de votación para que no se expresen claramente la bronca de gran parte de las y los ferroviarios de base con la burocracia.

Además, se votó seguir fortaleciendo a la Bordó como herramienta de lucha ante la política traidora de Sasia y la Verde de ser parte del súper ajuste del gobierno con paritarias del 1% y salarios a la baja, despidos encubiertos con los retiros “voluntarios” o el vaciamiento de las empresas para favorecer a las multinacionales con la privatización del sistema ferroviario.

Pese a que la Verde ganó en 31 de las 32 seccionales y a nivel nacional se ratificó a Sasia con lista única (es más fácil presentarse a presidente que a secretario general en la Unión Ferroviaria con su estatuto proscriptivo), la oposición combativa logró un importante paso adelante para seguir organizando al activismo antiburocrático donde se dieron tremendos esfuerzos para presentar listas opositoras. En la seccional Gran Buenos Aires Sud (Roca) la Verde sacó 2.000 votos a 500 al Frente Multicolor (Bordó-Izquierda Socialista e independientes; Púrpura-Política Obrera; Gris-Partido Obrero y Naranja-PTS). Y en el Belgrano Norte la Verde sacó 686 a 243 de lista Roja.

Los nuevos desafíos que se nos presentan

Hace unos días atrás salió la nueva convocatoria a elecciones de cuerpos de delegados para el 28 de octubre para el conjunto del gremio, donde hay plazo para presentar las listas el viernes 3 de octubre. Con el gran triunfo en la seccional Oeste y el paso adelante que se empezó a dar en otros ferrocarriles es una tarea que nos alienta para encarar con fuerza este nuevo desafío y presentar listas en algunos cuerpos de delegados venciendo las nuevas trabas de la burocracia. Para tratar de avanzar en la construcción de referencias de lucha en algunos ferrocarriles y en el Sarmiento seguir desarrollando la dirección combativa y democrática con los nuevos activistas que están surgiendo.

Peleamos por un sindicato al servicio de las y los trabajadores y un ferrocarril al servicio del pueblo.

Escribe Nicolás Núñez, comisión directiva AGD-Sociales, lista Fucsia

El triunfo de la movilización del 17 de septiembre, con epicentro frente al Congreso y concentraciones en todo el país, es innegable. Incluso diputados que habían votado contra la ley tuvieron que cambiar su postura como resultado de la lucha en las calles y del mensaje de rechazo al gobierno de Javier Milei expresado en las elecciones bonaerenses. Se ratificó que el apoyo popular al reclamo del Hospital Garrahan y de las universidades nacionales es mayoritario. Sin embargo, el gobierno no quiere reconocer la derrota.

Aún resta el paso por el Senado, pero ya vimos con la Ley de Emergencia en Discapacidad que el gobierno no está dispuesto a cumplir con lo que dos veces (y con casi tres cuartos de la Cámara baja) resolvió el Congreso. Por eso es clave seguir impulsando la movilización desde cada casa de estudios. No se puede confiar en los legisladores de ninguna de las dos cámaras, porque responden a los gobernadores y negocian con el gobierno. Mucho menos en el Ejecutivo y en el ministro de Economía, Luis Caputo, que están desesperados por conseguir fondos para pagar la deuda externa.
La aplicación de la ley implicaría un aumento inmediato del 41,26% para docentes y no docentes, junto con una cláusula trimestral de adecuación a la inflación. Esto es lo opuesto a lo que firman dirigentes de la CGT, como Hugo Moyano, en sus gremios, con pautas mensuales del 1% que, a conciencia, hacen perder poder adquisitivo con tal de garantizar el pacto de la burocracia sindical con el gobierno. Por eso esta ley es tan importante: si ganan las universidades, ganan todos y todas las que viven de su salario en este país y, por sobre todo, se daría un golpe letal al plan de “déficit cero” destinado a pagar la deuda externa.

En el último tiempo, 10 mil docentes renunciaron, mientras la inmensa mayoría depende del pluriempleo para llegar a fin de mes. La política del gobierno, que en lugar de implementar la ley patea la discusión para el debate del presupuesto 2026 (el cual propone un recorte del 30% del piso de lo que las universidades necesitan para funcionar), terminará generando miles de nuevas renuncias y empujando al autoajuste y la privatización de contenidos universitarios, comenzando por posgrados e investigaciones.

Tenemos que ser claros en cada facultad, pasillo y curso: lograr que se aplique la ley implica derrotar al gobierno en su plan económico (déficit cero) y en su plan político (desoír al Congreso). No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se define el destino no solo de las universidades, sino de todo el país, con la injerencia directa de Donald Trump y de los Estados Unidos en el medio.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial deben convocar de forma urgente a una movilización el 2 de octubre, cuando el Senado trate el veto, y poner en pie un plan de lucha hasta que el gobierno deposite lo que estipula la ley. Ese será el primer paso para derrotar el Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios y pelear por universidades al servicio de las necesidades obreras y populares.

Escribe Agrupación Nodocentes en lucha

Este 17 de septiembre, el repudio al gobierno se expresó en todo el país. Desde las primeras horas, delegaciones de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (Apuba) y las universidades del Conurbano se congregaron junto con la columna proveniente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para confluir en la Plaza de los Dos Congresos.

Afuera del recinto, miles de estudiantes y trabajadores lograron imponer el rechazo al veto presidencial. La Ley de Financiamiento Universitario (otro golpe junto con la Ley de Emergencia Pediátrica) fue sostenida por 174 votos y permite el funcionamiento de la universidad, a la vez que representa un aumento salarial cercano al 42%.

La plaza, colmada por trabajadores universitarios, estudiantes y distintos gremios, celebró con euforia el golpe al gobierno de Javier Milei, ya que esta Tercera Marcha Federal se replicó en distintas ciudades como Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata y otras localidades. Fue impuesta al Frente Sindical y al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mediante asambleas autoconvocadas, jornadas de visibilización, clases públicas y cortes realizados por las bases desde tiempo atrás.

El próximo 2 de octubre el Senado tratará nuevamente la ley. Ese día, la movilización de cientos de miles será crucial para terminar de revertir el veto y luego imponer la reglamentación de la norma. Para ello, es necesario profundizar las acciones y conquistar un nuevo triunfo.
Desde el sindicalismo combativo planteamos la necesidad de construir la mayor unidad para derrotar la motosierra del gobierno y el FMI, con un plan de lucha que permita garantizar la plena implementación de la ley. ¡Plata para Educación y Salud! ¡No al FMI!

Escribe Adriana Astolfo, secretaria adjunta Adosac provincial

El gobernador Claudio Vidal intenta despegarse de la política de la motosierra de Javier Milei, aunque votó todas sus reformas. Dice que no hay plata, pero inaugura obras para diferenciarse y utilizarlo de cara a la campaña electoral.

Santa Cruz es una provincia con grandes recursos naturales y capacidad para decidir sobre su propia producción. Sin embargo, la situación de los trabajadores estatales, en especial de la docencia, refleja una fuerte tensión con el gobierno provincial por la política salarial.

El conflicto docente se intensificó luego del receso invernal. En asambleas y congresos, el gremio definió un plan de lucha que incluyó un no inicio de clases por 72 horas y paros de 48 horas semanales, con una adhesión muy alta en toda la provincia. El 21 de agosto se realizó una marcha provincial en el marco de la Jornada Nacional de Lucha de organizaciones sindicales combativas. Esta movilización superó en número a la masiva protesta de marzo y contó con la presencia de dirigentes sindicales nacionales de la agrupación Docentes en Marcha.

Durante el proceso de reclamo, los docentes buscaron la unidad con otros sectores en lucha. El vínculo más fuerte se dio con la asamblea permanente del Hospital de Río Gallegos, con quienes comparten el reclamo por aumento salarial y reapertura de paritarias. Juntos realizaron una multitudinaria Marcha de Antorchas y continúan coordinando acciones en común.

El gobierno provincial intentó frenar la protesta con una nueva multa millonaria al sindicato y con descuentos a docentes, especialmente a quienes trabajan en nivel inicial y en educación especial. En algunos casos, las deducciones llegaron a superar los 700.000 pesos. Estos recortes afectaron a los sectores más vulnerables, pero no lograron detener la lucha.

El sostenimiento económico de los docentes se garantizó con fondos de huelga, aportes solidarios de jubilados, de dirigentes con licencia gremial y de quienes no sufrieron descuentos. Además, sindicatos como la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys), la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) Capital y la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) Capital colaboraron con recursos. También se distribuyeron bolsones de alimentos para asistir a los trabajadores más afectados.

El lunes 22 de septiembre se llevó a cabo un Congreso provincial en el que se definió asistir a la paritaria sin medidas de fuerza, pero con una postura firme: exigir una propuesta salarial concreta, la devolución de los días descontados, el fin de los recortes por protestar y la anulación de la multa millonaria. Además, se pidió abrir un debate sobre la legislación vigente para evitar futuros avances sobre los puestos de trabajo.

La reunión paritaria prevista para el jueves 25 será decisiva. Si no hay avances, las asambleas y el Congreso del sábado 27 evaluarán retomar medidas de fuerza más profundas.

Desde la agrupación La Naranja Docentes en Marcha remarcamos la importancia de mantener un contacto directo con las bases y promover un debate amplio en cada escuela, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que contemple los reclamos salariales y laborales del sector.

Escribe Mariana Scayola, secretaria general Ademys

Durante el acto por el Día del Maestro en la Escuela Normal N° 5, el docente de esa institución y secretario de Prensa de Ademys, Federico Puy, expresó en sus palabras alusivas la solidaridad y el apoyo a las infancias y a la docencia palestinas.

La respuesta del gobierno porteño fue inmediata, y no a través de los canales oficiales, sino mediante la red social X. La ministra Mercedes Miguel dispuso la apertura de un sumario contra Puy por manifestar un posicionamiento compartido por millones de personas que se movilizan y exigen el fin del genocidio perpetrado por el sionismo, que hoy tiene en la Flotilla Global Sumud su máxima expresión internacionalista. Repudiamos esta decisión del gobierno, que mientras intenta sancionar al docente, se presta a campañas impulsadas por la DAIA, en sintonía con un falso “antisemitismo” para justificar la masacre perpetrada por el gobierno de Benjamín Netanyahu. Continuaremos con nuestra campaña en las escuelas en apoyo a Federico Puy y a todo el pueblo palestino.