El pacto Macri-FMI ratificó lo que venimos anunciando en las últimas semanas: se trata de un superajuste que llegará hasta 2021, con especial incidencia el año próximo donde se recortarán 250.000 millones de pesos.
Tendrá una muy fuerte incidencia en la obra pública, que prácticamente se detendrá, con la consecuencia de decenas de miles de trabajadores de la construcción que quedarán sumidos en la desocupación, además de miles de kilómetros sin asfaltar, rutas y calles sin arreglar, o escuelas y hospitales sin la más mínima refacción.

Otro aspecto importante del ajuste es que caerá principalmente sobre las provincias, ya que el gobierno nacional achicará al mínimo la transferencia de partidas y otras directamente las eliminará. Un ejemplo de esto último será la desaparición del Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente), que es hasta ahora la única partida del gobierno nacional que financia algo del salario docente. 
También el programa del FMI exigirá el achicamiento de estructuras en todos los organismos del Estado. Esto implica el despido de 7.000 personas que trabajan actualmente bajo distintas formas de precarización, a lo que se sumará la reducción, cierre o “fusión” de entes estatales. 
Están en la mira los trabajadores de la Biblioteca Nacional y de varias de las universidades del conurbano. Además de los despidos, también se intentará que todos los trabajadores del Estado reciban salarios sustancialmente a la baja.
El ajuste también va contra los jubilados, tanto los actuales como los futuros. Plantea que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (el dinero que ingresó al sistema a partir de la estatización de las AFJP y que es el sustento de reserva de las jubilaciones futuras) debe comenzar a ser utilizado para financiar las jubilaciones corrientes, con lo que en el corto plazo se agotará y llevará a la quiebra del sistema. También se debe terminar con los llamados “regímenes especiales”, como el de los docentes, para equipararlos con las jubilaciones de miseria actuales, sin tener en cuenta que hayan aportado de más durante toda su vida. 
Finalmente, el plan del FMI también exige continuar con los tarifazos, desmintiendo rotundamente todos los planteos que desde el gobierno afirmaban que “ya se había terminado con el ajuste de tarifas”. Al contrario, continuarán este año y los siguientes. 
Este auténtico “plan de guerra” contra los trabajadores y el pueblo, con el único objetivo de garantizar a los acreedores el cobro de los vencimientos de la deuda externa, será monitoreado estrictamente por el FMI, mediante auditorías trimestrales para verificar su complimiento.

G.P.

Escribe José Castillo

Durante el gobierno de Cambiemos el endeudamiento viene creciendo de forma desorbitante. Los intereses pagados por ese concepto ya son la partida más importante del presupuesto y siguen en alza. El ajuste de Macri y el FMI tiene un solo objetivo: garantizar el cumplimiento de los próximos vencimientos.

Según los datos del Observatorio de la Deuda Externa de la UMET (Universidad Metropolitana por la Educación y el Trabajo), el total del endeudamiento al final de este año ascenderá a 348.990 millones de dólares (82% del PBI, o sea de toda la riqueza producida en el año). Si a ello le sumamos el enorme monto en Lebac del Banco Central y la deuda que acabamos de contraer con el FMI, superaremos largamente los 400.000 millones de dólares. De toda esa deuda, 153.437 millones de dólares fueron contraídos durante la gestión del presidente Macri en menos de dos años.

Tenemos que decirlo con todas las letras: este endeudamiento es impagable. Sólo hasta el final del mandato del gobierno, en diciembre de 2019, hay que abonar vencimientos por 50.000 millones de dólares. No alcanza ni siquiera con el préstamo del FMI. Al gobierno no le quedará otra que pedir que le presten más aún y que le refinancien algunos de los vencimientos. Por supuesto que eso sólo lo logrará pagando en efectivo una cantidad importante de intereses, y “demostrando” a los pulpos acreedores su voluntad de seguir cumpliendo puntualmente con cada uno de los bonos de la deuda. Para conseguirlo deberá seguir a rajatabla las exigencias del FMI y llevar adelante el feroz ajuste programado. Ese es el motivo por el cual se plantea una reducción de las partidas públicas, cercanas a 250.000 millones de pesos para el año próximo y la continuidad en el ajuste, cuya programación llega hasta 2021.
Los capitales especulativos, que se pasaron dos años haciendo superganancias con los bonos argentinos y la bicicleta financiera, ya “le tomaron el tiempo” al gobierno de Macri. Un viejo indicador, del cual casi no se hablaba desde la crisis de 2001, el “riesgo país”, ha reaparecido y vuelto a la tapa de los diarios: ya supera los 600 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo, que la Argentina es el país del mundo que tiene más posibilidades de dejar de pagar su deuda en el futuro próximo. Son los mismos fondos buitres internacionales los que le están “bajando el pulgar” al país, dándose cuenta de que no hay ninguna posibilidad de que pueda seguir sosteniendo este ritmo de endeudamiento. Por eso hay una fuga récord de capitales en los últimos meses. Y el dólar sigue subiendo, lo que a su vez realimenta la inflación y pulveriza más aun los salarios.
Macri y el FMI ofrecen una única salida: ajustar, ajustar y ajustar salvajemente, dejando un tendal de desocupados, reventando las jubilaciones, pagando salarios de hambre, liquidando la salud y la educación públicas y sumiendo al pueblo trabajador en la miseria. Pero, como se ve en estas últimas semanas, ni aun así tienen la garantía de que eso alcance para pagar los próximos vencimientos de deuda. Todo esto nos lleva a un callejón sin salida. Por eso insistimos en que la única salida es suspender ya mismo los pagos de deuda externa, romper con el FMI y poner todos esos recursos, que hoy van a manos de los pulpos especuladores, para resolver las más urgentes necesidades populares de trabajo, salario, educación, salud y vivienda.

Aumentan la desocupación y la carestía

Van saliendo a la luz los primeros números que reflejan la presente crisis. Según datos oficiales del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) se han perdido 95.000 puestos de trabajo desde diciembre pasado hasta abril. Esto es gravísimo si observamos que todavía faltan los números de lo más duro de la caída de la economía, producida en los dos últimos meses. Como muestra: sólo en la última semana se han registrados 1.200 despidos, incluyendo los 357 trabajadores de Télam.
Al ajuste que el gobierno de Macri ya venía implementando en los dos primeros años de su mandato, ahora se le suma el desastre que arrancó con la superdevaluación del peso desde el 20 de abril. Las propias consultoras amigas del gobierno ya pronostican que la inflación de junio será de alrededor de 3,5%. En medio año la suba de precios “se comió” toda la inflación proyectada del año y los aumentos en cuotas con que cerraron la mayoría de las paritarias. 
Miles de despidos y salarios y jubilaciones pulverizados son la realidad de estos primeros seis meses del año. A ello se le sumará en lo inmediato la implementación del feroz ajuste programado entre Macri y el FMI. Es ellos o nosotros: hay que salir a pelear ya mismo, exigiendo un aumento salarial de emergencia, la reapertura inmediata de las paritarias y la prohibición de despidos y suspensiones. Darle continuidad al paro de la semana pasada con una nueva medida de fuerza, ahora de 36 horas, es la forma de iniciar un plan de lucha para enfrentar el ajuste de Macri y el FMI.

Crecimiento récord de la fuga de capitales

Desde el comienzo del gobierno de Macri, la fuga de capitales ascendió a 73.754 millones de dólares. Sólo entre abril y mayo último creció 88%. Detrás de estos números hay una realidad trágica: la riqueza que producimos se va, una parte por el barril sin fondo de los pagos de deuda externa, y la otra es fugada por las propias empresas, bancos y especuladores en general. Se calcula que en el exterior hay tantos capitales fugados como toda la riqueza que la Argentina produce en un año. Por supuesto que dentro de ese monto está el dinero que tienen, en diversos paraísos fiscales, numerosos funcionarios del gobierno de Macri, que explican desvergonzadamente que “ni locos” piensan traerlos al país.
Durante estos últimos dos años la fuga de capitales fue “aceitada” con el brutal endeudamiento externo. El perverso mecanismo es relativamente simple: el Estado se endeuda, recibiendo dólares que son ofrecidos al mejor postor a los pulpos de las finanzas (tanto locales como extranjeros), que los adquieren y luego los sacan del país. El gobierno contribuye a que esto sea sencillo al haber retirado en diciembre de 2015 cualquier tipo de restricción, o un mínimo de tiempo para entrar y sacar capitales de la Argentina. Es un caso inédito: hasta países considerados “modelos” de la apertura económica, como Chile o Colombia, tienen algún tipo de control sobre la entrada y salida de capitales especulativos. En la Argentina de Macri se liberalizó todo: ni siquiera los monopolios exportadores tienen la obligación de ingresar las divisas que obtienen de sus operaciones. 
La fuga de capitales es la contrapartida de la deuda externa. Cada vez debemos más mientras alimentamos el negocio de los que sacan los dólares del país. Este es el negocio central de bancos, casas de cambio, financieras de distinto tipo, operadores de Bolsa e incluso filiales locales de empresas transnacionales, que utilizan la excusa de que están “repatriando utilidades”. Así como decimos que no hay salida para la economía sin dejar de pagar la deuda externa, a esto le debemos agregar que si queremos evitar la continuidad de la fuga de capitales es imperioso nacionalizar la banca. Así el ahorro de los trabajadores y demás sectores populares será realmente resguardado: no terminará siendo robado como pasó muchas veces en las diversas crisis que vivió nuestro país, la última en diciembre de 2001. Todo ese dinero sería aplicado a crédito popular y a financiar las obras de infraestructura que necesitamos con urgencia. También hay que nacionalizar el comercio exterior para que nuestras exportaciones no se destinen a engrosar las superganancias de los monopolios transnacionales, ni que las divisas que obtengamos vayan a engrosar el circuito especulativo, sino que se apliquen a un verdadero plan de desarrollo obrero y popular. 
J.C.

Escribe José Castillo

El presidente Macri hace un par de semanas que ha decidido denominar a lo que sucede una “tormenta”. La metáfora meteorológica no es inocente: sería algo de origen “exógeno”, “impredecible” y sobre lo que, en última instancia, el gobierno no tendría responsabilidades. El secretario de Política Económica Guido Sandleris ha acuñado otro término: “minicrisis”, buscando reducir la importancia a los acontecimientos y entreviendo que “se saldría rápido”.

Se trata de una mentira total. Empecemos por los números fríos: la actividad económica sufrió una caída interanual de 5,8% en mayo, la mayor desde 2009, en plena crisis mundial. Más grave aún es ver que lo peor de las consecuencias de la devaluación todavía no pegaba a pleno en los indicadores de mayo. ¿Qué va a pasar cuando se vean estadísticamente a pleno los golpes sobre la industria (ya hay estimaciones privadas que estiman -5% en junio para el sector), las ventas (y por lo tanto el comercio) y ni qué hablar, el parate tanto en la obra pública como en la construcción privada en los próximos meses? La respuesta es clara: la proyección optimista del gobierno, que especula con que el número positivo del primer trimestre más algún “rebote” de crecimiento en el cuarto permitiría terminar 2018 con un 0,6% a favor, o incluso el 0,4%, que plantea el FMI es absolutamente incumplible. Lo más probable es que finalicemos 2018 con una recesión abierta y números cercanos a -1% o aún un poco peor.

El carácter “clasista” de esta crisis es el segundo factor que debe analizarse. En medio del vendaval el sector de intermediación financiera creció 10,8%. No es extraño, si lo cruzamos con el dato ya conocido de que la devaluación no le generó perjuicio alguno, sino que, por el contrario, sumó ganancias récord por 13.000 millones de pesos. La contracara es el aumento de las canastas de pobreza e indigencia. Ambas subieron claramente por encima del índice de inflación de junio (indigencia 4,9% y pobreza 4,1%, frente a un IPC “récord” de 3,7). Nada extraño cuando se observa que los incrementos de precios producto de la devaluación pegaron más en alimentos centrales de dicha canasta como pan, harinas y aceites. A esto tenemos que sumarle que sólo en mayo se perdieron 27.200 puestos de trabajo en blanco, según los propios datos oficiales del Ministerio de Trabajo. Por eso no es casual que crezcan la pobreza e incluso la miseria extrema: la asignación universal por hijo (AUH) en septiembre de 2017 era de 1.412 pesos; desde entonces aumentó apenas 11% (a 1.578 pesos), mientras que los precios de la canasta básica subieron 27%.

Las conclusiones son claras: vamos a un incremento de la desocupación, a más pobreza e indigencia y a salarios que van a seguir perdiendo -y mucho- frente a la inflación. Del otro lado, tendremos más ganancias para los bancos, para los monopolios agroexportadores beneficiados con la devaluación pero también con la continuidad en la baja de retenciones y, por supuesto, para los acreedores externos que siguen cobrando millonadas en cada vencimiento de deuda externa.

Todo esto junto con una inflación superior a 30% y ninguna garantía de que, en cualquier momento, no tengamos una nueva corrida del dólar. Es que nada puede “estabilizarse” con una deuda externa que ya supera los 400.000 millones de dólares y con vencimientos por 50.000 millones de acá a fines de 2019. Con este nivel y velocidad de crecimiento del endeudamiento, la Argentina es absolutamente inviable. Con el plan del FMI, peor aún. La única salida es suspender inmediatamente los pagos de deuda externa y desarrollar un plan económico alternativo que priorice la reactivación y las urgentes necesidades populares. De otra manera terminaremos sumidos en el fondo de la crisis, con nuevas corridas cambiarias y bancarias y una sociedad sometida a la marginación y el hambre.

Escribe José Castillo

Mientras los salarios y jubilaciones se siguen achicando producto de la inflación, el gobierno ya empieza con las medidas para cumplir las exigencias del Fondo Monetario. Suben los pasajes de colectivos y trenes en Capital y Gran Buenos Aires. La luz aumentará 30%. Al interior del país le toca el ajuste por el lado de la reducción de las asignaciones familiares.

Por supuesto que el ajuste no empieza ahora: desde el mismísimo comienzo del gobierno de Macri tenemos salarios y jubilaciones que van perdiendo poder adquisitivo frente al aumento de los precios, despidos y tarifazos. A esto tenemos que sumarle el “ajustazo” producto de la devaluación del dólar que se disparó a fines de abril pasado y generó que los precios (y en particular los alimentos como el pan, la harina y el aceite) volvieran a dispararse.

Pero esto recién empieza. Ahora tenemos nuevos anuncios. Se viene otro tarifazo en el transporte: el colectivo en Capital y Gran Buenos Aires aumentará un peso a partir del 15 de agosto, otro peso en septiembre y otro en octubre. Si sumamos todos los incrementos desde principios de año, tenemos que terminará subiendo 116% en 2108. También aumentarán los trenes. En concreto se trata de 13.000 millones de pesos anuales que se le sacan del bolsillo al trabajador sólo con este tarifazo. Cabe aclarar que estos aumentos se realizan manteniendo los subsidios que reciben las empresas de transporte, por lo que el dinero irá directamente a las arcas de estas patronales. También subirá la luz 30%.

A esto tenemos que sumarle la baja anunciada en las asignaciones familiares. Sube el piso para cobrarla (de 200 a 2.816 pesos) y baja el techo para dejar de percibirla (de 94.786 a 83.917 pesos), por lo que menos trabajadores la recibirán. Y además se eliminan los montos mayores por “zona desfavorable”. En concreto, la asignación por hijo, prenatal y ayuda escolar se reducirá en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Salta, Jujuy y en muchas localidades de Neuquén, Río Negro, Catamarca y hasta la provincia de Buenos Aires (en Carmen de Patagones). En concreto, hoy se cobra por hijo 1.578 pesos, pero si se vive en zona desfavorable (donde obviamente los precios de todos los productos son mayores) hasta hoy se percibían montos que van entre 3.155 y 3.578 (según la zona). Todo esto ahora se corta, y todos los trabajadores del país cobrarán solamente 1.578 por hijo. Es un recorte terrible. Para poner un ejemplo: un trabajador de estas zonas con cinco hijos y que gana en bruto 24.000 pesos, tendrá una reducción en su sueldo de bolsillo de hasta 25%. Se calcula que alrededor de 400.000 asalariados en todo el país se verán afectados por esta medida. ¡Mientras los precios se van por las nubes, habrá trabajadores que pasarán a cobrar menos todavía!

También se anunció otro recorte, que afectará a los dos millones de trabajadores que están alcanzados por el impuesto a las ganancias. A partir de ahora la “deducción por hijo” sólo la podrá hacer un cónyuge (y ya no los dos), o 50% cada uno. La consecuencia es obvia: el injusto “impuesto al salario” rebanará los sueldos más todavía a partir de ahora. Son entre 2.800 y 11.000 pesos anuales que se le sacarán del bolsillo por este concepto a cada trabajador alcanzado por este impuesto.

A todo esto, agreguémosle que el gobierno acaba de autorizar un nuevo aumento, ahora de 7,5%, para las prepagas, y la semana que viene otro de 8% en la nafta. La conclusión es obvia: todo se dio en un solo “paquete de anuncios”, hecho durante el mismo fin de semana en que la vicepresidenta Gabriela Michetti les aseguraba a los monopolios agroexportadores que se les seguirán bajando las retenciones a la soja. El ajuste de Macri y el FMI, del que esto que acaba de suceder es apenas un “primer anticipo”, tiene el claro objetivo de sacarle dinero a los trabajadores para dárselo a los especuladores financieros, a los monopolios agroexportadores y a las grandes patronales. Tenemos que pararles la mano ya mismo. Hay que reclamar un paro general de 36 horas y un plan de lucha para enfrentarlo. Y, al mismo tiempo, tenemos que oponer a todo esto otro programa económico, opuesto por el vértice, que comience por dejar de pagar la deuda externa y colocar todos esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares.

Las dos escenas sucedieron el sábado 28. La vicepresidenta Gabriela Michetti fue recibida cálidamente en la inauguración de la Sociedad Rural. Su discurso elogió a los monopolios agroexportadores y les aseguró que seguirían sus privilegios. A la misma hora, dirigentes de PRO que salieron a “timbrear” eran violentamente repudiados en los barrios obreros y populares. Esa es la foto de la Argentina actual: la de un gobierno aplaudido por los ricos y el FMI, y al mismo tiempo cada día más repudiado por los trabajadores, los jubilados y demás sectores populares, que siguen acumulando bronca anuncio tras anuncio de sus medidas de ajuste. Ese mismo sábado se anunciaron los aumentos en los boletos de los colectivos en Capital y Gran Buenos Aires y los recortes en las asignaciones familiares. A esto se sumó, un par de días después, la “novedad” de un nuevo tarifazo en la luz y la autorización a las petroleras para dejarlas subir otra vez el precio de la nafta. Mientras tanto, los precios siguen subiendo, en particular los de la canasta alimentaria. Por eso aumentan la pobreza y la miseria. Hasta la propia gobernadora Vidal tuvo que reconocer que cada día son más las personas que llegan a los comedores populares.

En ese marco, las declaraciones de Macri de que todo se trata de una “tormenta” y que hay que “tener confianza en que la recuperación llegará en 2019” no convencen a nadie. Ven que, así como las políticas de ajuste previas nos llevaron a esta crisis, el pacto Macri-FMI nos conducirá a un pozo aún más profundo, de donde solo saldrán ganando, como siempre, las grandes patronales y los pulpos especuladores. Por eso Macri cae en todas las encuestas. Esta vez junto con Vidal y Rodríguez Larreta.

El peronismo en todas sus variantes, por su parte, lleva adelante una oposición sólo en el discurso. No solamente se niega a enfrentar de verdad el ajuste, sino que lo aplica en sus provincias. Los gobernadores están enfrascados en negociar cómo zafa cada uno, negociando con el gobierno nacional para que le toque recortar menos que a su vecino. Para eso no tienen problema en mostrarse y hasta elogiar al gobierno nacional, como lo vimos esta semana en Córdoba, en la visita y las recorridas conjuntas de Macri con el gobernador Schiaretti. Del lado del kirchnerismo, ahora tenemos a Cristina Kirchner que pasa del “silencio” a aparecer como oradora en un próximo acto en el Smata con Pignanelli, uno de los burócratas más odiados, el que hace pocos meses era el sindicalista “preferido” de Macri y quien está dejando pasar la flexibilización laboral en su gremio. Con todas estas idas y venidas, no resulta extraño que la burocracia sindical de la CGT, vinculada por mil lazos al peronismo, siga garantizando la tregua con el gobierno, archivando cualquier atisbo de medida de lucha luego del paro general del 25 de junio, que cada vez queda más lejos en el tiempo.

Mientras el gobierno sigue adelante con el ajuste, en muchos lugares se sale a pelear. Así lo hacen los docentes de Capital, provincia de Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Corrientes. O los trabajadores del Astillero Río Santiago, que se movilizaron por miles a la calle enfrentando las mentiras tanto de Macri como de Lanata. O los despedidos de Télam, que siguen firmes en su lucha. Por eso sigue teniendo plena vigencia el reclamo a la CGT y las CTA de que se le dé continuidad al parazo de fines de junio con una nueva medida de fuerza nacional, ahora de 36 horas, como parte de un plan de lucha para enfrentar el ajuste de Macri y el FMI. Ganas de luchar y movilizarse sobran, como lo van a demostrar una vez más las mujeres marchando el próximo 8A para que se apruebe el aborto legal en el Senado.

En este proceso de lucha contra el ajuste de Macri y el FMI, la alternativa no es el peronismo. Todos sus sectores apuestan a dejar pasar el ajuste y se postulan para el 2019. Así lo hacen los eventuales candidatos como Urtubey, Pichetto, Solá o Massa. También el kirchnerista Agustín Rossi, que se sinceró la semana pasada al explicar que, si llegan al gobierno, “iban a reconocer el acuerdo con el FMI”. Por eso la salida viene por izquierda. Desde el FIT decimos que a la crisis hay que oponerle un plan económico de emergencia obrero y popular, no para “el 2019”, sino para resolver hoy la crisis. Rompiendo con el FMI y suspendiendo inmediatamente los pagos de deuda externa para poner todo ese dinero que hoy se destina a los pulpos usureros al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares.

Lo que necesitamos es construir una nueva dirección sindical y política para la clase trabajadora. Para eso tenemos que fortalecer al Frente de Izquierda y al sindicalismo combativo. Para apoyar todas las luchas, para coordinarlas para que ganen, para estar más fuertes para enfrentar el ajuste de Macri y el FMI y para postular al FIT frente a las falsas opciones de los partidos patronales. Te invitamos a sumarte a esta tarea.