Sep 19, 2020 Last Updated 11:39 PM, Sep 16, 2020

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Son más de 2.500 familias las que están sobreviviendo en Guernica, en la zona sur del conurbano bonaerense. El predio tiene unas 100 hectáreas aproximadamente y está abandonado. Es allí donde, con chapas, bolsas de nailon y algunas maderas, se armaron unas casillas precarias con las que vienen resistiendo el frío y las lluvias desde hace meses. La mayoría de las personas asentadas allí son las más afectadas por la crisis social y económica que deja la pandemia. Son personas que trabajan de changas, feriantes, o en casas particulares que en los últimos meses, por la falta de trabajo, han sido desalojadas de las piezas que alquilaban por no poder pagarlas.

Las mujeres que están allí con sus hijxs a cargo le enviaron una carta a Elizabeth Gómez Alcorta y Estela Díaz, titulares de los ministerios de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y Buenos Aires, respectivamente. Les piden que intercedan frente al desalojo inminente, pero por ahora las flamantes ministras no han dicho una sola palabra. Tampoco respondieron la carta. En el final del texto agregan que tienen miedo al desalojo y que esa decisión las arrojará nuevamente a la calle de donde vienen, y lo que están defendiendo es el derecho a la vivienda también de lxs tres mil niñxs que se encuentran allí.

El silencio de las funcionarias avala la postura de los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof, quienes sí tienen una respuesta al problema de la vivienda, desalojo y represión. Es lo que pasó el viernes pasado en la toma de Ciudad Evita, partido de La Matanza, municipio gobernado desde hace casi cuarenta años por el peronismo. Esto se suma al discurso de Berni, quien a través de un video publicado en las redes los primeros días de septiembre hizo propaganda de su política represiva. Se lo ve orgulloso, mostrando que desalojó 868 tomas de terrenos y que, producto de ello, encarcelaron a 524 personas.

Desalojo inminente

La orden de desalojo está en marcha y se espera que se ejecute entre el 23 y el 25 de septiembre. De concretarse, será una muestra más de cómo a este gobierno, por más que diga lo contrario, en realidad no le importan los derechos de las personas más humildes. Por eso, desde las organizaciones feministas y de izquierda estamos acompañando las tomas y su justo reclamo, el derecho a la vivienda. Sabemos que las tomas de tierras y el drama de la falta de viviendas no es una problemática nueva, sino todo lo contrario, lleva décadas por la falta de políticas públicas que resuelvan el grave déficit habitacional que hay en el país. Son 3,5 millones de familias las que no tienen acceso a una vivienda adecuada y cuatro millones de personas viven en 4.400 villas miseria a lo largo y ancho del país, según los datos del Observatorio Social de la UCA. Por eso insistimos en que la represión y el desalojo ejecutados por el gobierno no son una solución.

La pandemia está profundizando la miseria y la pobreza, en especial entre mujeres y niñxs. Ejemplo de ello es lo que se ve en la toma de Guernica, que muestra el crecimiento de la feminización de la pobreza. Las mujeres somos las primeras despedidas en épocas de crisis por tener los trabajos más precarios. Esta situación desigual es la que combatimos desde Isadora y te invitamos a organizarte con nosotras para transformarla juntas. Para ello es necesario pelear contra este gobierno que profundiza el ajuste contra la clase trabajadora con la excusa de la pandemia, mientras les garantiza ganancias millonarias a los poderosos de siempre.

Exigimos una solución inmediata al problema habitacional actual con la implementación de un plan de emergencia basado, en primer lugar, en la utilización de espacios que oficien como albergues comunitarios para garantizar el techo y el abrigo de las miles de personas que hoy duermen a la intemperie, en una casilla, y luego en la confiscación de tierras y viviendas ociosas de millonarios. A la vez, peleamos por la implementación de un plan de viviendas que solucione el drama habitacional de millones de familias. Este plan debe llevarse a cabo sobre la base del no pago de la deuda externa y el cobro de un verdadero impuesto a las grandes fortunas, como el que propone el Frente de Izquierda Unidad.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda- Unidad.

Ludmila Pretti, de 14 años, salió con una amiga el sábado a la noche y no volvió a su casa. La peor de las noticias se la confirmaron a su mamá, al día siguiente. Según la autopsia, la mataron por asfixia. Este nuevo femicidio es el octavo que se produce en lo que va de la pandemia en Moreno, el municipio del oeste del conurbano bonaerense que tiene la mayor cantidad de femicidios. Con mucha tristeza, y sobre todo con mucha bronca, familiares, amigxs y vecinxs de la víctima se movilizaron para exigir justicia.

Fue la policía la que no hizo nada frente a las denuncias que había recibido el día anterior por parte de vecinxs que escucharon gritos que venían de la casa donde ocurrieron los hechos. Fue la policía, también, la que dejó escapar a Cristian Jerez, el principal sospechoso. Y fue esa misma policía la que reprimió y persiguió a las personas que se manifestaban pidiendo justicia por Ludmila.

La bronca popular estalló y rápidamente cientos de jóvenes, en su mayoría mujeres indignadas, se movilizaron frente a la comisaría e hicieron piquetes en la ruta 7 al grito de “Señor, señora no sea indiferente, nos matan a las pibas en la cara de la gente”. A medida que la situación se fue poniendo cada vez más tensa, el cántico fue “yo sabía que a los femicidas los cuida la policía”, denunciando su rol encubridor y machista. La respuesta fue una feroz represión policial, con motos y a los tiros perseguían a las manifestantes. Pero no las iban a amedrentar así de fácil, y con la movilización se logró un primer triunfo, y fue que se busque y encarcele a Cristian Jerez. Pero la lucha continúa y se debe investigar para que los cómplices también sean castigados.

La pandemia de los femicidios no se detiene

En Moreno gobierna Mariel Fernández, del Frente de Todos, y a pesar de ser una mujer no resolvió en sus nueve meses de gestión el drama de que sea uno de los municipios con mayor tasa de femicidios. Tampoco lo solucionó el nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia, a cargo de Estela Díaz, como tampoco el nacional, conducido por Elizabeth Gómez Alcorta. Si hay algo que dejó al descubierto esta pandemia es la falta de políticas públicas para actuar rápido y prevenir estos hechos aberrantes.

Por eso insistimos en que, frente a cada femicidio, el gobierno es responsable. Porque en vez de destinar mayor presupuesto para prevenir y erradicar la violencia de género, lo que viene haciendo es destinar esos recursos para pagar una deuda externa ilegítima e impagable. Cada dólar que se llevan los bonistas usureros o el FMI es plata que no va a escuelas, no va a salud, tampoco a generar empleo, ni mucho menos a combatir la violencia de género.

Es urgente que los gobiernos destinen mayor presupuesto para terminar con la violencia machista, y más en el marco de la pandemia en la que se profundizan todas las desigualdades, entre ellas las de género. Las mujeres sufrimos una triple pandemia, la sanitaria, la social y la de la violencia patriarcal con los femicidios.

Exigimos que el gobierno de Alberto Fernández declare ya la emergencia en violencia de género con presupuesto para combatirla, sobre la base del no pago de la deuda externa, la implementación de un verdadero impuesto a las grandes riquezas, como lo plantea el FIT Unidad, y el retiro de subsidios a las iglesias, en especial a la católica, enemiga declarada de los derechos de las mujeres.

Ludmila de 14 años, fue encontrada brutalmente asesinada el domingo, en una casa de la Localidad de Francisco Álvarez, Moreno, Provincia de Buenos Aires donde residía el principal sospechoso de su femicidio, Cristian Jerez. “Repudiamos el accionar policial, que luego de que se les escapara de la misma comisaria, en vez de estar buscando con todos los recursos al sospechoso, militarizan la comisaría con la Infantería, ante los reclamos de los familiares”, declaró Mercedes Trimarchi, diputada provincial (M.C) por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad.

Trimarchi siguió: “El gobierno de Alberto Fernández no implementa ninguna política pública real ni presupuesto para erradicar la violencia machista ni los femicidios, desde que comenzó la cuarentena se multiplicaron los casos de femicidios. En el marco del aislamiento obligatorio, las mujeres sufrimos una doble pandemia, la del coronavirus y la pandemia social.”

Trimarchi finalizó: “Nos solidarizamos con la familia y exigimos que el gobierno nacional de Alberto Fernández declare ya la emergencia en violencia de género con presupuesto, en base al no pago de la deuda externa y la implementación de un verdadero impuesto a las grandes riquezas, como el que presentó el Frente de Izquierda en el Congreso”.

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Escribe Mercedes Trimarchi, diputada provincia de Buenos Aires (m.c.), Izquierda Socialista/FIT Unidad

Cristina Vázquez tenía 38 años, de los cuales once los pasó tras las rejas, encerrada por un crimen que no cometió. Sin pruebas, la Justicia misionera la condenó a ella, a su amiga, Cecilia Rojas, por el asesinato de una jubilada. En un juicio sin el debido proceso, cargado de irregularidades y hasta con torturas para que “confesara” un delito que no había cometido, en 2010 la condenaron a cadena perpetua basándose en prejuicios y alegando que su estilo de vida daba con el perfil de asesina. Cristina fue condenada por mujer y pobre. Pero con la lucha incansable de su familia, de las organizaciones de derechos humanos y con el ascenso del movimiento feminista, se logró en diciembre del año pasado la absolución para ambas.

Libre, sin ningún tipo de acompañamiento estatal, Cristina estaba totalmente desamparada. Sin apoyo psicológico, con precariedad laboral y con su juventud robada, luego de ocho meses de haber sido absuelta, apareció muerta en la habitación que alquilaba en el barrio El Palomar de la ciudad de Posadas. Según su círculo más íntimo, ella estaba muy preocupada por su estabilidad económica. Ningún organismo estatal, ni los funcionarios de gobierno, ni los jueces que la condenaron sin pruebas, fueron capaces de pedir disculpas por el “error” cometido, ni tampoco le ofrecieron alguna reparación económica, ni una atención integral, ni a ella ni a su familia.

María Ovando, otra víctima de la Justicia misionera, estuvo un año y medio presa acusada de “no impedir” la muerte de su hija de 3 años por desnutrición. La saña con la que la acusaron en 2012 a María fue escandalosa. Ella, analfabeta, abandonada, entregada a un hombre a los 13 años y con doce hijos, víctima de una pobreza extrema, cuando se conoció su historia y por la fuerza de la movilización feminista se logró que la absolvieran. Sin embargo, María irá nuevamente a juicio en septiembre, ahora se la acusa de “no impedir” los abusos contra una de sus hijas y su nieta. Desde que recuperó su libertad, María fue monitoreada sistemáticamente por el Estado que “evaluaba” la relación con sus hijxs y nietxs y desarraigada sin una ayuda integral.

La Justicia es clasista, patriarcal y misógina

Hace unas semanas se estrenó la película Crímenes de familia, basada en hechos reales. En el filme se puede ver cómo la Justicia actúa en dos juicios distintos que involucran a una misma familia adinerada de la ciudad de Buenos Aires. En uno, el acusado es el hijo y enfrenta un juicio por violencia de género y violación. En el otro caso, quien está en el banquillo de los acusados es la empleada doméstica de esa misma familia, quien sin saber que estaba embarazada, da a luz en el baño de servicio de la casa y el bebé nace sin vida. A él, niño rico, a pesar de ser culpable lo absuelven porque logran borrar las pruebas coimeando a funcionarios. A ella, mujer pobre y analfabeta, a pesar de ser inocente, la condenan a prisión.

Lo que se puede ver con claridad es que la Justicia actúa siempre de la misma manera. Mientras los poderosos ricos se manejan con total impunidad, son los sectores más vulnerables y pobres -entre quienes se encuentran las mujeres- quienes se llevan las penas. De ahí el dicho de que las cárceles están llenas de ladrones de gallinas, mientras que los ladrones de guante blanco están libres. Algunos datos lo demuestran: siete de cada diez mujeres privadas de la libertad se encuentran sin condena firme, un porcentaje superior al de los hombres en la misma situación. Según lo advirtió un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) enviado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicado en el diario Perfil el 23/10/18, la gran mayoría de ellas se encuentra detenida por delitos no violentos, ya sea transporte, comercialización o tenencia simple de droga y, en segundo término, por hurto o tentativa de hurto.

Nos queda por agregar que el carácter patriarcal de la Justicia también se ve cuando se le llama “desahogo sexual” a una violación en grupo en Chubut. También al mirar para otro lado cuando las pibas son desaparecidas por las redes de trata que actúan con total impunidad bajo la venia de funcionarios, jueces, policías y proxenetas. Por todo esto, insistimos en que se deben destinar recursos suficientes para capacitar y formar con perspectiva de género a todos los funcionarios de la Justicia. Pero, a la vez, también deben ser sancionados y castigados todos aquellos jueces y fiscales que son responsables de las condenas por “error”, como se demostró en el caso de Cristina Vázquez. Esto en el marco más general que proponemos desde la izquierda para que haya cambios inmediatos dentro de la Justicia, como que los jueces y fiscales sean elegidos por el voto popular, que no tengan esos sueldos millonarios y que los cargos sean revocables.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) Izquierda Socialista/ FIT Unidad

Por estos días se empieza a cobrar la tercera cuota del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el bono de 10.000 pesos que reciben casi nueve millones de personas, solo la mitad de quienes lo solicitaron. Con este tercer pago, que se estaría concretando a seis meses del inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), quienes solicitaron el IFE estarían recibiendo alrededor de 160 pesos diarios para sostener a toda una familia. Un monto totalmente insuficiente.

La mayoría de los que recibieron el IFE son mujeres (55,7%) y jóvenes (61,5%) que tienen entre 18 y 34 años. Este desglose por género y edad permite ver quiénes son las más afectadas por la crisis social, que se suma a la sanitaria, provocada por la pandemia mundial. Somos las mujeres las más precarizadas y quienes soportamos los trabajos peor pagados. La brecha salarial en los empleos registrados es de 29% y se amplía cuando se trata de trabajo informal, llegando a 38%, según los datos oficiales de la Dirección de Economía, Igualdad y Género, a cargo de Mercedes D’Alessandro. Por supuesto que esta discriminación que sufrimos en el mercado laboral no comenzó con la pandemia, pero sí por la falta de políticas públicas se está profundizando y, con ella, la precarización de nuestras vidas.

Además, la violencia de género aumentó durante el encierro y los femicidios no cesan. En los últimos ocho días hubo cuatro femicidios que se sumaron a la larga lista de mujeres, travestis y trans que fueron asesinadas por odio a su género. Pese a estos datos, el gobierno sigue sin dar respuestas que terminen con este otro flagelo durante la pandemia. 

Las trabajadoras de casas particulares, las más castigadas por la pandemia

De quienes limpian las casas, cocinan y se encargan del cuidado de niñas, niños y adultos mayores, el 98% son mujeres y solo están registradas el 30 por ciento. Es decir que la mayoría trabaja en negro, sin recibir aportes para la jubilación, sin obra social ni aguinaldo, entre otros derechos negados. Son ellas quienes están expuestas a todo tipo de maltratos y atropellos, que se profundizaron con el comienzo de la pandemia. En los primeros días del aislamiento se conoció el caso del empresario tandilense que transportó en el baúl de su auto a la empleada doméstica, y casi cien días después, la modelo y conductora de TV Nicole Neumann denigraba en los medios a la señora que trabaja en su casa por contraer coronavirus. Se hizo viral que Nicole Neuman la obligó a irse a un centro de aislamiento, a pesar de que a ella también le dio positivo el hisopado.

En lo que va de la cuarentena casi 21.000 trabajadoras de casas particulares perdieron el empleo. Según los datos del Informe de la Situación y Evolución del Trabajo Registrado, elaborado por el Ministerio de Trabajo, en el primer cuatrimestre de 2020 “el personal doméstico declarado por los empleadores sufrió una reducción de 20.700 puestos de trabajo, pasando de 497.700 a 477.000”. Aquí están las nuevas desocupadas, mujeres y jóvenes, que se suman a las filas de quienes tendrán que asistir a comedores para alimentarse, o quienes serán desalojadas de sus casas por no poder pagar el alquiler.

Plata hay, pero se la llevan afuera

Que paradójico resulta ver que, durante la negociación con los bonistas que se extendió por cuatro meses, el gobierno de Fernández fue cediendo, y entre la primera oferta y la que se terminó firmando se le reconocieron 16.500 millones de dólares más a los acreedores. Un cálculo rápido: les regalaron a los bonistas catorce meses de pago del IFE. Después nos quieren convencer de que no se puede aumentar el IFE, o establecer alguna otra política pública para ayudar a quienes más lo necesitan.

Es urgente que se destinen todos los fondos necesarios para enfrentar la crisis social y sanitaria. Para ello, además de dejar de pagar la deuda, hay que imponer un impuesto a las grandes fortunas y riquezas como propone el proyecto de ley del Frente de Izquierda Unidad presentado en el Congreso.

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