Escribe Juan Carlos Giordano
Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
29/3/24

El gobierno negacionista de Milei difundió este 24M, de manera provocadora, un video del cineasta Santiago Oría, que tiene un despacho en la Casa Rosada, dando cuenta de la versión de los genocidas sobre lo ocurrido en la década del 70 y el posterior golpe cívico-militar-eclesiástico de 1976/1983. En el video se niega el genocidio, a los 30.000, enarbola otra vez la teoría de los dos demonios y pide “memoria completa” para resarcir a los militares asesinos. Una política que vino enfrentando y derrotando nuestro pueblo a fuerza de lucha y movilización durante décadas.

El video, aunque burdo, reedita el debate. Por eso es necesario reafirmar de entrada lo que venimos sosteniendo. Hubo un golpe y fue terrorismo de Estado con el objetivo de frenar el ascenso obrero y popular de entonces e implementar un plan económico de entrega y saqueo al servicio de las multinacionales y el imperialismo. Y alertamos sobre los nuevos peligros. Por ejemplo, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó un proyecto de ley para que la justicia otorgue prisión domiciliaria a militares condenados por delitos de lesa humanidad mayores de 75 años. Propuesta en la que coinciden Victoria Villarruel, Patricia Bullrich, Fernández Meijide y la Iglesia Católica. El obispo Olivera, en una misa de Semana Santa ante jefes de las tres Fuerzas Armadas, dijo: “No debe haber venganza, hoy se los sigue silenciando y etiquetando con miradas parciales e ideologizadas” (Clarín, 28/3). Están hablando de condenados por delitos de lesa humanidad, es decir, delitos cometidos contra la población civil y por ende, no prescriben con el tiempo.

En el video aparece hablando el siniestro personaje “Tata” Yofre, ex titular durante el menemismo de la mafiosa central de inteligencia SIDE, quien escribió 15 libros con la versión de los genocidas. Y el ex montonero Luis Labraña, quien se adjudica haber inventado la cifra de los 30 mil bajo este argumento: “Fue una mentira necesaria para que las Madres de Plaza de Mayo pudieran solventar gastos y tener una casa propia”. ¿Se puede ser tan miserable y mentiroso? En el video se denuncia “el negocio de los derechos humanos, que todo fue por plata”. Repugnante.

Sobre la cifra de los 30.000 desaparecidos (Labraña dice que solo fueron 4.000), se reveló ya en 2006 con documentos desclasificados por Estados Unidos, que los propios militares estimaban que habían matado o hecho desaparecer a unas 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978. El cálculo fue aportado por militares argentinos del Batallón 601 de Inteligencia a su par chileno Enrique Arancibia Clavel, como parte de los informes sobre el Plan Cóndor[1] (nota de Hugo Alconada Mon, La Nación, 24/3/2006, “El Ejército admitió 22.000 crímenes”). También el diario Clarín dio cuenta de la noticia bajo el título "Un informe de EE.UU. dice que hubo 22.000 desaparecidos." El diario El País en el año 1978 hablaba de 30.000. Los organismos de derechos humanos señalan, que al final de todos los juicios, la cifra incluso puede ser superior. Negar a los 30.000, como ya lo había hecho Macri, va unido a negar el genocidio. Y negar el genocidio es desconocer lo que ya fue probado bajo distintas formas, hasta por la justicia.[2] Que la dictadura se valió del aparato del Estado para secuestrar, torturar, asesinar, hacer desaparecer forzadamente a miles de personas, robar bebés nacidos en cautiverio y tantas otras atrocidades.

En el video se dice que lo ocurrido “fue una guerra, que en toda guerra hay excesos y muertos de los dos bandos”. Como cantamos a lo largo de los años “no hubo errores, no hubo excesos, son todos asesinos los milicos del Proceso”. Tan siniestro es Labraña que llega a decir “desde ambos lados (guerrilleros y militares) peleábamos por la libertad”. ¡De qué pelea por la libertad habla este sujeto de militares que ejecutaron un genocidio!
Los negacionistas tildan de “terroristas” a las y los desaparecidos, la gran mayoría luchadoras y luchadores obreros, populares y juveniles. Y si se refieren a las organizaciones armadas, las mismas ya habían sido desarticuladas en gran parte antes del golpe. Hay que recordar que en 1975 el gobierno de Isabel Perón y Luder firmaron decretos de “aniquilamiento”.[3]

En el video también aparece el testimonio de María Cristina Viola, hija del capitán Viola, muerto en un ataque del ERP en 1974 cuyos autores fueron en su mayoría juzgados y condenados. Desde nuestra corriente orientada por Nahuel Moreno y el PST[4] siempre repudiamos estas “acciones ejemplares” de la guerrilla, desligadas de las masas, pero rechazamos que se las pretenda equiparar con el terrorismo de Estado reeditando la teoría de los dos demonios.
El video, a su vez, polemiza con el kirchnerismo mediante falsedades. Yofre, tras reivindicar los indultos bajo el gobierno peronista de Menem[5] y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida[6] de Alfonsín, se lamenta que éstas últimas habrían sido anuladas por el kirchnerismo. Miente. Fue un triunfo de la lucha popular, no producto de los gobiernos de Néstor y Cristina. Fue Patricia Walsh, diputada de Izquierda Unida, quien presentó por primera vez un proyecto de ley con ese reclamo. Lucha que seguimos dando desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia que se viene movilizando de manera independiente de todos los gobiernos. Denunciando a Alfonsín, Menem, Duhalde, De la Rúa. A los gobiernos kirchneristas durante los cuales desapareció Julio López, se puso al represor Milani como Jefe del Ejército, nunca se abrieron los archivos de la represión y se siguió pagando la deuda externa que viene de la dictadura. Al repudiable Macri, al gobierno de Alberto y Cristina, y ahora nos encuentra en esta gran lucha por derrotar el brutal plan motosierra y negacionista de Milei-Villarruel.

Este debate no se trata de una batalla “cultural o ideológica”, como algunos lo pintan. Es una batalla concreta, de todos los días, de vida o muerte. Porque se trata de saber si hay que liberar e indemnizar a quienes cometieron un genocidio, como dicen los ultraderechistas-negacionistas, o, en cambio, de seguir luchando para encarcelar a todos los genocidas que faltan, seguir con los cómplices civiles de la dictadura (grandes empresarios, multinacionales, políticos patronales, burócratas sindicales, la cúpula eclesiástica), reclamar que se abran todos los archivos de la represión y terminar con el plan económico que se implementó con Martínez de Hoz en base a un endeudamiento externo que bajo distintas formas se mantiene hasta nuestros días.
El video, en resumen, es otro acto desesperado en este caso de este gobierno ultraderechista que, a 48 años del golpe intenta contrarrestar los enormes logros de ese gran triunfo revolucionario democrático protagonizado por nuestro pueblo trabajador que tiró abajo a la dictadura sangrienta, logrando encarcelar a centenares de genocidas, siendo un gran ejemplo para en el mundo. Batalla que continuamos desde 1983 contra todos los gobiernos que brindaron impunidad.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad aspiramos a que este aporte sirva para seguir fortaleciendo esta lucha tan importante, que logrará sus frutos definitivos cuando conquistemos un gobierno de la clase trabajadora, con una Argentina Socialista con plena democracia para el pueblo trabajador.

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1. El Plan u Operación Cóndor fue un sistema represivo, de persecución a opositores y de terrorismo de Estado coordinado entre Estados Unidos y militares y servicios de inteligencia de países del Cono Sur en la década del 70, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, al que se sumaron luego Perú y Ecuador. Hubo un juicio en Argentina donde se probó que el Plan Cóndor fue una asociación ilícita para desaparecer personas, más allá de las fronteras.
2. "No había otra solución. Estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta. Por eso, para no provocar protestas dentro y fuera del país, sobre la marcha se llegó a la decisión de que esa gente desapareciera”. Confesión de Jorge Rafael Videla, Presidente de facto de la última dictadura militar, en el libro Disposición Final de Ceferino Reato, 2012.
3. En 1975 se firmaron 4 decretos por parte del gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón. El decreto 2772 le ordenaba a las Fuerzas Armadas, "bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa", la ejecución de las operaciones militares y de seguridad que "sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país".
4. Partido Socialista de los Trabajadores (PST), antecesor de Izquierda Socialista, cuyo máximo dirigente fue Nahuel Moreno. El PST tiene los primeros asesinados bajo la Triple A del gobierno peronista 73/76 y más de 100 asesinadas y asesinados bajo la última dictadura militar 1976/1983.
5. Se conoce como indultos de Menem a 20 decretos sancionados el 6/10/89 y 30/12/90 por el entonces presidente peronista que perdonó a militares de la última dictadura, entre ellos a miembros de las juntas condenados en el Juicio a las Juntas de 1985, a Martínez de Hoz y a líderes de organizaciones guerrilleras, entre otros.
6. La ley de Punto Final (23.492/1986), bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, fue para cerrar el proceso judicial contra los genocidas ante miles de denuncias que no habían sido parte del juicio a las juntas en 1985. La ley dio un plazo de treinta días tras el cual caducaba el derecho a reclamar. Como en ese plazo hubo miles de denuncias más, provocó la sublevación de Aldo Rico y los carapintadas en Semana Santa de 1987, exigiendo impunidad. Alfonsín con la venia del PJ pactó con ellos impulsando la Ley de Obediencia Debida (1987) que dispuso la extinción de acciones penales a los militares que “cumpliendo órdenes” cometieron crímenes bajo la dictadura. En 2003 el Congreso declaró nulas de nulidad absoluta a ambas leyes de la impunidad, permitiendo que se reabran los juicios.

Escribe Dr. Fabian Torres, Izquierda Socialista/FIT Unidad.

Como trabajador de la salud pública de Río Negro nucleado en ASSPUR (Asociación Sindical de Salud Pública de Rio Negro) y junto a los autoconvocados, desde hace varias semanas venimos realizando medidas de fuerza, con marchas, cortes, acampes y abrazos simbólicos en más de 20 hospitales, por recomposición salarial y mejores condiciones ante el gran vaciamiento y falta de recursos humanos, que tienen los hospitales provinciales.

En la última reunión de la mesa salarial a mediados de marzo, entre el gobierno de Alberto Wereltinek y las conducciones burocráticas de ATE y UPCN, pactaron a espaldas de sus bases, un bono de $60.000 para los empleados públicos y un aumento para que ningún trabajador gane menos de 500 mil. Son acuerdos con salarios que siguen siendo de pobreza, cuando la canasta básica ronda los 950 mil pesos. Esta oferta fue fuertemente rechazada por las bases, aunque fue rápidamente aceptada por la dirigencia de ATE y UPCN. Desde hace dos semanas la lucha en la salud pública se potenció con paro de 72 hs de ASSPUR con masiva adhesión. Las manifestaciones se realizaron en toda la provincia y en los principales hospitales.

En la ciudad de Fiske Menuco (General Roca), los trabajadores hospitalarios permanecen con un acampe frente al hospital; desde su asamblea afirman “hoy la salud pública de Río Negro sufre un vaciamiento atroz”, ya que no hay medicamentos en los CAPS ni insumos en la guardia de emergencias ni en los servicios, que hacen imposible una atención de calidad.

En el hospital de Viedma, capital provincial, 15 profesionales de las áreas de medicina clínica, neumonología, gastroenterología y neurología, presentaron una carta de renuncia, cansados de no ser escuchados y no llegar a fin de mes, sumado a la falta de insumos básicos, cómo sueros , antibióticos, falta de anestesia, de recursos humanos capacitados.

El personal del hospital de Bariloche estuvo con paro por tiempo indeterminado, con grandes movilizaciones junto a la comunidad y el sector enfermería no tomó sus turnos en las guardias, lo que generó que el gobierno les abriera sumario administrativo y penal. También renunciaron al hospital los jefes de servicios. Mientras que en el hospital de Cipolletti se realizaron abrazos simbólicos, jornadas culturales y cortes de ruta informativos.

Al calor de la intensificación de la lucha, el gobierno tuvo que convocar, por primera vez, a mesa de diálogo con el combativo gremio de ASSPUR, siendo un avance para el sector de salud pública en lucha. Pero, en simultáneo, el gobernador Weretilneck difundió un video con repudiables declaraciones, donde propuso a los trabajadores de salud pública que se vayan a trabajar al sector privado, porque plata no hay para aumentos, que no esperen respuestas milagrosas, lavándose las mano y dejando la responsabilidad de la falta de recursos al gobierno nacional.

Al concretarse la mesa de dialogo, el gobierno ofreció el mejoramiento de algunos ítems, poniendo como condición que sean aceptados para no avanzar en los sumarios penales y administrativos contra 50 enfermeros del hospital de Bariloche. Para responder la oferta del gobierno, se realizaron asambleas en 25 hospitales con el voto directo de los asambleístas y cada moción se llevó al plenario provincial, donde ASSPUR definió el rechazo por insuficiente exigiendo una propuesta superadora para que ningún trabajador gane menos de la canasta, el retiro de las causas administrativas y penales a las y los enfermeros, la creación de una mesa sectorial de salud permanente y la provisión de insumos y medicamentos. También se resolvió continuar en estado de alerta, asamblea y movilización, hasta la primera semana de abril en la que se convocó a una nueva mesa salarial.

El gobierno pretendía una semana santa sin medidas, pero el jueves arrancó con corte de ruta en Chichinales y diversas protestas en Bariloche, en Río Colorado, y el acampe en Fiske Menuco continúa de manera interrumpida desde hace más de 15 días.

El punto más álgido de la lucha está en Bariloche donde las asambleas siguen siendo masivas. Más de 3.000 personas fueron a rodear el hospital en apoyo a lxs trabajadorxs en un “abrazo simbólico” con distintos números musicales y vigilias. En el marco de la fiesta del chocolate, donde la afluencia de turistas supera el 80% de la capacidad hotelera, se realizó una concentración en el Centro Cívico de gran convocatoria en la que se denunció la intransigencia y cinismo del gobierno provincial. Mientras se expresaban las distintas voces de la heroica e histórica lucha, en la plaza se comenzó a corear “paro general”. Es de destacar la solidaridad de la población que se suma a las protestas, de sectores como Senaf, el gremio docente de Bariloche, Cipolletti, Ate Conicet, UTHGRA Bariloche y el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Bariloche y Zona Andina.

Desde Izquierda Socialista apoyamos esta lucha y llamamos a la más amplia unidad para que la lucha de los trabajadores de salud triunfe, por un sistema de salud pública, de calidad, gratuito, inclusivo, accesible y al servicio de toda la población. Por un paro general y plan de lucha de las centrales sindicales para vencer el ajuste de Milei.

Escribe Juliana García, militante de Derechos Humanos y de Izquierda Socialista/FIT Unidad

A dos días de la masiva movilización del 24M finalizó el juicio por crímenes de Lesa Humanidad a los responsables en las brigadas de investigaciones de Banfield, Quilmes, Lanús y San Justo. El juicio había comenzado en octubre del 2020 y a pesar del tiempo transcurrido y de que algunos genocidas acusados murieron sin recibir condena, la noticia fue recibida como un alivio sobre todo en un contexto en el que desde el gobierno se promueve el negacionismo.

El Tribunal Oral Federal (TOC) N°1 de La Plata condenó a diez genocidas[1] a cadena perpetua, uno[2] a 25 años de prisión y dejó absuelto a Enrique Augusto Barre, defendido por el estudio del actual Ministro Cuneo Libarona. A excepción de Di Pasquale, que está detenido en la Unidad N°34 de Campo de Mayo, los demás represores están todos en prisión domiciliaria. A partir de esta condena se revisará dicho beneficio para que puedan cumplir la pena en prisión común. Es el anhelo de quienes luchamos contra el genocidio de la última dictadura civico-eclesiastico-militar y sobre todo de las 600 víctimas que pasaron por estos cuatro centros de tortura. Como los estudiantes que peleaban por el boleto estudiantil y que fueron secuestrados en la ciudad de La Plata el 16 de septiembre de 1976 en la denominada Noche de los Lápices.

La lucha por la memoria, la verdad y la justicia sigue vigente. Cientos de miles en las calles el pasado 24M lo demuestra. Gritamos bien fuerte que son 30mil y fue genocidio. Exigimos la apertura de los archivos para saber qué hicieron con cada uno de los desaparecidos y a quienes entregaron los bebés apropiados. Seguiremos peleando por cárcel común perpetua y efectiva a todos los genocidas. Al terrorismo de Estado le decimos Nunca Más.

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[1]} Federico Antonio Minicucci, jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada. Guillermo Domínguez Matheu, jefe de Actividades Psicológicas del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata. Carlos Gustavo Fontana, que fungió como enlace entre el Destacamento 101 y el Batallón de Inteligencia 601. Jorge Héctor Di Pasquale, jefe de la sección de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata. Carlos María Romero Pavón, jefe de Reunión Interior del Destacamento 101 de La Plata. Roberto Balmaceda, jefe de Contrainteligencia del Cuerpo de Actividades Especiales del Destacamento 101 de La Plata. Jaime Lamont Smart, el ministro de Gobierno de la provincia durante los primeros años de la dictadura. Juan Miguel Wolk, jefe de la División Delitos contra la Propiedad y de la División Delitos contra las Personas y de la dirección de investigaciones Zona Metropolitana. Jorge Antonio Bergés, médico de la policía bonaerense que actuó en los partos y en el robo de bebés. Horacio Luis Castillo, el comisario que actuó en la Brigada de Investigaciones de Lanús y en el Pozo de Banfield.
^[2] Alberto Julio Candioti, jefe de la sección Comando del Destacamento 101 de La Plata.

Escribe Ana Valverde
Referente de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJEL)

La violencia del ajuste del gobierno ultraderechista sobre las y los jubilados, no tiene límites. Milei y Caputo no disimulan nada y aplican una política criminal licuando con saña los miserables haberes jubilatorios y de pensiones que vienen perdiendo la batalla contra la inflación desde los últimos gobiernos macristas y peronistas-kirchneristas. Solo en el último año, sin contar los bonos, las jubilaciones mínimas se han visto reducidas a la mitad.

Por el castigo a que nos somete nos debe considerar “la casta”. Rara casta cuya mayoría recibe apenas 204 mil pesos, menos de un tercio de los 685 mil pesos calculados por la Defensoría de la Tercera Edad para la canasta básica de los jubilados en el mes de marzo. Es lo que explica que millones de jubilados y pensionados engrosen los altos índices de la pobreza y la indigencia en nuestro país.

Ahora, mediante un nuevo DNU publicado este lunes, el gobierno ha establecido un miserable 12,5% para abril y mantiene la fórmula de la movilidad hasta junio sin considerar la inflación desde que asumió el gobierno. Hasta entonces, se irán dando aumentos a cuenta (12,5 de abril y a determinar por el gobierno en mayo y junio). Recién en julio se aplicaría la nueva fórmula de reajuste por la inflación con dos meses de atraso. En julio se considerará el IPC de mayo, en agosto el de junio y así sucesivamente. Una fórmula compleja que trata de disimular el tremendo ajuste a nuestros haberes para cumplir los compromisos con el FMI.

La nueva propuesta del gobierno determina que en abril se aplique un 25,7% llevando el haber mínimo de 134.445 pesos a 169.000, una cifra que queda muy relegada si se compara con la inflación del 72% ocurrida entre diciembre y febrero. Ese 25,7%, se compone por la inflación del 13,2% de febrero, mas un miserable 12,5% que arbitrariamente el gobierno estableció como “recomposición” por todo lo perdido en los meses anteriores. Al no considerar los verdaderos índices inflacionarios, esta propuesta, que llevaría la mínima a 241.000 pesos, licua brutalmente nuestros haberes.

Un absurdo que nos someterá a mayores penurias y sufrimientos. A pesar de eso, la oposición patronal “dialoguista” de la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica, han manifestado que el 12,5% les parece “insuficiente” y quieren abrir un debate en el Congreso para aumentar ese índice al 20%, como si eso fuera “suficiente”. Repudiamos la política liquidadora del gobierno, pero está claro que no podemos confiar en una oposición patronal que coquetea con el diálogo y que no quiere enfrentarse de verdad al plan motosierra de Milei.

Los diputados del Frente de Izquierda Unidad, han sido los únicos que han salido en bloque a enfrentar este nuevo DNU con un rechazo categórico. “Es realmente indignante. Milei y Caputo quieren perpetrar el robo a los haberes de jubiladas y jubilados, pensionadas y pensionados que ya perdieron 20 puntos con este gobierno. Lo vamos a rechazar tanto en el congreso como en las calles” expresaron. Apoyamos esta postura frente a una política que no contempla ningún mecanismo para recuperar lo perdido.

Desde la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJEL), seguiremos movilizados como todos los miércoles frente al anexo del Congreso, peleando por un haber mínimo igual a la canasta básica del Adulto Mayor, hoy en 685.000 pesos, indexada mensualmente y en defensa de nuestros derechos.

La lucha callejera, sobre todo la que protagonizamos el 24 de enero con el gran paro nacional con movilización, además de resultar determinante para derrotar la Ley Ómnibus, sirvió para demostrar la enorme voluntad de lucha de las y los trabajadores y sectores populares. La CGT y las CTA deben convocar urgente a un nuevo paro general acompañado de un plan de lucha para derrotar el plan motosierra de Milei y el FMI y el protocolo represivo de Bullrich. En ese plan de lucha, deben estar incorporadas con fuerza las reivindicaciones de las y los jubilados y pensionadas que somos parte fundamental de esta movilización contra el gobierno.