Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista/ FIT Unidad

El proyecto de ley para regular el teletrabajo que fue aprobado en la Cámara de Diputados y que pasó al Senado con media sanción, con el apoyo de peronistas kirchneristas y macristas, es un nuevo ataque a nuestros derechos como clase trabajadora y, en especial, contra las mujeres.

Desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) muchas trabajadoras y trabajadores, tanto del sector público como del privado, continuamos con nuestro trabajo pero desde nuestras casas. Es verdad que de esta manera se evitaron muchos contagios, no solo en los lugares de trabajo sino también en el transporte público. Pero esta situación excepcional por la pandemia no debe institucionalizarse, como pretende esta ley, cuando termine la cuarentena, porque implicará un retroceso en nuestros derechos laborales.

De acuerdo con una encuesta realizada por Quiddity publicada en el diario La Nación el 10 de julio, casi el 40% de las personas que están realizando sus tareas con esta modalidad durante la cuarentena admiten que están trabajando más horas que antes. Y esto es así porque no hay límites en los horarios y no se respeta la jornada laboral. Cuesta más concentrarse y, sobre todo, cuando hay otros miembros de la familia a los cuales atender. Nos mandan correos electrónicos a cualquier hora y nos piden trabajos sin respetar los horarios de descanso. Además, ninguna empresa se hace cargo del aumento del consumo de electricidad o de gas o, incluso, de la reparación y mantenimiento de los equipos electrónicos que utilizamos para trabajar.

Quienes están a favor de esta ley argumentan que, de aprobarse, se terminarían los abusos por parte de las patronales porque en el texto del proyecto aparece tipificado el derecho a la desconexión, el respeto a la jornada laboral y la entrega de dispositivos electrónicos por parte de la empresa. Pero sabemos muy bien que esto no ocurrirá, porque al estar en soledad y en la casa tenemos muchas menos posibilidades para organizarnos colectivamente con compañeras y compañeros para enfrentar estos atropellos patronales que solo buscan aumentar sus ganancias.

Las tareas de cuidado seguirán recayendo sobre nosotras

Por otro lado, nos quieren convencer de que esta ley sería un avance para quienes tenemos la responsabilidad de cuidar a otras personas, porque en su artículo 6° enuncia: “Las personas que trabajen bajo esta modalidad y que acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de personas menores de trece (13) años, personas con discapacidad o adultas mayores que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada”.

En primer lugar, este tipo de cuidados debería estar a cargo del Estado y no recaer en una persona (que por el orden patriarcal termina siendo una mujer) que lo hace gratuitamente y que, además, tiene otro trabajo. Pero a la vez también será una trampa para nosotras que, con años de lucha, logramos acceder al mercado laboral fuera de nuestras casas y aun así, con muchas más desventajas que los varones. Techo y paredes de cristal, brecha salarial, acoso laboral, solo por nombrar algunas de las consecuencias que pagamos por haber ingresado en el mundo de la producción que estaba reservado a los hombres.

Las patronales pregonan los “beneficios” del teletrabajo en general, pero especialmente dirigido a las mujeres. Hablan del tiempo que se gana al “estar en casa” evitando los traslados y que hasta se “ahorraría” el costo de contratar a una niñera. Todo un discurso que intenta esconder la superexplotación que vivimos las trabajadoras. Está cantado que, aunque la ley hable de “personas que tengan a otras a su cargo”, sabemos que estas tareas de cuidado recaerán sobre nosotras. No hay duda de que a las primeras que mandarán a trabajar a sus casas será a las mujeres. No es casualidad que nos quieran “devolver” al espacio doméstico una vez más. Para muchas, estar en un lugar diferenciado para el trabajo tiene varias ventajas, como la posibilidad de estrechar vínculos fuera del ámbito familiar, de organizarse colectivamente, de disponer de un espacio/tiempo específico para esas tareas y para el desarrollo personal. La lucha de años por el ingreso de las mujeres en el mercado laboral, principio básico de nuestra autonomía económica, se está viendo amenazada por esta norma. No podemos permitir semejante atropello, debemos organizarnos para que se respeten nuestros derechos conquistados y, a la vez, contra la doble jornada laboral que recae sobre nosotras. Basta de violencia laboral contra las trabajadoras.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad

Las cifras de femicidios y transtravesticidios en nuestro país siguen siendo alarmantes: uno cada veintisiete horas, a lo que se le suma el aumento de la violencia de género durante la cuarentena. Las medidas resultan insuficientes a pesar de los 18.000 millones de pesos destinados al plan.

El gobierno presentó el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género para el período 2020-2022. El anuncio lo hizo la ministra Elizabeth Gómez Alcorta junto a Alberto Fernández en Olivos, el pasado 3 de julio. Sin dudas, era uno de los anuncios más esperados ya que la violencia machista no cesa.

El informe tiene 235 páginas en las que se enumeran 27 medidas y 144 acciones. Con el título rimbombante en el prólogo “Más que un plan, un cambio de paradigma”, la ministra sostiene que “estamos impulsando políticas públicas que permitan crear condiciones materiales para que las personas y grupos más afectados por las violencias de género puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo. El acceso a la vivienda, a la formación laboral y al empleo forman parte de esta definición de políticas de protección integral”. Palabras contundentes, pero veamos en concreto cuáles son las medidas que propone.

En relación con la formación laboral y el empleo, aparecen una serie de capacitaciones para que las víctimas puedan acceder a un mejor trabajo. A su vez, propone una mesa de diálogo con las cámaras empresariales para promover la incorporación de licencias por violencias de género en el sector privado. De lograrse las licencias con goce de sueldo serían un paso adelante muy valioso. Por otro lado, se lanza el programa Acompañar, que consiste en dar una ayuda económica a las personas que se encuentran en situación de riesgo. Pero esa ayuda solo será de 16.875 pesos y por seis meses. 

En relación con el acceso a la vivienda, si bien el plan habla de construir/refuncionalizar doce refugios en todo el país y de armar un convenio con los hoteles para que se destinen plazas para albergar transitoriamente a las víctimas, no vemos que haya una verdadera solución habitacional para quienes se vean obligadas a irse del hogar donde se encuentra el violento. Creemos que sería fundamental dar una solución a esta problemática, por ejemplo, acondicionando ya las viviendas ociosas que existen y con un plan de viviendas a corto plazo para que quienes sufrieron violencia de género tengan su casa propia.

En relación con la línea 144 que recibe las denuncias por violencia de género, correctamente se propone en el plan mejorar la coordinación con otras líneas nacionales y, a la vez, se compromete a incorporar más trabajadorxs. Esto es importante porque actualmente se encuentra totalmente desbordada debido al aumento de las llamadas que hubo desde el inicio de la cuarentena. Pero haciendo caso omiso a los reclamos de quienes ya están trabajando en la línea, las nuevas incorporaciones serán con contratos tercerizados y, de esta manera, continuará la precarización que vienen denunciando desde hace años lxs trabajadorxs.

El aborto voluntario no es parte del plan del gobierno

Por último, y no por ello menos importante, queremos señalar que no aparece mencionado el aborto voluntario como una política necesaria y urgente para terminar con la violencia que implica la clandestinidad. No solo es el maltrato por parte de quienes obstaculizan los derechos ya conquistados, como son los abortos legales por causales, sino que también son violentadas las personas que acuden a los centros de salud por complicaciones de abortos mal practicados. Las internaciones por este motivo, de acuerdo con el último dato disponible del Ministerio de Salud de la Nación, ascienden a 39.025 personas en 2016.

Por todo lo expuesto creemos que el plan que presentó el gobierno es insuficiente. Por supuesto que tiene incorporadas algunas de nuestras demandas, y eso es producto de años de nuestra lucha callejera e incansable. Exigimos que se cumplan inmediatamente. Pero no nos podemos engañar, este plan no responde a todos nuestros reclamos ni tampoco a todo por lo que luchamos. Por eso debemos seguir movilizadas como lo venimos haciendo, y también organizadas de manera independiente de todos los gobiernos. Esa será la única garantía para conquistar nuestros derechos. Lo dijimos en las calles, en las redes y lo volvemos a decir, queremos que se cumpla el #NIUnaMenos y el #AbortoLegal.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista, FIT-Unidad

Las mujeres, lesbianas, travestis, trans e identidades no binaries sufrimos todo tipo de maltrato y discriminación. Durante el aislamiento preventivo y obligatorio que rige en nuestro país desde el 20 de marzo la violencia de género aumentó. Tanto es así que las llamadas a la línea 144 que atiende las denuncias aumentaron casi 40%, según lo reconoció Elizabeth Gómez Alcorta, responsable del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. La ONU ya había recomendado a los distintos mandatarios que tomen medidas especiales para contener y acompañar a las víctimas durante la pandemia, ya que en contextos de aislamiento y encierro la violencia recrudece. 

En la Argentina las cifras de femicidios y transtravesticidios se mantienen altas. Desde el 20 de marzo hasta el 12 de junio, según el Observatorio de la Casa del Encuentro se registraron sesenta y siete femicidios. De hecho, durante la cuarentena bajaron todos los delitos menos la violencia de género. Pese a esto, el ministerio no ha tenido una política pública que revierta esta situación. A seis meses de la asunción del gobierno peronista de Alberto Fernández y con una situación de emergencia sanitaria y social sin precedentes, las mujeres, lesbianas, travestis, trans e identidades no binaries continuamos sin respuestas.

Un informe publicado el 24 de junio en el portal lavaca.org  revela que solamente se ejecutó 26,48% del presupuesto asignado para ese ministerio. Es sorprendente, ya que a esta altura del año debería acercarse al 50%, más si se tiene en cuenta que el presupuesto total es miserable e insuficiente y por el aumento de la violencia machista. El riesgo de la subejecución del presupuesto reside en que se reasignen partidas de dinero que no se usaron a otros sectores. Así lo plantea la normativa vigente, trimestralmente se deben rendir cuentas sobre lo que se gastó y, en el caso de que no se haya gastado todo lo asignado para ese período, el Poder Ejecutivo puede destinar las partidas no utilizadas a otros sectores. De concretarse, es sumamente peligroso, ya que reduciría aún más el escaso presupuesto.

Desde Isadora e Izquierda Socialista en el FIT-Unidad hacemos un llamado de atención frente a esta subejecución. Pero sobre todo decimos que es inadmisible que se destinen solo $11 por mujer por año para combatir la violencia de género, lo mismo que ya había designado Macri en 2019. Contar con un presupuesto acorde para atender esta problemática, que es de vida o muerte para las mujeres e identidades no hegemónicas, es fundamental. Exigimos aumento del presupuesto para construir nuevos refugios y acondicionar los que ya existen, junto con una política integral de atención a las víctimas. Exigimos acompañamiento psicológico con perspectiva de género y patrocinio legal gratuito, una vivienda para quienes se vean obligadas a irse de la casa en la que se encuentra el violento y un subsidio económico que cubra la canasta básica. Estas medidas son urgentes. Necesitamos que se declare la emergencia en violencia de género con un presupuesto acorde, a partir del no pago de la deuda externa, la quita de subsidios a la Iglesia Católica y un impuesto a las grandes riquezas para que la crisis no la paguemos las mujeres trabajadoras y los sectores populares.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista/ FIT Unidad

En el Congreso se está debatiendo una ley para regular el teletrabajo o home office, una modalidad que la cuarentena impuso con la aparición de los primeros casos de Covid-19. Fue consensuada entre el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC), con especial atención al reclamo de los empresarios y acordada con la burocracia sindical. Los medios de comunicación dicen que con esta ley se busca fijar los requisitos mínimos para garantizar derechos y obligaciones de los y las trabajadoras que luego serán incorporados en los convenios colectivos de trabajo. Pero con la sanción de esta ley se consuma un nuevo ataque a nuestros derechos y se avanza en la precarización laboral.

Para las mujeres es presentada como una “posibilidad de aliviar nuestras tareas”, ahorrándonos, por ejemplo, el viaje a nuestros trabajos o el pago de una niñera. Pero el teletrabajo afecta a sectores, como docentes y estatales, donde la mayoría somos mujeres, refuerza la división sexual del trabajo y la doble jornada, partiendo de estereotipos y poniendo a las mujeres como responsables de las tareas hogareñas.

La realidad de nuestros hogares es caótica, de un día para el otro se transformaron en nuestros lugares de trabajo, de estudio y de vida. Pasamos a convivir las veinticuatro horas del día todos los integrantes de la familia, compartiendo los mismos espacios y las mismas pantallas. Sí, las tareas escolares y el teletrabajo los realizamos al mismo tiempo y en el mismo lugar, pagando de nuestros bolsillos los aumentos por el consumo de luz, gas e internet y utilizando nuestras computadoras y celulares al borde del colapso. Muy lejos está el mundo ideal donde las casas tienen escritorios personales, sala de juegos, dormitorios separados y un comedor aparte. Esa distribución solo existe en la ficción que nos muestran en las películas. La realidad cotidiana de las familias trabajadoras está muy lejos de esa imagen porque en nuestros hogares hay una sola mesa que compartimos entre todos los integrantes de la familia, allí se come, se estudia y se trabaja. Ni hablar de la situación que se vive en los barrios populares, donde muchas veces ni siquiera hay acceso al agua potable. A casi cien días de declarada la cuarentena el gobierno nacional y los provinciales no han garantizado las condiciones dignas en el hogar para el teletrabajo o para el estudio de niñes y adolescentes. Regularizar esta situación, como pretenden desde el Congreso con este proyecto de ley de teletrabajo, es institucionalizar un estado de excepcionalidad en detrimento de nuestros derechos.

Hace unas semanas, en El Socialista comentamos una encuesta que realizaron las trabajadoras del Ferrocarril Sarmiento que integran la agrupación Mujer Bonita es la que Lucha, en la que se advierte que el 60% de las trabajadoras ferroviarias son el único sostén económico del hogar  (https://bit.ly/2BtPxcD). Estos datos se corresponden con la realidad del conjunto de las trabajadoras, ya que somos las mujeres las jefas de los hogares más humildes. Sobre nosotras recae el sostén económico y emocional de nuestros hijes, sin ningún tipo de ayuda ni acompañamiento estatal. Durante la cuarentena las mujeres somos cuidadoras de tiempo completo y a eso se le suma la sobrecarga del teletrabajo en la que no se respetan siquiera las horas de descanso. Así nuestros cuerpos reciben una sobrecarga que conlleva graves consecuencias para nuestra salud. Exigimos una cuarentena con derechos, sin despidos, suspensiones ni rebaja salarial y con licencias pagas para las madres y padres que tengan a su cargo hijes y adultes mayores. Por eso advertimos que la “regularización” del teletrabajo por fuera de la situación de excepcionalidad de la cuarentena y la pandemia del Covid-19 estará al servicio de profundizar la precarización laboral, la flexibilidad de nuestras tareas y reforzará la doble jornada laboral.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista en el FIT/ Unidad

El pasado 13 de junio se cumplieron dos años de la media sanción al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Recordamos con mucha emoción aquella jornada de lucha por el aborto legal en la que estuvimos frente al Congreso con temperaturas bajo cero durante más de veinte horas. Sin embargo, esa alegría nos duró menos de dos meses, porque el 8 de agosto de ese mismo año senadores peronistas, radicales, kirchneristas y de Cambiemos votaron en contra, votaron para que continúe el aborto clandestino, uniéndose con los sectores eclesiásticos más reaccionarios y conservadores en una fuerte cruzada contra las mujeres y disidencias. A dos años de aquella jornada histórica seguimos reclamando que el aborto #SeaLey.

En la Argentina se realizan aproximadamente 54 abortos por hora, 1.300 por día, entre 370.000 y 520.000 al año. El aborto es una realidad y un problema de salud pública; que no se le dé prioridad a esta problemática es responsabilidad del gobierno. Los abortos inseguros causan graves secuelas físicas en los cuerpos gestantes: hemorragias, infecciones, peritonitis, rotura uterina, lesiones en vagina y útero, infertilidad, entre otras. La muerte es la consecuencia más extrema y no es casualidad que quienes la sufren sean las personas más pobres que no tienen posibilidad de acceder a un aborto con los cuidados necesarios.

Un informe elaborado por el portal feminista Latfem, en colaboración con Amnistía Internacional, denominado “Sin ley: zona de riesgo”, relata la historia de las catorce mujeres y niñas que murieron por abortos inseguros desde que el Senado dijo que no a la legalización del aborto voluntario. Los datos fueron recolectados de los casos que fueron noticia en los medios de comunicación, ya que no hay registros actualizados que den cuenta de estas situaciones, que seguramente son más, pero la clandestinidad no permite que se lleve un registro exhaustivo. Seis mujeres del conurbano bonaerense, tres santiagueñas, una niña wichí de Chaco y otra niña salteña, una joven de 22 años en Formosa y una madre de dos hijos pequeños en Catamarca. Todas muertes evitables.

Alberto Fernández mira para otro lado

El presidente se pronunció en varias oportunidades a favor de la legalización del aborto y anunció el 1° de marzo que enviaría un proyecto propio distinto del de la Campaña Nacional. Pero, fiel a su doble discurso, hasta el momento no lo dio a conocer y, según sus declaraciones, su proyecto fue consensuado con los “celestes”, en referencia al color del pañuelo de quienes se oponen a la legalización del aborto voluntario. Luego vino el aislamiento preventivo obligatorio, el Congreso comenzó a funcionar virtualmente y hasta el momento nada.

Llamativamente, en vísperas del 3J, que conmemora el #NiUnaMenos, Alberto Fernández fue entrevistado en Radio Metro y al ser consultado por el tema reconoció que ​no se tratará en el corto plazo, alegando que tiene “otras urgencias que van desde la pandemia hasta la deuda externa”. Pero insistimos, el aborto es un problema de salud pública y en este contexto debería ser prioritario, ya que hasta el acceso a las interrupciones legales de los embarazos (ILE) presentan todo tipo de dificultades que van desde la falta de información hasta la demora en la atención, entre otras.  

Que se apruebe el proyecto de la campaña

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y gratuito está integrada por más de setecientas organizaciones políticas, sociales, culturales, de derechos humanos, etcétera. El año pasado presentó por octava vez en el Congreso el proyecto de ley que fue elaborado por el movimiento feminista y recoge los aportes del debate parlamentario de 2018. En su texto se establece la gratuidad de la práctica y que la sola decisión de la mujer o persona gestante baste para que se le garantice la interrupción del embarazo de manera gratuita, hasta la semana catorce. Este es el proyecto de la #MareaVerde y tiene estado parlamentario, es decir que se podría votar ahora si hubiera voluntad política para hacerlo. Por eso exigimos que se apruebe inmediatamente el proyecto de ley de la Campaña, sin dilaciones y sin concesiones a las iglesias y sectores conservadores que se interponen a nuestras necesidades urgentes e imperiosas. A dos años de aquella jornada histórica seguimos gritando #AbortoLegalYa.