Jun 13, 2021 Last Updated 1:51 PM, Jun 13, 2021

Escribe Marcela Martín. Delegada de Ate e integrante de la Asamblea Ambiental de Santa María y de Ambiente en Lucha.

La Argentina en plena pandemia sanitaria y social, nos encuentra con la resistencia de los pueblos de distintas regiones defendiendo la vida y la naturaleza. El gobierno de Alberto Fernández alienta el extractivismo y el saqueo, política que los gobernadores ejecutan en total acuerdo, en beneficio de la ganancia de empresarios y multinacionales. En este marco, en varias provincias se desarrollan luchas en defensa de sus territorios y economías regionales desde organizaciones de base asamblearias.
La provincia de Córdoba padece desde hace 20 años el peronismo sojero y desmontador.  Lapso en el cual se han desarrollado grandes luchas contra esas políticas y hoy, entre otras, se desarrolla la que se opone a la Autovía de Montaña, con un trazado de 47 kilómetros de extensión, desde el Dique San Roque hasta La Cumbre. Todo esto está en el marco del proyecto bioceánico del IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Suramericana).

El proyecto ya intentó concretarse en 2018, pero la férrea organización territorial en el Valle de Punilla en una Coordinadora de Asambleas lo impidió. Se utilizaron todos los medios de organización y lucha, llegando a la histórica audiencia pública que durante ocho días nos tuvo presentando nuestros argumentos económicos, culturales, antropológicos, turísticos, sanitarios y biológicos en defensa del bosque nativo, que incluían también la recuperación del tren como factor central del desarrollo regional.

A dos años de esa experiencia, en diciembre de 2020 Schiaretti volvió a arremeter con el proyecto pendiente, que corre la traza al oeste de la Ruta 38 con un presupuesto de 100 millones de dólares, obligando a los vecinos del Valle de Punilla a retomar la lucha. El argumento de Schiaretti es que escuchó a los vecinos que reclamaban:”no por el Este”. La legislatura de Córdoba aprobó las expropiaciones, aunque Asambleas y distintas organizaciones nos manifestamos frente a la legislatura repudiándolo.
La obra pública es el centro de la campaña del gobierno, también fuente de inmensos negocios inmobiliarios favorecidos por los incendios que en 2020 ocasionaron la quema de más de 300.000 hectáreas.

Hace unos días presentamos un petitorio con más de 2.000 firmas al gobernador, un pedido de audiencia pública presencial al aire libre y una copia a la Comunidad Regional del Valle de Punilla. Ya estamos con cada asamblea en nuestros pueblos explicando los detalles y el trasfondo de la obra a los vecinos, dado que se intenta instalar que el progreso y el alivio del tránsito llegarán con esta monumental obra.

El gobierno oculta que se destruirán los reservorios de agua de la cuenca del Valle y las reservas naturales. Nada dice de la falta de agua potable de la región donde la crisis hídrica lleva años y las plantas potabilizadoras esperan la inversión que no llega. Niega el desmantelamiento de la atención sanitaria en el Hospital Domingo Funes con la mayoría de su personal precarizado. Comenzaron las clases presenciales y todavía hay escuelas sin terminar, aulas sin habilitar y con faltante de bancos. Los salarios del personal sanitario y de la educación con una pérdida del 30% también son ignorados. Lo que es  necesario, en vez de la autovía, es inversión en el ferrocarril para uso de la población del Valle y para capitalizar aún más su función turística sin afectar el ambiente.

Ya lo sabemos, lo vivimo y lo aprendimos: solo con la unidad y coordinación podremos  torcer el brazo al gobierno de Schiaretti y de Fernández, socios en la política saqueadora y contaminante. La lucha continúa. Los gobiernos patronales saben que no bajaremos los brazos.

Escribe Ambiente en Lucha La Matanza

Klaukol ocasiona un desastre ecológico del cual sufren sus consecuencias la población matancera. Esto es lo que viene sucediendo con la multinacional suiza, que produce materiales para la construcción (impermeabilizantes principalmente) y está instalada en la zona de Virrey del Pino desde el año 2000.

En el año 2009 se produjo una explosión en una de las chimeneas que terminó de cubrir de polvo el barrio Las Mercedes, que se encuentra pegado a la fábrica. A partir de esto, una vecina (Susana Aranda), comenzó a hacer un censo casero y salió a la luz que muchas de las familias que viven en cercanía de esta empresa enferman recurrentemente de cáncer, enfermedades respiratorias y otras ligadas directamente a un producto que emana de sus chimeneas, el sílice.

En los últimos diez años más de 100 vecinos en cuatro o cinco manzanas en torno a Sika-Klaukol, han fallecido, inclusive familias enteras. En el 2014 la autoridad de Acumar comprobó que el 100 % de los chicos de la zona tienen plomo en sangre. Esta empresa tiene una categoría 3, esto quiere decir que es una industria nociva para las personas que viven alrededor y, según la ley provincial 11.459, no tendría que estar ubicada a menos de 8 kilómetros de cualquier casco urbano. Es por esto que los vecinos se empezaron a organizar exigiendo el cierre y la reubicación de la misma. Recurriendo a la justicia, lo que se viene pasando de juzgado en juzgado desde hace diez años sin que se expida. Han ido también al municipio para reclamar, pero el gobierno local (del partido justicialista) no ha dado respuesta. Es más, vienen sufriendo aprietes por matones a sueldo para que abandonen la pelea contra la multinacional, pero no los han conseguido acallar.

Desde mediados de 2020 y principios de 2021 el caso de Nadia Carbajal es emblemático: su estado de salud es muy delicado producto del sílice particulado que emana la chimenea de la fábrica que está frente a su casa. Por esto en marzo de este año han bloqueado el portón de Sika- Klaukol, sin respuestas, sufriendo ataques y persecución por parte de la multinacional, junto con el hostigamiento policial, sin atender el reclamo de los vecinos y la indicación de los médicos de Nadia de que ella por su condición de salud no puede estar en el barrio.
Desde Ambiente en Lucha  La Matanza venimos acompañando esta pelea poniéndonos a disposición de los vecinos contra Klaukol, colaborando con sus iniciativas y difundiendo las actividades. En la última asamblea del acampe el 4 de marzo pasado, participó el diputado nacional de Izquierda Socialista en el FIT Unidad Juan Carlos Giordano, para solidarizarse yayudando a la visibilizaciòn de esta lucha. También como parte del Suteba La Matanza, desde su comisión de Medio Ambiente y siendo docentes de la zona afectada por Sika-Klaukol venimos acompañando esta lucha exigiendo el cierre, la reubicación de esta empresa y que garantice a sus trabajadores el puesto laboral.

Escribe Viviana Puccio

En febrero de 2020, Alberto Fernández con un Decreto reconoce al DNU creador de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), e indica “revisar en 60 días la legalidad de todos los procesos (disposición, cesión, enajenación, transferencia, desafectación, asignación en uso o dación en pago) sobre inmuebles entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Fueron numerosos “los acuerdos” entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires incluyendo tierras ferroviarias pertenecientes a las antiguas Playas de Maniobras (Palermo, Caballito, Liniers, Colegiales, Villa Urquiza, sectores de Retiro, Palermo Chico), que la AABE se encargó de rematar, pero también fueron tierras del dominio público de la Ciudad que ésta “transfirió” a la Nación y ésta, a su vez, a través de la AABE, a la concesionaria del Aeroparque Jorge Newbery.

La AABE vendió por su cuenta parcelas, entregó concesiones más que irregulares que afectan las superficies situadas debajo de los viaductos ferroviarios de las Líneas Mitre, San Martín y Belgrano Sur. Ya pasó más de un año y el informe de la AABE nunca se realizó.
Ambiente en Lucha junto con otras organizaciones ambientalistas y de vecinos, promovemos la presentación de proyectos de ley ante la Legislatura Porteña para la derogación de varias leyes de la Ciudad que favorecen la urbanización de las Playas Ferroviarias de Palermo, Caballito, Liniers, Colegiales, de Villa Urquiza, sectores de Retiro y Palermo Chico y que se habilite sólo usos comunitarios con espacios verdes públicos en los bajoviaductos. Estas leyes, en su momento fueron sancionadas por la “mayoría automática” con que cuenta el oficialismo local desde hace algunos años, sin pasar por el Congreso de la Nación, según manda la Constitución Nacional.

El problema principal son los funcionarios y políticos de todos los gobiernos patronales (nacionales, provinciales, municipales y de CABA) de todas las épocas, que priorizan los negocios inmobiliarios al bienestar de los trabajadores y sus familias. La política de beneficiar a la corporación inmobiliaria se convirtió en una política de Estado en las últimas tres décadas.

En las tierras recuperadas, podría idearse un sistema Metropolitano de Parques y Reservas Naturales del AMBA de acceso gratuito e irrestricto, resguardando la funcionalidad de su destino original, para el mejor funcionamiento de la red ferroviaria y reutilizar las construcciones patrimoniales para actividades educativas y culturales públicas.

Desde Ambiente en Lucha, apoyamos estos reclamos teniendo siempre presente que necesitamos que los vecinos se sumen y organizar así un plan de lucha con movilizaciones a los centros políticos y actividades  en los espacios a recuperar,  no sólo para preservar el patrimonio ferroviario sino también para mejorar y mejorar la calidad ambiental y de vida.

(Nota publicada en El Socialista n° 490, 26 de enero de 2021)

Escribe Marcelo Brizuela, del barrio Procrear 2 de La Reja Grande

En medio de la pandemia, el gobierno de Mariel Fernández, del Frente de Todos, quiere instalar una planta de transferencia de basura frente a barrios densamente poblados, lo cual traerá consecuencias devastadoras.
Con la excusa de abaratar costos, el municipio, con este proyecto, va a poner en riesgo la salud de los vecinos, exponiéndolos a enfermedades infectocontagiosas, problemas respiratorios, dérmicos, de zoonosis, agudizando la ya crítica calidad de vida porque aún no contamos con cloacas, agua potable y asfalto. Prioriza el ajuste a costa de la salud del pueblo trabajador. Una política repudiable.

El tratamiento de los residuos en esta clase de plantas produce emanaciones de fluidos tóxicos (lixiviados) que contaminan el suelo y las napas de agua, situación que llevaría a la proliferación de enfermedades cancerígenas.
El constante tránsito de cientos de camiones por día también producirá contaminación sonora y del aire.

Este proyecto forma parte del programa Gestión Integral de Residuos y Sólidos Urbanos (Girsu) llevado adelante por el gobierno peronista nacional y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que dirige Juan Cabandié, y genera las condiciones legales para armar estos negocios. Así, el gobierno de Alberto Fernández tomará deuda pública por 215 millones de pesos para financiar un proyecto en manos de empresas privadas. En la misma línea, Cambiemos (Asseff en Moreno), siendo consecuente con su política de negociados con la basura, coincide con el proyecto oficial, diferenciándose solo en el pedido de relocalización pero manteniendo el negocio privado.

Es clave en estos proyectos el código de zonificación, que se encuentra desactualizado y desconoce a miles de vecinas y vecinos que viven alrededor del inmenso predio donde pretenden poner la planta de residuos.
Para lograr la relocalización, frenar el negociado capitalista y la contaminación ambiental hay que mantener firme la movilización, los cortes de ruta, la difusión y, sobre todo, las asambleas de vecinas y vecinos.

Exigimos la relocalización de la planta de transferencia, bajo gestión y control estatal, con la supervisión y el monitoreo de las y los vecinos, trabajadores, organizaciones ambientalistas, políticas y sociales. Nos pronunciamos por la creación de un programa eco-educativo que tenga como objetivo la reducción y reciclaje de basura, y que genere a su vez fuentes de trabajo genuinas. Este proyecto debería ser financiado dejando de pagar la fraudulenta deuda externa. Desde Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha de Moreno venimos acompañando esta pelea y llamamos a la más amplia solidaridad para triunfar.

Escribe Guido Poletti

Desde mediados del año pasado, el gobierno de Alberto Fernández viene avanzando con su proyecto de instalar en nuestro país megafábricas de producción de carne porcino con destino al mercado chino. Este acuerdo nació por la necesidad de la dictadura capitalista china de abastecerse de dicha carne luego del brote de la Peste Porcina Africana que, desde  2018 a hoy, ya obligó a liquidar el 40% de los cerdos en ese país. China busca reemplazar esa producción y para eso aleja de sus tierras estas megafábricas y hacer que otros países sufran los riesgos sanitarios y ambientales.
Un dato no menor fue que el primer anuncio de este proyecto no lo hizo el gobierno, sino el laboratorio Biogénesis Bagó, una de las empresas vinculadas con el ahora famoso empresario Hugo Sigman. Su conglomerado empresario multinacional queda así vinculado a ambos lados de la pandemia: por un lado como productor de la vacuna contra el coronavirus para AstraZeneca, y por otro, como promotor de las fábricas de potenciales próximas pandemias.

Si el acuerdo se llega a implementar, se convertiría a la Argentina en uno de los mayores productores industriales de carne porcina a nivel mundial, pasando de una producción de seis a cien millones de cerdos en los próximos 8 años. Se plantea la creación de de enormes establecimientos donde 12.000 madres darían a luz un promedio de treinta cerdos, culminando con 375.000 al año, en estado de hacinamiento, tortura, mutilación, proliferación de enfermedades, un consumo de millones de litros de agua y una generación de desechos gigantesca.Esto requeriría también la producción de 20 millones de toneladas de maíz y 5 millones de toneladas de porotos para la alimentación de los cerdos, lo que implicaría expandir más aún la frontera agrícola, con su consecuencia de desmontes, destrucción de humedales y biodiversidad.

Poner en marcha este tipo de factorías es un auténtico ecocidio. Los animales son hacinados en galpones generando gran cantidad de desechos y efluentes, focos de contaminación y la incubación de nuevos virus. Los cerdos son modificados genéticamente para ser más “productivos” y las respuestas inmunológicas se ven deterioradas por la gran cantidad de antibióticos que les son administrados para mantenerlos a salvo de las distintas enfermedades que aparecen y se propagan rápidamente, producto de esta forma de producción y reproducción. Se aumenta en forma exponencial el riesgo de procesos de zoonosis, o sea la transmisión de enfermedades de animales a humanos, tal como ha sucedido con el Covid 19. Como ejemplo, recientemente se descubrió en granjas industriales en China un virus conocido como G4 EA H1N1, que los investigadores temen que pueda mutar y expandirse fácilmente.El objetivo de todo esto es el de siempre: generar divisas para aplicarlas al pago de la inmoral e ilegítima deuda externa.

Una vez conocido el acuerdo, se dieron varias jornadas de rechazo, motorizadas por diversas organizaciones de defensa del ambiente, de las que participamos como Ambiente en Lucha. También fue uno de los temas prioritarios que se dio en su propia conformación la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones (BFS). Ante el crecimiento de la oposición al proyecto, el gobierno primero postergó la firma del pacto de entendimiento, planteando cínicamente que se incorporaría un artículo donde “se asegura el respeto de las leyes de protección ambiental, los recursos naturales y la bioseguridad”.

Frente a la postergación, nuestra postura fue clara: “Ni en noviembre (la fecha hasta la que se postergó) ni nunca”.
El gobierno del Frente de Todos ha hecho gala frente al tema de toda la gama de su doble discurso. Por un lado  ha salido a decir que quienes protestan son “sectores urbanos, ideologizados, que no saben cómo funciona el campo”. Cuando fue desde las propias  provincias donde trascendió que se instalarán las fábricas que partieron las denuncias de pequeños productores y campesinos que ven en este proyecto una profundización del modelo de agronegocios depredador y contaminante vigente hace décadas.

También desde voceros del propio gobierno se lanzó la campaña de que quienes protestan contra este acuerdo son “financiados por la embajada yanqui”, cuando la convocatoria de la misma primera acción de protesta fue clarísima: “No al pacto de megafábricas de cerdos ni con China, ni con nadie”. Porque somos los mismos que, con la misma fuerza con que repudiamos este acuerdo con China, repudiamos el  fracking al servicio de Chevron o la Hidrovía del Paraná que le garantiza las superganancias a Cargill o ADM.
 
El ministro de Ambiente Juan Carlos Cabandié se la pasa haciendo declaraciones demagógicas acerca de una supuesta “agenda ambiental” del gobierno (mientras en la práctica demuestra su absoluta incapacidad e insensibilidad ante catástrofes como los incendios en la Patagonia). El propio presidente Alberto Fernández se reunió con referentes veganos y hasta se saca una foto con un cartel de “no al acuerdo porcino”. ¡Para que al día siguiente se ratificó que el proyecto sigue adelante!

En los primeros meses de 2021, “en silencio”, las negociaciones para instalar las megafábricas siguen adelante. En estos días ha trascendido la aprobación de un crédito por 194 millones de pesos del Banco de Inversión y Comercio (BICE) para ampliar la producción de cerdos de la empresa Los Llanos S.A.U. en la localidad de Chepes, La Rioja, en línea con el acuerdo entre nuestro país y China.

Desde Ambiente en Lucha y la Juventud de Izquierda Socialista, nos opusimos desde el principio a este acuerdo que profundiza el modelo del agronegocio tóxico con beneficios para unos pocos y en detrimento de toda la población y el ambiente. No queremos que Argentina se convierta en una factoría de cerdos ni una fábrica de nuevas pandemias. Sigamos organizados y haciendo escuchar nuestro grito: ¡No al acuerdo porcino!


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