El 3 de junio de 2015 más de 500 mil personas nos movilizamos en todo el país para exigir el fin de los femicidios y de la violencia machista. A diario los medios masivos de comunicación revelan que éstos no pararon. Lo llamativo es que los mismos que en la campaña #NiUnaMenos se hicieron eco del reclamo, ponen estas noticias en las secciones menos visibles, llegando al colmo de ubicarlas en "Vida Cotidiana", como lo hizo el diario Clarín del 4/2/2016 con el caso de Mariana Colman quien fue asesinada por su jefe, con la justificación de que: "la maté porque me ignoraba". Esta es una muestra más de la violencia mediática.

Recordemos que "femicidio" es una categoría política que denuncia el modo en que la sociedad vuelve natural algo que no lo es: el femicidio es el asesinato de un hombre a una mujer a quien considera su propiedad y es resultado de la cultura patriarcal. Los femicidios, entonces, no son cualquier crimen, no son problemas de seguridad, ni deben ser considerados como normales o cotidianos.

Es repudiable que quienes dicen rechazar la violencia hacia las mujeres perpetúen su cosificación, realicen un tratamiento aislado de la problemática, y naturalicen y banalicen estos hechos aberrantes. Por eso, en las calles y a los medios exigimos ¡Basta de violencia machista!

"Durante los años 2016 y 2017 llevaremos adelante desde Izquierda Socialista en el FIT nuestra tarea legislativa y lo haremos en consonancia con los puntos más urgentes de la agenda de las luchas de las mujeres, que en particular sufren en Santiago una de las situaciones más preocupantes del país y donde también crecen las movilizaciones exigiendo al gobierno provincial las urgentes medidas pertinentes".

"En una de las provincias que encabeza los índices de femicidios, violaciones y muertes por abortos clandestinos, donde los casos de abortos no punibles carecen de un protocolo para ser llevados a cabo y en el marco del empobrecimiento y la precarización de la vida de las mujeres, consideramos de gran importancia impulsar la movilización y llevar a la legislatura los proyectos de ley que continúen poniendo en debate nuestras reales necesidades y denuncien la inexistencia en la provincia de políticas públicas que den una respuesta a los reclamos que desde hace tanto tiempo venimos acompañando y expresando en las calles".

Durante el 2015, las ferroviarias del Sarmiento, llevamos adelante una intensa campaña para lograr la incorporación de mujeres a los puestos para conducir trenes, tarea históricamente reservada a los varones.

Hicimos reuniones, volantes, marchas, actividades y reclamos de todo tipo ante la empresa Trenes Argentinos, el gremio de La Fraternidad que maneja la bolsa de trabajo e incluso el INADI.

Fruto de esta lucha por la igualdad laboral, conseguimos que se abriera la convocatoria para el ingreso, por primera vez en la historia, también para mujeres.
Con mucho entusiasmo y con el apoyo de todas las ferroviarias y de la Lista Bordó Nacional, 8 compañeras se prepararon para rendir el primer examen. Lamentablemente, La Fraternidad dictaminó que sólo uno estaba aprobado y nos negó la posibilidad de ver las correcciones. Reclamamos la revisión, pero nos fue negada. La única compañera que aprobó, aún no fue convocada.

Sabemos que nos enfrentamos a muchos años de discriminación y a conducciones gremiales arrastradas a los gobiernos de turno. Sabemos que nuestra lucha no es fácil. Pero estamos dispuestas a seguir adelante, y por eso en este 2016 seguiremos la pelea por el acceso a todas las categorías, por el salario, las condiciones de trabajo y contra el convenio de los '90 que firmó la burocracia de Pedraza por orden de Cristina y que Macri quiere aplicar. Ya nos estamos organizando para preparar un 8 de marzo de lucha.

En Córdoba, como en el resto del país, miles se movilizaron exigiendo al gobierno nacional y de la provincia, que se hagan responsables de la atención, asistencia y acompañamiento de las víctimas de violencia, que destine presupuesto y políticas públicsa contra la violencia machista. Pero el cambio de gobierno en la provincia no solo no respondió ni se responsabilizó de esto, sino que contestó con despidos a las y los profesionales en áreas tan sensibles como es la Dirección de Violencia Familiar y la Secretaría de Trata.

Ya veníamos denunciando la escasa política pública respecto a los temas de violencia que se sufren en nuestra provincia y la complicidad de la justicia patriarcal que deja sueltos a femicidas, violadores y violentos. Parte de esto siempre fue la precarización laboral de las y los profesionales. De las aproximadamente 70 personas que trabajan en la Dirección de Violencia provincial, solo 5 son personal de planta permanente. El resto tienen contratos basuras o becas con salarios insuficientes por lo que, al desgate laboral producto de trabajar con casos extremos de vulnerabilidad social, hay que sumarle la violencia de la precarización laboral del propio Estado. Por ejemplo, nos encontramos con el absurdo de 900 mujeres víctimas de violencia con botones antipático y 2 profesionales para atenderlas con contratos precarios. De más está recordar que en la mayoría de los casos, las personas que trabajan en estas condiciones son mujeres.

En Córdoba como en todo el país seguimos reclamando basta de despidos. No al desmantelamiento de los programas dirigidos a las mujeres. Basta de precarización laboral y por aumento de presupuesto para el cumplimiento de la ley nacional 26.845 de erradicación de las violencias contra las mujeres.

En la Argentina se nos presenta como un hecho consumado la ilegalidad del aborto, sin embargo, en gran parte del mundo esto no es así. En más de 100 países, que comprenden el 74% de la población mundial, el aborto es legal.

En Europa, Asia, y América del Norte, el aborto legal, seguro, y gratuito, ha sido conquistado de la mano de la lucha de las mujeres. Sin embargo, en los momentos de mayor crisis económica, es cuando los distintos gobiernos pretenden avanzar sobre este tipo de conquistas. En Hungría, Polonia, y Rusia, los gobiernos y los sectores clericales impulsan campañas cuestionando este derecho de las mujeres. En Italia, distintos dirigentes políticos vienen impulsando una "subvención anti-aborto" para influir en la decisión de las mujeres de interrumpir voluntariamente su embarazo y cada vez resulta más difícil encontrar médicos que no se amparen en la "objeción de conciencia" para no garantizar el derecho. En Francia, tras cumplirse 100 años de la separación de la "Iglesia del Estado", tanto de Sarkozy como de Hollande, manifestaron su intención de "reorientar la concepción de neutralidad religiosa", fruto del aumento de las cifras de aborto. Sin embargo, este caso tuvo como contracara positiva, la decisión de modificar el sistema de salud público, haciendo extender la cobertura gratuita por parte del Estado a los distintos estudios y consultas pre y post aborto. De esta manera, se universalizó verdaderamente este derecho.

En el Estado Español una lucha emblemática del movimiento de mujeres logró frenar el intento de quitarnos el acceso al aborto legal años atrás, marcando el camino a seguir para las mujeres a nivel mundial.

Como contrapartida, en Latinoamérica (exceptuando Cuba, Uruguay y Puerto Rico), África, y muchos de los países árabes, el aborto clandestino es una de las principales causas de muerte y discapacidad de mujeres en edad fértil, tal como lo señala la propia Organización Mundial de la Salud.

Hoy, con la epidemia del zika, chukungunya y el dengue, y las correspondientes malformaciones que producen en los niños y niñas al nacer, el problema se agrava más aún. Hasta la propia ONU lanzó una alerta para los países latinoamericanos sobre la necesidad de legalizar el aborto y evitar esta situación. Sin embargo, los gobiernos latinoamericanos en consonancia con la Iglesia siguen denegando este derecho. Por eso ahora más nunca se hace imprescindible la organización de las mujeres bajo el grito: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.