Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Javier Milei es un negacionista de la última dictadura militar. ¿Qué significa esto? Que pretende instalar una versión falsa de la historia, negando los hechos, relativizando los crímenes de lesa humanidad y, lo que es peor, reivindicando el terrorismo de Estado. Desde que asumió viene atacando a los organismos de derechos humanos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, desmantelando sitios de memoria (ex centros clandestinos de detención y tortura) y recortando el funcionamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, organismo clave para la búsqueda de bebés apropiados durante la dictadura.

Entre sus mentiras, intenta imponer (con todo el aparato estatal) la idea de que no fueron 30 mil las y los desaparecidos. Sin embargo, existe un informe del propio gobierno de Estados Unidos de 1978 (apenas dos años después del golpe) que ya registraba 22 mil desapariciones, cuando aún faltaban los años más sangrientos del terrorismo de Estado.

Ahora, a 50 años del golpe, lanza una nueva provocación: pretende perdonar a militares condenados por delitos de lesa humanidad. Los mismos genocidas que cumplen condena en cárceles comunes y que fueron visitados por diputados libertarios, a quienes Martín Menem incluso les facilitó una combi del Congreso. Para avanzar, el gobierno tiene dos caminos: una amnistía aprobada por el Congreso o un indulto presidencial. La primera borra el delito; la segunda perdona la pena. Ambas opciones serían gravísimas.

El antecedente más cercano son los indultos dictados por el presidente peronista Carlos Saúl Menem entre 1989 y 1990, que beneficiaron a cientos de militares y civiles responsables de crímenes de la dictadura. El repudio popular fue tan fuerte que la Corte Suprema terminó declarándolos inconstitucionales en 2007. Actualmente está vigente la Ley 27.156, que prohíbe indultar o amnistiar delitos de genocidio y lesa humanidad. Pero Milei ya demostró que no tiene reparos en atropellar consensos básicos institucionales o judiciales.

Sin embargo, la historia también demuestra que cada intento de garantizar impunidad a los genocidas chocó con la lucha popular. Frente a los avances negacionistas del gobierno, la respuesta debe ser más movilización para defender las banderas de Memoria, Verdad y Justicia. Porque en nuestro país no hay lugar para la impunidad: fueron 30 mil y fue genocidio.

Este lunes 9 de marzo a las 16:30 horas se llevará adelante una importante marcha unitaria del Congreso a Plaza de Mayo en conmemoración del día internacional de las mujeres trabajadoras. Estará presente Mónica Schlotthauer, actual diputada provincial de Izquierda Socialista/FIT Unidad y delegada ferroviaria, fundadora de la agrupación “Mujer bonita es la que lucha” del tren Sarmiento, junto a Mercedes de Mendieta, Docente Universitaria y diputada Nacional electa de Izquierda Socialista/FIT Unidad, y la Legisladora electa por la CABA Mercedes Trimarchi, referentas de la agrupación “Isadora, mujeres en lucha”.

La diputada Schlotthauer dijo: “Este 9 de marzo levantamos la necesidad de unir todas las luchas para derrotar las reformas esclavistas que impulsa el gobierno de Milei, junto al FMI y sus cómplices. Frente al intento de barrer con derechos históricos como la huelga, las vacaciones con nuestras familias y la jornada laboral de ocho horas, llamamos a organizarnos y movilizarnos para frenar este brutal ataque contra la clase trabajadora, donde las mujeres y disidencias somos los sectores más perjudicados. Seguimos exigiendo a la CGT y la CTA un paro de 36hs y plan de lucha contra la implementación de la reforma laboral”.

De Mendieta dijo: “Este 9M vamos a ser miles en las calles denunciando al gobierno de Milei que impulsa discursos de odio, mientras que eliminó las políticas para combatir la violencia de género. Porque la reforma laboral esclavista nos afecta particularmente a las mujeres y disidencias sobre quienes recaen la mayor cantidad de tareas de cuidado. Tenemos que volver a ser una gran marea como fuimos cuando conquistamos el aborto legal, para frenar este intento de hacernos retroceder un siglo nuestros derechos. Ni un paso atrás”

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La diputada en CABA (electa) de Izquierda Socialista/FIT Unidad, Mercedes Trimarchi, cruzó al jefe de gobierno porteño: “En la ciudad de los alquileres impagables, las viviendas vacías y los desalojos diarios que golpean a las familias más vulnerables, Jorge Macri pretende correr por derecha a Milei y su banda de ultraderechistas corruptos culpando a las personas más pobres de que la 'clase media' no pueda acceder a la vivienda”.

Trimarchi agregó: “Hay alrededor de 200.000 viviendas en las que no vive nadie. La mayoría de las familias trabajadoras (60%) no tiene casa propia y tiene que alquilar. Mientras que el 10% de los propietarios con mayor cantidad de inmuebles concentra más de un tercio del territorio de la Ciudad de Buenos Aires ¿Quieren buscar a los responsables del problema habitacional de la ciudad? Miren al PRO que gobierna hace 20 años junto a los especuladores inmobiliarios”.

Trimarchi finalizó: “Para solucionar el problema habitacional hay que terminar con los beneficios a los especuladores y cobrar un impuesto a las viviendas ociosas. Si de verdad quieren garantizar el derecho a un hogar, hay que aumentar el presupuesto para realizar un plan de viviendas populares, créditos y adjudicación transparente para que todas las familias puedan vivir en un lugar confortable”.

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Escribe Mercedes Trimarchi, diputada en CABA (mc) por Izquierda Socialista/FIT Unidad.

Un DNU que amplía de forma inédita las facultades de la SIDE, legalizando el espionaje interno, la persecución política y la represión encubierta. 

Ingresó al Congreso el DNU 941/2025, que modifica la Ley de Inteligencia y amplía de manera extraordinaria las facultades de la SIDE, habilitando un esquema de espionaje interno, persecución política y represión encubierta contra quienes se oponen a las políticas del gobierno. La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tiene diez días hábiles para expedirse. Si no lo hace, ambas cámaras, Diputados y Senado, podrán tratar y rechazar el decreto en el recinto. Está en juego nada menos que la defensa de las libertades democráticas.

Milei legaliza el espionaje y le da impunidad

Con este decreto, el gobierno blanquea y refuerza el accionar clandestino de los servicios de inteligencia, otorgándole un marco “legal” a prácticas históricamente ligadas a la persecución política y la impunidad estatal. El DNU define las actividades de la SIDE como “actividad reservada”, lo que implica la ausencia de control público y judicial.

Entre los puntos más graves, el DNU habilita a la SIDE a detener personas ante supuestos casos de “flagrancia”, una facultad inédita en democracia para un organismo de inteligencia y que abre la puerta a una policía secreta paraestatal. La redacción ambigua permite incluir bajo vigilancia a opositores políticos, manifestantes, periodistas, militantes sociales e incluso a usuarios de redes.

A su vez, autoriza la coordinación con las Fuerzas Armadas, las fuerzas federales y las policías, bajo el pretexto de “optimizar recursos” en tareas de contrainteligencia y “ciberseguridad”. De esta manera, se rehabilita la doctrina del enemigo interno, un concepto propio de los períodos más represivos de la historia argentina.

Rechazo de organismos de derechos humanos

El DNU generó un repudio inmediato. Decenas de organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Fundación Huésped y Greenpeace, denunciaron el decreto como un ataque a las libertades democráticas. Además, realizaron presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y distintas relatorías de la ONU.

En su texto, advierten que el DNU obliga a más de quince organismos públicos a compartir datos personales con la SIDE, habilitando la vigilancia masiva; no prevé controles ciudadanos ni institucionales efectivos; establece que todas las actividades sean encubiertas, garantizando la impunidad; otorga facultades de detención a agentes de inteligencia; y permite la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia interna, entre otros señalamientos.

Un cheque en blanco al aparato represivo

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda denunciamos este decreto como un cheque en blanco para fortalecer el aparato represivo del Estado. La SIDE ha sido históricamente responsable de espionaje ilegal, operaciones mafiosas, encubrimientos y crímenes contra luchadores populares, al servicio de los gobiernos de turno y del poder económico.

Mientras el Presupuesto 2026 otorgó aumentos millonarios a la SIDE (ver "Para espiar y vigilar sí hay plata"), el gobierno profundizó la motosierra sobre salud, educación, jubilaciones y políticas sociales. El DNU 941/25 marca un salto represivo del gobierno ultraderechista de Milei, que combina un brutal ajuste con represión. Por eso llamamos a rechazar este decreto y a movilizarse en defensa de las libertades democráticas. Decimos con claridad: abajo el DNU 941/25. Disolución de la SIDE y de todos los servicios de inteligencia y espionaje.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada en CABA (mc) por Izquierda Socialista/FIT Unidad.

De acuerdo con el informe presentado por el Centro de Economía Política Argentina sobre la ejecución del Presupuesto 2025, se registra una contracción real del gasto público del 29% interanual en relación con 2023. Salud y Educación son las áreas más afectadas por el ajuste, mientras que Seguridad aparece entre las más beneficiadas. De este modo, quedan en evidencia las prioridades de un gobierno que, mientras ajusta y reprime al pueblo trabajador, recauda fondos para pagar la deuda externa.

Del informe se desprende que, mientras los hospitales nacionales, el Instituto Malbrán y la Anmat registran caídas que superan el 20%, organismos como el Conicet, el Servicio Meteorológico Nacional y el INTA pierden entre un 25% y un 40% de sus recursos. En contraste, la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de la Presidencia, incrementó sus fondos en un 52%.

Esta drástica reasignación de partidas, que aplica la motosierra en salud y educación pero potencia las capacidades de control e inteligencia, deja en claro la orientación elegida por el gobierno de ultraderecha. La estrategia económica de Javier Milei, subordinada al pago de la deuda externa, confirma que para espiar y vigilar sí hay plata.